PROGRAMA Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025-2030.
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2025-2030.
Índice
1. Presentación
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
3. Siglas y acrónimos
4. Fundamento normativo
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
6. Objetivos
6.1 Relevancia del objetivo 1: Mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas
6.2 Relevancia del objetivo 2: Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental
6.3 Relevancia del objetivo 3: Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo
6.4 Relevancia del objetivo 4: Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a la ciudadanía, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información
6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025-2030
7. Estrategias y líneas de acción
Objetivo 1. Mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas
Objetivo 2. Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental
Objetivo 3. Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo
Objetivo 4. Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a las personas, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información
8. Indicadores y metas
9. Gráficas y tablas
1. Presentación
Con el cambio de paradigma gubernamental de la Cuarta Transformación, mediante el cual el poder político se separa del poder económico, los apoyos de los programas sociales se entregan directamente a la población y sin intermediarios, se combate la impunidad y la corrupción, se rechaza el autoritarismo y promueve la democracia, y se instaura la austeridad republicana, la SEDATU inició una nueva etapa en la implementación de políticas y programas, observando el principio de universalidad y enfoque de derechos humanos, sentando las bases para que las personas beneficiarias sean quienes más lo necesitan y orientando una mayor justicia social y bienestar colectivo.
En la actualidad, el proyecto de nación con el mandato de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, plantea la continuidad de la visión transformadora del país a través del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Esta etapa pone énfasis en la atención de áreas estratégicas como la educación, la seguridad, la cultura, la salud, el trabajo, el transporte, los recursos naturales, la igualdad sustantiva, la vivienda, el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, así como el ordenamiento territorial, entre otros.
Un importante punto de partida fue la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025, mediante el cual, se plantea la visión y prioridades nacionales del gobierno de la presente administración, que da continuidad a las acciones iniciadas bajo los principios Por el bien de todos, primero los pobres; No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; No puede haber paz sin justicia; Democracia significa el poder del pueblo; y refuerza con los principios del humanismo mexicano, las repúblicas y los 100 compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
A partir de lo anterior, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2025-2030 es el instrumento rector de la planeación de mediano plazo para el Ramo 15, y tiene como finalidad, establecer las directrices, objetivos, líneas de acción e indicadores de las políticas, programas y estrategias a implementar para coadyuvar al desarrollo nacional que se enmarcan en las prioridades del sector agrario, territorial y urbano. Al igual que el Plan, el presente Programa Sectorial se realizó con un enfoque basado en el humanismo mexicano, entendiendo que la mejora en las condiciones de desarrollo de las personas y las comunidades, debe orientarse al bienestar y armonía en los distintos sectores de la sociedad, impulsando una visión integradora en materia agraria y urbana, y no solo el crecimiento económico de los territorios.
En el proceso de elaboración de este programa sectorial, destaca el ejercicio del Taller ¿Hacia dónde vamos? que realizamos los días 6 y 7 de noviembre de 2024, que tuvo como objetivo asentar un marco común de acción para el Ramo y la Secretaría, alineando las metas institucionales, los valores, la misión, visión y retos de la nueva administración. También, en su contenido se incorporan propuestas que se recopilaron de los ejercicios de diálogo y consulta con la ciudadanía, representantes de los sectores de la sociedad, núcleos agrarios, así como de los pueblos y comunidades indígenas, realizados en enero de 2025, a través de los foros de consulta en las entidades federativas del país, que dieron sustento al Plan, y mediante los cuales se analizaron problemáticas y se realizaron propuestas específicas de atención, concentrando aquellas que le competen al Ramo 15 en este instrumento.
Adicionalmente, para su consolidación, entre marzo y abril de 2025, tuvieron lugar sesiones de trabajo con las unidades administrativas del Ramo 15 para analizar en su conjunto las prioridades en que convergen nuestro esfuerzos cotidianos y responsabilidades con la prosperidad del país de acuerdo con el actual proyecto de nación; y que serán también concretadas a su vez en los programas Nacional de Vivienda y Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; así como los Programas Institucionales de la CONAVI, el FIFONAFE, el INSUS y la PA, entidades paraestatales coordinadas por la Secretaría.
Aunado a lo anterior, con un interés de ampliar el ejercicio democrático, durante mayo y junio de 2025, se realizaron tres Foros regionales denominados "Agenda Territorial Participativa, un mismo territorio diversas realidades", y se abrió una plataforma de participación digital, con el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía los medios para generar propuestas que desde su sentir, experiencia y confianza con el gobierno en turno, den atención a problemáticas específicas en materia de acceso a vivienda adecuada, mejora de la habitabilidad, certeza jurídica y patrimonial, entre otros; y articulen la planeación, diseño e implementación de políticas públicas que mejoren las condiciones de desarrollo de las personas.
El PSEDATU 2025-2030 reconoce las bases establecidas durante el sexenio 2018-2024, a la vez que identifica los retos pendientes y las áreas de oportunidad que se atenderán en el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el establecimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción que impulsen la consolidación transformación. Este instrumento se construye a partir del análisis actual del Ramo 15, los compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y de las necesidades sociales e institucionales, resultando en cuatro objetivos:
1. Mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas;
2. Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental;
3. Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo;
4. Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a las personas, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.
A través de estos objetivos, se procura la continuidad de buenas prácticas, se atienden las áreas de oportunidad y establece mejoras para consolidar los compromisos del Gobierno de México en materia de desarrollo agrario, vivienda adecuada, ordenamiento territorial, conectividad y mejora de la gestión pública. Afianzamos el sentido de pertenencia de las personas servidoras públicas hacia la institución, su compromiso con la ciudadanía y con las comunidades que merecen una atención sensible, cercana y transparente. Este programa brinda la seguridad de que el Ramo 15 sigue trabajando para el bienestar del pueblo de México.
Edna Elena Vega Rangel
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados, a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.
3. Siglas y acrónimos
APF: Administración Pública Federal
CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DDHH: Derechos Humanos
DOF: Diario Oficial de la Federación
ENAMOV: Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares
ENOT: Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
INSUS: Instituto Nacional del Suelo Sustentable
LGAHOTDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
mdp: millones de pesos
NOM: Norma Oficial Mexicana
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONAVIS: Organismos Nacionales de Vivienda
OREVIS: Organismos Estatales de Vivienda
PA: Procuraduría Agraria
PIB: Producto Interno Bruto
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNOTDU: Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
RAN: Registro Agrario Nacional
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SITU: Sistema de Información Territorial y Urbano
SNIIV: Sistema Nacional de Información de Indicadores de Vivienda
SNV: Sistema Nacional de Vivienda
4. Fundamento normativo
El PSEDATU 2025-2030 se presenta en el marco de la CPEUM, la cual establece en su artículo 26, apartado A, que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Asimismo, establece que los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los objetivos de la planeación, misma que deberá ser democrática y deliberativa, y que los programas de la administración pública federal se sujetarán obligatoriamente al PND.
La Ley de Planeación señala en su artículo 16, fracciones III y IV, la responsabilidad de las dependencias de elaborar el programa sectorial, así como de asegurar la congruencia con el PND; asimismo, el artículo 2o. de esta Ley establece que el desarrollo deberá ser equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible, con perspectiva de interculturalidad y de género.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los Criterios para la gestión, evaluación y actualización de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y la Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, disposiciones que han sido observadas para la elaboración del presente Programa Sectorial.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 41, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), la SEDATU es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, así como promover y coordinar con las entidades federativas, municipios y en su caso las alcaldías de la Ciudad de México, la regulación de la propiedad agraria, los procesos de planeación de los asentamientos humanos y del desarrollo de vivienda.
La SEDATU participa activamente en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la CPEUM como el reconocimiento y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas (art. 2o.), derecho a la vivienda adecuada, a la igualdad sustantiva, a la movilidad, al acceso al agua para consumo personal y doméstico (art. 4o.), al derecho de petición (art. 8o.), así como al derecho a la propiedad y derechos agrarios (art. 27). Este conjunto de derechos se encuentra detallado en disposiciones como la Ley de Vivienda, la Ley Agraria, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Por otra parte, debe mencionarse que el Estado Mexicano ha desempeñado un papel activo en la contribución al cumplimiento de las agendas internacionales y sus derechos asociados. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y manera particular desde el ámbito de competencia de la SEDATU, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 "Ciudades y comunidades sostenibles", donde se reconoce el papel central de las ciudades y los asentamientos humanos, y contempla aspectos clave como vivienda adecuada, servicios básicos, transporte sostenible, espacios públicos participativos, planificación urbana, resiliencia, patrimonio cultural y natural. De la misma agenda se pueden mencionar también los objetivos 5, sobre igualdad de género, 6, sobre agua limpia y saneamiento, 10, sobre reducción de desigualdades, 13, sobre acción por el clima, y 15, sobre vida de ecosistemas terrestres.
Igualmente, la Nueva Agenda Urbana plantea que el desarrollo urbano y territorial integral, sostenible y centrado en las personas es un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos; por lo que su aplicación efectiva se refleja en políticas territoriales, estrategias y planes integrados de desarrollo inclusivos y participativos. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres promueve la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la elaboración y aplicación de las políticas territoriales y la planificación urbana. El Acuerdo de Paris impulsa un desarrollo territorial que promueva la adaptación al cambio climático.
Finalmente, con fundamento en lo establecido en el Reglamento Interior de la SEDATU, artículos 6, fracciones X y XXVII, es facultad indelegable de la persona Titular de la Secretaría proponer a la persona Titular del Ejecutivo Federal y someter a su aprobación el proyecto del Programa Sectorial; 7, fracción II, y 9, fracción II, es atribución de las subsecretarías y las unidades administrativas participar en la elaboración del presente programa, y 17, fracción I, de la Ley de Planeación, es obligación de las entidades paraestatales participar en la elaboración del programa sectorial.
Debido a lo anterior, la SEDATU es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del presente programa.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
Contexto general
La continuidad de los principios del humanismo mexicano, fuente del modelo de gobierno del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, es el pilar del desarrollo económico, político, social y cultural del país. Su relación con las políticas a cargo del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se encuentra al colocar en el centro de la acción pública el bienestar de las personas como base de la prosperidad del país, sin dejar de reconocer las particularidades de los territorios en que habitan, transitan, poseen y en que se desarrollan.
El PND 2025-2030, publicado el 15 de abril de 2025 en el DOF(1), es el instrumento rector de planeación de esta administración, pues define las prioridades nacionales que busca alcanzar el gobierno a partir de los 100 compromisos y 14 repúblicas(2). Cuenta con cuatro Ejes Generales: I. Gobernanza con justicia y participación ciudadana, II. Desarrollo con bienestar y humanismo, III. Economía moral y trabajo, y IV. Desarrollo Sustentable; así como con tres Ejes Transversales: I. Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, II. Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, y III. Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Cuando el PND 2025-2030 establece en sus principios que somos un gobierno democrático al servicio del pueblo, y del interés público, que somos un gobierno sensible, cercano a la gente; y que gobernamos desde el territorio, no desde el escritorio, retoma la obligación que estipula la Ley de Planeación de que todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal consideren el ámbito territorial en las acciones previstas en sus programas, pero además, indica que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a Mandar obedeciendo. Asumir a la democracia como un sistema fundado en el constante mejoramiento de las condiciones de vida de las personas es reconocer que este sistema es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Las políticas agrarias, territoriales y de vivienda, que conduce la SEDATU, hacen suyos estos principios para contribuir al bienestar de las personas y las comunidades del presente y del futuro.
El territorio, como elemento constitutivo del Estado, desde una visión formal, implica un entendimiento primordialmente político y geográfico, que delimita el ámbito de actuación de las autoridades sobre una fracción del espacio físico, y que, desde un punto de vista global, constituye un espacio soberano respecto de otros Estados Nación. De esta manera, los conceptos de territorio y jurisdicción son inseparables para identificar las responsabilidades del quehacer público. Sin embargo, en términos de políticas públicas, resulta insuficiente categorizar el territorio como un espacio abstracto, ya que conllevaría a dejar de observar las condiciones y necesidades reales de la población que lo habita. En ese sentido, es indispensable, reconocer e incluir en las políticas públicas las dimensiones social y cultural del territorio a intervenir, situando a la población como sujeto de derechos y beneficiaria de las acciones institucionales, con la finalidad de afianzar un desarrollo justo y sostenible para todas las personas.
En concordancia con lo anterior, concepciones más recientes sobre el territorio incorporan las interacciones sociales, al definirlo, por ejemplo, como "la porción de espacio geográfico apropiada por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales"(3). Así, al hablar de apropiación, también se puede afirmar que el "territorio es identidad, es un hecho, es un sentimiento, es un pertenecer; es trabajo, la residencia, los intercambios materiales y espirituales"(4). El territorio es contenedor de la acción humana en los ámbitos político, económico y social, es "una relación entre fijos y flujos, donde los fijos, en la mayoría de los casos, son los lugares y los flujos son los actores sociales"(5). Teniendo ello en consideración, la SEDATU puntualiza al territorio como un sistema complejo, dinámico y cambiante, debido a la interacción e interrelación entre los seres humanos y sus actividades políticas, económicas, culturales y sociales, con el medio natural, los ecosistemas y los servicios que proveen, de ahí la importancia de que las acciones públicas se conduzcan, diseñen e implementen reconociendo que México es un mosaico de realidades territoriales diversas.
El Programa Sectorial que presentamos establece un antes y un después en la política territorial mexicana.
La situación agraria
Una de las realidades a destacar es la distribución de la tierra por tipo de propiedad. De conformidad con el Atlas de la propiedad social de la tierra en México 2024, de la superficie continental de México, 50.8% se considera propiedad social, 42% propiedad privada y 7.2% terrenos nacionales, colonias agrícolas y ganaderas. Dentro de la propiedad social se constituyen 29,827 ejidos y 2,424 comunidades, sumando un total de 32,251 núcleos agrarios. Esta estructura de la tenencia de la tierra en nuestro país, y única en el mundo, insta a revisar y revalorizar la política nacional agraria, toda vez que, a pesar de la riqueza natural y cultural ahí contenidas, persisten fuertes rezagos en cuanto al acceso a derechos sociales, de propiedad, de organización y desarrollo de sus pueblos y comunidades.
Para manifestar una de estas brechas y, por tanto, uno de los retos de la actual política agraria, se debe mencionar que los datos de pobreza coinciden en aquellas entidades con mayor porcentaje de ejidos y comunidades. De acuerdo con cifras de pobreza del Coneval, en 2022, Chiapas presentó el mayor porcentaje de pobreza, con 67.4%, siendo también la entidad con mayor número de ejidos y comunidades del país (ver cuadro 1 y gráfica 1).
Sobre la composición territorial de núcleos agrarios, una de las características que muestra las diferencias entre estos, se puede mencionar que más de 50% se integra por extensiones territoriales que van de más de 100 y hasta 1,500 hectáreas, aunque hay casos menores a 50 hectáreas y mayores 50 mil hectáreas (ver gráfica 2). A pesar de su extensión territorial, los núcleos agrarios suelen invisibilizarse ante las metrópolis que conforman el Sistema Urbano Nacional, como concentraciones urbanas de gran dimensión y complejidad, en parte, porque estas desempeñan un papel crucial en términos económicos y demográficos, pues aportan más de 80% del Producto Interno Bruto nacional y el 65.5% de la población habita en estas áreas caracterizadas por su crecimiento acelerado, su diversidad cultural y su alta demanda de servicios y recursos(6). Sin embargo, los núcleos agrarios y las metrópolis están estrechamente vinculados. De las 92 metrópolis que existían en México en 2020 (ver gráfica 3), 91 de ellas contaban con ejidos y comunidades en su interior, resaltando el crecimiento de la población en espacios de propiedad social. En estas 91 zonas, 290 núcleos agrarios pertenecen a metrópolis municipales (16.4%), 135 corresponden a zonas conurbadas (7.6%), y 1,345 núcleos circunscritos en zonas metropolitanas (76%)(7).
Esta complejidad e interdependencia de la estructuración espacial de los territorios agrarios demanda que la política territorial sea una política de corte transversal. Para ello, se requiere del entendimiento y armonía de lo agrario y lo urbano; desde el actuar de la APF, como de las autoridades de los otros órdenes de gobierno.
Respecto de su caracterización poblacional, la superficie de propiedad social albergaba, para junio de 2024, una población de 5,468,213 sujetos de derecho agrario(8), es decir, aquellas personas hombres o mujeres que pueden ser ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados, por lo que su representación a nivel nacional y estatal es importante tanto para la toma de decisiones colectivas como para la implementación de políticas públicas de ámbito territorial. Por tipo de sujeto de derecho agrario, se observa que la población principal en los núcleos agrarios se compone de personas ejidatarias con poco más de 64%, le siguen las personas comuneras
con 19.8%, personas posesionarias con 12.3%, y personas avecindadas con 3.7%(9) (ver gráfica 4).
Los núcleos agrarios, ejidos y comunidades, constituyen la forma de organización de la propiedad social de la tierra, y sus objetivos esenciales son establecer y fortalecer los mecanismos de cohesión social y la producción colectiva de la tierra. Sin embargo, los núcleos agrarios carecen de planes de desarrollo social, económico y ambiental para impulsar su desarrollo integral. Asimismo, la asesoría para su organización interna no ha logrado los alcances requeridos; es decir, no se contempla una atención integral para que un núcleo agrario cuente con órganos de representación y vigilancia en pleno funcionamiento, y sus reglamentos internos o estatutos comunales actualizados, así como sus listas de sucesión formalizadas ante el RAN, lo cual dificulta la efectividad de acciones para abatir el rezago, abandono y desvalorización.
Como territorios, deberían ser espacios de desarrollo integral para las personas que los habitan; sin embargo, el marco institucional, establecido por la reforma constitucional de orientación neoliberal de 1992, facilitó el despojo, la concentración y el deterioro de los recursos naturales en la propiedad social de la tierra. Como resultado, se agravaron los conflictos agrarios a lo largo del país, afectando especialmente a familias y comunidades rurales e indígenas.
Se ha reconocido, por ejemplo, que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares implementado de 1992 a 2006, generó beneficios en la certificación de derechos parcelarios, permitiendo que las personas ejidatarias tuvieran la oportunidad de ser beneficiarias de apoyos públicos otorgados por otros programas gubernamentales; sin embargo, al mismo tiempo, la mayoría de las personas (52.5%), tenía la percepción de que se incrementó la enajenación de derechos parcelarios y 16.5% reconocía haber comprado o vendido(10). Asimismo, se ha estudiado que a través de la "delimitación precisa de los ejidos se puso al descubierto extensiones de tierra confundidas' dentro del territorio ejidal, que legalmente eran terrenos nacionales, pero, en muchos casos, eran usufructuadas por ejidatarios y vecinos de los ejidos. Tras el paso del programa muchos de estos terrenos nacionales fueron convertidos a propiedad privada y posteriormente puestos a la venta"(11).
Ante esta situación es que surge la adopción del dominio pleno, que es la acción a través de la cual las parcelas ejidales adquieren la condición de propiedad privada, siempre que exista un acuerdo de asamblea con un quórum de 50% o más y las personas asistentes ejidatarias voten a favor con más del 75%. La mayor cantidad de trámites de dominio pleno por periodo presidencial se concentra en el periodo de 2013 a 2018 (ver gráfica 5).
Las tensiones y el conflicto es una constante en cualquier sociedad, el reconocer este hecho permite establecer estrategias para resolverlo por cauces institucionales. En el país, permanecen conflictos agrarios que afectan directamente a la paz y al bienestar de personas ejidatarias, comuneras, de pueblos indígenas y de comunidades afromexicanas. Durante la administración 2018-2024, por medio de las Mesas Agrarias Estatales (MAEs)(12) fueron identificados un total de 1,234 problemáticas agrarias en el país, siendo el principal conflicto la regularización de la tenencia de la tierra. Para la solución de conflictos no siempre se priorizaba la conciliación (sólo 2% de los asuntos se resolvían mediante convenio conciliatorio), lo cual incrementó sustancialmente la presentación de dichos conflictos ante los Tribunales Agrarios, superando los 50 mil por año en el periodo 2019 - 2024, de acuerdo con registros de la PA.
La vida al interior de los núcleos agrarios, en lo que respecta al ejercicio de los derechos colectivos, se termina dirimiendo por la máxima autoridad que es la asamblea; y en cuanto a sus procesos de representación por sus órganos: el comisariado y el consejo de vigilancia. El papel de las figuras de representación resulta fundamental para los acuerdos, negociaciones y problemas del núcleo agrario, en general sobre las tierras de uso común, aceptación de personas avecindadas, entre otros. La regular y adecuada operación de estos órganos permitiría procesos de democráticos y eficaces para avanzar en los objetivos comunes de la población de los núcleos agrarios, sin embargo, el porcentaje de actualización y renovación de los órganos de representación y vigilancia se encuentra oscilando en un 50% anualmente (desde que se tienen registros: 2016) y tiene como causa la falta de actualización y depuración de los padrones de personas ejidatarias y comuneras con derechos vigentes; así como la falta de actualización de reglamentos y estatutos de la vida interna del núcleo.
El desconocimiento y la escasa difusión de los procedimientos y requisitos para la renovación de los órganos de representación han desempeñado un papel central en la reproducción de prácticas antidemocráticas en los núcleos agrarios. Esto ha derivado en procesos de renovación sin legitimidad ni representatividad, lo que a su vez debilita la certeza jurídica sobre las autoridades ejidales y limita la participación activa de las personas integrantes de los núcleos.
Como ha referido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que suceda en la propiedad social "impacta en el país, en la economía agrícola, el desarrollo rural, el ordenamiento del territorio, la gestión del agua, las relaciones (y los conflictos) rural-urbanos"(13). En este contexto, es primordial reconocer que en el ámbito agrario persisten profundas desigualdades estructurales que limitan el acceso de las mujeres a la propiedad social y a los beneficios derivados de ella. La reforma agraria mexicana (1915-1992) se basó en un modelo patriarcal de familia ("la familia agraria"), que estableció una distinción entre las actividades productivas y las reproductivas de los hogares, y trazó una diferenciación jerarquizada entre los integrantes del hogar. Reconoció a un solo "jefe de familia", al hombre de la casa, con derechos exclusivos y la subordinación de las mujeres cónyuges, así como hijos e hijas.
A junio de 2024, de las 5,468,213 personas con derechos sobre la propiedad social en México, sólo 1,510,087 eran mujeres, lo que equivale a 27%(14). Esta subrepresentación se mantiene en todas las categorías agrarias -ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecindadas-, donde las mujeres consistentemente representan menos de la mitad (ver gráfica 6), y ello debe ser revertido. Esta desigualdad no sólo evidencia una histórica distribución inequitativa del poder dentro de los núcleos agrarios, también refleja barreras estructurales que limitan la autonomía de las mujeres, así como su participación en la toma de decisiones y en el usufructo de los recursos del territorio.
El limitado acceso a la tierra también restringe su entrada a otros recursos y oportunidades, como servicios financieros, equipamiento para la productividad, programas de apoyo y mecanismos de participación comunitaria. La falta de reconocimiento pleno de su rol en el ámbito agrario contribuye a perpetuar su exclusión de los espacios de decisión donde podrían posicionar sus necesidades y aspiraciones para transformar sus condiciones de vida. Las mujeres ejidatarias y comuneras, enfrentan una marcada desigualdad. A menudo, los predios que poseen son más pequeños, con cinco hectáreas en promedio o menos(15).
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, sólo tres de cada diez mujeres que laboran en el campo reciben un pago por su trabajo, a pesar de ser responsables del 50% de la producción de alimentos en el país(16). Este dato pone en evidencia el papel clave que desempeñan las mujeres en la seguridad alimentaria, no sólo para el bienestar de sus familias, sino también como actoras sociales fundamentales para la sostenibilidad de los territorios rurales. En cuanto a la participación de las mujeres en los Órganos de Representación y Vigilancia, también se han registrado avances. Mientras que en 2016 las mujeres representaban poco más de 10% del total de integrantes a nivel nacional, para 2024 esta cifra superó 20%(17) (ver gráfica 7).
Los datos por entidad federativa muestran que, en 2023, Tabasco fue el estado con mayor participación de mujeres como sujetas agrarias con 36% del total, mientras que en Yucatán sólo 15% correspondía a mujeres (ver gráfica 8).
Aprovechar el potencial transformador de la participación femenina en los territorios agrarios requiere de políticas públicas que incorporen una perspectiva interseccional de género. Es necesario promover la inclusión efectiva de las mujeres -en toda su diversidad- en los procesos de toma de decisiones, tanto en los espacios comunitarios como en los ámbitos administrativos. Fomentar su efectiva participación contribuiría no sólo a la justicia de género, sino también al desarrollo sostenible y equitativo de los territorios agrarios, en concordancia con lo establecido en el ODS 5, sobre emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y control de la tierra.
Durante la administración 2018-2024, la estrategia "Mujeres por el Acceso a la Tierra" implementa por la SEDATU, permitió incrementar significativamente el número de mujeres con calidad derechos agrarios. Entre 2020 y 2023, más de 13 mil mujeres fueron beneficiadas mediante la expedición y entrega de documentos agrarios, garantizando así el reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra. Este avance se enmarca en un entorno institucional fortalecido por la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, sin embargo, para el presente sexenio, impulsado por el compromiso número 53 de los 100 compromisos presidenciales, se plantea avanzar a un ritmo mucho mayor, pues la meta es beneficiar a 150 mil mujeres, y así contribuir de manera decidida con una República de y para las mujeres también en la propiedad social.
En este sentido, uno de los primeros pasos hacia el ejercicio pleno de los derechos agrarios -y una condición necesaria para cerrar las brechas de género en ejidos y comunidades- es la entrega de documentos que otorguen certeza jurídica sobre la tierra. En 2016, la proporción de mujeres que recibió un documento agrario a su nombre fue de 34%. Para 2024, esta cifra aumentó a 39.6% (ver gráfica 9). Aunque el avance es significativo, la brecha persiste y sigue representando un reto estructural.
Cerrar estas brechas implica no sólo garantizar el acceso documental, sino también transformar las estructuras de participación y representación, reconociendo a las mujeres como sujetas plenas de derechos en la diversidad de sus contextos -indígenas, rurales, jóvenes, mayores- para lograr un verdadero ejercicio de justicia agraria con perspectiva de género e interseccionalidad.
En otro orden de ideas, debe señalarse que no solo por su extensión, sino también por su importancia histórica y cultural, es relevante revalorizar la propiedad social. Es ahí donde se ubican los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; quienes son portadoras de valores y costumbres ancestrales que nos han dado identidad como nación.
El territorio de ejidos y comunidades indígenas se ha convertido en el escenario de proyectos energéticos y de hidrocarburos. Entre 2000 y 2012 se otorgaron 30,048 concesiones mineras, que abarcan alrededor de 18 millones de hectáreas, que pueden prorrogarse hasta por 100 años(18). Con el fin de propiciar condiciones de equidad en los procesos de negociación y mediación entre los titulares del suelo y las empresas que realicen proyectos de explotación y extracción a lo largo del territorio, la SEDATU registró un total de 8,801 avisos de inicios de negociación y 5,336 avisos de acuerdos alcanzados, durante la administración 2018-2024. No obstante, durante el 2024 se tuvo 16.34% de prevenciones emitidas a estos trámites presentados debido a deficiencias en el desarrollo de las negociaciones, tales como errores u omisiones de cumplimiento en los requisitos, ocasionando que las negociaciones se lleven a cabo con la información limitada.
Ante esta situación, y atendiendo los derechos y principios establecidos en la CPEUM, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículos 26 y 27); en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo XXV numerales 2 y 3)(19); así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (artículo 13)(20); el reconocimiento, protección y ejercicio pleno de los derechos de propiedad como parte de los compromisos internacionales y el ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 1o., 2o. y 27, párrafo décimo, fracción VII, de la CPEUM se han instaurado 11 planes de justicia para titular a favor de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, las tierras que originalmente poseen. Asimismo, el compromiso 18, de la República fraterna, establece un Reconocimiento a derechos y justicia a pueblos indígenas, en consonancia con la reforma constitucional al artículo 2o., del 30 de septiembre de 2024, que constituye "la piedra angular es del reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio"(21).
Los planes de justicia son ejercicios de planeación que realizan las autoridades tradicionales, en convergencia con las autoridades del Gobierno Federal, respetando sus propias formas de gobierno y mecanismos de toma de decisiones, para la restitución de tierras, territorio, aguas y bienes naturales. Durante el periodo 2020 - 2024 destacó la participación de la SEDATU en nueve planes de justicia ejecutados en favor de los pueblos indígenas del país, con lo que se reconocía y restituía territorio. En continuidad, de octubre de 2024 a marzo de 2025, se han impulsado los 9 planes de justicia(22) que se mencionan a continuación:
1. Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, Sonora.
2. Plan de Justicia del Pueblo Wixárika, Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí.
3. Plan de Justicia del Pueblo O'dam o Au'dam, Durango.
4. Plan de Justicia del Pueblo Naáyeri y Mexikan, Durango y Jalisco.
5. Plan de Justicia de las comunidades Chinantecas y Mazatecas del Valle de Uxpanapa, Veracruz.
6. Plan de Justicia para las comunidades de la Selva Lacandona, Chiapas.
7. Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara, Chihuahua, territorio de los Pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama (Pima) y Warijó.
8. Plan de Justicia para el pueblo Chichimeco y Otomí del Noroeste de Guanajuato y Semidesierto de Querétaro.
9. Plan de Desarrollo para el Pueblo Yumano-Cochimí, Baja California.
Al hablar de núcleos agrarios, también se debe hacer mención a las actividades agropecuarias y de aprovechamiento forestal. En ese sentido, la política agraria también se relaciona con los recursos naturales y los servicios ambientales que proporcionan los territorios de propiedad social a las personas. La mayor parte de los recursos hídricos y minerales del país está en polígonos de ejidos y comunidades
agrarias, así como 70% de los bosques y selvas y 60% de los litorales. Además, ante los grandes proyectos de movilidad, para lograr una República próspera y conectada, como los 3,000 kilómetros de vías de trenes, es necesario contemplar las labores de mediación, ordenamiento, respeto y desarrollo de los territorios y los pueblos que los habitan, en el desarrollo de procesos para la liberación de vías.
Igualmente, no puede dejar de mencionarse la importancia territorial que tienen los núcleos agrarios para el desarrollo de polos de bienestar y la estrategia de relocalización, siempre, bajo una perspectiva de integralidad sistémica y socioecológica del territorio.
Así, ante el insuficiente desarrollo que han tenido los núcleos agrarios y las personas que los habitan, el primer objetivo del presente Programa Sectorial es Mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas.
El desarrollo territorial
Una breve caracterización del país es de utilidad para comprender la diversidad de sus territorios, pero también, las desigualdades que persisten en los mismos. De acuerdo con el INEGI, la superficie continental (tierra firme que forma un país, incluyendo sus islas) de México es de 1,960,647 km2, que lo sitúa como el 14 de los 20 países más extensos del mundo(23). Compuesto por 32 entidades federativas, estos territorios muestran grandes diferencias en las condiciones de vida de la población que los habitan. Ejemplo de ello, es que pese a que la pobreza en el país disminuyó entre 2018 y 2022, en seis entidades, más de la mitad de las personas permanecen en esta condición(24).
Contemplar un enfoque territorial permite identificar este tipo de brechas y diferenciar las acciones de política pública que posibiliten incidir de manera efectiva ante las diversas realidades. A pesar de esta importancia, en México, se puede referir a la instauración e institucionalización de la política de planeación territorial hasta mediados de los años 70, con la puesta en marcha de la Ley General de Asentamientos Humanos(25) en 1976 y la creación de la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en 1977. Esa ley evolucionó hasta convertirse en la LGAHOTDU que sentó, desde 2016, las bases normativas que buscan, entre otros aspectos cruciales, ordenar el uso del territorio. En su articulado, se define el ordenamiento territorial como "una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental"(26). En este contexto, la LGAHOTDU establece un marco de atribuciones concurrentes en materia de planeación y ordenamiento territorial, distribuyendo responsabilidades entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
El tardío establecimiento de la necesidad de un modelo territorial, ha propiciado una expansión urbana desordenada de los asentamientos humanos, provocando un abandono generalizado al desarrollo rural y un fenómeno de dispersión de miles de pequeñas localidades, acompañado de una pérdida y degradación del medio natural, así como la ampliación de brechas sociales con mayor profundidad en grupos en situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes.
Ante esta realidad y aun con los esfuerzos realizados en los últimos años para reorientar la política territorial del país -a través de la creación de nuevos marcos programáticos, la reactivación de espacios de coordinación como los Consejos Estatales y Nacional, y el impulso de instrumentos de planeación con enfoque territorial con enfoque de derechos humanos- persisten desafíos estructurales que limitan la efectividad e impacto de las acciones implementadas. La desarticulación de los actores clave de distintos niveles y sectores para configurar instrumentos complementarios en las diversas escalas de planeación, continúa obstaculizando la consolidación de una gestión territorial integral, exacerbando fragmentaciones operativas y reduciendo la continuidad de las políticas públicas que deberían priorizar el desarrollo y la prosperidad en el mediano y largo plazo. Esta situación, sumada a marcos normativos pendientes de actualizar, capacidades institucionales insuficientes y mecanismos de coordinación multinivel pendientes de consolidar, impiden avanzar con mayor contundencia hacia un territorio más próspero.
Al respecto, se puede señalar que, para marzo de 2025, cinco entidades federativas han armonizado su legislación con la LGAHOTDU, 25 han realizado armonizaciones parciales, y las dos restantes se consideran no armonizadas(27) (ver gráfica 10); en el ámbito metropolitano, menos de un tercio (10) de las entidades federativas han emitido una ley de coordinación metropolitana, lo que representa un área de oportunidad reconociendo la realidad de la estructura metropolitana del país. En el mismo nivel territorial cabe señalar que 66 metrópolis (71.73%) han instalado su Comisión de Ordenamiento Metropolitano, conforme a lo dispuesto en la LGAHOTDU para la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la concertación social, quedando pendientes 26 metrópolis de integrar sus comisiones. Adicional a ello, se debe impulsar el funcionamiento de estos órganos colegiados, ya que, de los instalados, sólo 17 operan regularmente. Por lo que respecta a los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano, también mandatados en la LGAHOTDU, con el objetivo de promover la participación de actores sociales, académicos y colegios de profesionistas, para la formulación de recomendaciones y propuestas para el desarrollo metropolitano, han sido instalados sólo en 25 metrópolis, que equivalen al 27% del total(28).
El ordenamiento territorial, tal como lo establece la ENOT 2020-2040, es una tarea indelegable del gobierno mexicano, pero requiere necesariamente la convergencia del actuar de las dependencias y entidades de la APF, de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social, privado, y en ese sentido, durante el periodo 2018- 2024 se avanzó en la publicación de siete NOM sobre espacio público, equipamiento, movilidad, resiliencia territorial, gestión integral de riesgos y contenidos de programas de ordenamiento territorial y urbano que definen lineamientos, criterios y especificaciones técnicas para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano-metropolitano.
Además de los retos de coordinación, se debe puntualizar que los gobiernos enfrentan limitaciones para la elaboración y actualización de los Programas de Ordenamiento Territorial, lo que sumado a desequilibrios territoriales se materializa de distintas formas, entre las que se pueden destacar(29) lo siguiente:
· La desvinculación entre las vocaciones naturales y los usos del territorio, lo que agrava la sobreexplotación de recursos que pone en riesgo el desarrollo sostenible;
· El incremento del riesgo ante desastres que afecta todo tipo de actividades de las personas;
· Una insuficiente protección del patrimonio natural y cultural, aumentando las probabilidades de que este se pierda;
· Limitadas capacidades de provisión de equipamiento e infraestructura en los asentamientos humanos, afectando la calidad de vida de las personas,
· Persistencia e incluso, agudización, de los desequilibrios socioeconómicos regionales, y
· Exclusión social y económica de territorios y las personas que los habitan debido a sus características y dinámicas que dificultan su integración.
De los 2,478 municipios en el país, únicamente 760 cuentan con un Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano publicado en periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas (ver gráfica 11); o bien, que se hayan inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio o instancia equivalente. Además, 60% de dichos programas fue elaborado hace más de una década sin criterios de equidad o resiliencia(30).
Por lo que respecta a la planeación de escala metropolitana, se puede señalar que, de las 92 metrópolis identificadas en el país, sólo el 31% (29 metrópolis) tenían publicado y registrado un programa de ordenamiento para 2023 y 16 se encontraban en proceso de publicación(31). En cuanto a la escala estatal, hasta diciembre de 2024 se contaba con un total de 30 Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano vigentes. No obstante, 18 de estos programas fueron publicados con anterioridad a la entrada en vigor de la LGAHOTDU en 2016, por lo que se consideran desactualizados normativamente. Además, debe considerarse que el nuevo paradigma en la planeación del territorio nacional es contar con programas de ordenamiento territorial urbano-ecológicos en un solo instrumento.
De manera estrechamente relacionada con la política territorial, la situación actual de las instituciones registrales y catastrales en el país evidencia una problemática estructural que afecta directamente la certeza jurídica y patrimonial de la ciudadanía. Estos registros públicos, al igual que los catastros, operan con sistemas obsoletos e ineficientes que han dejado de responder a las necesidades tecnológicas y jurídicas del contexto actual. Como resultado, existe una marcada desvinculación entre la información registral y catastral, lo que puede generar duplicidad de datos, errores en la tenencia de la tierra y dificultan el acceso a servicios registrales y catastrales confiables. Cabe destacar que, de 2018 a 2024 se presentaron avances importantes en la materia, derivado del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros.
El deterioro funcional de los sistemas ha provocado que los tiempos de respuesta sean excesivamente largos, que se carezca de servicios en línea, y una notable falta de interoperabilidad entre instituciones. Este escenario limita la operación efectiva de los registros, impide el intercambio ágil de información territorial y restringe la disponibilidad de datos clave para la planeación urbana, el desarrollo económico y la garantía de derechos sobre la propiedad. Por otro lado, en algunos municipios urbanos el desafío de ordenar el crecimiento es mayor en la medida en que no se dispone de instituciones que lleven a cabo estas tareas, aunado a esto, la existencia de dependencias encargadas de implementar políticas para fomentar el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la planeación urbana fue notoriamente menor en los entornos urbanos con mayor rezago social respecto al resto de los municipios y demarcaciones territoriales del país.
Adicionalmente, el marco jurídico que rige los sistemas electrónicos en uso resulta insuficiente, pues no ha sido actualizado conforme al avance tecnológico, lo que debilita la validez legal de los actos registrales electrónicos y genera incertidumbre jurídica. En consecuencia, se hace evidente la necesidad de impulsar una reforma profunda que modernice tanto los sistemas como la normatividad que los sustenta, garantizando así una gestión registral y catastral alineada con los principios de eficiencia, transparencia y seguridad jurídica. Esta modernización es clave para fortalecer las instituciones, brindar certeza patrimonial a la ciudadanía y consolidar una base para el desarrollo ordenado del territorio nacional, además de que contribuye al compromiso 17 "Digitalización más grande de la historia (trámites y servicios)" de la República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable; establecidos por la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
A su vez, sigue en curso el cumplimiento del mandato conferido a la SEDATU en la LGAHOTDU, de proveer de información organizada y actualizada, incluyendo indicadores, planes, programas, documentos académicos, científicos, técnicos y de cualquier índole en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, en el Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU). Lo anterior, debido a la convergencia de obstáculos técnicos, tecnológicos, estratégicos y organizativos, así como la inobservancia de los gobiernos locales y municipales a sus obligaciones establecidas en la ley de la materia; por ende, superar estas limitaciones, requiere de una planeación integral, que inicia desde la toma de decisiones informada y con una visión a largo plazo.
Las carencias de instrumentos rectores de planeación territorial, aunado a modelos de crecimiento económico centrados en el beneficio privado y regidos por el mercado, por encima del bien común y de visiones humanistas y sustentables impactan en la seguridad y bienestar de las personas. De esta situación resulta que en México, "15% del territorio nacional, 68.2% de su población y 71% del producto interno bruto (PIB) están propensos a sufrir las consecuencias negativas del cambio climático"(32). Tales que de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo llegan a aumentar la desigualdad social, la pobreza urbana y la exclusión.
De acuerdo con datos del INECC, las entidades que concentran mayor cantidad de municipios vulnerables a situaciones causadas por el cambio climático son Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Jalisco. Por otra parte, se calcula que las entidades federativas con mayores pérdidas económicas acumuladas en el presente siglo serán el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Morelos(33) (ver gráfica 12).
Aunado a lo anterior la inadecuada localización de los asentamientos humanos en zonas donde impactan fenómenos de origen hidrometeorológico y geológico o en muchos casos, alejados de los equipamientos básicos, incrementan la vulnerabilidad y reducen la capacidad de resiliencia y la sustentabilidad de los asentamientos humanos y del propio territorio. En México, una tercera parte de la población vive en zonas con peligros sísmicos. También, la inestabilidad de las laderas que ocurre de forma natural o la relacionada con los procesos de deforestación, cambios en la estructura y funcionamiento de las cuencas y los cambios de uso de la tierra, aparejadas a la ocurrencia de riadas, deslaves y deslizamientos de lodo, escombros, hundimientos y surgimientos de cárcavas, afectan prácticamente la totalidad del territorio nacional.
A pesar de algunas iniciativas aisladas, la falta de coordinación intermunicipal y de recursos técnicos especializados profundiza la brecha en capacidades adaptativas locales para hacer frente al cambio climático y mitigar riesgos de desastres. De conformidad con el INECC, la mayoría de los municipios (54%) no tiene planes de acción climática y sólo 621 cuentan con Atlas de Riesgo actualizados(34). Esta falta de instrumentos limita las capacidades adaptativas territoriales frente a emergencias y puede provocar que los municipios queden expuestos a ciclos de pobreza y daños ambientales recurrentes. Lo anterior cobra relevancia de acuerdo con lo previsto en el ODS 11, sobre la necesidad de aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes sobre cambio climático y resiliencia ante desastres, en consonancia con el Marco de Sendai para la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles, así como del ODS 13 para incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
En materia de mitigación, la Ley General de Cambio Climático, establece que las instituciones del Estado deben coordinarse para medir, reportar y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) priorizando los sectores que más contribuyen al calentamiento global, como son el sector de transporte y el sector residencial, entre otros. La SEDATU, con atribuciones clave en estos sectores, tiene un papel fundamental en la mitigación del cambio climático mediante el diseño e implementación de programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, además de acciones concretas en materia de vivienda sostenible como el uso de materiales eficientes, sistemas de captación de agua y energía solar; así como una movilidad urbana sustentable.
La ordenación del territorio también tiene efectos en el acceso a la infraestructura adecuada, definida como la "base material construida, sobre la que una sociedad desarrolla las actividades productivas, así como la circulación y distribución de los bienes y servicios que le permiten satisfacer sus necesidades(35). De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "la infraestructura urbana es la fuerza esencial por cual la resiliencia urbana puede actuar y responder a futuros desafíos presentados por la urbanización, el crecimiento de la población y el cambio climático"(36).
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 identificó que solo 50% de la población de 18 años y más en áreas urbanas de más de 100,000 habitantes refirió estar satisfecha en términos generales de la calidad de los servicios básicos. A nivel nacional, la cobertura de los servicios básicos considera que 99% de las viviendas habitadas cuentan con energía eléctrica, 96% cuenta con drenaje y 78% con agua entubada(37). A su vez, de acuerdo con la estimación del Índice de Calidad del Entorno 2020, 39.9% de los municipios, donde se concentran 10.9 millones de personas, presentan una barrera completa y grave del entorno por sus condiciones de marginación y de disponibilidad y concentración de servicios y equipamiento urbano(38). Sin incluir a la Ciudad de México y sus alcaldías, en promedio, los municipios del país dependen al 73% de las transferencias federales o estatales y, destinan 22% de sus egresos a inversión pública. Esta proporción de los recursos estatales y federales en los presupuestos municipales, rebasa el 90% en Oaxaca, Tabasco y Chiapas, en tanto que los municipios de Quintana Roo, Querétaro y Baja California, operan, en promedio, con una mayor participación de recursos propios, por lo menos 4 de cada 10 pesos(39).
Focalizar acciones a favor de incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento, es detonador del desarrollo económico y social, que permitirá no sólo atender las carencias históricas, sino que mejora y articula el sistema de asentamiento humanos y potencia su conexión metropolitana y regional.
Las oportunidades de empleo y educación se encuentran concentradas en el centro de las ciudades, lo que resulta en largos desplazamientos desde las periferias, que generan externalidades negativas tanto económicas, ambientales y sociales que repercuten directamente en la calidad de vida de los habitantes. En la Zona Metropolitana del Valle de México, por ejemplo, la distancia promedio de desplazamiento ha crecido 18.75% entre 2005 y 2020, y más del 35% de la población - aproximadamente 7.6 millones de personas -, invierte más de dos horas diarias en traslados(40). Las familias con menores ingresos destinan hasta el 21% de sus recursos al transporte(41), exacerbando las brechas de acceso.
En consonancia con el artículo 4o. constitucional que indica que "Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad"(42) y el objeto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial(43), se ha impulsado el acompañamiento a la armonización de legislaciones locales o estatales en materia de movilidad y seguridad vial a través del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Este mecanismo no sólo ha facilitado la coordinación entre los órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión, sino que también ha incluido la participación de personas de la sociedad civil y la academia para el diseño e implementación de las políticas públicas, planes, programas y normas en materia de movilidad.
Asimismo, a través de este mecanismo de coordinación se formuló, aprobó y publicó la ENAMOV 2023-2042(44), que actualmente promueve su implementación con el objetivo de disponer de sistemas integrales de movilidad bajo los principios de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusividad e igualdad. Como resultado, se publicó la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano(45) que contiene los lineamientos para alinear las políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y transporte de los gobiernos subnacionales hacia la mejora sustancial de los servicios de transporte y la integración de los sistemas de movilidad y que contribuye al compromiso 93, Atención a la contaminación atmosférica de Nuevo León, Guadalajara y CDMX, de los 100 compromisos del segundo piso de la transformación.
La infraestructura de movilidad es deficitaria y coexiste con altos niveles de siniestralidad vial: en la década 2011-2021, cada año se registraron en promedio, 380 mil siniestros de tránsito(46). De acuerdo con el último reporte disponible (2023) en la estadística de vehículos de motor registrados en circulación, entre 2001 y 2023, el parque vehicular se ha multiplicado por más de tres, al pasar de 17.3 millones de unidades en circulación en 2001, a 58.2 millones en 2023. Dicho de otra manera, la Tasa de Crecimiento Absoluto (TCA) en ese periodo fue de 236.4%, con lo que la Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) se situó arriba del 5.75%(47). Cabe resaltar que, por tipo de vehículo, el que mayor crecimiento, a partir de 2010, se ha registrado es el de las motocicletas, que aumentaron su número de 1.15 millones en 2010 a 7.78 millones en 2023, lo cual representa un aumento total del 574%. Si bien la cantidad de siniestros de tránsito muestra una tendencia clara a la baja desde 2007, también es importante reconocer que algunas entidades concentran una mayor cantidad de estos sucesos (ver gráfica 13).
Además de las pérdidas económicas que esto representa, los siniestros implican víctimas que, en el 2022 se distribuyeron de la siguiente forma: 51.1% personas peatonas, 35.9% ocupantes de vehículos, 11.3% motociclistas y 1.7% ciclistas(48). Para el caso de víctimas mortales, se logró una disminución de casi 18% de las defunciones en el periodo de 2011 a 2021, pasando de 16,615 a 13,630 víctimas en dicho periodo, no obstante, la Meta del Decenio de Acción para la Seguridad Vial pretendía lograr una reducción de al menos el 50% de las muertes por siniestros de tránsito, en concordancia con lo establecido en el ODS 3 "Salud y bienestar", de reducir para 2030 el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.
Adicionalmente, durante el tercer trimestre del 2024, el 61.8% de las personas de 18 años y más se sienten inseguras en el transporte público; 51.3% de la población se siente insegura en las calles que habitualmente usa; 42.6% en el mercado y 40.6% en el parque o centro recreativo(49).
Considerando lo antes expuesto, como objetivo número dos del Programa Sectorial se establece el de Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental.
Vivienda adecuada
El derecho a la vivienda adecuada(50), reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales comprende siete elementos: 1) La seguridad de la tenencia, 2) disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, 3) asequibilidad, 4) habitabilidad, 5) accesibilidad, 6) ubicación y, 7) adecuación cultural; y es también un derecho consagrado en el artículo 4o. de la CPEUM, por lo que garantizar su ejercicio es primordial para el Ramo 15.
El descuido del papel rector del Estado para garantizar el derecho a la vivienda durante el periodo neoliberal, manifiesto en la ausencia de una política integral de suelo, déficit de oferta, regulación insuficiente, barreras de acceso a personas sin seguridad social, entre otros, favorecieron la perspectiva de que la vivienda era una mercancía y no un derecho.
En México persisten profundas desigualdades en el acceso a una vivienda adecuada, que afectan especialmente a las personas en situación de pobreza, con ingresos bajos, tanto en el sector informal como formal, así como a grupos históricamente excluidos. Estos incluyen a las mujeres, personas indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas mayores, y personas en situación de movilidad o desplazamiento forzado. Estos grupos enfrentan múltiples barreras estructurales y formas de discriminación que limitan su acceso a soluciones habitacionales seguras, accesibles y adecuadas.
Las principales causas estructurales se vinculan con la desarticulación institucional, el modelo dominante de producción de vivienda orientado por el mercado, la escasa regulación del suelo urbano, y un marco normativo que no ha garantizado plenamente el derecho humano a la vivienda. La diversidad de estrategias de atención requiere consolidarse con un enfoque integrador para evitar esfuerzos institucionales fragmentados y dispersos, lo que limita la eficacia del gasto público y la cobertura de programas habitacionales. De acuerdo con estimaciones realizadas por SEDATU, en 2022, el 24.28% del total de viviendas en el país -equivalente a 8.97 millones de viviendas- presentaban rezago habitacional. Esta situación se concentra en entidades del sureste como Chiapas (69.91%), Tabasco (64.90%) y Oaxaca (54.59%).
El precio promedio de la vivienda a nivel nacional fue de 1 millón 535 mil pesos en 2022. Este promedio considera viviendas nuevas y usadas, tanto económicas-sociales y media-residenciales(51). Un hogar requeriría un ingreso mensual mínimo de $21,325.80 pesos mensuales para que el pago mensual de una vivienda de este costo no exceda 30.0% de sus percepciones, criterio que se utiliza para determinar que una vivienda es asequible. Únicamente 33.6% de los hogares del país reciben este nivel de ingreso y se ubican en el decil VII o superior.
Por otro lado, entre 2013 y 2023, el crédito de financiamiento público habitacional pasó de representar el 53.2% del financiamiento total a 42.9%. En contraste, el crédito privado incrementó su participación de 40.2% a 52.8%. Esta tendencia pone en riesgo el acceso a vivienda para quienes no son sujetos de crédito bancario tradicional. Adicionalmente, el monto total de financiamiento público disminuyó de 178,511 mdp en 2013 a 170,576 mdp en 2023, mientras que el crédito privado alcanzó un pico en 2021 de (239,463 mdp) y posteriormente cayó en 2023 a 209,646 mdp.
En el periodo 2013-2018 se otorgaron 6.9 millones de acciones de financiamiento, cifra que cayó a 5.37 millones en 2019-2024, presentando una disminución del 22.2%?. En este último periodo destacan las siguientes reducciones: el INFONAVIT bajó de 3.4 millones a 2.9 millones de acciones; la CONAVI redujo en más del 96% sus acciones para vivienda nueva (de 744,786 a 27,466); y la Sociedad Hipotecaria Federal recortó en 71% su apoyo a vivienda nueva (de 47,904 a 13,909). Estos datos reflejan una disminución en la capacidad institucional para atender la demanda nacional de vivienda, especialmente para la población de bajos ingresos y no derechohabiente. Al respecto de este último sector, se debe de tener en cuenta que, para el cuarto trimestre de 2024, la tasa de informalidad laboral fue del 54.4%(52).
Otro reto importante en la materia ha sido la gestión del suelo y la concentración de desarrollos habitacionales en zonas periféricas sin servicios básicos. Solo 8% de las viviendas financiadas entre 2014 y 2017 se ubicaron en zonas urbanas consolidadas, y apenas el 2.9% de las viviendas económicas se desarrollaron en áreas bien localizadas. Esto ha generado fenómenos de segregación urbana, donde las personas con menores ingresos son expulsadas a la periferia, enfrentando altos costos de transporte y acceso limitado a oportunidades.
Más de dos millones de viviendas en el país (6.9%) se abastecen de agua mediante llaves públicas, acarrean, requieren pipa o la obtienen de pozo, río, lago arroyo o cualquier otra fuente; y se concentran en Veracruz (14.7%), Chiapas (11.4%) y Guerrero (10.2%). La proporción de agua dentro de la vivienda o dentro del terreno en localidades urbanas es de 96.4% y en localidades rurales de 82.0%. La menor cobertura se encuentra en Guerrero (74.2%), Chiapas (79.8%), Tabasco (81.2%), Oaxaca (82.2%) y Veracruz (85.1%). Casi 35 millones de personas que representan 27.0% de la población tendrían que trasladarse por una hora o más para llegar a un hospital en caso de emergencia. Esta situación es más pronunciada en Oaxaca (53.5%), Chiapas (44.5%) y Guerrero (40.7%). Se estima que, en 1 de cada 5 viviendas en rezago habitacional, reside al menos una persona con discapacidad(53). La población con discapacidad en este tipo de viviendas es de 2.6 millones. Destaca que 1.3 millones de ellas (50.5%) son personas mayores.
Asimismo, el modelo financiero actual excluye a amplios sectores de la población: más del 60% de las personas trabajadoras en México se desempeñan en la informalidad, sin acceso a crédito hipotecario. En contraste, sólo el 18% de las viviendas se adquirieron mediante créditos del INFONAVIT; el resto, en su mayoría, se construyó por medio de la autoproducción, una modalidad que representa cerca del 60% de las soluciones habitacionales en el país, pero que carece de apoyos institucionales y normativos(54).
Este escenario impacta con mayor fuerza a mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y personas trabajadoras por cuenta propia, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a financiamiento formal debido a la falta de historial crediticio, ingresos constantes o documentación regular. En el caso de las mujeres, además, persisten brechas estructurales de género que limitan su acceso a la propiedad y a instrumentos financieros, lo que restringe su autonomía y seguridad habitacional. Para el caso de las personas jóvenes, la situación actual para acceder a una vivienda se vuelve compleja derivado de la precariedad laboral, que redujo los mecanismos de protección de la seguridad social, inhabilitando la oportunidad de acceder a créditos o apoyos para la compra o construcción de vivienda.(55)
Un referente de habitabilidad en México es el rezago habitacional; esta condición abarca 8,977,409 viviendas que representan 24.3% del parque habitacional del país (ver gráfica 14). Las entidades con mayor rezago son Chiapas (69.9%), Tabasco (64.9%), y Oaxaca (54.6%). El rezago habitacional también presenta una dimensión de género, territorial y étnica; solo el 41.7% de las mujeres mayores de edad son propietarias de vivienda, y entre las mujeres indígenas, apenas el 12.4% cuenta con propiedad legal(56). Esta brecha requiere ser visibilizada y atendida desde la política nacional de vivienda.
Respecto a la seguridad jurídica de la propiedad, de acuerdo con el INEGI, una proporción significativa de las viviendas particulares propias, específicamente el 67.3% (17.3 millones), contaban con escrituras a nombre de la persona propietaria en 2022. En contraste, 24.3% (6.2 millones) no disponían de este documento, mientras que 7.4% tenían escrituras a nombre de alguien más y un 1.0% no tenía conocimiento de ello(57).
La mayor parte de las viviendas del país son propias (61.7%) o se están pagando (7.9%). Este segmento agrupa 25.7 millones de viviendas propias o que se están pagando, de las cuales 24.313% no cuentan con escrituras y 7.4% tienen escrituras a nombre de una persona distinta al dueño.
De acuerdo con la ENIGH 2022, en ese año existían en México 6.2 millones de viviendas particulares habitadas. Esta cifra incrementó en 67,695 viviendas sin escritura con relación a 2020. A pesar de los esfuerzos de los programas de regularización, existe un crecimiento sostenido de este tipo de asentamientos. Entre las causas se encuentran las siguientes(58):
a) Especulación y acaparamiento de suelo por parte del mercado inmobiliario en las zonas más cercanas a la infraestructura urbana. Como consecuencia, se genera un incremento generalizado en los precios de suelo en las ciudades, trasladando la oferta más barata de lotes para vivienda en lugares lejanos a las fuentes de empleo de la población. Esta oferta lejana y con menores precios se caracteriza por ser irregular; es decir, sin procesos formales de incorporación del suelo al desarrollo urbano y a los registros públicos de la propiedad.
b) Escasa coordinación federal, estatal y municipal para el ordenamiento de la propiedad en los mercados informales de suelo.
c) Falta de incentivos financieros de suelo o vivienda para población no derechohabiente, cuya actividad económica es informal o con ingreso insuficiente para acceder al crédito a la vivienda.
e) Falta de diversificación de opciones de fomento a la vivienda asequible (acorde con el ingreso familiar de la población en condición de pobreza o marginación) al interior de las ciudades.
En suma, la política nacional de vivienda se ha enfrentado a limitaciones normativas, institucionales, territoriales y financieras, que han obstaculizado una atención integral al derecho humano a una vivienda adecuada. Esta problemática requiere una transformación estructural basada en la coordinación interinstitucional, la gestión sustentable del suelo, desarrollo de esquemas financieros para la población más vulnerable para garantizar la asequibilidad de las viviendas, el fortalecimiento de la autoproducción y la incorporación efectiva de una perspectiva de derechos humanos, género y sustentabilidad ambiental.
Debido a lo anterior, en el marco de los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación, se contempla una república que busca garantizar este derecho con acciones de provisión de vivienda y otorgamiento de certeza jurídica: desde el Ramo 15 se contribuirá con la construcción de 500 mil viviendas (compromiso 48) y se impulsará la escrituración masiva para salvaguardar el patrimonio de las personas y familias (compromiso 49).
Para ello, en el Programa Sectorial establece como objetivo número tres Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo.
Para el cumplimiento de este objetivo, resalta la disponibilidad del programa de vivienda social, y su derivado, el programa de vivienda para el bienestar. A través de este programa que responde al objetivo 2.9 del PND 2025-2030, se realizará una inversión de al menos 320 mil millones de pesos para la construcción de 500 mil viviendas nuevas en todo el territorio nacional y 300 mil mejoramientos focalizados en la zona oriente del Estado de México.
Este programa cuenta con la participación de estados y municipios, quienes otorgan el suelo para construcción de las viviendas, garantizando el acceso al derecho humano a la vivienda de la población prioritaria: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena y afromexicana. Los conjuntos habitacionales "Vivienda para el Bienestar", están diseñados con los 7 elementos de una vivienda adecuada, establecidos por la ONU: 1. Seguridad de la tenencia; 2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; 3. Asequibilidad; 4. Habitabilidad; 5. Accesibilidad; 6. Ubicación, y 7. Adecuación cultural.
Desarrollo institucional
Desde el ámbito institucional, en un contexto de recursos limitados y demandas crecientes fomentadas por la apertura democrática, es que aquellos deben de administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, como principios fundamentales del buen uso de los recursos públicos. El establecimiento de la austeridad republicana en el PND 2019-2024 sintetizó esos principios, recalcando que la finalidad de la austeridad es el logro de objetivos públicos y no la contención en el ejercicio presupuestal. Su continuidad durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, a través del compromiso presidencial número 14, Mantendremos la austeridad republicana, refleja una prioridad gubernamental para que el presupuesto público sea un instrumento de bienestar para las personas.
La SEDATU nace en 2013, luego de la reforma a la LOAPF del 2 de enero de ese año, que integró atribuciones de las secretarías de Reforma Agraria y de Desarrollo Social en materia territorial, urbano y de vivienda(59). En este proceso adaptativo, a poco más de diez años de su creación, la SEDATU enfrenta el reto de consolidar su liderazgo en la política territorial nacional, fortaleciendo capacidades regionales, mejorando procesos de coordinación interinstitucional y desarrollando sistemas de información que permitan decisiones conjuntas, democráticas y basadas en evidencia, todo ello bajo principios de austeridad republicana y combate a la corrupción.
En el ámbito internacional, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, es coincidente con estos propósitos, e inclusive plantea el derecho ciudadano a la buena administración pública, a través del cual se impulsa que los asuntos públicos sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad humana. El actuar público con estas características ayuda a recuperar el Estado de derecho en dos sentidos principales: primero, asegurando que las autoridades actúen conforme el marco legal para garantizar una igualdad de trato, y segundo, reforzando la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, brindando mayor legitimidad, apoyo y efectividad al actual público.
Al respecto, el gobierno de México ha avanzado sustancialmente, de 2017 a 2023 la confianza en la Presidencia de la República y las Secretarías de Estado pasó de 25.5% a 59.1%, y la confianza en las personas servidoras públicas de 38.7% a 50%(60); sin embargo, todavía queda un tramo muy importante que recorrer; un gobierno sustentado en el humanismo mexicano, sensible y cercano a la gente, que respeta las libertades, derechos y combate la discriminación, como lo establecen los compromisos presidenciales 2, 3, 4 y 5 para el segundo piso de la transformación, es pieza indispensable para lograrlo.
Con base en lo anterior, resulta fundamental destacar los recientes cambios institucionales que la propia SEDATU, como cabeza de sector del Ramo 15, ha presentado recientemente con el propósito de encauzar su quehacer, fortalecer su organización interna y sobre todo consolidarse como una dependencia referente del desarrollo territorial. El 17 de enero de 2025 tuvo lugar la formalización del rediseño institucional a través de la publicación del Reglamento Interior, con el que se brinda una organización más horizontal y coherente con las responsabilidades que establece el andamiaje normativo y jurídico a atender; que clarifica el ámbito de actuación de cada área con la finalidad de mejorar la eficiencia de las mismas; que aumenta los espacios de coordinación entre áreas y entidades sectorizadas al interior y con otras dependencias y entidades; refuerza mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas; y establece una visión única del desarrollo territorial integrado. Todo ello para que nuestro mayor logro sea contribuir al bienestar de las personas.
Para avanzar en el cumplimiento de los objetivos en materia agraria, territorial y de vivienda adecuada, previamente planteados, es imprescindible que todas las personas servidoras públicas del Ramo 15 contribuyan de manera estructurada y ética al cumplimiento de sus responsabilidades, compartiendo principios y valores institucionales. Si bien, los artículos 16, fracción V, y 17, fracción IV, de la Ley de Planeación, establecen que las dependencias y entidades de la administración pública están obligadas a considerar el ámbito territorial en la planeación de sus programas; para lograr esta perspectiva transversal, se requiere que desde el Ramo 15 se asuma el liderazgo de impulsar y cumplir de manera cotidiana la visión de la presidenta de que gobernamos desde el territorio, no desde el escritorio.
"Las innovaciones provocan cambios que permiten a las organizaciones asegurar un comportamiento adaptativo [sin embargo] se requiere un equilibrio [entre estabilidad e innovación] para lograr un alto desempeño"(61); con esto, queremos decir que no basta con que los instrumentos de planeación se plasmen en el papel, es fundamental que las personas que servimos al pueblo seamos agentes de transformación, asegurando una coordinación y colaboración efectiva y permanente con las demás dependencias y entidades del gobierno federal, pero también con las autoridades de otros órdenes de gobierno.
De manera paralela y complementaria, la profesionalización del servicio público es una tarea constante en la construcción de un buen gobierno. Para el Ramo 15, esto implica no solo aprovechar el talento y la experiencia del personal, sino también consolidar el reconocimiento del ordenamiento territorial como un eje transversal de la acción pública, y asegurar que las personas sean reconocidas como titulares de derechos en el diseño y ejecución de políticas.
En la labor de incrementar la profesionalización, se suma la relevancia de fortalecer y desarrollar las competencias laborales y tecnológicas de las personas servidoras públicas, a través de capacitaciones internas y externas con el objeto de consolidar las habilidades, destrezas y conocimientos, como parte de la mejora continua en los procesos administrativos.
Para asegurar la disponibilidad de información y su uso, para avanzar en el gobierno electrónico, mejorar la coordinación entre autoridades y la atención ciudadana, así como para consolidar un cuerpo de personas servidoras públicas altamente profesionales, el programa sectorial establece como cuarto objetivo Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a las personas, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.
Visión 2030
Hacia 2030, buscamos consolidar un modelo de desarrollo territorial donde las decisiones sobre el espacio habitado emerjan de procesos democráticos y participativos; donde la localización no determine el acceso a derechos; donde la propiedad social se convierta en motor de bienestar comunitario; y donde el ordenamiento territorial integre la conservación ambiental, la prosperidad económica y la justicia social como dimensiones inseparables de un México territorialmente cohesionado. En suma, se habrá transformado el panorama territorial de México: comunidades agrarias prósperas, ciudades más equitativas, viviendas adecuadas para poblaciones históricamente excluidas y asentamientos humanos resilientes ante el cambio climático.
Construir un México territorialmente justo, próspero y sustentable no es solo una responsabilidad institucional, sino un compromiso compartido con cada mexicana y mexicano que sueña con un país donde el lugar donde se nace no determine las oportunidades de vida.
6. Objetivos
El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025-2030 se integra por cuatro objetivos que enmarcan las prioridades del Ramo 15 y establecen el rumbo de la acción de la SEDATU y sus entidades sectorizadas para el segundo piso de la transformación. Los objetivos corresponden a las responsabilidades públicas asignadas en el marco legal vigente, y se constituyen como rutas de solución para los retos pendientes en las materias agraria, de ordenamiento territorial y de vivienda. Además, impulsan una gestión democrática, orientada a los resultados y guiada por los principios del Humanismo Mexicano.
| Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025-2030
|
| 1.- Mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas |
| 2.- Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental. |
| 3.- Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo. |
| 4.- Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a las personas, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. |
6.1 Relevancia del objetivo 1: Mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la política agraria debe ser como un componente del desarrollo rural integral que facilite y amplíe el acceso a la tierra y alcanzar la certeza y seguridad jurídica sobre la tenencia, posesión y propiedad de ésta(62).
La propiedad social, que representa más de la mitad de la superficie continental de México, ha sido objeto de diversas políticas aisladas que no permiten visibilizar su importancia ambiental, económica y de bienestar para las personas. Ello se ve reflejado en brechas de bienestar para la población entre los ámbitos rural y urbano. Por ejemplo, el Coneval estimó que en 2022 el porcentaje de población en pobreza en el ámbito urbano fue de 32.2%, mientras que en el ámbito rural fue de 48.8%. Además, si se contempla la pertenencia étnica, la población indígena alcanza el 65.2% de personas en situación de pobreza.
Ello da cuenta que los núcleos agrarios no son espacios donde las personas pueden ver garantizados sus derechos. El modelo de desarrollo orientado en las ciudades no veía en la propiedad social un engranaje de un sistema territorial, sino solo una reserva de espacio para el crecimiento, descuidando así el valor ecológico, energético, ambiental y cultural de estos territorios.
Dentro de los núcleos agrarios, no solo los pueblos y comunidades indígenas han sido afectados por la falta de reconocimiento, respeto y valoración de sus territorios, sino que las mujeres experimentaron un rezago importante en el acceso a derechos fundamentales como el de la propiedad, y derivado de ello, afectadas en la paridad de la vida colectiva, manifestado en la subrepresentación en órganos directivos. La mujer agraria representa menos de un tercio (27.5%) de las personas sujetas agrarias, es decir, con derechos en la materia reconocidos(63).
La paz también es un derecho, sin embargo, ante los más de mil conflictos agrarios identificados, la población de los núcleos agrarios ve afectado este derecho. La justicia debe ser para todas las personas, es decir, con acceso equitativo. Para mejorar las condiciones de desarrollo de los territorios de propiedad social, es necesario contemplar políticas de ordenamiento que aprovechen las oportunidades de proyectos prioritarios como la construcción de los 3 mil kilómetros de vías de trenes, que permitan integrar a los ejidos y comunidades a la prosperidad. Lo mismo que con proyectos energéticos que buscan intervenir territorios lejos de la vista de muchos, pero no por ello sin impacto social.
La propiedad social es un espacio de conservación en amplio sentido, de flora y fauna, y también de agua, recursos naturales y cultura. Así, ante niveles insuficientes de bienestar y desarrollo de los núcleos agrarios y las personas que los habitan, el riesgo de pérdida de ecosistemas, la alta prevalencia de conflictos, las barreras para la igualdad sustantiva que afectan principalmente a mujeres y personas indígenas, se vuelve imprescindible promover el rescate, defensa y revalorización de los núcleos agrarios, y transformarlos en polos de bienestar económico, social y ambiental, con enfoque de género, relevo generacional, pertinencia cultural y construcción de la paz, a través del desarrollo y defensa de sus derechos agrarios. Y de esta manera, contribuir al desarrollo democrático, participativo, transparente y justo, especialmente de las y los sujetos agrarios.
Se trata de garantizar a las personas los derechos agrarios de los que son personas titulares, y permitir el desarrollo de las regiones y de sus habitantes. La falta de certeza en la propiedad del suelo no solo pone en riesgo el patrimonio de familias enteras, en numerosas ocasiones ya en condiciones de vulnerabilidad, sino que reduce sus posibilidades de mejorar su calidad de vida, además de afectar la actividad económica, ya que el riesgo de expropiación desincentiva la inversión en la propiedad, las personas se ven forzadas a dedicar sus recursos para defender su propiedad en vez de emplearlos con fines productivos, el intercambio de la propiedad se ve inhibido. En el caso de la tierra, esto imposibilita que la tierra sea trabajada por quienes son más productivos, y la propiedad no puede utilizarse como colateral de operaciones financieras necesarias para llevar a cabo otras actividades económicas.
La falta de interoperabilidad y digitalización no solo retrasa los trámites, sino que también genera incertidumbre jurídica, desincentiva la inversión y contribuye a la corrupción. Por ello, la modernización debe ser integral, considerando componentes técnicos, administrativos, jurídicos y humanos que permitan establecer un sistema de información confiable, transparente y accesible para apoyar el desarrollo territorial y económico.
Para ello, a través del objetivo 1, mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas, se busca revalorizar al sector agrario, sus territorios y las personas que lo integran, con especial énfasis en mujeres y pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, como lo establecen los ejes transversales 1 y 3 del PND 2025-2030.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental
El territorio mexicano y su población enfrentan una serie de desafíos relacionados con la inadecuada gestión del territorio que impactan en el incremento de desigualdades o de condiciones de habitabilidad. Las diferencias se observan en parámetros:
· Económicos: mientras que el ingreso trimestral promedio por hogar en 2024 en Chiapas fue de $41,084 pesos, en Baja California Sur fue de $104,728 pesos(64).
· De salud: mientras que en 2022 en Baja California Sur el 17.3% de la población tenía carencia por acceso a los servicios de salud, en Chiapas era 66.1% de las personas(65).
· Infraestructura: en 2021, Colima fue la entidad con mayor disponibilidad de rampas para sillas de ruedas, con un alcance de 26.8% de las manzanas, mientras que en Morelos, apenas el 0.2% de manzanas contaban con banquetas con este tipo de servicio(66).
Los procesos de planeación insuficientes, realizados de manera aislada, con capacidades técnicas que deben fortalecerse, permiten que estas desigualdades de desarrollo permanezcan a inclusive se agraven.
La armonización legal es un paso importante pero no suficiente, aunado al rezago de instrumentos de planeación de política territorial, genera una condición de desaprovechamiento del territorio, incrementa las necesidades de regularización, dificulta la coordinación intergubernamental y en última instancia, son las personas quienes resienten los efectos en el día a día.
La necesidad de continuar modernizando los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros responde a su obsolescencia técnica, jurídica y operativa, lo cual limita la certeza jurídica sobre la propiedad inmobiliaria y dificulta el acceso a información confiable sobre el territorio. Esta situación se agrava por la desvinculación entre los sistemas registrales y catastrales, así como por la persistencia de métodos manuales y cartografía en papel en diversas entidades del país.
Para atender esta realidad, que impacta directamente sobre la vida de las personas, el objetivo de contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental, a través del cual se pretende que los territorios respondan simultáneamente a las necesidades de la población y del medio ambiente.
Se persigue la consolidación de un modelo de ocupación territorial adecuado, ordenado y sostenible, mediante la formulación de estrategias que promuevan ciudades más compactas, productivas y competitivas, con acceso equitativo a infraestructura y servicios básicos, y con sistemas de movilidad integrados, seguros y eficientes. Con el propósito de elevar la calidad de vida y fomentar un desarrollo equitativo y sustentable, se promoverá la generación de instrumentos de planeación robustos y el establecimiento de mecanismos eficaces de coordinación interinstitucional. Esta colaboración estratégica involucra a los diversos niveles de gobierno y a los actores relevantes, impulsando la concurrencia de políticas públicas que consideren integralmente aspectos sociales, ambientales y de gestión de riesgos.
Este objetivo contempla estrategias diferenciadas para atender las necesidades específicas del norte industrial, el centro metropolitano y el sur-sureste con su riqueza biocultural, priorizando las zonas históricamente marginadas. Planeando y gestionando ciudades con la capacidad de asentar de manera segura, sustentable, responsable a la población, a través de la oferta de soluciones adecuadas de vivienda, cobertura de servicios, impulso a las actividades económicas, promoción de la vida comunitaria y alternativas adecuadas de movilidad. Para ello, es necesario la implementación de políticas y programas públicos que incentiven la concentración formal en núcleos de población densas, compactas y mixtas buscando detener con ello la dispersión de localidades, además de fomentar la mejora de los servicios públicos de las localidades. La actuación de la política territorial durante el presente sexenio dará continuidad a los principios del humanismo mexicano, centrado en el bienestar de quienes menos tienen. A partir de esta visión, se retoman los principios rectores de la gestión territorial establecidos en la ENOT 2020-2024.
6.3 Relevancia del objetivo 3: Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo
Los esfuerzos de mediados del siglo XX en México no fueron suficientes para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada. En la década de los ochenta, las ciudades continuaron su crecimiento, muchas veces de forma irregular y sin planeación; la industria de la vivienda era incipiente, aunque en crecimiento. Únicamente los trabajadores del sector privado parecían tener garantizado un mecanismo de financiamiento a la vivienda. Ante esta situación, se crearon instituciones como el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (establecido en 1985), enfocadas en atender a otra parte de la población, que hasta entonces carecía de los satisfactores de la seguridad social. No obstante, incluso estas acciones fueron insuficientes para atender las crecientes necesidades de vivienda en el país.
Hacia la última década del siglo XX, iniciaron grandes procesos de privatización y desmantelamiento del Estado. Bajo este paradigma se asumía que las fuerzas de mercado, por sí mismas, cubrirían las deficiencias en la provisión de bienes y servicios que demandaba la población, incluida la vivienda. Lo anterior supuso la adopción de un modelo de desarrollo de vivienda expansivo, horizontal y de bajo costo, que se llevó a cabo sin considerar criterios para asegurar la calidad de la vivienda y una ubicación próxima a los servicios urbanos y centros de trabajo. Un modelo que, entre 1980 y 2010, provocó que la superficie de las ciudades con más de 50 mil habitantes se extendiera en promedio tres veces más rápido que el crecimiento de su población(67).
Este modelo de vivienda, que fue altamente rentable en la primera década del siglo XXI, dejó fuera a la producción social de la vivienda, a comunidades organizadas en métodos tradicionales de construcción, entre otros. Se dejó de lado a casi cualquier política pública de gran escala dirigida a las necesidades de poblaciones con mayor marginación social y rezago. Se privilegió un modelo donde las grandes instituciones de vivienda (INFONAVIT y FOVISSSTE) se limitaron al otorgamiento de créditos, expandiéndose el mercado y la industria. Al paso de una década, ese modelo tuvo graves consecuencias; al no encontrarse una fórmula de coordinación adecuada entre los distintos niveles de gobierno para el desarrollo urbano, la vivienda no siempre respondió a las necesidades culturales y climáticas de cada zona geográfica, se desarrolló sin servicios públicos, alejada de los centros de trabajo y de satisfactores como transporte público y escuelas.
Aunque los esfuerzos por aumentar el acceso a una vivienda adecuada han sido constantes e indicadores como la reducción del rezago habitacional muestran resultados positivos, la población mexicana, sobre todo aquella en situación de pobreza, continúa enfrentando barreras económicas y estructurales que limitan su acceso a financiamientos o mecanismos de renta. Lo que impide
garantizar su derecho humano a una vivienda adecuada y sustentable en entornos justos y equitativos, profundizando así las condiciones de vulnerabilidad social y desigualdad territorial. Como muestra, se debe puntualizar que, en 2022, 33.5% de las viviendas particulares habitadas no tenían agua de forma cotidiana; 17.8% de la población carecía de servicios básicos en la vivienda; 24.3% de las viviendas no contaban con escrituras; 46% de las viviendas rentadas no tenían un contrato de arrendamiento(68).
Por tal motivo, desde la SEDATU se coordinarán esfuerzos para alcanzar el objetivo de incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada, con políticas públicas que atiendan los diferentes aspectos del bienestar, tanto en el entorno local como en la vivienda, para promover un enfoque integral de los territorios, incidiendo desde cada uno de los siete elementos (seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural) para contribuir con su pleno desarrollo.
La implementación de las estrategias y acciones del presente Programa tendrán un impacto real para atender el déficit de vivienda adecuada de la población y en el entorno inmediato, incidiendo en la cercanía de la vivienda respecto a los centros de trabajo, educación, salud o esparcimiento, e impulsando la vida en comunidad.
Además, gracias al compromiso presidencial 48, con la construcción de vivienda adecuada directamente por la CONAVI, se contribuye al bienestar de las familias mexicanas y se impulsa la economía a través de la industria de la construcción.
6.4 Relevancia del objetivo 4: Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a la ciudadanía, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información
La SEDATU es una de las dependencias más jóvenes de la organización actual de administración pública federal, ya que se creó en 2013 a partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de ese año. Con su creación, se dio por concluido un proceso de extinción de facto de la Secretaría de la Reforma Agraria, impulsada por la reforma constitucional de 1992 y la expedición, consecuente, de la Ley Agraria(69).
Ante este proceso de renovación organizacional, la consolidación de las estructuras institucionales y la profesionalización de las personas servidoras que la integran el ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano resulta un tema fundamental. La SEDATU tiene presencia permanente en las 32 entidades federativas, como uno de los medios para transversalizar el enfoque territorial de las políticas públicas, elemento que la convierte en una dependencia fundamental de la estructura actual de la APF, pero también en un nodo de vinculación del gobierno federal con las autoridades locales y con las personas que habitan cada uno de los estados de la república.
Al iniciar el sexenio 2018-2024, la SEDATU establece la "convicción de que toda política pública debía traducirse en programas y proyectos concretos que tendrían como base una visión de derechos humanos y combate a la corrupción, dirigiendo su actuación de tres maneras fundamentales"(70):
1. Dirigiendo subsidios para vivienda a familias afectadas por los sismos de 2017 y 2018.
2. Revalorizando a los núcleos agrarios y a las personas que los habitan como agentes de cambio con derecho a decidir, impulsando la resolución de conflictos y la certeza jurídica, y la justicia para pueblos indígenas.
3. Una coordinada participación de la Secretaría y sus entidades paraestatales agrupadas para contribuir en el logro de una nueva política territorial y de proyectos prioritarios como el Tren Interoceánico, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Ahora, en el segundo piso de la transformación, es preciso consolidar el liderazgo del sector para responder de manera adecuada a sus responsabilidades en materia agraria, de ordenamiento territorial y de vivienda adecuada, por lo que con el objetivo cuatro se refrenda el compromiso con una gestión de resultados al impulsar una gestión innovadora, eficiente y centrada en la mejora de atención a la ciudadanía, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.
Por medio de este objetivo, se busca impulsar aún más el carácter democrático de la información que produce y gestiona el Ramo 15, no solo como un insumo fundamental para que las autoridades y actores de todos los órdenes de gobierno puedan hacer uso de ella en sus procesos de planeación y desarrollo territorial, sino también como una forma de comunicarse con las personas. Es importante mencionar que por las características de la información que produce el Ramo 15, da cuenta del desarrollo agrario, territorial del país, e incluso es susceptible de formar parte del segundo archivo más importante, el Archivo General Agrario. El impulso de la transparencia y rendición de cuentas pone a disposición de la ciudadanía esta evolución histórica.
Asimismo, este objetivo está alineado con el eje transversal 2 del PND, "Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional" toda vez que, con mecanismos digitales en los trámites y servicios, así como la automatización de los procesos, mejora la calidad y resultados del Ramo 15. Aunado a que es un mecanismo eficiente de combate a la corrupción ya que deja registro de las acciones y decisiones de las personas servidoras públicas, así como del uso del recurso público. También se dará continuidad a la implementación de procesos de mejora continua, profesionalización del personal y modernización de sistemas de gestión que permiten una operación más eficiente, transparente y orientada a resultados.
Parte fundamental de este esfuerzo ha sido el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y el impulso a mecanismos de planeación, evaluación y seguimiento que favorecen una toma de decisiones informada y basada en evidencia. Asimismo, se ha trabajado en la actualización de plataformas digitales y herramientas tecnológicas que optimizan los servicios a la ciudadanía, facilitan el acceso a la información pública y reducen tiempos y costos administrativos.
Por último, este objetivo no solo busca la mejora en los procesos de la Secretaría y su sector coordinado; sino tiene el interés de establecer las bases para consolidar a la Secretaría como una organización que brinda resultados en beneficio de las personas, que reconoce la importancia de las actividades sustantivas de sus unidades administrativas, y también de las que brindan el apoyo transversal para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025-2030
| Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano 2030
| Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025
- 2030
| Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo
2025 - 2030
|
| 1. Mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas | 1.2
| 1.2.1
|
| 3.7
| 3.7.3
|
| 4.2
| 4.2.2
|
| 4.5
| 4.5.10
|
| 4.6
| 4.6.8
|
| Transversal 1.1
| Transversal 1.1.3
|
| Transversal 1.3
| Transversal 1.3.1
Transversal 1.3.2
|
| Transversal 3.2
| Transversal 3.2.1
Transversal 3.2.3
|
| Transversal 3.4
| Transversal 3.4.5
|
| 2. Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental | 2.2
| 2.2.3
|
| 2.10
| 2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
|
| 3.7
| 3.7.1
3.7.2
|
| 3.9
| 3.9.1
|
| 4.3
| 4.3.2
|
| 4.5
| 4.5.9
|
| Transversal 1.1
| Transversal 1.1.4
Transversal 1.1.6
|
| Transversal 3.6
| Transversal 3.6.5
|
| 3. Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo | 2.9
| 2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
|
| Transversal 1.1
| Transversal 1.1.3
|
| Transversal 3.6
| Transversal 3.6.3
|
| 4. Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a las personas, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información | 1.3
| 1.3.1
1.3.4
|
| 1.4
| 1.4.2
|
| 1.7
| 1.7.4
|
| Transversal 1.2
| Transversal 1.2.6
|
| Transversal 2.1
| Transversal 2.1.2
|
| Transversal 2.2
| Transversal 2.2.5
|
7. Estrategias y líneas de acción
Con base en el diagnóstico presentado, así como en los retos estructurales y oportunidades detectadas en el ámbito del desarrollo territorial, se plantean a continuación las estrategias y líneas de acción orientadas a alcanzar los objetivos sectoriales propuestos, mismas que buscan articular los esfuerzos institucionales con un enfoque territorial, transversal e intersectorial, promoviendo soluciones integrales en materia de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario, movilidad, gestión de riesgos, catastro y capacidades adaptativas.
Objetivo 1. Mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas
Estrategia 1.1 Impulsar la integración de los territorios rurales con las zonas urbanas desde una visión sistémica de complementariedad territorial, para contribuir a que la prosperidad sea compartida
| Líneas de acción
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| 1.1.1 Promover la integración territorial rural mediante la incorporación de núcleos agrarios no certificados al Sistema de Modernización Catastral y Registral, así como la asistencia técnica y regularización de derechos agrarios |
| 1.1.2 Promover la integración rural-urbana mediante la planeación territorial con enfoque de complementariedad, considerando vocaciones productivas y límites agrario-urbanos |
| 1.1.3 Promover la inclusión del sector agrario en instrumentos de ordenamiento regional y metropolitano, mediante lineamientos técnicos y mesas de trabajo |
| 1.1.4 Coadyuvar en el desarrollo de mecanismos de coordinación interinstitucional para conservar el patrimonio natural y promover el uso sustentable del territorio agrario, mediante convenios, mesas técnicas y acciones conjuntas |
| 1.1.5 Mejorar la seguridad jurídica agraria a través del fortalecimiento del pleno ejercicio de derechos en ejidos y comunidades, así como la atención eficaz del rezago agrario |
| 1.1.6 Promover mecanismos de integración institucional entre el sector agrario y gobiernos territoriales, mediante convenios de colaboración y plataformas de coordinación, para mejorar el ordenamiento y la conservación del territorio |
| 1.1.7 Promover la inclusión de enfoques de cuenca y zonas ambientales en la planeación territorial, mediante lineamientos técnicos y talleres regionales, para fortalecer la participación de pueblos originarios en el cuidado ambiental |
| 1.1.8 Ampliar los canales de comunicación e interacción con las personas sujetas agrarias, mediante jornadas itinerantes, medios digitales y de centros de atención |
| 1.1.9 Promover y brindar asistencia técnica en trámites agrarios relacionados con la regularización y transmisión de derechos, mediante brigadas territoriales y módulos de atención, para contribuir al ordenamiento de la propiedad social |
| 1.1.10 Considerar mecanismos de cooperación con autoridades competentes para la atención a las comunidades agrarias, mediante mesas de trabajo interinstitucional y promoción de acuerdos en conjunto con núcleos agrarios para la gestión del ordenamiento agrario |
Estrategia 1.2 Implementar acciones para que las personas que habitan en ejidos y comunidades agrarias conozcan y ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad sustantiva y sin discriminación, contribuyendo a un ambiente de paz
| Líneas de acción
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| 1.2.1 Implementar acciones para que las personas sujetas agrarias conozcan y ejerzan sus derechos sin discriminación, mediante jornadas de información, acompañamiento jurídico y formación con enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y participación |
| 1.2.2 Considerar acciones para garantizar el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra y prevenir la violencia patrimonial, mediante asesoría jurídica, vinculación con programas y acciones territoriales |
| 1.2.3 Promover mecanismos de atención territorial con enfoque de derechos, mediante jornadas de trabajo, formación comunitaria y acompañamiento técnico, para fortalecer la democracia interna y la cooperación en núcleos agrarios |
| 1.2.4 Desarrollar mecanismos de trabajo colegiado en el sector agrario, mediante mesas técnicas interinstitucionales y agendas de seguimiento, para resolver conflictos en núcleos agrarios |
| 1.2.5 Verificar la participación de ejidos y comunidades en proyectos de ordenamiento regional y metropolitano, mediante revisiones técnicas, asistencia en campo y coordinación interinstitucional, promoviendo el reconocimiento de derechos y la protección de tierras productivas |
| 1.2.6 Diseñar una estrategia informativa con enfoque diferenciado y cultural para promover el acceso a trámites, mediante materiales, campañas territoriales y coordinación con núcleos agrarios |
| 1.2.7 Expedir constancias registrales sobre derechos agrarios, padrones e inscripciones, mediante la digitalización de trámites, módulos de atención territorial y procesos accesibles, para brindar certeza jurídica sobre la propiedad ejidal y comunal |
Estrategia 1.3 Fortalecer las acciones de ordenamiento de la propiedad rural para otorgar certeza jurídica de la tenencia de la tierra en los núcleos agrarios, reconociendo la importancia de preservar el patrimonio cultural y medioambiental
| Líneas de acción
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| 1.3.1 Promover el ordenamiento territorial agrario mediante estudios técnicos, validación documental y coordinación interinstitucional, para otorgar certeza jurídica a núcleos agrarios, respetando la vocación del suelo y las áreas naturales protegidas |
| 1.3.2 Coordinar con autoridades agrarias y ambientales mediante mesas técnicas y convenios, para garantizar los derechos de tenencia de núcleos agrarios e impulsar el aprovechamiento sostenible en apego a la ley |
| 1.3.3 Realizar procesos de atención a problemas y conflictos agrarios con el enfoque de ordenamiento territorial mediante la generación de perfil de la propiedad social de acuerdo con la ENOT y el registro de conflictos y problemas en cada entidad |
| 1.3.4 Instrumentar acciones de conservación de parcelas ejidales y unidades agrícolas para la mujer, mediante acompañamiento técnico, promoción de reglamentos internos y fortalecimiento organizativo en núcleos agrarios |
| 1.3.5 Coadyuvar en los proyectos de ordenamiento territorial en núcleos agrarios, mediante procesos participativos, acompañamiento y asistencia técnica |
Estrategia 1.4 Contribuir en la implementación de los planes de justicia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para reducir las brechas de desigualdad social y económica
| Líneas de acción
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| 1.4.1 Promover la implementación de los Planes de Justicia y en la preservación del patrimonio cultural y natural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante el reconocimiento y restitución de su territorio |
| 1.4.2 Apoyar los mecanismos para la mediación y conciliación de conflictos agrarios, mediante la disposición de espacios de diálogo y el respeto de los intereses de las personas sujetas agrarias |
| 1.4.3 Reconocer los territorios de pueblos indígenas y afromexicanos de acuerdo con sus sistemas normativos, fundamentado en sus cosmovisiones, mediante estudios técnicos, acompañamiento jurídico y coordinación interinstitucional, para otorgar certeza jurídica |
| 1.4.4 Incluir acuerdos con pueblos indígenas en planes de ordenamiento regional y metropolitano, mediante mesas de seguimiento y asistencia técnica, para garantizar su cumplimiento y fortalecer su participación territorial |
| 1.4.5 Promover el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas y afromexicanos en los núcleos agrarios, mediante la coordinación de propuestas desde el territorio y su canalización a las instancias competentes para su análisis y posible incorporación normativa |
| 1.4.6 Registrar los títulos de propiedad comunal tradicional colectiva de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para que obtengan certeza jurídica y documental derivados de los decretos presidenciales |
| 1.4.7 Brindar asistencia técnica en los planes de justicia y desarrollo de pueblos indígenas, mediante acompañamiento territorial y metodologías participativas, respetando la planeación propia de sus autoridades tradicionales |
| 1.4.8 Habilitar el sistema catastral del RAN mediante la generación de capas geoespaciales sobre propiedad comunal tradicional, con base en información técnica y normativas territoriales de pueblos y comunidades indígenas |
Estrategia 1.5 Desarrollar mecanismos para facilitar la participación de ejidos y comunidades agrarias en procesos de planeación y ejecución de proyectos de desarrollo regional, a fin de que se integren sus necesidades y se respeten sus derechos
| Líneas de acción
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| 1.5.1 Promover que los programas territoriales vinculados a proyectos de desarrollo regional integren las necesidades de comunidades y núcleos agrarios, mitiguen impactos negativos y fortalezcan el desarrollo económico local mediante criterios de planeación participativa |
| 1.5.2 Brindar asesoría y acompañamiento en procesos jurídicos y organizativos que fortalezcan la economía social en núcleos agrarios mediante la elaboración de reglamentos, actas y acuerdos de cooperación comunitaria |
| 1.5.3 Diseñar programas de capacitación y sensibilización sobre derechos agrarios de mujeres en comunidades rurales y núcleos de población ejidal y comunal, mediante campañas y caravanas en coordinación con núcleos agrarios, con énfasis en regiones con alta población indígena y afromexicana |
| 1.5.4 Establecer las acciones de coordinación entre dependencias del sector agrario para facilitar la regularización de la propiedad social y vincular a núcleos agrarios con esquemas asociativos como cooperativas para el fortalecimiento de la economía social |
| 1.5.5 Coordinar con dependencias competentes acciones de fomento productivo y organización social en núcleos agrarios, mediante acompañamiento territorial con enfoque de género, derechos y pertinencia cultural |
| 1.5.6 Promover el acercamiento de trámites a las mujeres en la propiedad social, para que la obtención de la titularidad y de derechos agrarios se otorguen con perspectiva de género e interculturalidad a través de caravanas |
| 1.5.7 Operar el Consejo Consultivo Nacional para la igualdad de género en la propiedad social, mediante sesiones periódicas y seguimiento a propuestas, para fortalecer la participación de mujeres en la propiedad social |
| 1.5.8 Reforzar las capacidades administrativas y de gestión de cooperativas agrarias a través de talleres, asesorías y materiales didácticos adaptados |
| 1.5.9 Promover mecanismos financieros comunitarios para el desarrollo productivo en núcleos agrarios, mediante fondos rotatorios y esquemas de financiamiento solidario |
Estrategia 1.6 Atender los conflictos agrarios privilegiando la conciliación de intereses y la concertación de acuerdos en amigable composición, como vía preferente para la solución de estos, para un campo en paz
| Líneas de acción
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| 1.6.1 Detectar los asuntos con mayor grado de conflictividad para su atención oportuna e inmediata, por medio de las Oficinas de Representación en los estados y los asesores especializados |
| 1.6.2 Agilizar la atención y solución de los conflictos, mediante la coordinación con las instituciones y áreas administrativas involucradas |
| 1.6.3 Dar seguimiento a los asuntos concluidos en atención a conflictos agrarios mediante acciones de coordinación interinstitucional para garantizar la certeza jurídica de la tenencia de la tierra |
| 1.6.4 Implementar caravanas para mujeres en la propiedad social mediante una coordinación interinstitucional que promueva que las mujeres puedan acceder a sus derechos agrarios desde sus territorios |
| 1.6.5 Promover acciones de mejora continua en materia de igualdad de género mediante procesos de sensibilización, capacitaciones, talleres, asambleas y campañas nacionales que permitan conocer sobre los derechos de las mujeres en el ámbito agrario |
| 1.6.6 Apoyar la elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico, social y sustentable en los ejidos y comunidades agrarias, brindándoles acompañamiento técnico y capacitación |
| 1.6.7 Promover el ordenamiento territorial participativo en la propiedad social de la tierra, mediante la promoción de acciones para el aprovechamiento y uso sustentable de recursos naturales, a favor de las y los sujetos agrarios |
| 1.6.8 Implementar un sistema de seguimiento a los acuerdos de conciliación y mediación agraria, mediante reportes periódicos, visitas de verificación y coordinación con autoridades locales, para garantizar su cumplimiento y prevenir nuevos conflictos |
| 1.6.9 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional mediante mesas técnicas, rutas de actuación compartidas y convenios, para atender conflictos agrarios con factores territoriales, sociales o ambientales complejos |
Estrategia 1.7 Instrumentar mecanismos alternativos para la prevención y solución de controversias como la mediación y negociación, para concretar acuerdos justos y equitativos entre las personas propietarias de la tierra y las empresas que desarrollen e implementen proyectos energéticos en el país
| Líneas de acción
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| 1.7.1 Realizar un acercamiento con los promoventes de proyectos energéticos del país mediante procesos de capacitación para garantizar el correcto inicio de negociaciones y debida integración de sus expedientes |
| 1.7.2 Coordinar acciones con las oficinas de representación para difundir, mediante reuniones informativas y materiales digitales, los derechos de las personas titulares de la tierra donde se desarrollarán proyectos energéticos |
| 1.7.3 Iniciar procesos de negociación a solicitud de las personas titulares de la tierra ante el desarrollo de proyectos energéticos a través de la instrumentación de un canal de comunicación directa con las Oficinas de Representación |
| 1.7.4 Promover el acceso a la titularidad de derechos agrarios a favor de las mujeres mediante servicios de asesoría y acompañamiento para la posterior inscripción, expedición y entrega de documentos |
| 1.7.5 Apoyar a las mujeres en la presentación de solicitudes para cambiar de calidad agraria de posesionaria a ejidataria, mediante servicio de asesoría y acompañamiento |
| 1.7.6 Brindar servicios de representación legal para que las mujeres obtengan la titularidad de derechos de tierras de propiedad social, mediante asesorías jurídicas en juicios agrarios |
| 1.7.7 Implementar un sistema integral de atención y seguimiento que facilite la gestión oportuna a las peticiones y problemáticas que presenten las personas sujetas agrarias y las organizaciones campesinas, mediante mesas colegiadas de trabajo, registro conjunto de agendas y de acuerdos |
| 1.7.8 Diseñar e implementar acciones con perspectiva de género en todos los procesos de atención y concertación con las organizaciones campesinas, mediante la capacitación, acompañamiento en jornadas de atención como sector agrario, formulación de convenios y acuerdos |
| 1.7.9 Reforzar capacidades locales para la resolución de controversias mediante talleres regionales de formación en mecanismos de mediación agraria dirigidos a núcleos agrarios, organizaciones campesinas y autoridades locales |
Objetivo 2. Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental
Estrategia 2.1 Impulsar acciones de planeación territorial con enfoque de sistema socioecológico entre las autoridades federales y locales de distintas escalas para garantizar el aprovechamiento de los territorios y la justicia espacial
| Líneas de acción
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| 2.1.1 Promover la planeación territorial regional, estatal, metropolitana y municipal mediante capacitaciones y foros para fortalecer su integración y alineación con la política nacional |
| 2.1.2 Promover la elaboración y actualización de instrumentos de ordenamiento territorial con enfoque de sistema socioecológico, mediante asistencia técnica, convocatorias públicas y metodologías participativas que incorporen derechos humanos, perspectiva de género, inclusión y gestión de riesgos |
| 2.1.3 Promover metodologías de planeación regional participativa que integren justicia espacial, conservación ambiental y productividad sostenible, mediante el diseño de guías técnicas, talleres regionales y ejercicios de colaboración interinstitucional |
| 2.1.4 Promover el desarrollo de plataformas digitales de información conjunta mediante convenios de colaboración, interoperabilidad entre sistemas y mecanismos de consulta abiertos y accesibles, para facilitar la actualización de programas territoriales e incentivar la participación de núcleos agrarios |
| 2.1.5 Diseñar la política nacional territorial e impulsar su adopción a través de la conducción del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y otras acciones de coordinación intergubernamental y asistencia técnica |
| 2.1.6 Diseñar e implementar un sistema nacional de seguimiento y evaluación de instrumentos locales de planeación territorial, mediante la integración de bases de datos interoperables, desarrollo de indicadores de justicia territorial y acciones de capacitación institucional para su mejora continua |
| 2.1.7 Promover la adopción de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y su implementación mediante asistencia técnica, lineamientos operativos y acompañamiento a estados y municipios en la actualización de sus instrumentos de planeación |
| 2.1.8 Coordinar acciones interinstitucionales que integren políticas de gestión de riesgos y medio ambiente en los procesos de planeación territorial, mediante mesas de trabajo, convenios de colaboración y alineación programática entre dependencias |
| 2.1.9 Promover el ordenamiento territorial, urbano y ambiental de los asentamientos humanos irregulares, a través de proyectos de regularización concertada |
| 2.1.10 Otorgar asesoría a integrantes de las instancias de gobernanza metropolitana del país mediante la elaboración de materiales técnicos, sesiones de capacitación y acompañamiento metodológico, para mejorar su incidencia en la planeación participativa y la gestión de la política pública |
Estrategia 2.2 Promover la transversalización de los derechos humanos, la participación social, la perspectiva de género e inclusión, la gestión integral de riesgos y el enfoque de cuenca y acuífero en las políticas e instrumentos de ordenamiento territorial
| Líneas de acción
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| 2.2.1 Promover la transversalización de derechos humanos, género, inclusión, enfoque de cuenca y gestión de riesgos en los programas de ordenamiento territorial mediante difusión, capacitación y asistencia técnica |
| 2.2.2 Coadyuvar a que los programas de ordenamiento metropolitano y territorial incluyan enfoques de igualdad, participación indígena, y disminución de brechas sociales y de género, mediante su revisión y alineación técnica |
| 2.2.3 Brindar asistencia técnica y metodológica a autoridades locales para la incorporación efectiva de enfoques transversales en sus instrumentos de planeación, mediante guías operativas, talleres regionales y acompañamiento en el diseño o actualización de dichos instrumentos |
| 2.2.4 Desarrollar y aplicar lineamientos y procedimientos para asegurar que los proyectos metropolitanos cumplan con sus objetivos en equidad, sostenibilidad y participación, mediante mecanismos de validación técnica, evaluación de impactos y consultas con actores locales |
| 2.2.5 Promover la inclusión de criterios de no discriminación, igualdad sustantiva e inclusión en redes de infraestructura básica en zonas marginadas, mediante la emisión de guías técnicas y/o criterios de diseño; así como el acompañamiento a autoridades locales en la formulación de proyectos |
| 2.2.6 Incluir a núcleos agrarios en procesos de conservación, manejo de riesgos y ordenamiento del territorio a través de la creación y difusión de espacios participativos |
| 2.2.7 Desarrollar y difundir metodologías para la protección de recursos naturales y gestión de riesgos con enfoque equitativo, mediante talleres técnicos, publicaciones digitales y asistencia a gobiernos locales para su implementación |
| 2.2.8 Promover que los programas presupuestarios con reglas de operación integren criterios de gestión de riesgos mediante asistencia técnica |
| 2.2.9 Coadyuvar a fomentar procesos participativos y colaborativos que garanticen la inclusión de grupos vulnerables en el diseño de instrumentos territoriales, mediante convocatorias abiertas, metodologías de consulta comunitaria y vinculación con organizaciones sociales |
| 2.2.10 Sistematizar mecanismos de seguimiento y evaluación sobre la incorporación de enfoques transversales en instrumentos territoriales, mediante indicadores específicos, plataformas de reporte y herramientas de análisis institucional |
Estrategia 2.3 Promover políticas de movilidad sustentable, segura, accesible e incluyente, para mejorar la conectividad del territorio, la prosperidad de las regiones y el bienestar de las personas
| Líneas de acción
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| 2.3.1 Coordinar la regularización y liberación del derecho de vía para la construcción de 3,000 km de líneas de tren de pasajeros, mediante procesos de gestión, acuerdos y actualización registral |
| 2.3.2 Promover acuerdos y convenios de coordinación entre las instancias de planeación territorial y las de gestión de la movilidad en zonas metropolitanas, mediante mesas técnicas, lineamientos operativos y asistencia institucional, para fortalecer sistemas de movilidad integrada y sustentable |
| 2.3.3 Revisar los proyectos de ordenamiento territorial a escala regional mediante criterios técnicos y mesas de validación interinstitucional, para verificar que integren redes de transporte interestatal y obras de conectividad que mejoren la movilidad de la población |
| 2.3.4 Integrar en la normativa de los Institutos Metropolitanos de Planeación y Observatorios Ciudadanos, criterios de alineación a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y de Movilidad, mediante propuestas normativas, guías técnicas y procesos de revisión conjunta |
| 2.3.5 Establecer lineamientos técnicos para integrar criterios de movilidad sostenible, seguridad vial, accesibilidad e inclusión en los instrumentos de ordenamiento territorial, mediante mesas de trabajo, asistencia técnica y vinculación con sistemas locales de movilidad |
| 2.3.6 Promover la armonización normativa en entidades federativas y municipios, mediante asesoría jurídica, elaboración de propuestas modelo y espacios de diálogo institucional, para alinear sus marcos legales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y el PNOTDU |
| 2.3.7 Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación de la cobertura, accesibilidad y seguridad de los sistemas de movilidad en zonas con alta marginación territorial, mediante indicadores diferenciados, recolección de datos georreferenciados y participación comunitaria con enfoque de inclusión |
| 2.3.8 Promover en coordinación con autoridades locales el apoyo de infraestructura con enfoque de movilidad y habitabilidad del espacio público, mediante proyectos de intervención urbana para mejorar el acceso a servicios y actividades a nivel regional, urbano y comunitario |
| 2.3.9 Incluir en los programas de la SEDATU, criterios técnicos de planeación y diseño para incrementar el acceso de las personas a sistemas e infraestructura de movilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y normas oficiales mexicanas |
Estrategia 2.4 Promover mecanismos para la gestión del suelo asequible que prioricen su función de bienestar social para la población y equilibrio ambiental
| Líneas de acción
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| 2.4.1 Coordinar con dependencias y entidades responsables de acciones de vivienda para el bienestar, mediante mesas técnicas, convenios y asistencia en planeación, a fin de incorporar reservas de suelo urbanizable en los programas de ordenamiento territorial y promover un crecimiento urbano ordenado |
| 2.4.2 Verificar, mediante la revisión, que los planes de ordenamiento metropolitano y estatal utilicen metodologías de análisis de aptitud del suelo alineadas al marco de planeación en materia ecológica y de gestión integral de riesgos, a fin de lograr su congruencia |
| 2.4.3 Revisar los programas de ordenamiento metropolitano y regional mediante criterios técnicos, matrices de evaluación y procesos participativos, para verificar que integren acciones que promuevan acceso equitativo y equilibren cargas y beneficios del desarrollo |
| 2.4.4 Generar herramientas de coordinación con los gobiernos locales en el buen uso, apropiación y mantenimiento de los equipamientos y espacios públicos promovidos por la SEDATU, mediante la implementación de mecanismos o campañas de sensibilización |
| 2.4.5 Apoyar a generar oferta de suelo apto y asequible para la vivienda, a través del diseño, ejecución e inscripción de proyectos de gestión de suelo en la cartera de proyectos de inversión en la SHCP |
| 2.4.6 Promover la capacitación de actores locales involucrados en la gestión del suelo, mediante la provisión de cursos y asistencias técnicas |
| 2.4.7 Identificar zonas con demanda de suelo asequible, con base en indicadores socioespaciales, ambientales y de accesibilidad a servicios a través del diseño de metodologías |
| 2.4.8 Desarrollar lineamientos técnicos para la gestión de reservas territoriales con criterios de sostenibilidad, habitabilidad y conexión con redes de infraestructura, mediante la elaboración de guías metodológicas, instrumentos normativos y vinculación con autoridades locales |
| 2.4.9 Promover la regularización de lotes, ubicados en asentamientos humanos irregulares, de la población en situación de marginación o rezago social mediante subsidio, para otorgar certeza jurídica |
Estrategia 2.5 Fortalecer las capacidades adaptativas de los asentamientos humanos ante el cambio climático, a través del ordenamiento territorial, coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, los sectores social y privado; la academia y la población
| Líneas de acción
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| 2.5.1 Implementar la NOM-SEDATU-003-2023 que establece los lineamientos para el fortalecimiento del sistema territorial para resistir, adaptarse y recuperarse ante amenazas de origen natural y del cambio climático a través del ordenamiento territorial |
| 2.5.2 Promover la incorporación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en la construcción de redes de infraestructura en comunidades marginadas, mediante lineamientos técnicos, asistencia en diseño de proyectos y coordinación con autoridades locales |
| 2.5.3 Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con la academia y los sectores privado y social, mediante mesas de diálogo, convenios de colaboración y elaboración conjunta de agendas territoriales, para fortalecer una planeación orientada a la mitigación y adaptación al cambio climático |
| 2.5.4 Promover la incorporación de instrumentos financieros internacionales en zonas metropolitanas, mediante asesoría técnica, vinculación con organismos multilaterales y generación de carteras de proyectos alineadas a metas de reducción de emisiones y movilidad no motorizada |
| 2.5.5 Incluir en la agenda de los espacios de diálogo de las metrópolis, la gestión de riesgos y los efectos del cambio climático, a fin de fortalecer la reflexión y el diseño de políticas en estos temas a través de la coordinación con actores especializados |
| 2.5.6 Elaborar y actualizar instrumentos de planeación con enfoque territorial multiescalar, mediante metodologías participativas, asistencia técnica y análisis de vulnerabilidad, para reducir desigualdades de habitabilidad y enfrentar el cambio climático en coordinación con autoridades y población |
| 2.5.7 Promover el ordenamiento territorial para mitigar los impactos y efectos adversos por la ocurrencia de fenómenos naturales o de cambio climático, mediante la elaboración de estudios en coordinación con los gobiernos locales y la población con un enfoque regional, estatal, metropolitano y municipal |
| 2.5.8 Orientar el ordenamiento territorial de asentamientos humanos hacia zonas de menor riesgo climático, mediante instrumentos de adaptación territorial y aplicables en la planeación estatal y municipal |
| 2.5.9 Coordinar acciones con municipios vulnerables al cambio climático y zonas susceptibles al aumento del nivel del mar, mediante instrumentos de adaptación territorial, para promover políticas locales de capacidad adaptativa y adaptación climática |
| 2.5.10 Contribuir al ordenamiento de los asentamientos humanos mediante asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales, para implementar medidas de prevención y diseñar instrumentos de planeación con enfoque multiescalar |
Estrategia 2.6 Promover el fortalecimiento del marco normativo del ordenamiento territorial para lograr mayor congruencia entre las políticas públicas y la gestión integral del territorio
| Líneas de acción
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| 2.6.1 Promover la armonización normativa en asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en estados y municipios, mediante diagnósticos legales y acompañamiento técnico para su adopción alineada con la legislación federal |
| 2.6.2 Actualizar los criterios de delimitación de zonas metropolitanas y conurbadas del país, y promover su validación a través de mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales |
| 2.6.3 Promover reglamentos de gestión metropolitana y mecanismos de coordinación en zonas metropolitanas, mediante lineamientos normativos y asistencia técnica, para mejorar la implementación de planes y programas |
| 2.6.4 Coordinar el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial desde su Órgano Técnico de Apoyo, a través de la articulación con las entidades federativas de la implementación de la ENAMOV 2023-2042, con énfasis en las acciones prioritarias de corto plazo |
| 2.6.5 Promover la observancia de las NOM e instrumentos técnicos en proyectos de infraestructura de la SEDATU en otras dependencias mediante lineamientos internos, mecanismos de supervisión y espacios de coordinación interinstitucional |
| 2.6.6 Promover la integración del ordenamiento territorial bajo un enfoque de sistema socioecológico del territorio, a través de la elaboración de lineamientos técnicos |
| 2.6.7 Identificar terrenos nacionales para la implementación de proyectos integrales de desarrollo territorial con enfoque social y ambiental mediante el establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional |
| 2.6.8 Desarrollar e implementar la operación y funcionamiento del Sistema de Información Territorial y Urbano |
| 2.6.9 Diseñar e implementar el sistema de seguimiento y evaluación de la Política Territorial, mediante indicadores clave e integración de plataformas, para facilitar decisiones informadas y mejorar el ordenamiento territorial |
Objetivo 3. Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo
Estrategia 3.1 Coordinar la implementación de acciones e impulso al financiamiento de vivienda adecuada en el territorio nacional, aumentando la diversidad de opciones para toda la población para disminuir el déficit habitacional
| Líneas de acción
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| 3.1.1 Reforzar las capacidades institucionales para el diseño, financiamiento y ejecución de programas habitacionales con enfoque social, mediante la participación de la Secretaría en los diferentes órganos colegiados de los ONAVI e INSUS. |
| 3.1.2 Consolidar esquemas de financiamiento o subsidio para vivienda asequible mediante la coordinación con organismos nacionales y locales, dirigidos a jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y personas con y sin derechohabiencia con bajos ingresos |
| 3.1.3 Dar seguimiento a los mecanismos de apoyo financiero para vivienda, que contemplen la condonación de deudas por intereses excesivos, priorizando a personas afiliadas con bajos ingresos, mediante el intercambio de información con los ONAVI respecto de los avances en la materia |
| 3.1.4 Promover programas de acceso a vivienda adecuada para población en situación de vulnerabilidad, mediante subsidios, asistencia técnica y mecanismos de producción, contribuyendo a reducir desigualdades territoriales |
| 3.1.5 Apoyar el acceso efectivo a vivienda adecuada mediante criterios de priorización en programas de vivienda para mujeres, personas con discapacidad, indígenas y afromexicanas, reduciendo el rezago habitacional diferenciado |
| 3.1.6 Otorgar subsidios de vivienda adecuada para sectores de menores ingresos y grupos en situación de vulnerabilidad mediante la revisión y actualización de reglas de operación de programas y la coordinación con gobiernos locales |
| 3.1.7 Diseñar e implementar programas de vivienda para jóvenes mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, coordinando con organismos de vivienda y ajustando condiciones a su perfil socioeconómico |
| 3.1.8 Promover esquemas de financiamiento y vivienda para jóvenes mediante coordinación con instancias del sector, priorizando zonas urbanas con alta concentración juvenil y rezago habitacional |
Estrategia 3.2 Fortalecer el marco normativo que asegure la disponibilidad de suelo apto en entornos adecuados para vivienda, en coordinación con las autoridades en la materia de los tres órdenes de gobierno
| Líneas de acción
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| 3.2.1 Promover un modelo nacional de desarrollo habitacional sustentable y accesible en suelo intraurbano mediante instrumentos que orienten proyectos habitacionales con criterios de densidad y uso eficiente del suelo |
| 3.2.2 Promover la activación estratégica de suelo intraurbano para vivienda y equipamiento, mediante la identificación colaborativa de terrenos aptos y el desarrollo de proyectos de reutilización de predios abandonados o subutilizados |
| 3.2.3 Considerar criterios de gestión integral de riesgos y adaptación territorial, incluyendo factores de cambio climático en la Política de Vivienda, con enfoque preventivo para reducir vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia ante peligros de origen natural |
| 3.2.4 Actualizar la normatividad para impulsar procesos participativos que mejoren la habitabilidad y adecuación cultural de la vivienda, mediante mesas de trabajo con comunidades y personas expertas |
| 3.2.5 Apoyar a las personas que no cuentan con certeza jurídica de su vivienda y que se encuentran en condición de marginación, a través de acciones de regularización de la tenencia del suelo |
| 3.2.6 Identificar suelo disponible para el desarrollo mediante la implementación de criterios técnicos y jurídicos |
| 3.2.7 Coordinar con gobiernos locales la incorporación de reservas territoriales en planes de desarrollo urbano, mediante asesoría técnica y alineación normativa |
| 3.2.8 Establecer mecanismos de revisión técnica espacial para la localización de proyectos de vivienda adecuada, mediante el análisis de las características territoriales y normativas del suelo |
Estrategia 3.3 Impulsar las condiciones de accesibilidad a servicios públicos con que cuentan los espacios habitacionales para contribuir al bienestar de las personas
| Líneas de acción
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| 3.3.1 Implementar un sistema institucional para el registro de las medidas que aseguren la eficiencia energética en las viviendas construidas o mejoradas, a través de la creación de un padrón donde se indiquen los desarrollos a nivel nacional |
| 3.3.2 Implementar estrategias para el uso de materiales regionales y sistemas constructivos locales en autoproducción de vivienda, mediante convocatorias, catálogos técnicos y acompañamiento comunitario |
| 3.3.3 Promover ecotecnologías en programas de mejoramiento y autoproducción de vivienda, mediante lineamientos técnicos, asesoría y coordinación con gobiernos locales |
| 3.3.4 Gestionar la donación y financiamiento para implementar el uso de tecnologías sustentables en vivienda, mediante la colaboración con instituciones financieras, organizaciones de la sociedad civil y otras |
| 3.3.5 Establecer lineamientos para garantizar la eficiencia energética en viviendas mejoradas o nuevas, mediante criterios técnicos específicos |
| 3.3.6 Capacitar al personal técnico en sistemas constructivos alternativos y sostenibles, mediante cursos, talleres y alianzas con instituciones educativas |
| 3.3.7 Promover alianzas con centros de investigación para el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en vivienda, mediante la formalización de convenios de colaboración |
| 3.3.8 Desarrollar un sistema de monitoreo para evaluar tecnologías aplicadas en vivienda, mediante indicadores de desempeño, reportes de impacto y retroalimentación técnica |
Estrategia 3.4 Coordinar la estructuración de espacios públicos con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad, en conjunto con las autoridades locales, para asegurar el acceso a oportunidades de esparcimiento y servicios sociales
| Líneas de acción
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| 3.4.1 Promover las capacidades locales para el desarrollo de mecanismos que coadyuven al acceso a una vivienda adecuada, mediante estrategias de formación con un enfoque basado en derechos humanos |
| 3.4.2 Promover el marco legal, normativo e institucional para garantizar el acceso a la vivienda adecuada, mediante la emisión de lineamientos y capacitación, con enfoque interseccional, de derechos humanos y perspectiva de género |
| 3.4.3 Promover la participación con perspectiva de género a través de la contraloría social para fortalecer y legitimar las instituciones y a la ciudadanía |
| 3.4.4 Promover la organización comunitaria en conjuntos habitacionales mediante comités vecinales para la gestión participativa, cohesión social y desarrollo comunitario |
| 3.4.5 Verificar que los programas de ordenamiento metropolitano y regional incluyan suelo para vivienda del bienestar, mediante revisión técnica y coordinación con autoridades locales |
| 3.4.6 Contribuir a mejorar el acceso e inclusión de las personas a servicios artísticos, culturales, deportivos, descanso, esparcimiento mediante la construcción, ampliación o renovación. del espacio público en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y la comunidad |
| 3.4.7 Considerar la participación comunitaria en el diseño y mejora del espacio público, mediante metodologías participativas que fortalezcan la identidad social y cultural, en coordinación con autoridades locales y los distintos niveles de gobierno |
| 3.4.8 Incorporar y promover criterios de accesibilidad universal, equidad territorial y perspectiva de género en proyectos de espacio público, en colaboración con gobiernos locales, a través del diseño de lineamientos técnicos y metodológicos |
Estrategia 3.5 Consolidar el reconocimiento del derecho humano a una vivienda adecuada a través de la promoción de la armonización normativa para la protección de este derecho para poblaciones vulnerables
| Líneas de acción
|
| 3.5.1 Promover el acceso a la vivienda adecuada, mediante la emisión de lineamientos, reformas y capacitación, con enfoque interseccional, de derechos humanos y perspectiva de género |
| 3.5.2 Promover mecanismos para prevenir y mitigar desalojos forzosos y desplazamientos, protegiendo el derecho a la vivienda adecuada, en especial para la población en situación de vulnerabilidad, mediante el análisis y desarrollo de propuestas en coordinación con los actores que conforman el SNV |
| 3.5.3 Promover propuestas de reformas a normativas federales, a través de análisis jurídico y mesas técnicas, con el fin de armonizar los marcos legales con el derecho a la vivienda adecuada |
| 3.5.4 Revisar normativas que obstaculicen el acceso a vivienda a grupos vulnerables a través de la coordinación de mesas interinstitucionales con organismos públicos y sociales |
| 3.5.5 Promover esquemas de evaluación sobre el cumplimiento del derecho a la vivienda en poblaciones vulnerables, mediante reportes técnicos y análisis institucional |
| 3.5.6 Considerar lineamientos operativos en programas de vivienda para priorizar a mujeres, personas indígenas y con discapacidad, mediante criterios de selección y evaluación |
| 3.5.7 Generar información estadística sobre derechos habitacionales para comunidades indígenas y afromexicanas |
| 3.5.8 Establecer indicadores para el seguimiento del cumplimiento del derecho a la vivienda en los programas federales, mediante reportes elaborados con base en criterios de evaluación transversal que integren elementos de valor estratégico |
| 3.5.9 Facilitar procesos participativos para recoger demandas comunitarias sobre vivienda a través de canales físicos y digitales |
Estrategia 3.6 Fortalecer los mecanismos de evaluación y supervisión técnica para aumentar el cumplimiento de estándares de seguridad estructural, accesibilidad y adecuación cultural y, con ello, fomentar la habitabilidad de la vivienda
| Líneas de acción
|
| 3.6.1 Promover la coordinación interinstitucional y lineamientos de atención por reubicación, para atender personas que habitan zonas de riesgo no mitigable o afectada por desplazamientos causados por el cambio climático o riesgos antropogénicos que los expone a riesgos estructurales de la vivienda |
| 3.6.2 Promover sistemas constructivos y materiales locales que aseguren la adecuación cultural, mediante lineamientos técnicos y colaboración con comunidades |
| 3.6.3 Establecer criterios de accesibilidad en conjuntos habitacionales, mediante normativas técnicas y supervisión de condiciones físicas para personas mayores y con discapacidad |
| 3.6.4 Reforzar los procesos de inspección estructural y funcional de la vivienda para garantizar estándares mínimos de habitabilidad a través del desarrollo de lineamientos técnicos |
| 3.6.5 Capacitar a profesionales de la construcción en estándares de vivienda segura, accesible y culturalmente pertinente, mediante cursos técnicos y certificaciones |
| 3.6.6 Promover proyectos de mejoramiento integral de vivienda con participación comunitaria, en regiones con rezago, mediante convocatorias públicas y asistencia técnica |
| 3.6.7 Supervisar la calidad de materiales y procesos en viviendas subsidiadas, en coordinación con gobiernos locales, mediante inspecciones técnicas y reportes periódicos |
| 3.6.8 Difundir derechos habitacionales y condiciones de vivienda adecuada, mediante campañas informativas con enfoque de derechos y pertinencia cultural |
Objetivo 4. Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a las personas, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información
Estrategia 4.1 Mejorar el acceso y disponibilidad de información para la toma de decisiones de autoridades competentes y para la consulta ciudadana, mediante mecanismos que garanticen transparencia, utilidad y oportunidad de los datos
| Líneas de acción
|
| 4.1.1 Promover el acceso y uso de la información registral y catastral sobre ordenamiento territorial mediante plataformas abiertas y formatos estandarizados |
| 4.1.2 Reforzar un sistema nacional de gestión y evaluación de la política de vivienda con enfoque interseccional, mediante indicadores que proporcionen información estratégica para la toma de decisiones |
| 4.1.3 Difundir información sobre programas de vivienda mediante plataformas digitales accesibles y materiales simplificados, garantizando el acceso a toda la población |
| 4.1.4 Reforzar el monitoreo y vigilancia de programas de vivienda mediante reportes públicos y mecanismos de control social |
| 4.1.5 Asegurar la transparencia y rendición de cuentas a través de la publicación de forma periódica de la información obligatoria y complementaria en plataformas abiertas |
| 4.1.6 Promover mejoras a la planeación y coordinación interinstitucional a través del uso del Sistema Geoespacial y su Plataforma de Control Territorial |
| 4.1.7 Modernizar la función registral agraria mediante un sistema de información agraria integrado, y fortalecer el cumplimiento normativo archivístico |
| 4.1.8 Coordinar la integración de información sobre ordenamiento, movilidad y vivienda en el SITU, con criterios homologados entre dependencias |
| 4.1.9 Apoyar la transparencia y el acceso a información mediante requerimientos de actualización continua |
| 4.1.10 Promover la transparencia, el gobierno abierto y la relación con la ciudadanía a través de la difusión de forma proactiva la información pública generada por la Secretaría mediante sus plataformas institucionales y redes sociales |
Estrategia 4.2 Contribuir a la digitalización más grande de la historia para servir a la ciudadanía con eficiencia y eficacia
| Líneas de acción
|
| 4.2.1 Digitalizar los procedimientos internos y de atención ciudadana, a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, para contribuir a una administración más eficiente |
| 4.2.2 Sistematizar los procesos sustantivos que atienden a la ciudadanía y de operación de la Secretaría a través del mantenimiento y actualización de sistemas de información y aplicativos institucionales |
| 4.2.3 Aprovechar el uso de las tecnologías de la información que permita la protección y seguridad de la información de las personas con distintas calidades agrarias, a través de la digitalización y simplificación de los trámites y servicios |
| 4.2.4 Desarrollar un sistema digital de información agraria, con base en registros existentes y censos territoriales, a través de plataformas interinstitucionales, accesible para autoridades y comunidades rurales y urbanas de todo el país |
Estrategia 4.3 Instrumentar procesos de coordinación intra e intergubernamentales para impulsar las políticas territoriales, agrarias y de vivienda
| Líneas de acción
|
| 4.3.1Promover la cooperación con autoridades locales que fortalezca la vinculación institucional mediante convenios o mesas técnicas en materia de ordenamiento territorial |
| 4.3.2 Mejorar la calidad del registro agrario y fortalecer el ordenamiento territorial de la propiedad social mediante la actualización y estandarización de las normas técnicas catastrales, facilitando su interoperabilidad |
| 4.3.3 Monitorear y dar seguimiento a los programas y proyectos, mediante la sistematización de procesos, aprovechando el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones |
| 4.3.4 Facilitar el intercambio de información relacionada con las estrategias y programas de la Secretaría, que favorezca la complementariedad e integralidad de las acciones que implementan distintas unidades administrativas, a través de herramientas digitales de almacenamiento y gestión documental |
| 4.3.5 Optimizar el desarrollo de los programas federales de vivienda mediante la elaboración de convenios de colaboración e intercambio de información con ONAVIS, OREVIS, gobiernos locales y autoridades competentes |
| 4.3.6 Coordinar intergubernamentalmente la actualización de demanda de vivienda en zonas prioritarias, reservas de suelo apto para programas de vivienda mediante mesas de trabajo, estudios de factibilidad, acuerdos y uso de plataformas digitales que fortalezcan la gestión territorial e interinstitucional |
| 4.3.7 Contribuir al desarrollo regional equilibrado y a una gestión sostenible del territorio mediante asistencia técnica registral y territorial a los proyectos prioritarios, en coordinación con otras unidades del sector |
| 4.3.8 Promover políticas nacionales coordinadas por la Secretaría mediante la realización de mesas de trabajo periódicas con gobiernos estatales y municipales, que incluyan a representantes en materia de ordenamiento territorial, agrario y vivienda |
| 4.3.9 Dar seguimiento a las actividades sustantivas del Ramo 15 mediante la implementación de un mecanismo que permita digitalizar el proceso de planeación anual, además de dar seguimiento a la misma para contribuir al logro de objetivos institucionales |
Estrategia 4.4 Impulsar mecanismos que fortalezcan la vinculación con autoridades locales, organismos internacionales y con la ciudadanía en acciones de desarrollo territorial, ordenamiento agrario y vivienda adecuada, para mejorar la implementación y seguimiento de las políticas públicas
| Líneas de acción
|
| 4.4.1 Promover el involucramiento de la población en programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda adecuada, a través de la coordinación de estrategias de comunicación, para difundir derechos humanos vinculados a las acciones de la Secretaría |
| 4.4.2 Promover que el mecanismo de Contraloría Social de los programas presupuestarios atienda la participación de las comunidades mediante la supervisión y la evaluación de la gestión de los recursos públicos |
| 4.4.3 Promover la implementación y actualización de sistemas de información de la propiedad inmobiliaria en materia registral y catastral, para eficientar los tiempos de respuesta a la ciudadanía |
| 4.4.4 Difundir información para que la población conozca las opciones que existen en materia habitacional mediante la operación y funcionamiento del SNIIV permitiendo proporcionar información para la toma de decisiones |
| 4.4.5 Implementar un mecanismo de seguimiento a solicitudes municipales mediante asistencia técnica y visitas de verificación para fortalecer la planeación y ejecución de proyectos de infraestructura social |
| 4.4.6 Promover la implementación de proyectos de cooperación internacional que fortalezcan políticas y estrategias de desarrollo territorial, ordenamiento agrario y vivienda adecuada, así como fomentar el intercambio de conocimientos en estos ámbitos a nivel nacional e internacional |
| 4.4.7 Promover la inclusión de las necesidades específicas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en relación con la tierra de propiedad social, en manuales y procedimientos operativos, mediante asesorías técnicas y acciones de coordinación institucional |
Estrategia 4.5 Fortalecer la debida trazabilidad documental a través de la integración y resguardo de los expedientes generados por las unidades administrativas para apoyar la certeza jurídica
| Líneas de acción
|
| 4.5.1 Promover la eficiencia, trazabilidad y acceso transparente a la información registral a través del fortalecimiento de los procesos de inscripción de actos jurídicos agrarios que certifican derechos sobre la propiedad social |
| 4.5.2 Otorgar certeza jurídica en la transmisión de derechos y la protección del patrimonio agrario mediante el fortalecimiento de los mecanismos de resguardo y sistematización de testamentos agrarios |
| 4.5.3 Sistematizar información en materia de ordenamiento agrario a través de la implementación de un sistema que dé seguimiento a los acuerdos alcanzados en los procesos de conciliación y mediación agraria |
| 4.5.4 Difundir la normatividad aplicable en materia archivística mediante canales de comunicación interna y capacitaciones con unidades administrativas |
| 4.5.5 Dar tratamiento al archivo que derive del ejercicio de facultades a través de procesos para su organización y conservación |
| 4.5.6 Dar seguimiento a la actualización del inventario de expedientes de archivo de trámite de las Unidades Administrativas de la Secretaría a fin de integrar y reportar los indicadores de desempeño |
| 4.5.7 Lograr la correcta administración de archivos de la Secretaría mediante la coordinación de un Grupo Interdisciplinario de Archivos, además de dar seguimiento a los acuerdos que deriven en materia de gestión documental |
Estrategia 4.6 Optimizar los procesos técnicos, administrativos y de generación de información, mediante el uso de tecnologías, metodologías y coordinación interinstitucional, para fortalecer la planeación, la gestión territorial y la igualdad sustantiva en el ámbito agrario y urbano
| Líneas de acción
|
| 4.6.1 Promover las capacidades operativas en los procesos técnicos de dictaminación mediante la incorporación de nuevas tecnologías de información geoespacial para los cambios de destino en tierras de uso común |
| 4.6.2Reforzar el aprovechamiento de tecnologías de la información mediante la difusión de herramientas informáticas |
| 4.6.3 Apoyar prácticas de buen gobierno para agilizar procesos, facilitar la comunicación y prevenir la corrupción a través de la promoción del uso de tecnologías |
| 4.6.4 Promover la actualización de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) que permita integrar y consultar datos geoespaciales generados por la SEDATU y sus entidades del sector |
| 4.6.5 Generar información que permita la planeación y programación interinstitucional focalizada mediante la elaboración y actualización de un sistema de información sobre la situación que guardan las mujeres respecto a sus derechos agrarios |
| 4.6.6 Desarrollar e implementar herramientas teórico-metodológicas con perspectiva de género, mediante la coordinación interinstitucional; además de aportaciones a programas presupuestarios y nacionales para alcanzar la igualdad sustantiva en el territorio |
| 4.6.7 Promover la mejora continua de los programas presupuestarios del Ramo 15 mediante la actualización de sus Instrumentos de diseño e Instrumentos de Seguimiento de Desempeño |
Estrategia 4.7 Fortalecer las capacidades institucionales y la profesionalización de las personas servidoras públicas del sector para consolidar una gestión ética, legal, con perspectiva de derechos e igualdad sustantiva
| Líneas de acción
|
| 4.7.1 Promover la ejecución del programa anual de capacitación técnica y jurídica del personal de la SEDATU mediante un programa permanente de capacitación con enfoque interseccional y multicultural |
| 4.7.2 Promover los programas de capacitación a las áreas mediante diversas formas de aplicación con perspectiva de género en temas como vivienda, desarrollo urbano, sector agrario y transparencia |
| 4.7.3 Reforzar las capacidades técnicas y jurídicas de capacitación y sensibilización con enfoque de igualdad sustantiva, derechos humanos y no discriminación, mediante cursos, talleres y actividades formativas |
| 4.7.4 Promover el uso de tecnologías para coordinar acciones contra la corrupción y fomentar el buen gobierno mediante capacitaciones periódicas a personas servidoras públicas |
| 4.7.5 Ejecutar el Programa Anual de Capacitación, aprobado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mediante cursos, talleres y evaluaciones que fortalezcan las competencias del personal de la SEDATU durante el presente sexenio |
| 4.7.6 Reforzar las habilidades y competencias de desempeño institucional mediante la capacitación en temas de APF, ética e integridad pública para un buen gobierno mediante talleres internos y campañas de comunicación |
| 4.7.7 Diseñar e implementar lineamientos de inclusión para promover la contratación, permanencia y desarrollo profesional de mujeres, personas con discapacidad y grupos históricamente discriminados, mediante convocatorias y apoyos específicos |
| 4.7.8 Brindar capacitación al personal de atención ciudadana de las Oficinas de Representación, mediante recursos que les permitan abordar de manera integral los temas relacionados con la población de los núcleos agrarios |
| 4.7.9 Promover el conocimiento, comprensión y correcta aplicación de las NOM de la SEDATU mediante la difusión y capacitación |
8. Indicadores y metas
El PSEDATU 2025-2030 dará seguimiento a los cuatro objetivos a través de ocho indicadores.
En lo que refiere al Objetivo 1. Mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas, se medirá el avance del compromiso presidencial número 53. 150 mil mujeres serán reconocidas con derechos agrarios, mediante la entrega del mismo número de documentos entregados a mujeres. Además, se podrán obtener datos sobre la estrategia para el desarrollo social, económico y ambiental de los núcleos agrarios los cuales enfrentan condiciones de rezago social y marginación Con ello, a través de la intervención del Estado mediante la SEDATU, el RAN y la PA se contribuirá en los preceptos establecidos en el Art. 27 Constitucional.
Para el Objetivo 2. Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental, se medirá el avance a nivel nacional en modernización de las instituciones catastrales del país para la planeación territorial, así como las metrópolis que cuentan con instrumentos de ordenamiento metropolitano publicados oficialmente de acuerdo con la LGAHOTDU, con lo que se fortalece la calidad de vida y fomenta el desarrollo equitativo sustentable con mecanismos eficaces de coordinación interinstitucional.
En lo que respecta al Objetivo 3. Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo, los indicadores darán cuenta en el avance del cumplimiento del compromiso presidencial número 48. Construcción de un millón de viviendas, en el que corresponde a la meta del Ramo 15 a través de la CONAVI, es decir, la construcción de 500 mil viviendas. Además, se dará seguimiento al déficit de vivienda.
En lo que respecta al Objetivo 4. Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a la ciudadanía, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, la SEDATU ha considerado fundamental contribuir al compromiso presidencial No. 17 Digitalización más grande de la historia (trámites y servicios), así como con el fortalecimiento de capacidades de ordenamiento territorial de autoridades locales a través de procesos formativos impartidos en las entidades federativas, con lo que se avanza en la consolidación de la transversalización de la perspectiva territorial de la planeación.
Indicador 1.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de mujeres que recibieron documentos que les otorgan certeza jurídica documental sobre derechos agrarios reconocidos. |
| Objetivo
| Mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de mujeres que recibieron algún documento que les otorga certeza jurídica documental sobre sus derechos agrarios reconocidos, en cumplimiento con el compromiso presidencial número 53, correspondiente a lograr que 150,000 mujeres sean beneficiarias. |
| Derecho asociado
| Art. 4 de la CPEUM: Derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, y a la igualdad entre mujeres y hombres. Art. 27 de la CPEUM: Derecho de propiedad. |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la
información
| Febrero
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de los
datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable
de reportar el avance
| 15-. Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
B00.- Registro Agrario Nacional
|
| Método de cálculo
| PM_DAG = (M_DAG / M_DAGp) * 100
Dónde: PM_DAG = Porcentaje de mujeres que recibieron documentos que les otorgan certeza jurídica documental sobre derechos agrarios reconocidos. M_DAG = Mujeres que recibieron algún documento que les otorga certeza jurídica documental sobre el derecho agrario reconocido. M_DAGp = Mujeres programadas para la recepción de algún documento de acuerdo con el compromiso presidencial número 53, que le otorga certeza jurídica documental sobre el derecho agrario reconocido. |
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Mujeres que recibieron algún documento que le otorga certeza jurídica documental sobre el derecho agrario reconocido | Valor variable 1
| 0
| Fuente de
información
variable 1
| Registros Administrativos del RAN |
| Nombre variable 2
| Mujeres programadas para la recepción de algún documento de acuerdo con el compromiso presidencial número 53, que le otorga certeza jurídica documental sobre el derecho agrario reconocido | Valor variable 2
| 150,000
| Fuente de
información
variable 2
| Compromiso presidencial 53 para el segundo piso de la transformación |
| Sustitución en
método de cálculo
| PM_DAG = (0 / 150,000) * 100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0
| Se trata de un indicador de nueva creación para monitorear el cumplimiento del compromiso presidencial número 53. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 100%
| Para el alcance de la meta, se necesita la confluencia de distintas estrategias y acciones del sector agrario; a nivel de las asesorías, acompañamiento y representación legal de Procuraduría Agraria; la coordinación estratégica en territorio de la Dirección de Igualdad de Género en la Propiedad Social y en el caso del RAN la inscripción, expedición y entrega de documentos a mujeres que otorgan certeza jurídica documental. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| 0
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 10%
| 23%
| 46%
| 69%
| 92%
| 100%
|
Indicador 1.2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de núcleos agrarios con planes de desarrollo social, económico y ambiental en ejecución. |
| Objetivo
| Mejorar el bienestar social y económico sostenible de los núcleos agrarios, integrándolos efectivamente al desarrollo nacional, fortaleciendo su organización y el ejercicio pleno de derechos en la propiedad social para los pueblos originarios, comunidades y las personas |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de núcleos agrarios que cuentan con un plan formalmente aprobado e implementado que articule acciones de desarrollo social, económico y ambiental, con base en procesos participativos, en relación con el total de núcleos agrarios existentes. |
| Derecho asociado
| Art. 27 de la CPEUM: derechos agrarios. |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la información
| Enero del año siguiente
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| 15-. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
QEZ. - Procuraduría Agraria
|
| Método de cálculo
| PNAPDSEA= (NAPDSEA / TNA) * 100 Donde: PNAPDSEA: Porcentaje de núcleos agrarios con planes de desarrollo social, económico y ambiental en ejecución NAPDSEA: Núcleos agrarios con planes de desarrollo social, económico y ambiental en ejecución TNA: Total de núcleos agrarios |
| Observaciones
| La acción es nueva, por lo que no se tiene valor de la primera variable. La población que habita los núcleos agrarios enfrenta situaciones de rezago social y marginación, producto de las políticas implementadas durante el periodo neoliberal y se carece de una estrategia para el desarrollo social, económico y ambiental de los núcleos agrarios. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Núcleos agrarios con planes de desarrollo social, económico y ambiental en ejecución | Valor variable
1
| 0
| Fuente de
información
variable 1
| Base de datos de la Procuraduría Agraria |
| Nombre variable 2
| Total de núcleos agrarios | Valor variable
2
| 32,251
| Fuente de
información
variable 2
| Registro Agrario Nacional |
| Sustitución en
método de cálculo
| PNAPDSEA= (0 / 32,251 ) * 100 = 0 |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0
| El indicador es de nueva creación, por lo que al momento ningún núcleo agrario tiene plan de desarrollo. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 50
| El número de núcleos agrarios puede variar, pero se tomará como constante a los 32,251 contemplados en el diagnóstico del presente programa |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| 0
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 3.2
| 10
| 20
| 30
| 40
| 50
|
Indicador 2.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros de las Entidades Federativas vinculados. |
| Objetivo
| Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros de las Entidades Federativas vinculados, lo que conlleva a la certeza jurídica. En virtud, de que dicha vinculación se refiere a la relación entre datos registrales y catastrales que permiten identificar un inmueble, generalmente mediante elementos como folio real, clave catastral, superficie y/o propietario. |
| Derecho asociado
| Art. 27 CPEUM: derecho a la propiedad |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Abril del siguiente ejercicio
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los datos
| Enero a diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| Ramo 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
UR214 Dirección General de Inventarios y
Modernización Registral y Catastral.
|
| Método de cálculo
| PIRCV = (TIRCPV/TIRC) * 100
Donde: PIRCV = Porcentaje de Instituciones Registrales y Catastrales Vinculadas TIRCPV = Total de instituciones registrales y catastrales vinculadas en el periodo t TIRC = Total de instituciones registrales y catastrales que existen en el periodo t |
| Observaciones
| Se considera vinculación cuando las Instituciones Registrales y Catastrales disponen y ejecutan políticas de intercambio de información que les permita la identificación de inmuebles, sin embargo para considerar un incremento porcentual constante, se debe tomar en cuenta el grado de desarrollo de las Instituciones registrales y catastrales, homologando el tipo de información para garantizar que sea integra, consistente y permita la vinculación, actualmente se logra de una forma más eficiente con los 13 Institutos Registrales y Catastrales existentes en todo el país. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Total de instituciones
registrales y catastrales
vinculadas en el periodo t
| Valor variable
1
| 46
| Fuente de
información variable
1
| Sistema Integral para la
Gestión de información
Registral y Catastral
|
| Nombre variable 2
| Total de instituciones
registrales y catastrales que
existen en el periodo
| Valor variable
2
| 64
| Fuente de
información variable
2
| Sistema Integral para la
Gestión de información
Registral y Catastral
|
| Sustitución en
método de cálculo
| PIRCV= (46/64) *100=71.88
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 71.88%
| Desde 2019, el índice de vinculación entre instituciones catastrales y registrales ha presentado variaciones significativas. Esta situación se debe, en gran medida, a los efectos generados por la pandemia de COVID-19, la cual impactó los procesos administrativos y operativos de muchas instituciones. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 80.00 %
| La estabilización registrada para el 2030 fortalece las condiciones para una mejor toma de decisiones en ordenamiento territorial, así como al fortalecimiento de la recaudación de impuestos bajo principios de justicia y equidad fiscal. El crecimiento proyectado para alcanzar la meta del 2030 toma en consideración que las Instituciones registrales y catastrales inician con la actualización y adquisición de nuevas tecnologías e infraestructura que les permite mejorar y actualizar los procesos registrales y catastrales, sin embargo, se debe considerar desde la homologación y claves de identificación compartida, hasta la integración de dependencias registrales y catastrales en un solo organismo, por lo que requiere de la participación de agentes externos a dichas instituciones, en ese sentido, se prevé que el crecimiento sea lento y pausado por los procesos que se requieren llevar a cabo para lograr la vinculación. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| ND
| 51.92%
| 50.00%
| 62.90%
| 69.80%
| 68.75%
| 71.88%
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 72.00%
| 73.60%
| 74.90%
| 76.20%
| 78.30%
| 80.00%
|
Indicador 2.2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de metrópolis con instrumentos de ordenamiento metropolitano con enfoque integral, publicados en medios oficiales conforme a la disposición de la LGAHOTDU. |
| Objetivo
| Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental |
| Definición o descripción
| Mide el porcentaje las metrópolis que cuentan con instrumentos de ordenamiento metropolitano publicados en la gaceta o periódico oficial conforme se establece en la LGAHOTDU, considerando como referencia las 92 contenidas en el documento de CONAPO, el INEGI y la SEDATU "Metrópolis de México 2020". |
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda, derecho a un medio ambiente sano, derecho al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado, derecho a la movilidad, derecho a la ciudad. |
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la
información
| Enero del año siguiente
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de
los datos
| Enero-diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| 15-. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
514.- Dirección General de Ordenamiento
Metropolitano y Regional
|
| Método de cálculo
| PMIPP = (MIPP / TMR) * 100 Donde: PMIPP = Porcentaje de Metrópolis con instrumento de planeación de ordenamiento territorial con enfoque integral publicado en medio oficial MIPP = Metrópolis con instrumento de planeación de ordenamiento territorial con enfoque integral publicado en medio oficial al año de reporte (t) TMR = Total de Metrópolis registradas en "Metrópolis de México 2020" |
| Observaciones
| La cuantificación de metrópolis con instrumento de planeación de ordenamiento territorial publicado es acumulada a partir del 29 de noviembre de 2016, y la fecha de cierre será el 31 de diciembre de cada año que se reporta. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Metrópolis con instrumento de planeación del ordenamiento territorial publicado en medio oficial al año de reporte (t) | Valor variable 1
| 36
| Fuente de
información
variable 1
| Boletín metropolitano, primer trimestre del año posterior al periodo observado https://www.gob.mx/sedatu |
| Nombre variable 2
| Total de Metrópolis registradas en "Metrópolis de México 2020" | Valor variable 2
| 92
| Fuente de
información
variable 2
| Documento "Metrópolis de México 2020", 2023 emitido por Sedatu, Conapo e INEGI. |
| Sustitución en método de
cálculo
| (36 / 92) * 100 = 39.1
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 39.1
| El porcentaje corresponde a 36 metrópolis con instrumento de planeación de ordenamiento territorial publicado en medio oficial. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 55.4
| El 55.43% corresponde a 51 Metrópolis con instrumento de planeación de ordenamiento territorial publicado en medio oficial, cifra que se estima alcanzar rumbo a 2030. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| 31.5
| 39.1
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 41.3
| 44.6
| 47.8
| 51.1
| 54.3
| 55.4
|
Indicador 3.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de hogares con déficit de vivienda a nivel nacional
|
| Objetivo
| Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo. |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de hogares con déficit tanto cualitativo como cuantitativo de vivienda, a través de la estimación del rezago habitacional y la necesidad de vivienda. |
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda adecuada, establecido en el Art. 4 de la CPEUM. |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Agosto del siguiente año
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los datos
| De agosto a noviembre, de acuerdo con los
criterios del INEGI
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
212.-Dirección General de Política de
Vivienda
|
| Método de cálculo
| PHDN = ((HNV + HRH) / HN) * 100 PHDN= Porcentaje de hogares con déficit de vivienda a nivel nacional. HNV: Número de hogares con necesidad de vivienda. HRH: Número de hogares en condición de rezago habitacional. HN: Número de hogares a nivel nacional. |
| Observaciones
| El indicador estima el porcentaje del total de hogares en el país que enfrentan algún tipo de déficit de vivienda, sumando los hogares que necesitan una vivienda nueva (HNV) y los que viven en condiciones inadecuadas (HRH), y dividiendo esa suma entre el total de hogares (HN). |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| HNV
| Valor variable 1
| 414,535
| Fuente de
información
variable 1
| ENIGH 2022, INEGI
|
| Nombre variable 2
| HRH
| Valor variable 2
| 9,154,126
| Fuente de
información
variable 2
| ENIGH 2022, INEGI
|
| Nombre de la
variable 3
| HN
| Valor de la
variable 3
| 37,560,123
| Fuente de
información de la
variable 3
| ENIGH 2022, INEGI
|
| Sustitución en
método de cálculo
| PHDN = ((414,535 + 9,154,126)/ 37,560,123) * 100= 25.48 |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 25.5
| Debido a que la fuente de información es la ENIGH, la cual se actualiza cada dos años, los cálculos se realizaron con datos de la edición 2022, publicados por el INEGI en 2023. |
| Año
| 2022
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 21.0
| Con base en la tendencia observada en la información disponible sobre vivienda, y considerando las acciones que el Gobierno Federal implementará en esta materia, se prevé una disminución del indicador hacia el año 2030. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 28.6
| NA
| 26.2
| NA
| 25.5
| NA
| ND
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| 24.0
| NA
| 22.0
| NA
| 21.0
|
Indicador 3.2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de avance en la construcción de 500 mil de viviendas.
|
| Objetivo
| Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de avance acumulado de viviendas terminadas o en proceso de construcción por la Comisión Nacional de Vivienda, respecto al compromiso presidencial número 48. |
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda adecuada, Art. 4 de la CPEUM. |
| Nivel de desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia
de medición
| Anual
|
| Acumulado o periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la
información
| Marzo del año siguiente
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de
los datos
| Enero a -diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
QCW.- Comisión Nacional de Vivienda
|
| Método de cálculo
| PACV= (NVC/TVC)*100
Donde: PACV: Porcentaje de avance en la construcción de 500 mil viviendas NVC: Número acumulado de viviendas construidas o en proceso de construcción por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en el sexenio VC: Total de viviendas programadas a construir por CONAVI, en cumplimiento al compromiso presidencial número 48. |
| Observaciones
| Sin bien el compromiso presidencial número 48 es construir 1 millón de viviendas, en el PND 2025-2030, se muestra la distribución entre CONAVI e INFONAVIT, resultando en 500 mil cada entidad. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| NVC
| Valor variable 1
| 0
| Fuente de
información
variable 1
| Registros de la
CONAVI
|
| Nombre variable 2
| TVC
| Valor variable 2
| 500,000
| Fuente de
información
variable 2
| Registros de la
CONAVI
|
| Sustitución en método
de cálculo
| PACV: ( 0 / 500,000 ) * 100 = 0
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la Línea base
|
| Valor
| 0
| El indicador es de nueva creación para dar seguimiento al compromiso presidencial número 48. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 100
| El 100% corresponde a 500 mil viviendas a cargo de la CONAVI. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 0
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 17.2%
| 33.8%
| 50.2%
| 66.8%
| 83.4%
| 100%
|
Indicador 4.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de trámites y servicios digitalizados en la SEDATU
|
| Objetivo
| Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a la ciudadanía, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de avance en la digitalización de trámites y servicios estratégicos que se realizan en las unidades administrativas de la SEDATU, respecto de la meta sexenal de 15 trámites y servicios digitalizados. |
| Derecho asociado
| Derecho a una atención oportuna del Estado. Derecho de acceso expedito a trámites y servicios. Derecho a la eliminación de prácticas de corrupción. |
| Nivel de
desagregación
| Secretaría y Entidades del Ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. | Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la
información
| Enero del año siguiente
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de los
datos
| Enero a- diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad responsable
de reportar el
avance
| 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 411.- Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Método de cálculo
| PTSD = (TSD / TSPD) * 100
Donde: PTSD = Porcentaje de trámites y servicios digitalizados en la SEDATU TSD = Número de trámites y servicios digitalizados en el sexenio TSPD = Número de trámites y servicios programados para digitalizar en el sexenio |
| Observaciones
| Este indicador refleja la capacidad institucional para implementar herramientas tecnológicas orientadas a la mejora de procesos administrativos y de atención ciudadana, en congruencia con el compromiso presidencial 17. Digitalización más grande de la historia. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Trámites y servicios digitalizados
durante el periodo de medición
| Valor variable 1
| 0
| Fuente de
información
variable 1
| Documentos de
liberación de trámites
y servicios
digitalizados.
|
| Nombre variable 2
| Trámites y servicios programados para
digitalizar
| Valor variable 2
| 15
| Fuente de
información
variable 2
| Solicitudes de
digitalización de
trámites y servicios
|
| Sustitución en
método de cálculo
| PTSD = (0 / 15) * 100 = 0
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0
| Si bien en la SEDATU ya operan sistemas como el control de gestión y la firma electrónica, el indicador impulsa que 15 nuevos trámites y servicios puedan funcionar de manera digital. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 100
| El 100% corresponde a un total de 15 trámites y servicios estratégicos digitalizados. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| 0
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 17.2
| 33.8
| 50.3
| 66.9
| 83.4
| 100
|
Indicador 4.2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje en la cobertura territorial de capacitación en materia de integración de ordenamiento territorial. |
| Objetivo
| Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a la ciudadanía, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje en la cobertura territorial de capacitación en materia de integración de ordenamiento territorial. |
| Derecho asociado
| Artículo 8 de la LGAHOTDU , en sus fracciones XIV y XXII, que le otorga a la federación a través de la SEDATU, la atribución de asesorar a los gobiernos estatales, municipales y las demarcaciones territoriales que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano y en la capacitación técnica de su personal; así como fomentar la capacitación y asistencia técnica en materia de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Acumulado
| Disponibilidad de la información
| Enero del año siguiente
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero a- diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar el
avance
| 15-. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
511.- Dirección General de Ordenamiento
Territorial y Urbano
|
| Método de cálculo
| PCTCOT= ( TCF / TEF ) *100 Donde: PCTCOT: Porcentaje en la cobertura territorial de capacitación en materia de integración de ordenamiento territorial TCF: Total de capacitaciones formativas acumuladas TEF: Total de entidades federativas |
| Observaciones
| Se considerarán capacitaciones formativas las que cumplan con: · Estar organizada o avalada por SEDATU. · Tener un contenido alineado a los temas de: integración del ordenamiento territorial, sistema socioecológico, gobernanza, participación ciudadana, cuenca y enfoque de derechos humanos. · Contar con listado oficial de participantes y documentación de soporte (agenda, material, evaluación, etc.). · Los participantes serán evaluados de acuerdo con la especificidad del curso, a través de constancias de participación o documento de acreditación. · La duración de los cursos estará en función de las necesidades de las áreas, alcanzando hasta un año. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Total de capacitaciones formativas acumuladas | Valor variable 1
| 0
| Fuente de
información variable
1
| Registro de
capacitaciones
implementadas bajo
la coordinación de la
Dirección General de
Ordenamiento
Territorial y Urbano
|
| Nombre variable 2
| Total de entidades federativas | Valor variable 2
| 32
| Fuente de
información variable
2
| |
| Sustitución en
método de cálculo
| PCTCOT= ( 0 / 32 ) *100 = 0
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0
| Es un indicador de nueva creación, por lo que en 2025 se iniciará su medición. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 100
| Se espera capacitar a autoridades locales en las 32 entidades federativas en materia de integración de ordenamiento territorial. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| 0
|
| METAS
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 12.5
| 28.1
| 46.8
| 65.6
| 84.3
| 100
|
9. Gráficas y tablas
Cuadro 1. Distribución de ejidos y comunidades por entidad federativa
Fuente: RAN, Atlas de la propiedad social de la tierra en México 2024
Gráfica 1. Porcentaje de la población en situación de pobreza
Fuente: Coneval, Medición de la pobreza 2022
Gráfica 2. Porcentaje de ejidos por superficie estimada
Fuente: RAN, Atlas de la propiedad social de la tierra en México 2024
Gráfica 3. Metrópolis de México 2020
Fuente: SEDATU, Metrópolis de México 2020
Gráfica 4. Población en Núcleos Agrarios según Tipo de Sujeto de Derecho
Fuente: RAN, Atlas de la propiedad social de la tierra en México 2024
Gráfica 5. Trámites de dominio pleno 1993-2024.
Fuente: RAN, Atlas de la propiedad social de la tierra en México 2024
Gráfica 6. Distribución de la Población en Núcleos Agrarios por Tipo de Sujeto de Derecho y Sexo.
Fuente: RAN, Atlas de la propiedad social de la tierra en México 2024
Gráfica 7. Integración por sexo y año, a nivel nacional, de órganos de representación y vigilancia
Fuente: RAN, estadística con perspectiva de género
Gráfica 8. Distribución de personas sujetas agrarias por entidad federativa y sexo 2023
Fuente: RAN, Atlas de la propiedad social en México 2024
Gráfica 9. Proporción de Sujetos Agrarios Mujeres con Documentos Expedidos
Fuente: RAN, estadística con perspectiva de género
Gráfica 10. Grado de armonización de la legislación estatal con la LGAHOTDU
Fuente: SITU, análisis geográfico, estatus de armonización. En verde, las entidades con armonización completa, en amarillo la
armonización parcial, y en rojo, las no armonizadas
Gráfica 11. Municipios con instrumentos de planeación territorial.
Fuente: SEDATU, con base en información de periódicos oficiales, 2024
Gráfica 12. Pérdidas económicas anuales por el cambio climático en miles de millones de dólares.
Fuente: ICACC, 2023.
Gráfica 13. Distribución de siniestros de tránsito por entidad federativa, 2011-2021
Fuente: Sistema Nacional. Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042.
Gráfica 14. Porcentaje de viviendas en rezago habitacional por entidad federativa
Fuente: CONAVI con base en datos de la ENIGH 2022
____________________________________________
1 DOF. (2025). PND 2025-2030. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5755162&fecha=15/04/2025#gsc.tab=0
2 Presidencia de la República. (2024). 100 compromisos para el segundo piso de la transformación https://www.gob.mx/presidencia/documentos/100-compromisos-para-el-segundo-piso-de-la-cuarta-transformacion
3 Roger Brunet en Capel, Horacio. (2016). Las ciencias sociales y el estudio del territorio. P. https://revistes.ub.edu/index.php/b3w/article/view/26319/27784
4 Deolarte, Israel; Herrera, Adolfo y Vázquez, Ariel. (2021). El territorio visto como una construcción social. Un acercamiento teórico conceptual. https://ru.iiec.unam.mx/5407/1/156-Deolarte-Herrera-V%C3%A1zquez.pdf
5 Ídem
6 SEDATU. (2023). Las metrópolis de México 2020. https://www.gob.mx/sedatu/documentos/metropolis-de-mexico-2020?state=published
7 SEDATU. (2024). Atlas de la propiedad social en México 2024. https://www.gob.mx/ran/documentos/atlas-de-la-propiedad-social
8 INMUJERES. (2024). Mujeres y propiedad. Ciudad de México: Instituto Nacional de las Mujeres. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CuadernilloII_2024_Final_Propiedad.pdf
9 RAN. (2024). Atlas de la propiedad social de la tierra en México 2024. https://www.gob.mx/ran/articulos/el-atlas-de-la-propiedad-social-de-la-tierra-en-mexico-2024-guia-cartografica-completa-sobre-ejidos-y-comunidades-en-el-pais?idiom=es
10 Hernández Santos, María, Mora Flores José, Martínez Saldaña Tomás, Vázquez Huerta, Humberto, Cruz León, Artemio, García Salazar, José. (2006). El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede): Su Impacto En Fresnillo, Zacatecas, México. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952006000200249
11 Torres-Mazuera, Gabriela. (2021). Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán. https://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2020_22_TresDecadasPrivatizacion.pdf
12 Las MAEs son un mecanismo de diálogo interinstitucional que opera desde el territorio para identificar y atender conflictos regionales; escuchar de viva voz el sentir y las demandas de los involucrados, así como buscar soluciones entre las partes, para generar territorios de paz. Son coordinadas por la SEDATU y en ellas participan autoridades locales y los núcleos agrarios.
13 Claudia Sheinbaum Pardo. (2024). 100 pasos para la transformación.
14 INMUJERES. (2024). Mujeres y propiedad. Ciudad de México: Instituto Nacional de las Mujeres. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CuadernilloII_2024_Final_Propiedad.pdf
15 SEDATU. (2021). Mujeres por el Acceso a la Tierra. Aproximaciones a los retos que enfrentan en el ejercicio pleno de sus derechos agrarios. https://www.gob.mx/sedatu/documentos/mujeres-por-el-acceso-a-la-tierra?state=published
16 INMUJERES. (2024). Desigualdad en cifras. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA10N12.pdf
17 RAN. (2024). Atlas de la propiedad social en México 2024. https://www.gob.mx/ran/articulos/el-atlas-de-la-propiedad-social-de-la-tierra-en-mexico-2024-guia-cartografica-completa-sobre-ejidos-y-comunidades-en-el-pais?idiom=es
18 Expansión e intensificación de la explotación minera en México. https://www.ceccam.org/sites/default/files/cartel_mineria_0.pdf
19 Organización de los Estados Americanos. (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf
20 Organización Internacional del Trabajo. (2014). https://www.ilo.org/es/media/443541/download
21 INPI. (2024). Reforma indígena y afromexicana, gran consenso de todas las fuerzas políticas del país https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/reforma-indigena-y-afromexicana-gran-consenso-de-todas-las-fuerzas-politicas-del-pais-inpi-378724?idiom=es
22 INPI. (2025). Planes de justicia y desarrollo. https://www.inpi.gob.mx/planes-de-justicia/
23 INEGI. (2025). Extensión territorial de México.
https://cuentame.inegi.org.mx/descubre/geografia/extension_territorial/
24 CONEVAL. (2023). Medición de la pobreza 2022.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
25 Publicada en el DOF el 26 de mayo de 1976.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4845406&fecha=26/05/1976#gsc.tab=0
26 Cámara de Diputados. (Última reforma 1 de abril de 2024). LGAHOTDU, art. 3, f. XXVI. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU.pdf
27 Se puede consultar en el Sistema de Información Territorial y Urbano, en el módulo de análisis geográfico. https://situ.sedatu.gob.mx/analisis/analisis-geografico
28 SEDATU. (2024) Boletín Metropolitano, cuarto trimestre 2024, disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/boletin-metropolitano-cuarto-trimestres-2024
29 Sánchez Salazar, María Teresa. La política de Ordenamiento Territorial en México y el desarrollo de guías metodológicas. Universidad Nacional Autónoma de México
30 SEDATU (2024). Monitoreo de indicadores para el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024
31 SEDATU. (2025) Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano 2025 https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2025&month=02&day=05&edicion=MAT#gsc.tab=0
32 Sosa Rodríguez, Fabiola S. (2015). Política de cambio climático en México: avances, obstáculos y retos. https://biblat.unam.mx/es/revista/realidad-datos-y-espacio-revista-internacional-de-estadistica-y-geografia/articulo/politica-del-cambio-climatico-en-mexico-avances-obstaculos-y-retos
33 Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. (2023). Estado y perspectivas del cambio climático en México: un punto de partida. UNAM. https://www.caacs.unam.mx/wp-content/files/estado-y-perspectivas-del-cambio-climatico-en-mexico-un-punto-de-partida-unam.pdf
34 CENAPRED. Cobertura de atlas municipales.
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html
35 INEGI. (2023). Medición de infraestructura. Informe final del grupo técnico de expertos en infraestructura. https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/grupos/doc/medicion_infraestructura_vfinal.pdf
36 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Plataforma urbana y de ciudades. https://plataformaurbana.cepal.org/es/urban-themes/61-infraestructura-urbana-y-servicios-basicos-incluida-la-energia
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57 INEGI. (2023). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022.
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64 INEGI. (2022). Ingreso corriente total promedio trimestral por hogar, por entidad federativa según principales fuentes de ingreso. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Hogares_Hogares_11_861f5732-c3db-4614-be03-741f649d605c
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69 Hernández Palacios, Luis. (2023). A diez años de la creación de la Sedatu: una visión desde lo agrario. https://www.gob.mx/sedatu/articulos/a-diez-anos-de-la-creacion-de-la-sedatu-una-vision-desde-lo-agrario?state=published
70 Vega Rangel, Edna Elena. (2023). Diez años de SEDATU, cuatro años de transformaciones. https://www.gob.mx/sedatu/articulos/diez-anos-de-sedatu-cuatro-anos-de-transformaciones?state=published#::text=Entre%20los%20que%20podemos%20resaltar,%2C%20mayos%2C%20guarij%C3%ADos%2C%20seris.
