PROGRAMA Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2025-2030.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de México.- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 2025-2030.

1. Índice

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

3. Siglas y acrónimos

4. Fundamento normativo

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

6. Objetivos

6.1 Relevancia del objetivo 1: Contribuir al desarrollo de la política nacional integral que garantice los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos.

6.2 Relevancia del objetivo 2: Fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para impulsar políticas públicas e instrumentos programáticos que garanticen los derechos de las víctimas y mejoren la atención brindada

6.3 Relevancia del objetivo 3: Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar servicios de calidad a las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos.

6.4 Vinculación de los objetivos con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030

7. Estrategias y líneas de acción

8. Indicadores y metas

2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa

La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.

3. Siglas y acrónimos

AJF	Asesoría Jurídica Federal
CAI	Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
CEAV	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CIE	Comité Interdisciplinario Evaluadora de la CEAV
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CMDPDH	Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
CNDH	Comisión Nacional de Derechos Humanos
CoIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CoVAJ	Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa
CoVEH	Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DDHH	Derechos Humanos
ENVIPE	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INM	Instituto Nacional de Migración
INMUJERES	Instituto Nacional de las Mujeres
LGV	Ley General de Víctimas
OACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
PICEAV	Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
PND	Plan Nacional de Desarrollo
RAARI	Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
REFEVI	Registro Federal de Víctimas
RENAVI	Registro Nacional de Víctimas
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR	Secretaría de Marina
SEP	Secretaría de Educación Pública
SESNSP SNAV	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Sistema Nacional de Atención a Víctimas

4. Fundamento normativo

Los artículos 1° y 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos humanos de las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos. También obligan a las personas servidoras públicas, en todos los niveles de gobierno, a proteger y garantizar estos derechos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Este reconocimiento está alineado con el derecho internacional de los derechos humanos y respaldado por diversos instrumentos que garantizan el acceso a la justicia, la vida y la protección de la integridad física y psicológica. Destacan la Resolución 40/34 de 1985 sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder y la Resolución 60/147, de 2005, sobre los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones (ambas adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas). Estas Resoluciones garantizan justicia y reparación para las víctimas, obligando a los Estados a proteger su seguridad, bienestar y derechos humanos con dignidad y respeto.

Por su parte, la Ley General de Víctimas (en adelante, LGV) establece entre sus objetivos reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y otros consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos. Además, crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (en adelante, SNAV) como la instancia encargada de coordinar y formular políticas públicas a nivel nacional para la protección, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, local y municipal.

En el artículo 84 se establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (en adelante CEAV) es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, que contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. En este sentido, y en concordancia con los artículos 17 fracción II, 22 y 26 Bis de la Ley de Planeación, así como los artículos 11, 46, 47, 48 y 49 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se establece la obligación de elaborar un programa institucional conforme a los lineamientos generales de planeación, definiendo objetivos claros, estrategias precisas y mecanismos de evaluación, además de prever recursos y establecer prioridades para garantizar el cumplimiento de sus funciones dentro de la gestión pública.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Eje General 1, "Gobernanza con Justicia y participación ciudadana", establece el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM) como principio rector, garantizando el derecho de todas las personas a una sociedad justa, igualitaria y segura, sin discriminación. Además, en el objetivo 1.2, que orienta una política de Estado centrada en los derechos humanos, las libertades y el acceso universal a la justicia, la estrategia 1.2.3 enfatiza la obligación de asegurar justicia, verdad y reparación a las víctimas, mediante una atención integral con perspectiva de género y una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.

El Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (PICEAV), conforme al marco normativo vigente y al principio de integralidad de la LGV, desarrolla acciones alineadas con la legislación vigente y con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, para fortalecer las capacidades del Estado mexicano en la protección y promoción de los derechos de las víctimas.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la entidad responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PICEAV 2025-2030.

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

Antecedentes y evolución del problema

El gobierno de México enfrenta desafíos significativos en la atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Gran parte de las víctimas provienen de los periodos más oscuros de la represión ejercida por administraciones anteriores en las que la falta de protección y la impunidad dejaron a las personas en total indefensión. Dos etapas marcaron estas graves vulneraciones a los derechos humanos. La primera fue la llamada "Guerra Sucia" (1965-1990), caracterizada por una represión política que derivó en fuertes violaciones a los derechos fundamentales. La segunda ocurrió entre 2006 y 2018, cuando la estrategia de seguridad priorizó la "seguridad nacional" sobre la protección de los derechos humanos, generando un clima de violencia generalizada en el país.

Desde el inicio de su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso un enfoque de seguridad radicalmente distinto a los modelos fallidos de administraciones anteriores. En su agenda, el reconocimiento, la atención y los procesos de justicia y reparación para las víctimas fueron prioridades. Siguiendo esta línea, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado la construcción de la paz y el respeto a los derechos humanos como ejes fundamentales de su gestión. Su visión parte de la idea de que una sociedad justa y democrática debe resolver conflictos históricos y asumir un compromiso real con la reconstrucción del tejido social y la reparación integral y transformadora de las víctimas.

A partir de 2006, la denominada "guerra contra el narcotráfico" en México marcó el inicio de un periodo de extrema violencia, con un aumento acelerado de delitos graves y violaciones a los derechos humanos, resultado de la priorización de la seguridad nacional sobre la vigencia de los derechos en mención. Como parte de dicha estrategia de seguridad, los soldados fueron desplegados en las calles bajo la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, cuyo objetivo era enfrentar el fenómeno en sus vertientes de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada.

De acuerdo con el Informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (en adelante, CMDPDH), se desplegaron 45 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (en adelante SEDENA) y 8 mil de la Secretaría de Marina (en adelante SEMAR) cada año. La estrategia implicó la transferencia de soldados a la policía federal, incluso llegando exmilitares o militares con licencia a ocupar el cargo en secretarías de seguridad pública estatales; la militarización de la seguridad pública estatal y municipal en algunas regiones del país y la realización de operativos conjuntos. Todo esto sin un marco legal que delimitara el actuar de las Fuerzas Armadas mexicanas y más aún, contraviniendo lo que marca la CPEUM respecto de las facultades en materia de seguridad pública, exclusivas de la policía civil.(1)

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante CNDH) registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2 mil 20 quejas en 2011, y 2 mil 113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió mil 148 quejas por violaciones atribuibles solo a las Fuerzas Armadas.(2)

En materia de atención a víctimas, el sexenio 2006-2012 representó el inicio de una etapa compleja en cuanto al acceso a la justicia, asistencia y recuperación de los proyectos de vida de las personas en situación de víctimas. La violencia generalizada escaló a lo largo de este periodo y se vio evidenciada en el incremento de determinados delitos y/o violaciones de derechos humanos: asesinato, tortura, trata y desplazamiento forzado.

Un indicador de la violencia detonada por la "guerra contra el narcotráfico" es la incidencia de homicidios, mismos que vulneran múltiples derechos humanos de las víctimas, que afectan no sólo a sus familias, sino a la sociedad en su conjunto. Un número creciente de homicidios, además de reflejar la violencia generalizada, también refleja la inefectividad de las políticas de seguridad para prevenir estos delitos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante, INEGI)(3) los homicidios aumentaron desde 2008 y alcanzaron un primer máximo histórico en 2011, con 27 mil 213; aunque entre 2010 y 2014 la tendencia fue a la baja, a partir de 2015 repuntaron significativamente y llegaron a un nuevo máximo histórico de 36 mil 685 en 2018. Desde ese año, los niveles se mantuvieron altos, pero disminuyeron 9.7% de 2021 a 2022. Es decir, en México se registraron 132 mil 65 homicidios entre 2006 y 2012, equivalente a poco más de 50 en promedio diariamente; y 157 mil 158 de 2013 a 2018, con un promedio de más de 60 diarios.(4) Cabe destacar que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso descendió de 87 a 76, comparando el primer bimestre de 2018 con el de 2025.(5) Las cifras preliminares del INEGI para 2023(6) señalan que se registraron 31 mil 62 homicidios, esto es una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes: 43.1 víctimas hombres por cada 100 mil hombres y 5.4 víctimas mujeres por cada 100 mil mujeres.

Otra de las formas más extremas de violencia, particularmente contra las mujeres y las niñas son los feminicidios, donde las víctimas pierden la vida por el hecho de ser mujeres y cuyas profundas raíces se encuentran en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres en todos los espacios de la vida social, política, económica y cultural. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en adelante SESNSP),(7) el número promedio de presuntas víctimas de feminicidio al año ha disminuido de 2.6, entre 2019 y 2024, a 1.7 en lo que va de 2025. Una medición más amplia de la magnitud de las muertes violentas de mujeres es la conjunción de las víctimas de feminicidio con las de homicidio doloso. En promedio, diariamente 10 mujeres fueron presuntas víctimas de una muerte violenta entre 2019 y 2024, mientras que entre enero y febrero de 2025, se han registrado 7.9 mujeres víctimas de muertes violentas. Además, el Instituto Nacional de las Mujeres (en adelante, INMUJERES) estimó una tasa de 5.6 mujeres presuntas víctimas de muerte violenta por cada 100 mil mujeres en 2023.(8)

La trata de personas es también una de las más graves violaciones a derechos humanos y se considera como una forma de esclavitud moderna. Este problema aqueja a todos los países del mundo, pues muchos forman parte de las rutas de trata como lugares de origen, tránsito o destino. De acuerdo con el Informe Mundial sobre trata de personas de las Naciones Unidas (2024)(9) se detectaron 202 mil 478 víctimas entre 2020 y 2023. Particularmente entre 2019 y 2022, en el mundo se registró un aumento de 25% del número de víctimas detectadas, y el número de víctimas por trata con fines de trabajo forzoso aumentó 47% (Naciones Unidas, 2024). El mismo informe señala el aumento de víctimas infantiles en todo el mundo, aunque con patrones distintos para niñas y niños, pues 60% de las niñas eran víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Uno de los más fuertes impactos que tuvo la llamada "guerra contra el narco" fue en la cifra de personas desaparecidas. Aunque se tienen antecedentes de ellas durante la llamada "Guerra Sucia", las características de las ocurridas desde 2007 son distintas y se insertan en un "régimen de violencia de mayor complejidad, donde hay una multiplicidad de perpetradores, muy distintas víctimas y diferentes fines por los que se comete la desaparición".(10) Debe tomarse en cuenta también que, a diferencia de la desaparición de hombres, las de mujeres están vinculadas con la violencia estructural de género, lo cual le da características específicas.

Conocer el número de las víctimas de desapariciones en el país es un desafío que enfrenta el actual gobierno, y es un tema importante que se trata en las reuniones con víctimas y colectivos que está realizando la Secretaría de Gobernación, y en las propuestas legislativas en la materia; mismas que serán analizadas conjuntamente con las propuestas que las víctimas están realizando en dichas mesas de trabajo. Hasta el 2018, datos provenientes del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano administrativo desconcentrado de la Fiscalía General de la República (en adelante FGR), estiman que la tasa anual de desaparición nacional presentó un punto crítico en 2008, con un valor de 2.57 desapariciones por cada 100 mil habitantes; la tasa se mantuvo alrededor de 8.5 entre 2016 y 2017.(11)

El secuestro, una violación del derecho a la libertad y la seguridad de las personas, pone en riesgo la vida y el patrimonio de las víctimas y afecta severamente tanto a las víctimas directas como a las indirectas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (en adelante, ENVIPE) 2024, la tasa de víctimas por este delito ha mantenido sostenidamente una tendencia a la baja al pasar de 80 víctimas en 2012, a 66 víctimas por cada 100 mil en 2023.(12) Estos datos son consistentes con los del SESNSP que muestran que el número de víctimas de secuestro del fuero común descendió 30% entre 2015 y 2024 (mil 312 en comparación con 908 respectivamente).(13) En tanto, los presuntos delitos de secuestro del fuero federal se redujeron 84% en el mismo periodo de tiempo, al pasar de 468 a 77.(14)

La confianza de las víctimas en las instituciones a las que pueden acudir para que les brinden atención se ve afectada por los propios resultados de su quehacer institucional. En ese sentido, la cifra de no denuncia de los delitos visibiliza el nivel de confianza de las víctimas en que su acceso a la justicia y a los servicios de atención, reparación y protección está garantizado por las autoridades. Las cifras de la ENVIPE muestran que entre 2012 y 2023, poco más del 90% de los delitos no fueron denunciados e investigados(15) y que en poco más del 60% de esos casos(16) la no denuncia se debió a causas atribuibles a la autoridad. Cabe destacar que esta causa ha tendido a disminuir, mientras que en 2018 el porcentaje fue de 63.2%, en 2023 descendió a 60.8%. En México, de acuerdo con cifras del SESNSP, se registraron 786 víctimas de este delito en 2024 y 102 entre enero y febrero de 2025, en ambos momentos, las mujeres fueron poco más del setenta por ciento de las víctimas.

Como consecuencia de la militarización de la seguridad pública, y de las sistemáticas violaciones a derechos humanos, el periodo de "guerra contra el narcotráfico" evidenció la urgencia de contar con mecanismos de atención a víctimas, así como con propuestas para su reparación integral y políticas orientadas a la recuperación o construcción de sus proyectos de vida. La situación se agravaba en aquellas víctimas que ya previamente vivían en alguna situación de vulnerabilidad ya sea por sexo, por lugar de residencia, por nivel económico, por su pertenencia a un grupo indígena o a cualquier otro grupo históricamente vulnerado. Estas situaciones permitieron identificar que las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos enfrentaban obstáculos adicionales que dificultaban su recuperación y la construcción o reconstrucción de sus proyectos de vida.

Al respecto, es importante señalar que la consolidación de la atención a víctimas en México ha estado marcada por dos reformas constitucionales clave. La primera, en 2008, estableció expresamente los derechos de las víctimas y ofendidos en el artículo 20, apartado C. La segunda, en 2011, reformó la Constitución en materia de derechos humanos, lo cual obligó al Estado a integrar este enfoque en todos sus programas, considerando tanto la Constitución mexicana como los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

Para responder a las demandas ciudadanas y de las víctimas, el 6 de septiembre de 2011, mediante Decreto Presidencial, se creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con el propósito de proporcionar atención integral y oportuna a las víctimas, ya sea de manera directa o en colaboración con instituciones especializadas.(17)

Entre 2010 y 2011, el Senado de la República había recibido varias iniciativas sobre los derechos y la atención a las víctimas. Un evento clave ocurrió el 28 de julio de 2011 en el Castillo de Chapultepec, donde el Congreso de la Unión se comprometió a expedir una ley en materia de víctimas. Este compromiso surgió a partir de testimonios que evidenciaban los obstáculos que enfrentaban las víctimas en el sistema de justicia y administración pública, en la búsqueda de atención, verdad y justicia. En los conversatorios organizados por el Senado de la República con víctimas, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, se identificaron problemáticas clave y se planteó la necesidad de garantizar la dignidad de las víctimas, simplificar los mecanismos de atención, asegurar representación legal para quienes carecen de recursos y brindar apoyo económico para acceder al sistema de justicia. Finalmente, se propuso la creación de una instancia autónoma que garantizara el cumplimiento de la Ley General y evitara obstáculos en las investigaciones, especialmente en casos de violaciones a derechos humanos.

En este marco, y con el impulso de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, la LGV fue aprobada en el Congreso de la Unión en abril de 2012, aunque su publicación se realizó hasta enero de 2013; lo anterior, según Fundar "debido a una serie de maniobras que el entonces presidente Felipe Calderón realizó - posiblemente(18) para eludir el significado político de cerrar su administración con una ley de víctimas como consecuencia de su estrategia de seguridad." La ley reconoce y garantiza los derechos de las víctimas, establece directrices para brindar ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación integral, y define mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno: lo anterior a través del SNAV y la CEAV, con un doble carácter; por un lado, es la institución encargada de la atención y acompañamiento a las víctimas y, por el otro, es el órgano operativo del SNAV.

En enero de 2013, el entonces presidente Enrique Peña Nieto presentó la publicación de la ley como parte del compromiso de su gobierno con las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. Aunque su discurso marcaba un cambio hacia la planeación y prevención del crimen, en la práctica hubo pocas acciones efectivas para reducir la violencia. Si bien se abandonó la narrativa de la "guerra" contra el narcotráfico y se reforzaron las labores de inteligencia, la nueva administración continuó con muchas de las acciones implementadas en el sexenio anterior, como "la utilización del Ejército y la Marina en los escenarios operativos más complejos, el fortalecimiento de las capacidades de intervención federal a través de la creación de una nueva fuerza de policía, la Gendarmería, como parte de la Policía Federal y la reorganización de las fuerzas policiales estatales y municipales, ahora obligadas a someter a sus agentes a pruebas de idoneidad y cursos de formación."(19)

En este tenor, por iniciativa presidencial, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y sus funciones pasaron a ser de la Secretaría de Gobernación que, por lo tanto, pasó a ser la Secretaría rectora del Sistema Nacional de Seguridad Pública y asumió la rectoría de las políticas en materia de seguridad interior; prevención del delito; sistema penitenciario; vigilancia fronteriza y protección civil. Asimismo, ejerció el mando sobre la Policía Federal y coordinó las instancias de información de seguridad nacional y criminal.

Aunque Peña Nieto planteó que los derechos humanos serían una política de Estado en su sexenio, la crisis en esta materia se agudizó en su periodo y tiene como uno de sus puntos álgidos la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014. Este caso visibilizó y dimensionó "las violaciones a derechos humanos, la connivencia de las autoridades y la impunidad en el país. Debido a la gravedad de esta situación, aumentaron los reportes de la sociedad civil y las visitas de organismos internacionales en materia de derechos humanos a México en 2015, como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Asimismo, se dispararon las alertas por la situación de los derechos humanos en el país, específicamente en lo relativo a desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial y desplazamiento interno forzado."(20)

Con la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México para el periodo 2018-2024, se inició una nueva etapa de transformación profunda en el país. Este proceso tuvo como uno de sus objetivos construir un nuevo pacto social capaz de contener y remontar la inestabilidad generada durante años por el neoliberalismo. Ante la falta de mecanismos eficaces de coordinación

interinstitucional que permitieran garantizar los derechos de las víctimas, el gobierno identificó la necesidad de establecer una estrategia clara y contundente para enfrentar los desafíos históricos derivados de las fallidas políticas de seguridad y represión política. En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024(21) articuló tres principios fundamentales: 1. "Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie"; 2. "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera" y, 3. "No puede haber paz sin justicia". Estos principios no solo buscaban responder a la falta de coordinación institucional, sino también a la grave crisis de derechos humanos y de seguridad pública que afectaba al país. La aplicación de estos principios demandó transformar las estrategias de seguridad para que se dejaran de perpetuar ciclos de violencia y represión, construyendo en su lugar un modelo que priorice la justicia, la inclusión y el respeto a la ley.

El nuevo paradigma propuesto por la Cuarta Transformación se centró en la construcción de una política de paz, basada en el precepto de todo por la razón y nada por la fuerza. En consonancia, el objetivo tres de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, enunciada en el PND 2019-2024, destacó el pleno respeto a los derechos humanos en todas las acciones e instituciones de gobierno. Asimismo, el objetivo seis, denominado "Emprender la construcción de la paz", hizo un llamado a adoptar modelos de justicia transicional que garantizaran los derechos de las víctimas.(22) Se estableció un nuevo enfoque para poner fin a décadas de impunidad, corrupción y represión política, lo que consolidó un cambio significativo en la forma de abordar los desafíos del país.

Desde el Ejecutivo, se asumió el compromiso de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias, con un énfasis particular en los casos de "Guerra Sucia" y "Ayotzinapa". Para estos casos, se crearon por decreto dos Comisiones, cuyos grupos de trabajo tendrían las funciones de investigar, dar seguimiento y emitir informes sobre las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas, con el fin de impulsar el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria, dentro del ámbito de la Administración Pública Federal.

La Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (en adelante, CoVAJ) se estableció el 4 de diciembre de 2018, con un enfoque multidisciplinario y autónomo. Su labor se centró en cinco ejes fundamentales: búsqueda en campo; identificación humana; verdad y justicia; procesos de extradición; y la ruptura del pacto de silencio criminal. En apoyo a la judicialización de los casos, en junio de 2019 se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), encargada de la investigación y persecución de los responsables.

En paralelo, desde 2019, se establecieron Lineamientos para la asistencia y reparación a víctimas, con medidas para localizar a los estudiantes y garantizar justicia. En 2024, los procesos de búsqueda se triplicaron, alcanzando 858 sitios explorados y 132 perfiles genéticos analizados.(23) Además, se digitalizaron 41 mil 297 documentos de 15 instituciones, incluyendo informes, fotografías y registros de comunicaciones. Para la judicialización, se tramitaron 135 expedientes y se consolidaron dos rutas de investigación: la desaparición de los normalistas y la construcción de la verdad histórica.(24)

Por otra parte, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (en adelante, CoVEH) de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990,(25) desempeñó un papel clave el esclarecimiento de hechos relacionados con la represión política de ese periodo. Su labor se enfocó en la búsqueda de personas desaparecidas, el análisis de líneas de mando, la inspección de instalaciones militares y la documentación de los impactos en comunidades afectadas. Además, ha contribuido al impulso de procesos judiciales para la tipificación de la desaparición forzada en expedientes vinculados a la "Guerra Sucia", reforzando así los esfuerzos por la justicia y la memoria histórica.

En su informe final,(26) presentado en 2024, la CoVEH destacó logros, entre los que se encuentran:

· Identificación de lugares estratégicos como instalaciones militares, panteones civiles, pozos, cerros y canales para localizar personas desaparecidas.

· Documentación de planes y operativos contrainsurgentes, aplicados como política de Estado entre 1965 y 1990.

· Elaboración de listados de presuntos responsables de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia, incluyendo las líneas de mando que probablemente supervisaron estos operativos.

· El Comité para el Impulso a la Justicia, en coordinación con la FGR, llevó los casos a instancias judiciales, resultando en 244 expedientes con 478 víctimas identificadas en pocos meses.

Los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad fueron reclasificados como desaparición forzada, y el genocidio se reconoció como imprescriptible, fortaleciendo el acceso a la justicia para las víctimas.

La creación de la CoVAJ y la CoVEH marcó un avance importante en el reconocimiento de las violaciones graves a los derechos humanos en México. Estas instancias reflejan el compromiso de combatir dichas violaciones, promover la justicia y proteger los derechos de las víctimas, subrayando que la atención debe ser integral y requiere la transformación de todas las instituciones implicadas, más allá de la CEAV.

La CEAV desempeñó un papel crucial en la CoVEH, brindando acompañamiento médico y psicoemocional a familias y sobrevivientes durante inspecciones en instalaciones militares y otros sitios vinculados a violaciones graves de derechos humanos. Al respecto, el Registro Nacional de Víctimas cuenta con un total de 2 mil 712 personas víctimas de este periodo, de las cuales, 47.05% son mujeres (mil 276) y 52.95% son hombres (mil 436), tal como se observa en el siguiente cuadro:

Víctimas del periodo "Guerra Sucia" registradas en RENAVI por tipo según sexo

Tipo de víctima	Mujer	%	Hombre	%	Total	%
Directa	92	7.21	609	42.41	701	25.85
Indirecta	1,184	92.79	827	57.59	2,011	74.15
Total	1,276	100.0	1,436	100.0	2,712	100.0

Tabla 1. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI).

De estas víctimas, 21.23% (519) tuvo afectaciones por delitos, 47.91% (1,171) por violaciones graves a sus derechos humanos y 30.85% (754), tuvo afectaciones tanto por delitos como por violaciones graves a sus derechos humanos, tal como se muestra en la tabla 2.

Clasificación de víctimas del periodo "Guerra Sucia", según tipo de afectación

Tipo de víctima	Delitos	%	Violaciones DDHH	%	Ambas	%	Total	%
Directas	149	28.71	274	23.40	223	29.58	646	26.43
Indirectas	370	71.29	897	76.60	531	70.42	1,798	73.57
Total	519	100.00	1,171	100.00	754	100.00	2,444	100.00

Nota: se identificaron a 268 víctimas donde no refiere el delito y/o la violación a DDHH.

Tabla 2. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI).

Al 31 de diciembre de 2024, la CEAV ha emitido 61 resoluciones en materia de reparación integral del daño a víctimas de Guerra Sucia, erogando $60,128,948.89 (sesenta millones ciento veintiocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos 89/100 M.N.), por concepto de medidas de compensación y se cuenta con 170 expedientes en etapa de integración.

Aunque se han logrado avances, aún queda un largo camino por recorrer. Estos casos paradigmáticos abonan a la reflexión sobre los alcances de la reparación del daño, misma que no puede limitarse a la compensación económica, sino que debe garantizar el derecho a la memoria, la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición de los hechos. Es crucial adoptar un enfoque restaurativo que permita a las víctimas reconstruir sus proyectos de vida. Para ello, todas las instituciones que hayan contribuido directa o indirectamente a la violación de derechos humanos deben asumir su responsabilidad y comprometerse con procesos de esclarecimiento histórico, justicia y reparación conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales.

Situación actual de la atención a víctimas

En este contexto, la CEAV desempeña un papel sustancial en la protección de los derechos de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, como lo establece el artículo 2 de la LGV. Su objetivo principal es garantizar, promover y proteger derechos fundamentales como la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia. Como órgano operativo del SNAV, fomenta, además, una cultura de respeto hacia los derechos de las víctimas, para lo cual colabora con instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de asegurar que reciban el apoyo necesario.

Desde el Programa Institucional de la CEAV 2017-2018, se identificaron problemas estructurales que exigían ajustes en los recursos, objetivos y procesos internos para fortalecer sus capacidades operativas. Sin embargo, al elaborar un nuevo Programa Institucional en 2020, el diagnóstico confirmó la persistencia de estos problemas y la necesidad de atenderlos de manera inmediata para garantizar el fortalecimiento institucional. Así, mientras el primer programa permitió identificar las dificultades existentes, el segundo profundizó en los retos institucionales y fijó como uno de sus objetivos prioritarios garantizar la mejora continua y el desarrollo organizacional de sus diversas áreas, con el propósito de optimizar las tareas sustantivas de ayuda inmediata, atención y reparación integral del daño.(27)

A partir de diciembre de 2021, la CEAV emprendió un proceso de rediseño institucional enfocado en posicionar a las víctimas como eje central de sus acciones; priorizar el fortalecimiento de los Centros de Atención Integral (en adelante, CAI) cuya función primordial es orientar a las personas usuarias en caso de que sus asuntos sean competencia de las autoridades federales o, de lo contrario, vincularlas con los mecanismos estatales de atención a víctimas; fortalecimiento de las áreas de atención y acompañamiento; redefinición de los parámetros en materia de reparación y profundización de los procesos de capacitación especializada del personal, entre otras medidas. No obstante, aún persisten desafíos significativos para garantizar los derechos de las víctimas a la atención y la reparación, y de esa manera cumplir cabalmente con el mandato de la Comisión Ejecutiva.

Sobre esta base, y considerando las atribuciones de la CEAV, se identifica como problemática principal que las víctimas enfrentan dificultades adicionales para recuperar o reconstruir sus proyectos de vida. Estos obstáculos no solo limitan el acceso a mecanismos de reparación y justicia, sino que también evidencian deficiencias en la implementación de los marcos normativos actuales, subrayando la necesidad urgente de una respuesta institucional más efectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha definido el concepto de "daño al proyecto de vida" como el daño ocasionado a las expectativas personales, profesionales y al desarrollo integral de las personas, producto de graves violaciones a sus derechos. En consonancia con este enfoque, la LGV reconoce que las afectaciones sufridas por las víctimas trascienden las pérdidas materiales, abarcando también impactos profundos en su desarrollo personal y en la realización de sus aspiraciones.(28)

Desde el enfoque de la victimología, entre las principales causas que dificultan la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas se incluyen: a. Impacto psicológico y emocional, donde se describe que la carga emocional y psicológica que resultan del hecho victimizante, en combinación con la falta de apoyo adecuado, puede generar sentimientos de impotencia y desesperanza, obstaculizando el avance personal y social; b. Falta de acceso a la justicia y reparación, que señala que aunque existen leyes y políticas dirigidas a la atención y reparación de las víctimas, su implementación deficiente o falta de seguimiento adecuado limita su efectividad; c. Discriminación y estigma, que detalla que la calidad de víctima conlleva a la marginación social lo que dificulta su reincorporación social y laboral; d. Incertidumbre y/o precariedad económica, que incluye factores como la pobreza, el desempleo, la exclusión social y la desigualdad estructural que agravan las dificultades para reconstruir proyectos de vida, especialmente en víctimas de contextos vulnerables; e. Falta de redes de apoyo, que resume que la falta de comunicación con familiares, amistades o instituciones especializadas afecta también a las víctimas a nivel emocional, provocando un sentimiento de desesperación, y f. Revictimización institucional, que es cuando los trámites extensos y la falta de acompañamiento adecuado por parte de las instituciones públicas obstaculizan el acceso de las víctimas a recursos esenciales, lo que contribuye a su revictimización.

La falta de atención a estas causas puede generar una serie de efectos negativos, entre los cuales destacan: la vulnerabilidad emocional agravada; la desconfianza en el sistema de justicia; el aislamiento social; la dependencia económica; la sensación de abandono; la desmotivación y abandono de los procesos y la desconfianza las instituciones.

Para la Comisión Ejecutiva es importante, además de visibilizar a las víctimas a través de fuentes de información tratadas en el

presente Diagnóstico, delimitar en su población objetivo entre quienes han sufrido delitos y quienes han sido víctimas de violaciones a derechos humanos. Esta diferenciación es fundamental para desarrollar mecanismos de asistencia, justicia y reparación adaptados al marco legal y a la naturaleza específica de los hechos que causaron su victimización. Desde la perspectiva jurídica, las víctimas de delitos están protegidas por el sistema penal, cuyo objetivo es investigar y sancionar a los responsables,(29) mientras que las víctimas de violaciones a derechos humanos cuentan con el marco de derechos humanos, que sigue estándares internacionales y prioriza la reparación integral.(30)

En cuanto a las entidades involucradas en la atención a las víctimas, nos encontramos que las personas afectadas por algún delito interactúan con las agencias del Ministerio Público y las autoridades de seguridad pública,(31) mientras que las víctimas de violaciones a derechos humanos pueden acudir a organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la CEAV.(32) Por último, con la reparación integral del daño, en el caso de las víctimas de delitos dependerá de una sentencia penal y puede ser limitada;(33) por su parte, en el caso de las víctimas de violaciones a derechos humanos, la reparación integral incluye restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.(34)

A partir de la categorización de las víctimas establecida en el artículo 4 de la LGV,(35) el Registro Nacional de Víctimas (en adelante, RENAVI), administrado por la CEAV, permite conocer características de las personas acreditadas como víctimas por una autoridad o instancia competente, incluyendo su edad, sexo, hecho victimizante y entidad federativa en la que ocurrió. Hasta diciembre de 2024, este Registro contabiliza un total de 90 mil 102 personas en situación de víctima.

Número total de víctimas registradas según sexo y ámbito, 2014 - 2024

Ámbito	Mujeres	Hombres	Sin dato	Total
Federal	20,216	20,419	3	40,638
Local	28,890	20,566	8	49,464
Total	49,106	40,985	11	90,102

Tabla 3. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI).

Del total, 48 mil 871 son víctimas directas (23 mil 287 mujeres, 25 mil 575 hombres y 9 no especificaron sexo): por su parte 41 mil 218 son víctimas indirectas (25 mil 810 mujeres, 15 mil 407 hombres y una víctima no especificó sexo) y 2 son víctimas colectivas. Al analizar estos datos desde la perspectiva de género, resalta lo siguiente: mientras que en el ámbito federal la mayoría de las mujeres son víctimas indirectas (15 mil 567), en el ámbito local la mayoría de las mujeres son víctimas directas (18 mil 643), lo cual está relacionado con el tipo de delitos y violaciones a derechos humanos que ocurren en cada ámbito.

En el ámbito federal, 20 mil 216 víctimas son mujeres y 20 mil 418 son hombres. El grupo de edad con mayor número de víctimas es el comprendido entre los 30 y 34 años en el caso de las mujeres (mil 681), mientras que en el caso de los hombres es el grupo de 25 a 29 años (mil 839). Destaca que, en ambos casos, el grupo de 65 años y más tiene un alto número de víctimas: mil 668 mujeres y mil 698 hombres. Así, las mujeres representan 50.12% de las víctimas de delito (12 mil 931) y los hombres el 49.88% (12 mil 869). Mientras que, en el caso de las violaciones a derechos humanos, el 52.66% son hombres (3 mil 308) y las mujeres representan el 47.29 % (2 mil 971).

Los delitos más comunes incluyen desaparición (forzada y cometida por particulares), homicidio, secuestro, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, lesiones y trata de personas.

Ranking de los 10 delitos del fuero federal más reportados por las víctimas registradas en el RENAVI, 2014 - 2024

No.	Delitos	Número de víctimas
1	Desaparición (desaparición forzada, desaparición por particulares y desaparición de personas sin especificar o por particulares)	10,432
2	Homicidio (homicidio, homicidio en grado de tentativa y homicidio con responsabilidad profesional)	5,412
3	Secuestro (secuestro y secuestro en grado de tentativa)	3,851
4	Privación ilegal de la libertad	3,776
5	Delincuencia organizada	2,549
6	Lesiones	2,350
7	Trata de personas	1,009
8	Tortura	919
9	Tráfico de personas	575
10	Pederastia	382
	Total	31,255

Tabla 4. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI).

Por otra parte, las principales violaciones a los derechos humanos abarcan el derecho a la integridad, la seguridad jurídica, la vida, la desaparición (forzada y por particulares), el acceso a la protección de la salud, la seguridad personal, la tortura y la violación.

Ranking de las 10 violaciones a derechos humanos más reportados por las víctimas registradas en el RENAVI, 2014 - 2024

No.	Violaciones a derechos humanos		Número de víctimas
1	Derecho a la integridad		2,187
2	Derecho a la seguridad jurídica		2,108
3	Derecho a la vida		2,029
4	Desaparición (desaparición, desaparición forzada, desaparición forzada de personas, desaparición de persona, desaparición extrajudicial, desaparición forzada transitoria y persona desaparecida).	1,679
5	Derecho a la protección de la salud	1,651
6	Violación	1,411
7	Derecho a la seguridad personal	1,215
8	Tortura	871
9	Derecho al trato digno	812
10	Acceso a la información en materia de salud	673
	Total	14,636

Tabla 5. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI).

En el ámbito local, del total de personas en situación de víctimas, 28 mil 890 son mujeres, 20 mil 566 son hombres y 8 personas sin especificar; en ambos casos, el grupo de edad con mayor número de víctimas es el comprendido entre los 30 y 34 años: 3 mil 28 mujeres y 2 mil 17 hombres. Las mujeres representan 58.90% de las víctimas de delitos (26 mil 888) frente al 41.10% de los hombres (18 mil 760); mientras que los hombres son el 51.94% de las víctimas de violaciones a derechos humanos (mil 285) y las mujeres el 48.06% (mil 189).

Los delitos con mayor número de registros son: el homicidio, la desaparición (forzada y por particulares), las lesiones, la violencia familiar, el robo, la violación y el abuso.

Ranking de los 10 delitos del fuero local más reportados por las víctimas registradas en el RENAVI, 2014 - 2024

No.	Delitos		Número de víctimas
1	Homicidio (homicidio, homicidio en grado de tentativa)		10,053
2	Desaparición (desaparición, desaparición forzada, desaparición de personas sin especificar forzada o por particulares y desaparición por particulares).		5,850
3	Lesiones		5,836
4	Violencia familiar		5,223
5	Robo (robo, robo de vehículo, robo a casa habitación o inmueble, robo simple o con violencia, robo a transportista de carga y robo a transporte de pasajeros).	3,744
6	Violación	3,258
7	Abuso sexual	2,663
8	Amenazas	1,941
9	Feminicidio	1,628
10	Fraude	1,443
	Total	41,639

Tabla 6. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI).

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos más frecuentes, se encuentran aquellas contra la seguridad jurídica, la integridad, la vida, la libertad, el derecho a la salud y el desplazamiento forzado interno de indígenas.

En el año 2024, se recibieron 23 mil 658 solicitudes para la inscripción al RENAVI, de las cuales 3 mil 324 corresponden al ámbito federal y 20 mil 334 al local. La CEAV inscribió a 15 mil 985 personas en situación de víctima, de las cuales 9 mil 244 son mujeres y 6 mil 741 hombres.

Víctimas registradas según sexo y tipo, 2024

Figura 1. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI).

Mención especial merecen las víctimas de desaparición, ya que este delito ocupa los primeros lugares en los registros del RENAVI. Desde 2014 hasta el 15 de marzo de 2025, se han registrado 17 mil 911 personas en situación de víctima cuyo delito y/o violación a derechos humanos corresponde a desaparición (desaparición, desaparición forzada, desaparición por particulares y/o desaparición sin especificar si es forzada o por particulares); de las cuales 11 mil 388 son del ámbito federal y 6 mil 523 del ámbito estatal.

El análisis de estos registros a lo largo de los distintos sexenios evidencia una evolución en la documentación de víctimas de desapariciones, tanto en el fuero federal como en el local. En este contexto, el RENAVI se presenta como una herramienta que puede proporcionar estadísticas para identificar patrones de victimización. Sin embargo, es necesario fortalecer la transmisión de información de

Periodo	Número de víctimas
1960 - 2000	1, 755
2000 - 2006	140
2006 - 2012	3, 551
2012 - 2018	5, 488
2018 a la fecha	9, 254

Tabla 7. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Como se observa, tanto a nivel federal como estatal, el sexenio de Enrique Peña Nieto destaca como el periodo con más registros en la materia, con 28.88% del total de estos; le sigue el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, con 18.81% y el de Andrés Manuel López Obrador, con 16.89%. Destaca que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto el número de víctimas del orden federal fue superior a las víctimas del fuero local: esta proporción fue de 3 mil 178 y 373 respectivamente, en el sexenio calderonista, y de 4 mil 804 y 684, respectivamente, en el sexenio de Peña Nieto.

Por su parte, durante el sexenio de López Obrador se invierte esta relación y el número de víctimas del fuero estatal (mil 715) fue mayor frente a las mil 518 del fuero local; misma situación que se da durante los inicios del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde cinco víctimas son del fuero federal y 21 del orden local.

Por último, en consonancia con lo expuesto más arriba, tenemos el dato de 3 mil 723 registros donde se desconoce la fecha del hecho victimizante, debido a que las Comisiones de Atención a Víctimas no incluyeron esta información en el RENAVI.

Para la Comisión Ejecutiva, más allá de las cifras, es primordial reconocer que cada registro de una víctima representa una historia, una persona que enfrenta los efectos de un delito o una violación a sus derechos humanos. La labor de la CEAV trasciende la contabilización de víctimas, brindando atención y acompañamiento integral que busca restituir no solo la estabilidad emocional y física de quienes han sufrido, sino también su confianza en las instituciones y en su propio proceso de recuperar o reconstruir su proyecto de vida. Esto implica acceso a servicios de trabajo social, atención psicológica, servicios de vinculación médica y asesoría legal. Cada intervención tiene el propósito de ofrecer respaldo en momentos de vulnerabilidad, construyendo un entorno de seguridad y dignidad para quienes lo requieren.

Por lo anterior, para otorgar servicios con enfoques de género, diferencial y especializado, la CEAV cuenta con personal especializado en Trabajo Social, Psicología y Medicina, tanto en sus oficinas centrales como en los 32 Centros de Atención Integral (CAI) en cada entidad federativa. A continuación, se presenta la distribución del personal.

Personal especializado en atención a víctimas en las áreas de trabajo social, psicología y medicina, por sexo

Área	Dirección General de Atención y Acompañamiento		Centros de Atención Integral		Total
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Total
Trabajo Social	7	4	37	8	56
Psicología	7	3	32	14	56
Médica	7	3	2	2	14
Total	21	10	71	24	126

Tabla 8. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información de la Dirección General de Atención y Acompañamiento.

En el año 2024, se atendieron a un total de 13 mil 825 víctimas (9 mil 675 mujeres y 4 mil 150 hombres), a quienes se otorgaron 107 mil 661 servicios de trabajo social (73 mil 809 a mujeres y 33 mil 852 a hombres), esto es, un promedio de mil 922.51 servicios por trabajadora o trabajador social. Es importante señalar que desde el inicio de la actual administración aumentaron notablemente el número de estos servicios. En el año 2019, el total de estudios de trabajo social fue de 58 mil 490, lo cual representa un poco menos de la mitad de los realizados en el año 2024.

Servicios brindados en materia de trabajo social por año según sexo, 2019-2024

Gráfica 1. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, utilizando información de la Dirección General de Atención y Acompañamiento.

Como se ha determinado en el registro de víctimas, las mujeres constituyen el grupo con mayor cantidad de víctimas indirectas y directas, de acuerdo con el ámbito, y en este sentido, lo son en cuanto al número de atenciones brindadas en materia de trabajo social. Debido a esto, resalta la necesidad de seguir reforzando estrategias de apoyo y acompañamiento con perspectiva de género, garantizando respuestas más inclusivas y especializadas.

En materia de psicología, en el año 2024, se otorgaron 46 mil 342 servicios de psicología (30 mil 741 a mujeres y 15 mil 601 a hombres), esto es, un promedio de 827.54 servicios por cada psicóloga o psicólogo.

En el área médica se otorgaron 5 mil 220 servicios (2 mil 871 a mujeres y 2 mil 349 a hombres), esto es un promedio de 372.86 servicios por cada persona del área. Es importante señalar que los servicios médicos proporcionados por la CEAV están enfocados en la atención integral de las víctimas, incluyendo consultas médicas brindadas por el equipo y gestiones para acceder a servicios de salud especializados, así como a tratamientos precisos para su recuperación física.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2024, la CEAV gestionó un total de 59 mil 300 trámites de medidas de ayuda, de los cuales 41 mil 973 fueron destinados a mujeres y 17 mil 327 a hombres. La mayoría de estos trámites correspondieron al concepto de alimentación, con 59 mil 109 gestiones (41 mil 835 para mujeres y 17 mil 274 para hombres), seguido por alojamiento, con 40 mil 638 trámites (28 mil 670 para mujeres y 11 mil 968 para hombres). Adicionalmente, se registraron 11 trámites por gastos médicos, exclusivamente otorgados a una mujer.

Para financiar estas medidas, se erogó un total de $580,034,886.80 (quinientos ochenta millones treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos 80/100 M.N) distribuidos en alimentación, con $330,509,718.71 (trescientos treinta millones, quinientos nueve mil, setecientos dieciocho pesos 71/100 M.N), de los cuales $233,949,465.83 (doscientos treinta y tres millones, novecientos cuarenta y nueve mil, cuatrocientos sesenta y cinco pesos 83/100 M.N) fueron para mujeres y $96,560,252.88 (noventa y seis millones quinientos sesenta mil doscientos cincuenta y dos pesos 88/100 M.N) para hombres; alojamiento, con $249,448,113.09 (doscientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento trece pesos 09/100 M.N ), de los cuales $175,706,116.66 (ciento setenta y cinco millones setecientos seis mil ciento dieciséis pesos 66/100 M.N) fueron para mujeres y $73,741,996.43 (setenta y tres millones setecientos cuarenta y un mil, novecientes noventa y seis pesos 43/100 M.N) fueron para hombres, y gastos médicos por $77,055.00 (setenta y siete mil cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) destinados a una mujer. Todas estas acciones reflejan el compromiso de la CEAV en brindar apoyo dentro de este periodo.

Es esencial establecer que, en la actualidad, la entrega de los recursos de ayuda se regula según los Lineamientos para el otorgamiento de Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI),(36) cuyo objetivo es facilitar y agilizar el acceso a estas medidas a las víctimas de delitos del ámbito federal y/o violaciones a derechos humanos, garantizando que puedan atender necesidades inmediatas relacionadas con el hecho victimizante. Los lineamientos amplían la protección de los derechos de las víctimas al incluir el enfoque de género, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, atender el principio de necesidad y proporcionalidad, así como el uso de lenguaje incluyente.

Los Lineamientos RAARI también contemplan las medidas de traslado, una de las más requeridas por las víctimas, ya que les permite acceder a transportación para realizar trámites judiciales relacionados con sus expedientes o acudir a atenciones médicas necesarias. En este sentido, de 2017 a 2024 se han gestionado un total de 24 mil 64 traslados, con un incremento significativo a partir de 2022, reflejando la creciente demanda de este apoyo dentro del marco de asistencia integral que brinda la CEAV.

Considerando que el acceso a la justicia, la verdad y la reparación no son concesiones, sino derechos inalienables de las personas en situación de víctima, la Asesoría Jurídica Federal se ha constituido como una guía para las víctimas en cada paso del proceso penal que enfrentan. Su labor no solo consiste en representar, sino también en promover que los mecanismos legales sean efectivos, asegurando que cada persona afectada tenga acceso a información clara, accesible y oportuna sobre sus derechos. En 2024, se contaba con 130 asesoras y asesores jurídicos: 45 en las oficinas administrativas de la Ciudad de México y 85 en los CAI. De estos, 69 son mujeres y 61 son hombres. Entre 2022 y 2024, el número de asesoras y asesores jurídicos ha aumentado muy lentamente.

Personal especializado en atención a víctimas en las áreas de Trabajo Social, Psicología y Medicina

Año	Dirección General de Atención y Acompañamiento	Centros de Atención Integral	Total
2022	37	88	125
2023	40	86	126
2024	45	85	130

Tabla 9. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal.

Entre 2022 y 2024, el número de personas en situación de víctima relacionadas con los expedientes abiertos ha mostrado variaciones en su distribución por sexo. En 2022, se registraron 4 mil 533 mujeres y 4 mil 844 hombres; en 2023, la cifra de mujeres disminuyó a 3 mil 904, mientras que la de hombres aumentó a 5 mil 186. Para 2024, el número de mujeres volvió a incrementarse, alcanzando 4 mil 635, y el de hombres siguió en ascenso, con 5 mil 712 casos. Estos datos reflejan una dinámica cambiante en la población atendida a lo largo de estos años.

En 2024, se iniciaron mil 650 expedientes de representación y asesoría jurídica en las oficinas administrativas de la Ciudad de México, mientras que en los CAI se registraron 5 mil 21 expedientes. Estos datos reflejan la relevancia de las acciones implementadas en los CAI para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas en todo el país. En total, se brindó atención a 10 mil 347 personas en situación de víctima, de las cuales 4 mil 635 fueron mujeres y 5 mil 712 hombres.

Durante ese mismo año, un número significativo de víctimas se benefició de diversas determinaciones judiciales, lo que representa un avance en el acceso a la justicia. Se dictaron un total de 194 sentencias. Por lo que respecta a las suspensiones condicionales al proceso, se lograron 19, beneficiando a 17 mujeres y 14 hombres. En los procedimientos abreviados, se registraron 78 determinaciones, en los cuales se benefició a 31 mujeres y 107 hombres. Finalmente, los acuerdos reparatorios alcanzaron un total de 71, los cuales favorecieron a 42 mujeres y 36 hombres. Estos datos reflejan la relevancia de los mecanismos judiciales en la búsqueda de soluciones para las personas afectadas.

Se otorgaron 155 mil 631 servicios jurídicos en favor de 7 mil 483 mujeres y 14 mil 17 hombres en situación de víctima, lo que representa un incremento de 18 mil 21 servicios respecto al mismo periodo del ejercicio 2023. Asimismo, se brindó representación y acompañamiento jurídico en 9 mil 511 carpetas de investigación y 553 averiguaciones previas radicadas en la FGR, además de 5 mil 672 procesos penales federales en el Sistema Penal Acusatorio y 905 procesos penales en el Sistema Tradicional ante los órganos jurisdiccionales del orden federal. También se atendieron 70 procedimientos de queja y 10 propuestas de conciliación ante instancias no jurisdiccionales y organismos protectores de derechos humanos.

Se promovieron e impulsaron 128 medidas de protección ante diversas instituciones para garantizar la seguridad, integridad física, libertad y bienestar de las víctimas. El aumento en los servicios jurídicos refleja la expansión de la labor institucional, pero también resalta la necesidad de fortalecer su capacidad de respuesta y mejorar la protección frente a delitos de alto impacto.

El Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) desempeña un papel clave en la CEAV, ya que es el responsable de elaborar los dictámenes sobre medidas de apoyo y reparación del daño en casos de delitos del fuero federal y violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales; también analiza y evalúa las solicitudes de registro de víctimas, determinando su procedencia para garantizarles el acceso a mecanismos de protección y justicia.

Como una de las áreas más sensibles de la CEAV, el CIE busca no solo garantizar los derechos de las víctimas, sino también reducir el impacto en su proyecto de vida y facilitar su recuperación mediante medidas institucionales de bienestar y seguridad. A partir del año 2021, se inició un proceso de revisión de la metodología utilizada para la emisión de resoluciones, con el objetivo de asegurar su objetividad y su alineación con criterios internacionales y procedimientos internos, bajo principios clave como el enfoque diferencial y especializado, la dignidad, la igualdad, la no discriminación, la máxima protección y la complementariedad.

El primer paso en la elaboración de una resolución es la integración del expediente que implica recopilar y organizar toda la documentación pertinente y analizar las características de cada víctima en su contexto antes y después del hecho victimizante. Ocho personas realizan esta labor para asegurar la precisión y suficiencia de la información; luego, 19 especialistas desarrollan los proyectos de dictamen con un análisis jurídico, normativo y técnico, fundamentando las decisiones antes de su presentación a la Comisionada Ejecutiva.

La implementación de la nueva metodología ha permitido reducir el número de expedientes de 3 mil 908 en 2022, a 2 mil 344 al 15 de marzo de 2025, reflejando una mejora en la atención y gestión de casos. Estos expedientes se distribuyen en 524 medidas de ayuda inmediata, 317 compensaciones subsidiarias, mil 404 casos de violaciones a derechos humanos, 15 opiniones técnicas y 84 reconocimientos de calidad de víctima.

La optimización del proceso ha impactado especialmente en las compensaciones por violación de derechos humanos, subsidios y medidas de ayuda inmediata. En el año 2024, emitió 658 resoluciones(37) que beneficiaron a mil 837 víctimas; de estas, 785 son víctimas directas (220 mujeres y 565 hombres) y mil 52 víctimas indirectas (625 mujeres y 427 hombres), por un monto de $772,369,481.80 (setecientos setenta y dos millones trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos 80/100 M.N).

Erogaciones por tipo de resolución y tipo de víctimas.

Tipo de resolución	No.	Víctimas directas		Víctimas indirectas		Egresos pesos MN
Tipo de resolución	No.	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Egresos pesos MN
Compensación por violaciones a derechos humanos(38)	273	106	228	264	228	654,991,768.14
Compensación subsidiaria(39)	90	10	101	157	99	85,769,430.50
Medidas de ayuda inmediata	295	104	236	204	100	31,608,283.16
Total	658	2020	566	625	427	772,369,481.80

Tabla 10. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información de la Dirección General del Comité Interdisciplinario Evaluador.

Si se comparan estos datos con los de 2022, se observa un aumento significativo en el número de resoluciones emitidas, ya que, en dicho año, el total fue de 377, esto es, prácticamente la mitad que en 2024. De las resoluciones emitidas en 2022, 174 fueron por compensación por violación a derechos humanos; 86 en materia de compensación subsidiaria y 117 por medidas de ayuda inmediata.

Resoluciones emitidas por tipo y año, 2022-2024

Gráfica 2. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información de la Dirección General del Comité Interdisciplinario Evaluador.

Cabe señalar que, del total de resoluciones emitidas en el año 2023, 25 fueron en materia de compensación por violación a derechos humanos y 40 opiniones técnicas, fueron a favor de personas indígenas y migrantes. Lo anterior benefició a un total de 65 víctimas directas (15 mujeres y 50 hombres) y 50 víctimas indirectas (25 mujeres y 25 hombres) y se erogaron $38,940,000.00 (treinta y ocho millones novecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)

Por su parte, en 2024 se emitieron 38 resoluciones por compensación por violación a derechos humanos y tres opiniones técnicas a favor de personas migrantes e indígenas, lo que benefició a un total de 42 víctimas directas (37 hombres y cinco mujeres) y siete víctimas indirectas (una mujer y seis hombres). El monto erogado fue de $100,444,321.08 (cien millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos veintiún pesos 08/100 M.N.).

El compromiso asumido por la CEAV para garantizar que las instituciones responsables de los hechos victimizantes cumplan con la reparación integral se ve explícitamente en los montos erogados en materia de compensación por violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, mientras que en el año 2023 el 12.14% de los montos en la materia fueron pagados por instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante, IMSS) y la Secretaría de Educación Pública (en adelante, SEP), entre otras, en el año 2024, esta erogación ascendió al 20% a cargo de, entre otras instituciones, el IMSS, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Migración (en adelante, INM). El hecho de que las instancias responsables de los hechos violatorios asuman la reparación integral del daño, fortalece la justicia y el principio de no repetición, promueve la rendición de cuentas, fomenta el respeto a los derechos humanos y contribuye a la prevención de futuras violaciones.

En consonancia con el aumento sostenido de acciones a favor de las víctimas, la CEAV ha visto incrementado su presupuesto anualmente, con base en la sentencia de amparo 675/2022 que determina que los recursos destinados a las víctimas no pueden ser inferiores a la cantidad que corresponda al 0.014% del gasto programable en el PEF del año inmediato anterior. Es de destacar que 80% del presupuesto de la Comisión Ejecutiva se ejerce directamente a las víctimas y 20% se destina a gasto operativo.

Presupuesto anual de la CEAV y cumplimiento de la Regla 0.014%

Año	Aprobado	Ejercido	Regla 0.014% del amparo	Ejercido - Regla 0.014% del amparo	Var % respecto a Regla 0.014	% respecto al Gasto Programable PEF
Año	A	B	C	B-C	Var % respecto a Regla 0.014	% respecto al Gasto Programable PEF
2022	$540 mdp	$ 880 mdp	$647 mdp	$233 mdp	36.01%	0.019%
2023	$606 mdp	$1,213 mdp	$735 mdp	$478 mdp	65.03%	0.023%
2024	$635 mdp	$1,392 mdp	$834 mdp	$558 mdp	66.91%	0.023%

Tabla 11. Elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con información de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Áreas de oportunidad

Garantizar y proteger los derechos de las víctimas es un asunto de interés nacional para la Cuarta Transformación; aunque en anteriores administraciones se avanzó en la incorporación de los estándares internacionales en la normatividad nacional, estableciendo el deber constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos, todavía existen retos y desafíos pendientes.

Es por ello por lo que, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, la atención a las víctimas emerge como un componente esencial del Eje General 1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, "Gobernanza con justicia y participación ciudadana", el cual define una estrategia clara para garantizar el acceso pleno a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas.

Asimismo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aprobada por el Senado, contempla acciones concretas para la atención a víctimas, incluyendo el fortalecimiento de los servicios especializados, la creación de redes comunitarias para la seguridad y la paz, la implementación de mecanismos de respuesta y vinculación institucional, así como el desarrollo de programas integrales y campañas de seguridad digital que refuercen la protección y el bienestar de la sociedad.

Lo anterior denota el compromiso activo con la paz en el Proyecto de Nación, entendida no solo como la ausencia de conflictos, sino como un proceso continuo de construcción colectiva, que implica garantizar el respeto a los derechos humanos, la justicia social, la igualdad y la inclusión, estableciendo condiciones estructurales, institucionales y culturales que permitan a todas las personas, especialmente a las más vulneradas, vivir con dignidad, seguridad y libertad.

En materia de atención a víctimas, cumplir este compromiso requiere crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas, por lo que es necesario desarrollar acciones estratégicas y mecanismos de coordinación con las entidades federativas; en este quehacer la contribución de la CEAV es fundamental.

Asimismo, con base en el paradigma del humanismo mexicano, se reconoce que una gestión honesta y eficiente fortalece la confianza social y el compromiso con el bienestar de las víctimas y se establece una postura firme contra la discriminación, el racismo y la violencia de género, consolidando la igualdad sustantiva como principio rector de la acción institucional. Por lo que dentro de PND 2025-2030 se plantean acciones estratégicas clave para optimizar las capacidades institucionales, incluyendo la gestión documental, la transparencia y el uso de tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia administrativa, atendiendo a las necesidades planteadas en los Foros de Consulta.

Derivado de lo anterior, la CEAV asume el compromiso con los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de no discriminación y con la trasparencia y rendición de cuentas al interior de la institución, lo que impactará de manera positiva en la eficiencia de la atención a víctimas.

En este contexto, la CEAV ha identificado como un problema público que las víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos enfrentan dificultades para recuperar o reconstruir sus proyectos de vida. Por ello, su reconocimiento como titulares de derechos es esencial para garantizarles acceso a la justicia, ayuda, asistencia, atención y una reparación integral que les permita, en la medida de lo posible, recuperar o redefinir sus caminos con dignidad y seguridad.

Sobre esta base y con fundamento en el análisis previo, el Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (PICEAV) 2025-2030 se alinea a estos criterios al establecer los siguientes objetivos principales. El primero, "Contribuir al desarrollo de la política nacional integral que garantice los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos", plantea las acciones institucionales necesarias para fortalecer los procesos de ayuda, asistencia y reparación integral de las personas en situación de víctimas; integrando la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos, diferencial y especializado, de acuerdo con el mandato de la LGV y con el propósito de robustecer la atención haciéndola más focalizada y dinámica para asegurar una respuesta ágil y personalizada poniendo en el centro a las víctimas y sus necesidades.

En segundo lugar, y para atender y cubrir de manera efectiva las necesidades de las víctimas y coadyuvar a la construcción o reconstrucción de su proyecto de vida, es necesario "Fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para impulsar políticas públicas e instrumentos programáticos que garanticen los derechos de las víctimas y mejoren la atención brindada". Al respecto, se considera fundamental fortalecer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, promoviendo no sólo su funcionamiento cotidiano, sino formalizando su instalación y el trabajo de sus comisiones para asegurar procesos de atención a víctimas más eficaces, humanos y oportunos. En el mismo tenor, el impulso a las capacidades institucionales en materia normativa, presupuestal y de personal de las Comisiones Estatales de Atención a Víctima o sus homólogas de las entidades federativas, es toral para asegurar los servicios de atención integral con perspectiva de género en el ámbito local y, al mismo tiempo, optimizar la implementación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de atención a víctimas.

Un tercer objetivo que plantea "Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar servicios de calidad a las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos", busca reforzar las estructuras, procesos, recursos, conocimientos y habilidades del personal de servicio público de la CEAV para realizar las funciones y cumplir los objetivos y metas institucionales de manera efectiva, eficiente y sostenible. Lo anterior implica robustecer mecanismos de seguimiento y de evaluación y con ello la trasparencia y rendición de cuentas, garantizar la seguridad jurídica en cada actuación y promover un ambiente laboral basado en la igualdad, la no discriminación y libre de violencia.

Visión a largo plazo

La actual administración de la Comisión Ejecutiva reconoce la magnitud del problema público que implica el hecho de que las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos enfrenten dificultades para reconstruir o construir un proyecto de vida; asimismo ha identificado los aspectos específicos que pueden ser mejorados para brindarles atención, asistencia y protección. Lo anterior, implica asumir con honestidad que el camino de las víctimas en su acceso a la justicia ha sido largo, fragmentado y marcado por la revictimización y la burocracia.

Para la CEAV, enfrentar con responsabilidad esta realidad implica establecer un análisis prospectivo para establecer objetivos y definir acciones que generen trasformaciones profundas y estructurales que permita garantizar los derechos de las víctimas, superando las áreas de oportunidad identificadas.

Esta tarea, al plantear cambios estructurales, requiere visualizar horizontes en dos plazos consecuentes entre sí: el primero se fija en el año 2030, en el marco del cumplimiento de los objetivos del PND 2025-2030 en materia de atención a víctimas. El alcance del PICEAV 2025-2030, se establece en este periodo, pero sienta las bases para la continuidad de la trasformación profunda que se consolidará en el segundo periodo. La visión establecida para este primer plazo se describe en los siguientes logros:

· Una política nacional integral desarrollada para la garantía de los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos, en la que se han asegurado los siguientes aspectos:

- Un Registro Nacional de Víctimas, reforzado con información oportuna y suficiente, suministrada de manera efectiva, rápida y diferencial por el total de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas o sus homólogas.

- Servicios de ayuda inmediata, asistencia y atención, proporcionados con perspectiva de género y enfoque diferencial y especializado que permiten a las víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos, superar las condiciones de vulnerabilidad resultado del hecho victimizante.

- Procesos de orientación, acompañamiento y representación jurídica, desarrollados con perspectiva de género y enfoque diferencial y especializado.

- Una coordinación interinstitucional fortalecida para garantizar el derecho a la verdad y la reparación integral del daño de las víctimas.

- Derechos de las víctimas promovidos plenamente por las instituciones encargadas de su garantía.

· Un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que coordina y articula las políticas públicas e instrumentos programáticos en materia de atención a víctimas y la garantía de sus derechos humanos, para lo cual se habrán asegurado los siguientes aspectos:

- Un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, funcionando para asegurar la atención a víctimas de manera eficaz, humana y oportuna.

- Comisiones Estatales de Atención a Víctimas u homólogas, fortalecidas para brindar servicios de atención integral con perspectiva de género y enfoque diferencial y especializado a las víctimas.

- Vinculaciones y alianzas con la academia, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, promovidas para fortalecer la cobertura, calidad e incidencia de las acciones orientadas a la atención integral de las víctimas.

· Capacidades institucionales potenciadas a través de procesos eficientes y transparentes, garantizando la seguridad jurídica en cada actuación, y un ambiente laboral basado en la igualdad, la no discriminación y libre de violencia, logradas a través del necesario avance en los siguientes rubros:

- Gestión y operación de la CEAV, fortalecida para la óptima atención a las víctimas.

- Planeación, monitoreo y evaluación desarrolladas para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

- Programas de capacitación y profesionalización, implementados que contribuyan al desarrollo de las competencias y a mejorar el desempeño laboral de las personas servidoras públicas de la CEAV para la atención a víctimas.

- Medidas de prevención y control de los factores de riesgo psicosocial, implementadas para la promoción del entorno organizacional favorable a una cultura de igualdad, no discriminatoria y libre de violencia en la CEAV.

- Tecnologías aplicadas en la automatización del registro de los procesos y sistematización de datos sobre las víctimas y los servicios.

Asegurado lo anterior para el plazo establecido en 2030, es posible extender a 20 años la visión de los objetivos y metas generales. En este horizonte se proyecta la consolidación de una política de Estado en materia de atención a víctimas, en la que el acceso a la justicia y las reparaciones transformadoras sean los ejes para compensar los daños sufridos por las personas víctimas en lo individual y contribuir también a la transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas existentes coadyuvando a erradicar las condiciones de discriminación, desigualdad y exclusión que afectaban a las víctimas y que contribuyeron a su victimización.

Esta imagen del futuro se caracteriza por la consolidación de la trasformación de las condiciones estructurales que limitan los derechos de las víctimas y por la adopción de normas, procedimientos y prácticas, orientadas a garantizarlas.

Para 2050 la visión es la que sigue:

· Las víctimas acceden y ejercen plenamente sus derechos, especialmente a la ayuda, asistencia, investigación, acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral.

· Las instancias públicas de cada uno de los órdenes de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, cumplen plenamente con sus obligaciones respecto a los derechos humanos de las víctimas.

· Un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, consolidado con capacidad de proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para garantizar los derechos de las víctimas en los ámbitos federal, local y municipal.

· Un Registro Nacional de Víctimas afianzado como soporte administrativo y técnico del proceso de ingreso y registro de víctimas, que garantiza su acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, a la justicia y a la reparación integral.

6. Objetivos

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha delineado tres objetivos esenciales para garantizar la protección de los derechos de las víctimas. Su finalidad es ofrecer una respuesta más eficiente y justa que les permita reconstruir sus proyectos de vida. Para ello, se prioriza la atención integral, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el desarrollo de capacidades institucionales y la garantía de certeza jurídica en cada actuación.

Objetivos del Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 2025-2030

1.- Contribuir al desarrollo de la política nacional integral que garantice los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos.

2.- Fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para impulsar políticas públicas e instrumentos programáticos que garanticen los derechos de las víctimas y mejoren la atención brindada.

3.- Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar servicios de calidad a las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos.

La relevancia del Objetivo Estratégico 1, respecto a "Contribuir al desarrollo de la política nacional integral que garantice los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos", se establece a partir de cuatro aspectos identificados en el diagnóstico y que se describen a continuación.

En primer lugar, este objetivo contribuye a la realización del Proyecto de Nación estipulado en el PND 2025-2023, orientado a

consolidar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que a través de los Cien Compromisos de Gobierno, establece en la Estrategia 1.2.3 el compromiso de garantizar el acceso pleno a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos, mediante la atención integral con perspectiva de género y la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.

El segundo aspecto, es el aumento de delitos de alto impacto, en particular los homicidios dolosos. Entre 2006 y 2012, se registraban en promedio poco más de 50 homicidios diarios, cifra que aumenta a más de 60 entre 2013 y 2018. En el primer bimestre de 2025, el promedio diario descendió de 87 víctimas en 2018 a 76 víctimas. No obstante, el crecimiento acumulado de los últimos 20 años evidencia una tendencia preocupante que refleja la persistencia del problema.

Adicionalmente, según el SESNSP, el promedio de presuntas víctimas de feminicidio al año ha disminuido de 2.6, entre 2019 y 2024, a 1.7 en lo que va de 2025. Aunque estas cifras indican un avance, es importante orientar los esfuerzos hacia la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres por razones de género, lo cual demanda la integración de criterios de género en la atención a víctimas.

Esta situación se puede entender con el análisis del impacto de estrategias de seguridad previas a los gobiernos de la Cuarta Transformación, basadas en la confrontación armada entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad que generaron un alto número de víctimas, muchas de las cuales aún buscan justicia. Para ellas, la reparación debe ir más allá de medidas económicas y ofrecer un acompañamiento integral que reivindique sus derechos y brinde condiciones para su bienestar.

El tercer aspecto, es la responsabilidad de crear las condiciones institucionales a nivel nacional que permitan hacer frente de manera eficiente al contexto antes descrito, garantizando que toda persona que ha sufrido un daño tenga el derecho inalienable de conocer la verdad, acceder a la justicia y recibir una reparación integral que no se limite a una compensación monetaria, sino que restituya su dignidad, bienestar y le permita construir o reconstruir su proyecto de vida. Cabe destacar que a partir de 2021 la CEAV ha reconocido que la compensación económica, por sí sola, no es suficiente para garantizar la dignidad de las víctimas. La justicia y la verdad no son meros conceptos abstractos, sino derechos fundamentales que deben materializarse para que las personas afectadas por delitos o violaciones a los derechos humanos recuperen su autonomía y reconstruyan sus proyectos de vida.

Esta reparación puede incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, abordando dimensiones individuales y colectivas, tanto materiales como morales y simbólicas. La reparación no puede considerarse como un acto meramente administrativo, toda vez que implica un proceso transformador que reivindica derechos vulnerados y ofrece garantías para evitar que los hechos se repitan. En este sentido, las acciones deben incluir la reconstrucción de la memoria histórica, el reconocimiento público de las injusticias y la restauración de la confianza en las instituciones, sentando las bases para una sociedad más justa y comprometida con los derechos humanos.

Para garantizar la reconstrucción del proyecto de vida de las personas en situación de víctimas es necesario implementar un conjunto de estrategias encaminadas a proporcionar ayuda inmediata, atención psicológica y jurídica, asistencia y reparación del daño con un enfoque integral y diferenciado, que permita detectar condiciones de vulnerabilidad y responda al contexto y necesidades específicas de quienes han vivido algún hecho victimizante.

Incorporar la perspectiva de género y el enfoque diferencial y especializado, como mandato normativo, permite reconocer características particulares que pueden posicionar a las víctimas en mayor grado de vulnerabilidad en razón de su edad, sexo, etnia, preferencia u orientación sexual, condición de discapacidad, entre otras; y establecer que ciertos daños requieren de una atención que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas, evitando la revictimización y promoviendo un acompañamiento efectivo. Además, al centrarse en víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos, se refuerza la importancia de brindar mecanismos especializados para los casos que requieren mayor protección y diligencia.

La LGV establece que toda persona que ha sufrido un daño tiene el derecho inalienable de conocer la verdad, acceder a la justicia y recibir una reparación integral que no se limite a una compensación monetaria, sino que restituya su dignidad, bienestar y condiciones de vida previas al agravio.

Finalmente, el cuarto aspecto es que este objetivo refuerza la política pública de atención a víctimas al incorporar estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos al quehacer de la CEAV. Al hacerlo, contribuye a consolidar una respuesta integral y coordinada, fortaleciendo la articulación de la acción gubernamental.

Similar al análisis del objetivo anterior, en el caso el Objetivo Estratégico 2, respecto a "Fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para impulsar políticas públicas e instrumentos programáticos que garanticen los derechos de las víctimas y mejoren la atención brindada" su relevancia esta fincada en tres aspectos que a continuación se describen.

El primer aspecto hace referencia al hecho de que la CEAV es el órgano operativo del SNAV y que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 señala que "el Sistema Nacional de Atención a Víctimas requiere del fortalecimiento en su coordinación, cobertura y calidad de servicios. Para ello, es importante impulsar la profesionalización del personal, la investigación sobre víctimas y la modernización de los procesos de planeación y evaluación de políticas de atención". Aunque el SNAV no ha sesionado formalmente desde su instalación, la CEAV y otras instancias del Sistema han continuado trabajando activamente, impulsando mecanismos de coordinación y articulación operativa para que las víctimas accedan a servicios y programas sociales, asegurando la restitución de sus derechos vulnerados.

Con ese telón de fondo, como parte de la coordinación y articulación interinstitucional es necesario impulsar las acciones necesarias, en conjunto con diversas instituciones para reactivar el funcionamiento del SNAV, como instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas en materia de atención a víctimas.

Las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas forman parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y tienen un papel fundamental, ya que son las instancias encargadas de atender, asistir o, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común y violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades estatales y municipales; junto con la Comisión Ejecutiva son centrales en la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones.

Además de la participación gubernamental en todos los niveles para garantizar los derechos de las víctimas, es fundamental la coordinación con otros sectores como el privado, el académico, las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de víctimas. Reconociendo que la atención a las víctimas también es una responsabilidad social, estos sectores pueden aportar experiencia, recursos, conocimientos, sensibilización y colaboración para en los procesos de atención y reparación integral en el país.

En segundo lugar, asumir la obligación de garantizar los derechos de las víctimas, implica reconocer que aún persiste la desconfianza de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en las instituciones gubernamentales, ya que entre 2012 y 2023, poco más del 90% de los delitos no fueron denunciados e investigados y que en poco más del 60% de esos casos la no denuncia se debió a causas atribuibles a la autoridad. Aunque esta última cifra ha tendido a disminuir, al pasar de 63.2% en 2018 a 60.8% en 2023, es innegable que aún hay mucho por hacer. Lo anterior se explica en parte porque las víctimas no observan los resultados que esperan.

El tercer aspecto, es que para garantizar el derecho de las víctimas, este objetivo prioritario resulta relevante también para propiciar las condiciones que faciliten a las víctimas el acercamiento a las instituciones que pueden brindarles apoyo y que su personal esté técnicamente capacitado; además, se requiere la coordinación y la articulación institucional para que las políticas públicas de atención a víctimas sean integrales, articuladas, colaborativas y coloquen a las víctimas en el centro del quehacer institucional.

De esta manera, se generan sinergias para estandarizar instrumentos programáticos que sirvan de guía para que diferentes instituciones compartan esta responsabilidad desde su ámbito de competencia, y se establezca un piso común de atención con calidad a las personas en condición de víctimas. Igualmente, este tipo de coordinación y articulación contribuye a evitar la revictimización, agilizar los procesos de atención y de referencia y contrarreferencia cuando correspondan.

6.3 Relevancia del objetivo 3: Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar servicios de calidad a las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos.

Continuando con la estructura del análisis realizado en los objetivos anteriores, la relevancia del Objetivo Estratégico 3, relativo a "Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar servicios de calidad a las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos", se finca en tres aspectos que continuación se describen.

El primer aspecto, es consolidar los avances significativos que la CEAV ha tenido en los años recientes, respecto al fortalecimiento de la estructura, la mejora en procesos y la eficiencia de los recursos, al implementar una política de reorganización y mejoramiento de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y presupuestarios hacia las áreas sustantivas de la institución que atienden de manera directa a las víctimas.

En 2024, se iniciaron mil 650 expedientes de representación y asesoría jurídica en las oficinas administrativas de la Ciudad de México, mientras que en los CAI se registraron 5 mil 21 expedientes; se impulsaron 128 medidas de protección ante diversas instituciones para garantizar la seguridad, integridad física, libertad y bienestar de las víctimas y se emitieron 658 resoluciones: 273 en materia de compensación por violaciones a derechos humanos, 90 por compensación subsidiaria y 295 por medidas de ayuda inmediata, que en su conjunto beneficiaron a mil 837 víctimas.

Asimismo, desde 2021 se inició un proceso de revisión de la metodología utilizada para la emisión de resoluciones, con el objetivo de asegurar su objetividad y su alineación con criterios internacionales y procedimientos internos con enfoque diferencial y especializado e integrando los principios de dignidad, igualdad, no discriminación, la máxima protección y la complementariedad; el impacto de su implementación permitió reducir el número de expedientes de 3 mil 908 en 2022, a 2 mil 344 al 15 de marzo de 2025.

El segundo aspecto, es que para lograr la consolidación de estos avances es fundamental afianzar la modernización de procesos de gestión y sistemas de registro, sistematización y generación de información y fortalecer los Centros de Atención Integral mediante la mejora de sus espacios y el incremento de su equipamiento. Con la implementación de estas estrategias, la CEAV busca mejorar la comunicación, optimizar procesos y gestionar sus actividades de una forma más efectiva y eficiente.

El tercer aspecto, es que la capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas, así como la generación de conocimiento a través de la promoción y elaboración de diagnósticos, estudios e investigaciones son indispensables para desarrollar competencias administrativas y estratégicas; de ahí que la CEAV se propone implementar acciones en este sentido. Asimismo, a través de la capacitación en atención a víctimas se busca promover la incorporación de los enfoques de género, derechos humanos y diferencial especializado, ya que estos marcos teóricos y metodológicos son indispensables para asegurar una atención a las víctimas acorde a sus condiciones de vida y necesidades específicas, además de que contribuyen a evitar la discriminación y revictimización.

El cuarto aspecto, es que el objetivo guarda concordancia con el compromiso del Segundo piso de la Cuarta Transformación establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, respecto a "erradicar las desigualdades estructurales que han limitado el acceso de las mujeres a sus derechos y oportunidades" y construir las condiciones para lograr la igualdad sustantiva, la CEAV se propone implementar diversas acciones dirigidas, por un lado, a la atención y protección reforzada de las mujeres víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos del orden federal y por otro lado, a desarrollar acciones que mejoren las condiciones laborales de las servidoras públicas de la CEAV y ayuden a crear un entorno laboral favorable a la igualdad, a una cultura de paz, de derechos humanos, no discriminación y una vida libre de violencia. En este mismo sentido y conforme a las disposiciones normativas establecidas para la Administración Pública Federal, se impulsará la incorporación de lenguaje incluyente y no sexista en los documentos y otros materiales elaborados por la institución.

Con la firme convicción de que el factor humano es lo más importante de una institución, la CEAV plantea desarrollar acciones para prevenir y controlar posibles daños psicosociales en las personas servidoras públicas generados por el desempeño de sus funciones, por ejemplo: impulsar el autocuidado, el cuidado colectivo y cuidado institucional; prevenir y atender la violencia laboral y promover la implementación de medidas que contribuyan a conciliar la vida personal, familiar y laboral.

Todo lo anterior posibilita brindar servicios de calidad a las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos y con ello contribuir al cumplimiento de las estrategias y acciones del Eje General 1. Gobernanza con justicia y participación ciudadana, así como de los ejes transversales de Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres y el de Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional.

6.4 Vinculación de los objetivos con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030

A través del Programa Institucional, la CEAV reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de quienes han sido víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos. Los dos primeros objetivos del Programa Institucional guardan estrecha relación con la Estrategia 1.2.3 del Objetivo 1.2 del PND 2025-2030, que busca garantizar el acceso pleno a la justicia, la verdad y la reparación del daño mediante un enfoque integral y coordinado entre los tres órdenes de gobierno. Por otra parte, el tercer objetivo del Programa Institucional se orienta hacia la optimización y consolidación institucional de la CEAV, un elemento clave para elevar la eficiencia en la respuesta a las necesidades de las víctimas, con el propósito de perfeccionar las operaciones y la estructura organizacional, asegurando una atención efectiva y digna.

En conjunto, estos objetivos reflejan una visión integral en la que la justicia no solo es un derecho, sino un camino hacia la reconstrucción de proyectos de vida para quienes han sufrido afectaciones. La articulación entre la CEAV y el PND 2025-2030 permite avanzar hacia un modelo de protección y atención más sólido, humano y efectivo.

Objetivos del Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2025 - 2030	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030	Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030
1. Contribuir al desarrollo de la política nacional integral que garantice los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos.	Objetivo 1.2 del Plan	Estrategia 1.2.3 del Plan
2. Fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para impulsar políticas públicas e instrumentos programáticos que garanticen los derechos de las víctimas y mejoren la atención brindada.	Objetivo 1.2 del Plan	Estrategia 1.2.3 del Plan
3. Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar servicios de calidad a las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos.	Objetivos T2.1, T1.4 del Plan	Estrategias T2.1.2,T1.4.1, T1.4.2 del Plan

7. Estrategias y líneas de acción

Para alcanzar los objetivos establecidos, se han diseñado estrategias concretas que convierten estos propósitos en acciones efectivas y medibles.

El Objetivo 1 incluye cinco estrategias y 26 líneas de acción enfocadas en contribuir al desarrollo de la política nacional integral que garantice los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos. Estas acciones, en conjunto, refuerzan el compromiso institucional con la justicia, la verdad y la reconstrucción de los proyectos de vida de las personas en situación de víctima.

En el Objetivo 2 se integran tres estrategias y 11 líneas de acción. La implementación de este conjunto de estrategias es necesaria para lograr fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional. La primera estrategia se enfoca en la promoción del fortalecimiento del SNAV para asegurar la atención a víctimas de manera eficaz, humana y oportuna. Dentro de esta estrategia se han considerado pertinentes seis acciones. La segunda estrategia centra sus esfuerzos en acompañar el fortalecimiento de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas u homólogas para asegurar los servicios de atención integral con perspectiva de género a las víctimas mediante tres acciones. Por su parte, la tercera y última estrategia del Objetivo 2 consiste en la promoción de la vinculación y alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas apoyándose en dos líneas de acción.

El Objetivo 3 está compuesto de cinco estrategias y 28 líneas de acción orientadas a desarrollar las capacidades institucionales de la CEAV para asegurar una mejora continua en los servicios de ayuda inmediata, atención, asesoría jurídica y reparación integral del daño que se proporcionan a las víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos del fuero federal. Asimismo, se incluyen acciones para garantizar a las personas servidoras públicas de la CEAV un ambiente laboral seguro, sano y favorable a la igualdad, no discriminación y vida libre de violencia.

Objetivo 1. Contribuir al desarrollo de la política nacional integral que garantice los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos.

Estrategia 1.1 Reforzar al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) para contar con información robusta sobre el número de víctimas de delitos y/o violaciones de derechos humanos y garantizar que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial.

Línea de acción

1.1.1 Impulsar la inscripción oportuna de las víctimas federales y estatales en el RENAVI, a través del uso de herramientas digitales.

1.1.2 Difundir los criterios institucionales para el llenado correcto del FUD y de la adecuada integración de los documentos soporte que acompañan las solicitudes de inscripción al REFEVI, a través de un programa de capacitación y actualización continua.

1.1.3 Mejorar la gestión de la información institucional sobre atención a víctimas de delitos del fuero federal y violaciones a derechos humanos, mediante el uso de las herramientas tecnológicas en las Unidades Administrativas de la CEAV.

1.1.4 Generar y difundir herramientas electrónicas de consulta de información, sobre los registros del RENAVI para el uso de las Unidades Administrativas de la CEAV e instituciones del SNAV.

1.1.5 Fortalecer los procesos de registro, generación y carga de la información de las víctimas en el RENAVI, a través de la elaboración de lineamientos, glosarios y/o diccionarios.

1.1.6 Potenciar el uso de la plataforma electrónica del REFEVI dirigido al personal de las Unidades Administrativas de la CEAV, a través de un programa de capacitación y actualización continua.

1.1.7 Ampliar la transmisión de información de las entidades locales al RENAVI, a través de la celebración y cumplimiento de convenios con las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas.

Estrategia 1.2 Proporcionar servicios de ayuda inmediata, asistencia y atención, con perspectiva de género y enfoque diferencial y especializado, a las víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos, que les permitan superar las condiciones de vulnerabilidad resultado del hecho victimizante.

Línea de acción

1.2.1 Realizar los trámites de medidas de ayuda para traslados, alimentación y alojamiento; y/o emitir dictámenes de procedencia por concepto de gastos médicos y funerarios, a través de lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

1.2.2 Promover que los servicios de asistencia y atención se otorguen con enfoque diferencial a víctimas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, a través de la unificación de los criterios para la atención inmediata y de primer contacto

1.2.3. Establecer y actualizar permanentemente procedimientos y criterios homologados de atención y seguimiento psicológico a víctimas y sus familiares víctimas indirectas, mediante reuniones de trabajo periódicas de profesionistas en psicología en la atención inmediata y de primer contacto.

1.2.4 Establecer y actualizar permanentemente procedimientos y criterios homologados de servicios de trabajo social a víctimas y sus familiares víctimas indirectas, a través de reuniones de trabajo periódicas de profesionistas en trabajo social en la atención inmediata y de primer contacto.

1.2.5 Fortalecer los equipos de trabajo social para asegurar la formulación oportuna y diligente de estudios de trabajo e informe social necesarios para la prestación de servicios de ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas.

1.2.6 Establecer y actualizar permanentemente procedimientos y criterios homologados de servicios médicos a víctimas y sus familiares víctimas indirectas, a través de reuniones de trabajo periódicas de profesionistas en servicios médicos en la atención inmediata y de primer contacto.

Estrategia 1.3 Fortalecer los procesos de orientación, acompañamiento y representación jurídica con perspectiva de género para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a la verdad.

Línea de acción

1.3.1 Homologar los criterios jurídicos institucionalizando los enfoques diferencial y especializado en la atención a las personas en situación de víctimas de delitos específicos y violaciones a derechos humanos que atiende la Asesoría Jurídica Federal, mediante manuales, guías y otros documentos.

1.3.2 Implementar acciones de actualización en el marco normativo federal en materia de atención a víctimas, a través de acciones de formación dirigidas al personal de la Asesoría Jurídica Federal.

1.3.3 Impulsar espacios de análisis y discusión entre las personas asesoras jurídicas federales de la CEAV para homologar criterios, generar y actualizar documentos metodológicos, operativos y procedimentales relacionados con los servicios que otorga la AJF, a través de encuentros regionales.

1.3.4 Promover la atención con enfoque diferencial a víctimas pertenecientes a grupos históricamente discriminados para garantizar su pleno acceso a la justicia, mediante acciones de capacitación al personal de la Asesoría Jurídica Federal.

1.3.5 Impulsar determinaciones judiciales con garantía de reparación del daño en beneficio de las personas en situación de víctima, a través del otorgamiento de servicios jurídicos.

Estrategia 1.4 Fortalecer los procedimientos y la coordinación interinstitucional orientadas a garantizar el derecho a la verdad y la reparación integral de daño de las víctimas de delitos del fuero federal y de violaciones a derechos humanos.

Línea de acción

1.4.1 Promover medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, conforme a los estándares técnicos y éticos en materia de derechos humanos, a través de resoluciones.

1.4.2 Facilitar la emisión de dictámenes y resoluciones administrativas sobre medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición, a través de la definición de criterios para la integración de expedientes y gestión de documentación de los hechos victimizantes.

1.4.3 Impulsar el acceso de las víctimas a la verdad y la reparación integral del daño, a través de la emisión de resoluciones.

1.4.4 Fomentar que las instituciones responsables de la violación a derechos humanos generen los mecanismos administrativos para dar cumplimiento a las acciones de reparación integral, especialmente a través del cumplimiento de las medidas de no repetición.

1.4.5 Facilitar las reparaciones integrales del daño, acreditaciones de calidad de víctimas y otras medidas de atención y protección, a través de resoluciones.

1.4.6 Promover el cumplimiento de las medidas de reparación establecidas en las resoluciones emitidas por la CEAV, a través de la coordinación intra e interinstitucional.

Estrategia 1.5 Promover el conocimiento de los derechos de las víctimas y de las instituciones encargadas de su garantía, a fin de fortalecer el ejercicio informado de sus derechos.

Línea de acción

1.5.1 Promover los derechos de las víctimas, a través de campañas informativas con perspectiva de género, lenguaje ciudadano e incluyente, sobre la oferta institucional de servicios y las instancias competentes para su atención.

1.5.2 Implementar estrategias de difusión de los derechos de las víctimas entre poblaciones en situación de vulnerabilidad, a través de diversos recursos de comunicación. en braille, lenguas indígenas, entre otros.

Objetivo 2. Fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para impulsar políticas públicas e instrumentos programáticos que garanticen los derechos de las víctimas y mejoren la atención brindada.

Estrategia 2.1 Promover el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) para asegurar la atención a víctimas de manera eficaz, humana y oportuna.

Línea de acción

2.1.1 Facilitar la operación del SNAV a través de la actualización de su marco operativo y normativo.

2.1.2 Impulsar la instalación de las comisiones del SNAV por acuerdo del Pleno del Sistema.

2.1.3 Promover la incorporación del enfoque de derechos humanos, de género, diferencial y especializado en la atención a víctimas, a través de los

instrumentos de política pública elaborados en el marco del SNAV.

2.1.4 Promover la homologación de criterios y procedimientos de atención a víctimas mediante la aplicación de modelos, protocolos y lineamientos.

2.1.5 Capacitar al personal de las instancias que conforman el SNAV a través del desarrollo de programas en materia de atención integral a víctimas.

2.1.6 Fortalecer la política de atención a víctimas mediante la promoción de la celebración de convenios de coordinación, colaboración, concertación y acuerdos con otras entidades u organismos.

Estrategia 2.2 Acompañar el fortalecimiento de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas u homólogas para asegurar los servicios de atención integral con perspectiva de género a las víctimas.

Línea de acción

2.2.1 Colaborar con las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas o sus homólogas, a través de asesorías técnicas para su fortalecimiento.

2.2.2 Identificar y reproducir buenas prácticas en materia de atención a víctimas, a través de espacios de diálogo, trabajo técnico y colaboración permanente con las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas o sus homólogas.

2.2.3 Brindar atención a casos específicos a través de la articulación con las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas o sus homólogas.

Estrategia 2.3 Promover la vinculación y alianzas con la academia, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas para fortalecer la cobertura, calidad e incidencia de las acciones orientadas a la atención integral de las víctimas.

Línea de acción

2.3.1 Impulsar la generación de estudios e investigaciones sobre contextos locales, regionales y nacionales de las víctimas, con perspectiva de género e interseccionalidad, mediante la vinculación con instituciones educativas nacionales y estatales e instancias internacionales de derechos humanos.

2.3.2 Promover la participación y la escucha activa con las víctimas, los colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil en materia de políticas y programas de atención a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos.

Objetivo 3. Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar servicios de calidad a las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos.

Estrategia 3.1 Desarrollar acciones para el fortalecimiento de la gestión y la operación de la CEAV para mejorar la atención a víctimas.

Línea de acción

3.1.1 Fortalecer el desarrollo organizacional de la CEAV, modernizando y adecuando el orden normativo institucional, a través de manuales, procedimientos y lineamientos.

3.1.2 Agilizar la integración de expedientes al Archivo General de la Nación, mediante el desarrollo e implementación de un programa de gestión y actualización de los archivos de la CEAV.

3.1.3 Potenciar la coordinación entre la Unidades Administrativas de la CEAV en cuanto a la gestión de información, mediante un sistema informático de gestión documental.

3.1.4 Dar seguimiento al sistema de evaluación del desempeño del personal de la CEAV, mediante la implementación de medidas de mejora continua y un programa de estímulos e incentivos.

3.1.5 Facilitar que los Centros de Atención Integral cuenten con condiciones dignas para brindar sus servicios, a través de la adecuación y mejora continua de su infraestructura.

Estrategia 3.2 Desarrollar acciones de planeación, monitoreo y evaluación que optimicen la toma de decisiones y refuercen la rendición de cuentas.

Línea de acción

3.2.1 Establecer los objetivos y metas institucionales a través de la integración de la programación operativa.

3.2.2 Facilitar la transparencia y rendición de cuentas, mediante informes de monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planeación y programación.

3.2.3 Contribuir al cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano en materia de los derechos humanos de las víctimas, a través del suministro de información a las instancias competentes para la elaboración de informes.

3.2.4 Contribuir a la instrumentación de acciones y estrategias establecidas en los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, en materia de derechos humanos, mediante la integración de los planes, programas y proyectos gubernamentales, en los instrumentos de planeación institucional.

3.2.5 Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente para la CEAV, a través de la gestión de procesos internos para atender auditorías y evaluaciones.

3.2.6 Favorecer el diseño de políticas públicas, programas, proyectos y acciones en materia de atención a víctimas, a través de la elaboración de diagnósticos, estudios e investigaciones.

3.2.7 Modernizar los sistemas de registro, sistematización y generación de información, a través de la integración de innovaciones tecnológicas que permitan la simplificación y digitalización de los procesos de atención a víctimas.

3.2.8 Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, a través del cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información y protección de datos.

3.2.9 Facilitar el acceso, uso y reutilización de la información por parte de la ciudadanía, mediante la generación de información en datos abiertos.

Estrategia 3.3 Diseñar e implementar programas de capacitación y profesionalización en atención a víctimas que contribuyan al desarrollo de las competencias y a mejorar el desempeño laboral de las personas servidoras públicas de la CEAV.

Línea de acción

3.3.1 Promover la incorporación de los enfoques de género, derechos humanos, diferencial y especializado, en la atención a víctimas, mediante acciones de capacitación y certificación a personas servidoras de las áreas de atención y acompañamiento, asesoría jurídica y reparación integral del daño.

3.3.2. Promover la capacitación y la profesionalización continua de las personas servidoras públicas de la CEAV en materia de derechos humanos y atención a víctimas, a través de los servicios que otorgan otras instituciones en diferentes modalidades.

3.3.3. Promover acciones de capacitación y formación en diferentes modalidades mediante la gestión de espacios digitales.

Estrategia 3.4 Implementar medidas de prevención y control de los factores de riesgo psicosocial, así como de promoción del entorno organizacional favorable a una cultura de igualdad, no discriminatoria y libre de violencia en la CEAV.

Línea de acción

3.4.1 Impulsar la transformación de comportamientos y normas socioculturales con el fin de fomentar una cultura de paz, de derechos humanos y a favor de la igualdad, mediante acciones de sensibilización, difusión y capacitación dirigida a las personas servidoras públicas de la CEAV.

3.4.2 Prevenir y atender la violencia laboral, en particular la discriminación, acoso y hostigamiento sexual en la CEAV, mediante el seguimiento a la aplicación de protocolos, lineamientos, códigos y mecanismos en la materia.

3.4.3 Contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas servidoras públicas de la CEAV, mediante la implementación de esquemas laborales flexibles y medidas de cuidados.

3.4.4 Promover un ambiente laboral saludable y seguro para el bienestar de las personas servidoras públicas y la mejora en el desempeño de sus funciones, mediante el diseño e implementación de acciones que fomenten el autocuidado, el cuidado colectivo y el cuidado institucional.

3.4.5 Generar información sobre el desarrollo organizacional y el entorno laboral con igualdad, sin discriminación y libre de violencia, a través de la elaboración y difusión de diagnósticos, estudios e investigaciones con perspectiva de género, interseccionalidad y derechos humanos.

3.4.6 Mantener informado al personal de la CEAV de sus obligaciones y derechos como personas servidoras públicas por medio de la difusión de las disposiciones administrativas, derechos y apoyos.

Estrategia 3.5 Representar jurídicamente a la CEAV, elaborar proyectos normativos y brindar asesoría jurídica a sus Unidades Administrativas, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y el soporte normativo en el cumplimiento de sus funciones institucionales.

Línea de acción

3.5.1 Representar legalmente a la CEAV ante Tribunales Federales, del Fuero común y autoridades competentes nacionales en asuntos jurisdiccionales mediante la implementación de estrategias jurídicas que permitan defender y proteger los intereses jurídicos de la Comisión.

3.5.2 Desahogar los requerimientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás organismos protectores de derechos humanos mediante su seguimiento puntual y la atención adecuada en concordancia con el marco jurídico, nacional e internacional.

3.5.3 Representar a la CEAV en los procedimientos jurisdiccionales y no jurisdiccionales del orden internacional en materia de derechos humanos a través de la asistencia a reuniones y audiencias con organismos internacionales en la materia.

3.5.5 Dar seguimiento a la ruta crítica para la actualización del Marco Jurídico de Actuación que rige a la CEAV mediante la dirección de los trabajos para la actualización, modernización, adecuación y armonización del marco normativo aplicable a la Comisión.

8. Indicadores y metas

Para medir claramente los avances sobre los tres Objetivos Estratégicos del Programa Institucional de la CEAV, se han diseñado cuatro indicadores, dos correspondientes al Objetivo Estratégico 2 y uno para cada uno de los Objetivos Estratégico 2 y 3, con metas establecidas para 2030, lo que permitirá medir el progreso en su cumplimiento y con ello evaluar el éxito de la implementación del Programa.

Con respecto al Objetivo Estratégico 1, el primer indicador (1.1) se refiere a la Tasa de variación del número de determinaciones judiciales emitidas con garantía de reparación integral, que con un crecimiento sostenido del 1% anual, establece la meta de 6% al final del periodo. El segundo indicador (1.2) corresponde a la Tasa de variación del número de resoluciones de reparación integral, del cual se estima un incremento anual de 2.5% constante para alcanzar una meta de 16% en 2030.

Con relación al Objetivo Estratégico 2, el indicador (2.1) concierne al porcentaje de acciones atendidas de los programas de trabajo de las comisiones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, cuya frecuencia de medición anual estima que las acciones atendidas aumentarán 5%, para crecer de 60% en el año base a 90% en el 2030.

Finalmente, en lo relativo al Objetivo Estratégico 3, se establece el indicador (3.1) que refiere al índice de fortalecimiento institucional en atención a víctimas, construido con base en el cálculo del promedio ponderado de acciones realizadas en cuatro dimensiones fundamentales: planificación, monitoreo y evaluación; eficiencia operativa; capacitación y profesionalización, y entorno laboral. El índice considera que en una escala del 0 al 1, el puntaje de 0.81 a 1 corresponde con un fortalecimiento muy alto. Se plantea llegar a la meta de 0.85 en 2030, mediante un incremento en el puntaje progresivo cada año, a partir de 2026.

Indicador 1.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

1.1. Tasa de variación del número de determinaciones judiciales emitidas con garantía de reparación integral

Objetivo

Definición o
descripción

Mide la variación anual en el número de determinaciones judiciales emitidas mediante las cuales se concluyeron los procesos penales de las víctimas, ya sea a través de sentencia firme o de alguna de las formas de terminación anticipada del proceso penal, que resultó en medidas efectivas de reparación integral del daño en beneficio de las víctimas.

Derecho asociado

Derecho de acceso a la justicia y a una reparación integral

Nivel de

desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia

de medición

Anual

Acumulado o

periódico

Periódico

Disponibilidad de la

información

Enero del año siguiente

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de

los datos

Enero - diciembre

Tendencia

esperada

Constante

Unidad responsable de

reportar el avance

Dirección General de la Asesoría Jurídica

Federal

Método de cálculo

[(DETn / DETan) - 1] *100 =TvDET

Donde:

DETn: Número total de determinaciones judiciales con garantía de reparación emitidas durante el ejercicio en curso. DETan: Número total de determinaciones judiciales con garantía de reparación emitidas durante el ejercicio inmediato anterior.

TvDET: Tasa de variación del número de determinaciones judiciales.

Observaciones

Se consideran como determinaciones judiciales con garantía de reparación integral, aquellas que han sido obtenidas por la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV ante los órganos de procuración e impartición de justicia y que contemplan: sentencias condenatorias, suspensiones condicionales a proceso, procedimientos abreviados y acuerdos

reparatorios. En el seguimiento de este objetivo se incluirá información desagregada por sexo.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre variable 1

DETn

Valor variable 1

362

Fuente de información
variable 1

Base de datos con las determinaciones judiciales con garantía de reparación de la Asesoría Jurídica

Federal

Nombre variable 2

DETan

Valor variable 2

Fuente de información
variable 2

Base de datos con las determinaciones judiciales con garantía de reparación de la Asesoría Jurídica

Federal

Sustitución en

método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

A partir del ejercicio 2024 la Asesoría Jurídica Federal incorporó en sus registros rubros adicionales, lo que imposibilita la comparabilidad entre los ejercicios 2023 y 2024. La primera medición será la tasa de variación entre los años 2024 y 2025, misma que se realizará al término de 2025.

Año

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

Considerando que, si la tasa de variación se mantiene constante en un 1%, el incremento acumulado de 2024 con respecto a 2030 será de 6%.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

Se deberán registrar los valores de acuerdo con la frecuencia de medición del indicador.

Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

METAS

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Indicador 1.2

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

1.2. Tasa de variación del número de resoluciones de reparación integral

Objetivo

Objetivo 1. Contribuir a la implementación de una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación en el país.

Definición o
descripción

Mide la variación anual en el número de resoluciones de reparación integral que incluyen medidas de compensación subsidiaria y/o compensación por violaciones a derechos humanos, desglosadas por sexo, emitidas por el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV.

Derecho asociado

Derecho de acceso a la justicia y a una reparación integral

Nivel de

desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia

de medición

Anual

Acumulado o

periódico

Periódico

Disponibilidad de la

información

Enero del año siguiente

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de

los datos

Enero - diciembre

Tendencia

esperada

Constante

Unidad responsable de

reportar el avance

Dirección General del Comité

Interdisciplinario Evaluador

Método de cálculo

[(RESn / RESan) - 1] *100 =TvRES

Donde:

RESn: Número total de resoluciones de reparación integral emitidas durante el ejercicio en curso.

RESan: Número total de resoluciones de reparación integral emitidas durante el ejercicio inmediato anterior. TvRES: Tasa de variación del número de resoluciones de reparación integral.

Observaciones

Se consideran como resoluciones de reparación integral, aquellas que emite el Comité Interdisciplinario Evaluador y mediante las cuales se otorgan medidas por concepto de compensación subsidiaria y por compensación por violaciones a derechos humanos. En el seguimiento de este objetivo se incluirá información desagregada por sexo.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre variable 1

RESn

Valor variable 1

363

Fuente de información
variable 1

Base de datos con las resoluciones de reparación integral de la Dirección General del Comité Interdisciplinario

Evaluador

Nombre variable 2

RESan

Valor variable 2

303

Fuente de información
variable 2

Base de datos con las resoluciones de reparación integral de la Dirección General del Comité Interdisciplinario

Evaluador

Sustitución en

método de cálculo

[(363 / 303) - 1] *100 = 19.80%

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

19.80%

La línea base para el presente indicador se construyó a partir de las resoluciones emitidas en ejercicios atípicos, como lo fueron 2023 y 2024, cuya diferencia en la tasa de variación no refleja de manera exacta el comportamiento de este proceso, ello explica la razón por la cual se estima obtener un porcentaje menor para la meta 2030.

Año

2024

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

16%

Considerando que se establece una tasa de variación anual de 2.5% constante, se estima que, en 2030, el Comité Interdisciplinario Evaluador emitirá un total de 421 resoluciones de reparación integral.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.

Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

19.80%

METAS

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2.5%

Indicador 2.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

2.1 Porcentaje de acciones atendidas de los programas de trabajo de las comisiones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas

Objetivo

Objetivo 2. Fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para impulsar políticas públicas

e instrumentos programáticos que garanticen los derechos de las víctimas y mejoren la atención brindada

Definición o
descripción

Mide la proporción de las acciones atendidas de los programas de trabajo de las comisiones que integran el SNAV, respecto del número total de acciones establecidas en los programas de trabajo de las comisiones que integran el SNAV.

Derecho

asociado

Derechos a la verdad, acceso a la justicia, a una reparación integral del daño, a la igualdad y la no discriminación

Nivel de
desagregación

Nacional Comisiones

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de
la información

Enero del año siguiente

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de
los datos

Enero - diciembre

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad
responsable de
reportar el avance

Dirección General de Políticas Públicas, Planeación y Evaluación

Método de cálculo

(Número de acciones atendidas de los programas de trabajo de las comisiones que integran el SNAV / Número total de acciones establecidas en los programas de trabajo anuales de las comisiones que integran el SNAV) (AAC / APC)

*100

Donde:

ACC: Número de acciones atendidas de los programas de trabajo de las comisiones que integran el SNAV durante el ejercicio en curso.

APC: Número de acciones establecidas en los programas de trabajo de las comisiones que integran el SNAV programadas para realizarse durante el ejercicio en curso.

Observaciones

La información para el cálculo de este indicador será proporcionada por las comisiones que integran el SNAV. La acreditación de una acción como atendida será responsabilidad de cada comisión, esta información quedará asentada en el Informe Anual de Trabajo de cada una de las comisiones.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre variable 1

ACC

Valor variable

Fuente de
información
variable 1

Informe Anual de Trabajo de cada una de las
comisiones

Nombre variable 2

APC

Valor variable 2

Fuente de
información
variable 2

Programa Anual de Trabajo de cada una de las
comisiones

Sustitución en método de

cálculo

[14/27] *100 = 51.85%

[12/20] *100 = 60% VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

60%

Año

2026

Se programa que en 2025 se conformen las comisiones del SNAV, por lo que en 2026 se espera que comiencen a operar con regularidad y con un programa de trabajo.

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

90%

Para el año 2030, se espera que las comisiones del SNAV operen de manera eficiente, de modo que la coordinación entre las instituciones que las conforman estará fortalecida y permitirá realizar las acciones establecidas en sus programas de trabajo.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

Se deberán registrar los valores de acuerdo con la frecuencia de medición del indicador.

Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

METAS

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

60%

65%

75%

85%

90%

Indicador 3.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

3.1 Índice de fortalecimiento institucional en atención a víctimas.

Objetivo

Objetivo 3. Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar servicios de calidad a las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos.

Definición o descripción

Mide el avance del fortalecimiento institucional mediante el cálculo del promedio ponderado de acciones realizadas respecto a cuatro dimensiones: a) planeación, monitoreo y evaluación; b) eficiencia operativa; c) capacitación y profesionalización y d) entorno laboral. La mejora en estas dimensiones contribuye positivamente en la atención a víctimas.

Derecho asociado

Derechos a la verdad, acceso a la justicia, a una reparación integral del daño, a la igualdad y la no discriminación

Nivel de desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de medición

Anual

Acumulado o periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Febrero del año siguiente

Unidad de medida

Puntaje

Periodo de recolección
de los datos

Enero - diciembre

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Dirección General de Políticas Públicas, Planeación y
Evaluación

Método de cálculo

([(PME / n) * 2.5] + [(EO / n) * 2.5] + [(CP / n) * 2.5] + [(EL / n) * 2.5]) * 0.1 = IfiCEAV

Donde:

PME: Número de puntos obtenidos respecto al cumplimiento de atributos de cada una de las variables que componen la dimensión de planeación, monitoreo y evaluación, durante el ejercicio fiscal x.

EO: Número de puntos obtenidos respecto al cumplimiento de atributos de cada una de las variables que componen la dimensión de eficiencia operativa, durante el ejercicio fiscal x.

CP: Número de puntos obtenidos respecto al cumplimiento de atributos de cada una de las variables que componen la dimensión de capacitación y profesionalización, durante el ejercicio fiscal x.

EL: Número de puntos obtenidos respecto al cumplimiento de atributos de cada una de las variables que componen la dimensión de entorno laboral, durante el ejercicio fiscal x.

Observaciones

1. Este índice se calcula a partir de la sumatoria de los puntos obtenidos en el cumplimiento de los aspectos y atributos de cada dimensión y posteriormente se obtiene el promedio ponderado de cada dimensión.

2. El índice se expresa en una medida del 0 a 1, el cual se estratifica de la siguiente manera:

o Puntaje de 0 a 0.20: Índice de fortalecimiento muy bajo

o Puntaje de 0.21 a 0.40: Índice de fortalecimiento bajo

o Puntaje de 0.41 a 0.60: Índice de fortalecimiento medio

o Puntaje de 0.61 a 80: índice de fortalecimiento alto

o Puntaje de 0.81 a 1: Índice de fortalecimiento muy alto.

3. Como criterio se deberá interpretar que, del producto obtenido con decimales, conforme al método de cálculo: (< 0.4 se redondea a la baja) mientras que (> 0.5 se redondea al alta).

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre variable 1

PME

Valor variable 1

Fuente de información
variable 1

Registros de la DGPPPYE

Nombre variable 2

Valor variable 2

Fuente de información
variable 2

Registros de la DGPPPYE

Nombre variable 3

Valor variable 3

Fuente de información
variable 3

Registros de la DGPPPYE

Nombre variable 4

Valor variable 4

Fuente de información
variable 4

Registros de la DGPPPYE

Nombre variable 5

Valor variable 5

Fuente de información
variable 5

Registros de la DGPPPYE

Sustitución en método de
cálculo

La Dirección General de Políticas Públicas, Planeación y Evaluación realizará el análisis y cálculo del cumplimiento de atributos de las variables de las cuatro dimensiones con base en información proporcionada por las áreas competentes en cada tema.

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

A partir del ejercicio 2025, la CEAV iniciará la medición de su fortalecimiento institucional con una metodología diseñada con base en el PICEAV 2025-2030, por lo que la línea base que se tomará como punto de partida corresponderá al resultado obtenido durante ese año.

Año

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

0.85

Considerando que en una escala del 0 al 1, el puntaje de 0.85 corresponde a un índice de fortalecimiento institucional en atención a víctimas muy alto.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

Se deberán registrar los valores de acuerdo con la frecuencia de medición del indicador. Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

METAS

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0.7

0.75

0.78

0.80

0.82

0.85

METAS

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0.7

0.75

0.78

0.80

0.82

0.85

Ciudad de México a 20 de agosto de 2025.- Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Comisionada Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con fundamento en los artículos 84, 88 y 95 fracción III de la Ley General de Víctimas; así como el artículo 7 del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.- Rúbrica.

1 CMDPDH-FIDH. (2019). De la Estrategia de seguridad a los crímenes de lesa humidad en México (Informes presentados a la Corte Penal Internacional). Recuperado el día 14 de abril de 2025, de cmdpdh-estrategia-de-seguridad-a-crimenes-de- lesa-humanidad-1.pdf

2 Consejo de Derechos Humanos (2014), Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez. Misión a México. Consultado en: A/HRC/13/39/Add.2 - 0917658

3 INEGI. 2022. En Números, documentos de análisis y estadísticas. Cuaderno 26.Los homicidios en México: Revisión de patrones y tendencia. Vol. 1. Mayo/Agosto. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/8894639 14686.pdf

4 Ibidem

5 SESNSP. Datos de víctimas del fuero común 2015-2025.Disponible en https://drive.google.com/file/d/1xYL3e2HXHLJ50Bg1- tz1mHsrdrVEa3_q/view

6 INEGI.2023. Comunicado de Prensa Núm. 460/24. 1 de agosto de 2024.Defunciones por homicidio. Enero a diciembre 2023 (preliminar). Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/DH/DH2023_Ene- dic.pdf

7 SESNSP. Datos de víctimas del fuero común 2015-2025. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1xYL3e2HXHLJ50Bg1-tz1mHsrdrVEa3_q/view

8 INMUJERES. México en cifras. Una exploración de la violencia feminicida (Actualización a febrero 2024). Disponible en

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/1.Cuadernillo_Violencia_2023_FINAL_.pdf

9 Naciones Unidas. 2024. Global Report on Trafficking in Persons 2024. Disponible en https://www.unodc.org/unodc/en/data- and-analysis/glotip.html

10 Serrano Sandra (Coordinadora). 2021. Nombrarlas para encontrarlas. Contexto, dinámicas y respuestas en torno a la desaparición de mujeres en el centro de México. FLACSO México. ODIM. Disponible en: https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyectodim/1402/Nombrarlas%20para%20encontrarlas

11 Data Cívica. 2019. Análisis y evaluación de registros oficiales de personas desaparecidas: hacia el nuevo registro nacional. Disponible en: https://registros-desaparecidos.datacivica.org/informe/FINAL_Ana%C3%AClisis_y_evaluacio%C3%ACn_de.pdf

12 INEGI. Comunicado de Prensa número 562/24. 19 de septiembre 2024. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENVIPE/ENVIPE_24.pdf

13 SESNSP. Datos de víctimas del fuero común 2015-2025.Disponible en https://drive.google.com/file/d/1xYL3e2HXHLJ50Bg1-tz1mHsrdrVEa3_q/view

14 SESNSP. Incidencia delictiva del Fuero Federal. Cifras actualizadas a abril de 2025. Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal?idiom=es

15 INEGI. Comunicado de Prensa número 562/24. 19 de septiembre 2024. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENVIPE/ENVIPE_24.pdf

16 INEGI. Comunicados de Prensa sobre la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) varios años.

17 Véase: https://stjsonora.gob.mx/reformas/Reformas060911.pdf

18 Fundar, La Ley de Víctimas a un año de su publicación. Consultado en: https://fundar.org.mx

19 Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016. Consultado en: Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016

20 Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, Atlas de la seguridad y la defensa en México, 2020. Consultado en: Atlas-de-Seguridad-y-la-Defensa-de-Mexico-2020.pdf

21 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019. Recuperado el 14 de abril de 2025, de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0

22 Ibid., pág. 16.

23 Gobierno de México. (2024). 3er Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Septiembre de 2024, México, Págs. 13-39. Recuperado el 14 de abril de 2025, de: https://comisionayotzinapa.segob.gob.mx/work/models/Comision_para_la_Verdad/

Documentos/pdf/Informe2024/3er_info rme_version_publica.pdf

24 Gobierno de México. (2023). 2do Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Septiembre de 2023, México. Pág. 3. Recuperado el 14 de abril de 2025, de: https://comisionayotzinapa.segob.gob.mx/work/models/Comision_para_la_Verdad/Documentos/pdf/2o_Informe.pdf

25 DECRETO por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2021. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631865&fecha=06/10/2021#gsc.tab=0

26 CoVEH. (2024). Informe final: Resumen ejecutiva de los reportes de los cinco instrumentos de la CoVEH, pág. 85, Recuperado el 19 de febrero de 2025, de: https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/work/models/ComisionVerdadyJusticia/Documentos/Informe2024/2024090 9_Informe_COVEH.pdf

27 ASF. (s.f). Informe de la Evaluación Número 1373-DS Política Pública de Atención a Víctimas. Auditoria Superior de la Federación. Cámara de Diputados, pp. 22-23. Recuperado el 15 de abril de 2025, en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/2019_1373_a.pdf

28 Calderón Gamboa, J. F. (2005). La reparación del daño al proyecto de vida en casos de tortura. En Memorias del Seminario: Los instrumentos nacionales e internacionales para prevenir, investigar y sancionar la tortura (pp. [207-221]). Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos, México.

29 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (s. f.). Víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Org.mx. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30081

30 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (s. f.). Atención a víctimas de violaciones de derechos humanos. Org.mx. Recuperado el 14 de abril de 2025, de https://www.cndh.org.mx/programa/31/atencion-victimas-del-delito

31 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (s. f.). Víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

32 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (s. f.). Atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.

33 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (s. f.). Víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

34 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (s. f.). Atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.

35 El artículo 4 de la LGV distingue tres tipos de víctimas: directas, indirectas y potenciales. Las víctimas directas son aquellas que han sufrido daño económico, físico, mental, emocional, o cualquier lesión a sus derechos como resultado de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la CPEUM y Tratados Internacionales. Las víctimas indirectas son los familiares o personas cercanas a la víctima directa. Las víctimas potenciales son aquellas cuya integridad física o derechos están en riesgo por asistir a la víctima, impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

36 Véase: https://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5751389&fecha=10/03/2025

37 De este total de resoluciones, en 541 se determinó monto a pagar y en 117 resoluciones no se determinó monto.

38 En 251 resoluciones se determinó monto de pago y no se determinó en 22 resoluciones.

39 En 66 resoluciones se determinó monto de pago y en 24 resoluciones no se determinó.