PROGRAMA Sectorial de Anticorrupción y Buen Gobierno 2025-2030.
PROGRAMA SECTORIAL DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO 2025-2030
1. Índice
1. Índice
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
3. Siglas y acrónimos
4. Fundamento normativo
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
6. Objetivos
6.1 Relevancia del Objetivo 1: Modernizar la Administración Pública Federal y consolidar un gobierno íntegro, austero y eficiente, fortaleciendo la vocación de servicio público como eje para prevenir la corrupción.
6.2 Relevancia del Objetivo 2: Incorporar un modelo de prevención de la corrupción y fiscalización para erradicar la impunidad en el servicio público.
6.3 Relevancia del Objetivo 3: Fortalecer la vinculación y la corresponsabilidad con la sociedad y el sector privado para la prevención de la corrupción y la impunidad en los espacios de la vida pública.
6.4 Relevancia del Objetivo 4: Fortalecer los mecanismos de acceso a la información, la transparencia y las prácticas del buen gobierno en la Administración Pública Federal para el combate a la corrupción.
6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial Anticorrupción y Buen Gobierno 2025-2030
7. Estrategias y líneas de acción
8. Indicadores y metas
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.
3. Siglas y acrónimos
4T: Cuarta Transformación
APF: Administración Pública Federal
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DD. HH.: Derechos humanos
DOF: Diario Oficial de la Federación
ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
ENCRIGE: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Mipymes: Micro, pequeñas y medianas empresas
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OIC: Órganos Internos de Control
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
SECODAM: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
SECOGEF: Secretaría de la Contraloría General de la Federación
SEP: Secretaría de Educación Pública
SFP: Secretaría de la Función Pública
4. Fundamento normativo
Al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, por lo que planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.
El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como responsabilidad del Estado organizar el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la Nación; para ello habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la APF, que velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
Ahora bien, los artículos 16, fracciones III y IV, 22 y 23 de la Ley de Planeación precisan que las dependencias de la APF deben elaborar los programas sectoriales, los cuales deben tener congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, especificar los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo correspondiente, contener las estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en el que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor.
El 15 de abril de 2025, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores y metas que rigen la actuación del Gobierno de México durante la presente administración.
El presente Programa Sectorial de Anticorrupción y Buen Gobierno 2025-2030 se ciñe a lo dispuesto en los preceptos jurídicos referidos, así como a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y demás ordenamientos relacionados con el buen gobierno, que tienen como objetivo afianzar las acciones de la APF en la prevención, la detección y el combate a la corrupción y la impunidad.
De igual forma, se apega a los compromisos internacionales asumidos por México en la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es importante señalar que para la elaboración de este Programa se consideraron los resultados de los ejercicios de participación ciudadana y consulta con los distintos sectores sociales, efectuados en el marco de la integración del PND.
Finalmente, se precisa que corresponde a la SABG coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas de este Programa Sectorial.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
§ Situación actual
La creación de la SECOGEF en 1983 sentó las bases legales de la responsabilidad de las personas servidoras públicas en la gestión eficiente del gasto y en el manejo de los presupuestos de egresos, así como en la administración y custodia de los ingresos, bienes, fondos y valores federales.
Posteriormente, en 1994 la SECOGEF se transformó en la SECODAM, cuya responsabilidad era modernizar y controlar las funciones administrativas básicas, tales como: normar el manejo ordenado y transparente de los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles federales; coordinar los sistemas de control y de vigilancia para adoptar medidas preventivas contra la corrupción e identificar los casos que ameritaran la imposición de sanciones administrativas o penales, y ejecutar los programas de gobierno con base en los principios de disciplina, austeridad y racionalidad. Además, debía evaluar la gestión pública para garantizar que las dependencias y entidades de la APF cumplieran con sus metas, objetivos y aplicaran eficientemente el gasto público.
En 1996, las atribuciones de la SECODAM se fortalecieron, al facultarla para nombrar y remover a las personas titulares de los OIC y de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, con el fin de perfeccionar los mecanismos de supervisión y vigilancia para garantizar el desempeño honesto, eficiente y responsable de las personas servidoras públicas.
Sin embargo, como parte de la estrategia para construir un gobierno honesto, desregulado, transparente y profesional, en 2003 la SECODAM cambió su denominación a SFP. En este marco se definieron criterios y acciones para asegurar la eficiencia, transparencia y austeridad del gobierno en la aplicación de los recursos públicos, sin la duplicidad de funciones con reducción de los costos de operación. Aunque en 2009 se propuso una reestructuración de la APF que contemplaba la desaparición de la SFP, dicha propuesta no fue autorizada por el H. Congreso de la Unión.
En 2012, se propuso nuevamente desaparecer a la SFP y que sus funciones fueran absorbidas por una nueva instancia: la Comisión Nacional Anticorrupción, que tendría facultades para actuar en casos de incumplimiento de obligaciones en instancias federales, estatales y municipales, las cuales se verían reflejadas en la atención de denuncias ciudadanas. Sin embargo, dicha propuesta tampoco prosperó.
Con la llegada del gobierno de la 4T, se estableció una política para erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad en la APF, misma que se vio reforzada con la publicación en el DOF, el 12 de abril de 2019, del "Decreto por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa", conforme al cual la corrupción se tipifica como un delito grave.
En un proceso de continuidad, la primera Presidenta Constitucional reafirmó el mandato de fortalecer la política de cero tolerancia a la corrupción, mediante la propuesta de cambio de denominación y de algunas funciones de la SFP a la ahora SABG, a partir del 29 de noviembre de 2024, con la publicación en el DOF del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Al tomar como modelo de gobierno el "humanismo mexicano", para el periodo 2024-2030 se establecieron los "100 compromisos para el segundo piso de la 4T", documento en el cual la persona titular del Ejecutivo Federal plasma en su apartado "República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable", el compromiso de "Encabezar un gobierno honesto, sin nepotismo".
En este contexto, la implementación de acciones para erradicar la corrupción y combatir la impunidad se consideran fundamentales para separar el poder político del poder económico, fortalecer la participación ciudadana y construir un país con bienestar.
La corrupción afecta todas las actuaciones del gobierno, inhibe las inversiones, aumenta el desempleo y limita el desarrollo económico para el país, lo que se traduce en menor eficiencia y eficacia, lo cual afecta la confianza en las instituciones y, por ende, en el gobierno. Además, limita el acceso a los servicios públicos y genera desigualdad, ya que los recursos no se distribuyen adecuadamente, lo que reduce los ingresos públicos y, con ello, la posibilidad de utilizarlos para fomentar el bienestar de los que menos tienen.
Por el contrario, al combatir la corrupción, aumentan los ingresos públicos, lo que permite un mayor gasto para mantener programas sociales y de inversiones que contribuyan a reducir la desigualdad y promover mejores condiciones de vida, conforme al sistema de Derechos Fundamentales vigente en nuestro país. La obligación del gobierno es servir y trabajar para el pueblo.
La SABG no solo cambió de denominación, sino que evoluciona en su organización y operación para transitar de un enfoque correctivo a uno que privilegie la prevención y que evite la presencia de actos de corrupción, por medio del trabajo cercano y oportuno con la sociedad, las personas servidoras públicas y el sector privado, con un alcance transversal con injerencia en todas las dependencias y entidades de la APF, con amplias facultades normativas y de supervisión.
Por Buen Gobierno debemos entender el conjunto de las decisiones y directrices institucionales que buscan y promueven el interés general desde el servicio público, de manera efectiva, justa y responsable, sobre todo en la mira de las personas más desfavorecidas, con participación ciudadana e inclusión social, en apego a los principios de eficacia, legalidad, eficiencia, imparcialidad, participación, responsabilidad, transparencia, honradez y respeto a los DD. HH.
El fenómeno de la corrupción en el sector público puede entenderse como el beneficio indebido que una persona servidora pública obtiene a costa del bienestar colectivo o individual, ya sea por acción u omisión en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. Este fenómeno surge como resultado de las deficiencias en los procesos administrativos o en la aplicación de las normas, la falta de una cultura ética y organizacional sólida, así como la existencia de un sistema deficiente de selección y de profesionalización del personal.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción describe este problema como "una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los DD. HH., distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana"(1).
La corrupción constituye un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. En el caso de México, la corrupción involucra el abuso de autoridad, el uso o desvío de recursos públicos para obtener ventajas personales ilegítimas, perjudica sin distinción a la población en su conjunto y afecta negativamente a la sociedad y a la equidad en el acceso a bienes y servicios públicos. Además, alcanzó niveles que la han situado como uno de los tres principales problemas del país; asimismo, ha dañado a las instituciones y frenado el crecimiento económico, contribuyendo a la inestabilidad política.
El problema podría tener diversas vertientes: una se materializa en el robo directo o desvío de los recursos públicos; otra consiste en la asignación irregular de obra pública y en licitaciones dolosas de compras para el gobierno; una más se da cuando se fomenta el exceso de gestiones en los trámites, lo que ocasiona que muchas personas recurran al soborno para agilizarlos.
La corrupción puede ser entendida desde dos dimensiones: 1) la percepción que produce y 2) la victimización de este fenómeno.
Por cuanto hace a la primera, el Índice de Percepción de la Corrupción 2024(2) de la Organización Transparencia Internacional ubicó a México en la posición 140 de 180 países, con una calificación de 26 sobre 100, donde cero es altamente corrupto y cien es no corrupto. La ENCIG 2023(3), del INEGI evidenció que el 83.1% de la población percibió a los actos de corrupción como muy frecuentes o frecuentes, asimismo, el 14% de la población de 18 años y más fue víctima de actos de corrupción en el referido año, cifra que se agrava en zonas con menor infraestructura institucional y más marginación, como lo son comunidades rurales e indígenas. Estas regiones, con altas tasas de pobreza, experimentan discriminación y trámites ineficientes, lo que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
En 2023, la encuesta de confianza en las instituciones públicas realizada por la OCDE, se identificó que el 54% de las y los mexicanos declaró una confianza alta o moderadamente alta, en el Gobierno de México. Por otro lado, la confianza en los partidos políticos solo alcanzó el 33%(4).
En términos de la victimización del fenómeno, en 2023 la tasa de población que tuvo contacto con alguna persona servidora pública y experimentó, al menos un acto de corrupción fue de 13,966 por cada 100,000 habitantes(5), 5% menos que lo reportado en 2021 (14,701 x cada 100,000 habitantes).
El proceso para efectuar trámites gubernamentales es uno de los principales detonadores de corrupción, ya que abre espacios a la discrecionalidad. De acuerdo con el INEGI, durante 2023 la tasa de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100,000 habitantes descendió a 25,394(6) y el costo total de estos ilícitos representó 11,910.6 millones de pesos, lo que equivale, en promedio, a 3,368 pesos por persona afectada. Entre los trámites con mayor prevalencia de corrupción se detectaron los vinculados con autoridades de seguridad pública, trámites para abrir empresas, así como permisos relacionados con la propiedad. Las entidades federativas en las que se presentó el mayor número de víctimas de corrupción en la realización de trámites fueron Guerrero, Sonora y Durango.
De conformidad con la ENCRIGE 2020, el 71.5% de las unidades económicas consideraron que los actos de corrupción por parte de las personas servidoras públicas fueron muy frecuentes, de manera que en ese año se registraron 961.6 mil actos de corrupción asociados a 204.3 mil unidades víctima; además, se estima que esas unidades económicas desembolsaron alrededor de 887 millones de pesos en sobornos. A nivel nacional, 510 de cada 10,000 unidades económicas que realizaron trámites durante 2020 experimentaron al menos un acto de corrupción.
La impunidad por falta de sanciones administrativas se presenta cuando el Estado es omiso en sancionar las faltas en que incurren las personas servidoras públicas, derivadas del desempeño de su empleo, cargo o comisión. En este sentido, la SABG emprende acciones encaminadas a fortalecer su actuación en la substanciación de los procedimientos de responsabilidades administrativas, para que en los casos que trasciendan en la afectación de la legalidad, del servicio público, del interés social o de la hacienda pública se imponga una sanción acorde con la conducta cometida y las circunstancias del caso, al atender los principios que rigen en la ley de la materia.
Es importante mencionar que la normativa aplicable prevé beneficios que deben ser observados por las autoridades, y que pueden llevar a que no se imponga una sanción, aun cuando la conducta haya sido cometida. Al respecto, del 1° de septiembre del 2023 al 30 de junio de 2024 se iniciaron 23,498 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales se concluyeron 16,832, aplicándose 2,089 sanciones por parte de la entonces SFP(7) y 6,666 permanecen en trámite.
Si bien se han establecido Comités de Ética en todas las instituciones del Gobierno de México y se han efectuado actividades de capacitación, es necesario profundizar estas acciones, a fin de interiorizar los valores éticos en el actuar de las personas servidoras públicas.
Para contribuir al avance en estas materias, la SABG impulsará la dignificación del servicio público, por medio de la formación y capacitación de las personas servidoras públicas en materia de erradicación de la corrupción y combate a la impunidad, y promoverá que desempeñen sus funciones con ética, valores y en beneficio del pueblo mexicano.
Por lo anterior, la vocación, el desempeño y la toma de decisiones de las personas servidoras públicas deben estar guiados por reflexiones críticas de la ética, siempre acompañadas de un estricto apego a la normativa y al compromiso con el servicio público, con el objetivo de fortalecer la confianza en las instituciones gubernamentales.
Asimismo, la SABG impulsa una nueva ética pública, que pone énfasis en alcanzar el bienestar de todas las personas, basada en una cultura de servicio público austero. Este modelo se fundamenta en los cinco ejes constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como en los principios legales y valores del Código de Ética de la Administración Pública Federal.
Esta nueva ética pública tiene como objetivo que las personas servidoras públicas aspiren a la excelencia en su desempeño, siempre teniendo como línea orientadora el bienestar de la población.
Para la dignificación del servicio público, la SABG impulsará la profesionalización y promoverá el otorgamiento de incentivos, tales como: premios, estímulos, recompensas y reconocimientos a las personas servidoras públicas que se distingan en la excelencia de su desempeño y que aporten opciones para eficientar el servicio y beneficiar a los usuarios.
Con el fin de responder a la confianza depositada por la población en el actual gobierno, es indispensable la creación de programas que prevengan la corrupción, mediante el fortalecimiento de la integridad y la ética como criterios para el desempeño del servicio público.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 5, mandata que los Estados miembros deben establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción, así como promover la integridad, la rendición de cuentas y la gestión adecuada de los asuntos y bienes públicos.
Este replanteamiento de la política de integridad pública surge de una desatención, durante varias décadas, del interés general, como consecuencia de la corrupción que ha prevalecido en las instituciones gubernamentales en perjuicio del bienestar de la población, por lo que la SABG ha desarrollado una estrategia para difundir y fortalecer las herramientas disponibles para el personal que labora para el Gobierno de México, con el propósito de replantear la integridad en el servicio público.
De acuerdo con el PND, la clave para continuar con la transformación estará basada en principios, valores y reglas de integridad como factores del nuevo pacto social, lo que impactará en el modelo de desarrollo para México y permitirá reforzar el objetivo central del servicio público: velar por el interés público y el bienestar de toda la población.
La eficiencia de la administración pública se ve afectada en parte por el exceso de normativa que regulan su operación, circunstancia que limita la rapidez y efectividad de los procesos institucionales y provoca el desperdicio de los recursos asignados para la ejecución de los programas, planes y estrategias de gobierno.
Adicionalmente, la ambigüedad de la normativa da lugar a la arbitrariedad, la discrecionalidad y el abuso de las personas servidoras públicas en el otorgamiento de bienes, la realización de trámites y la prestación de servicios a la ciudadanía.
Los esfuerzos y políticas públicas que el gobierno actual implementa en materia de mejora de la gestión se orientan a que las dependencias y entidades de la APF lleven a cabo acciones que contribuyan eficientemente al cumplimiento de sus objetivos y metas, con un uso adecuado de los recursos asignados para propiciar la optimización de los procesos institucionales y la simplificación de la normativa que los regula.
Las iniciativas para perfeccionar la gestión gubernamental se enfocan en favorecer la coordinación tanto entre las instituciones como dentro de ellas, a efecto de concretar acciones que generen los mayores beneficios en la calidad y estandarización de los trámites, la priorización de los más relevantes para la ciudadanía y la incorporación de herramientas tecnológicas que faciliten su realización para cualquier persona.
Los problemas relacionados con la efectividad de las instituciones públicas y la calidad de los trámites y servicios que brindan son evidentes, especialmente ante la tendencia creciente de la percepción social de actos de corrupción.
Desde la Subsecretaría Anticorrupción, se definirán las directrices que permitan realizar, por medio de los OIC y las unidades administrativas con atribuciones en la materia, la fiscalización de los programas prioritarios y de las actividades estratégicas de las dependencias y entidades de la APF desde un enfoque integral y transversal, con la finalidad de promover la mejora de la gestión gubernamental, la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos, el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad, transparencia y rendición de cuentas, prevenir la corrupción e identificar buenas prácticas gubernamentales; lo anterior, en áreas de mayor impacto y relevancia, y con ello reducir y evitar el trabajo burocrático.
En las instituciones del Gobierno de México se impulsará la mejora y modernización de la gestión mediante programas que aporten elementos para corregir deficiencias normativas y de procesos; incorporar mecanismos que faciliten la prestación de los servicios basados en estándares de calidad; abrir espacios que fomenten la participación de la sociedad en la evaluación de la gestión gubernamental y potenciar la eficacia de las dependencias y entidades de la APF en el desempeño de sus funciones y el logro de sus objetivos y metas.
La SABG ha asumido también el compromiso de fomentar la austeridad republicana, mediante la fiscalización y la evaluación de la gestión pública para detectar las debilidades en el control interno e identificar y atender las áreas de oportunidad, con el fin de contribuir a mejorar el desempeño del Gobierno de México.
La contribución de este Programa al nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar de las personas consistirá en mantener una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad desde la prevención, así como en procurar la mejora de la gestión gubernamental. En la medida en que se logren estos propósitos, se disminuirá o, en su caso, se optimizará el impacto que tienen en áreas como salud, equidad, inversión y seguridad, de manera que se asegure que los recursos públicos se canalicen a infraestructura y gasto social y que la sociedad reciba servicios de calidad. Para ello, la acción de la SABG se sustentará en 10 pilares relacionados con la prevención y el combate a la corrupción desde dos enfoques:
a) Buen Gobierno
1. Dignificar la carrera del servicio público mediante la formación en integridad y capacitación para el cumplimiento de metas.
2. Dar acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar los programas prioritarios y proyectos estratégicos desde el inicio.
3. Modernizar a la APF para inhibir la corrupción y eficientar su desempeño.
4. Consolidar compras públicas transparentes, a precios justos, que formen proveeduría nacional, Mipymes y sostenibilidad ambiental.
5. Transparencia proactiva.
6. Sumar a la sociedad y al sector privado en la lucha contra la corrupción.
b) Anticorrupción
1. Enfocar a los OIC en áreas de mayor impacto y relevancia.
2. Fortalecer la cultura de la denuncia en los sectores público y privado, y garantizar su confidencialidad.
3. Realizar investigaciones que inhiban la corrupción.
4. Combatir la impunidad. Que violar la ley sea más costoso que cumplirla.
Los pilares mencionados se puntualizarán en las estrategias y líneas de acción de cada objetivo establecido en el presente Programa. Asimismo, la efectividad institucional para concretar los ejes redundará en el cumplimiento de los objetivos y estrategias del PND.
Es relevante reforzar la atención ciudadana como clave para combatir la corrupción y la impunidad en México lo que implica crear canales accesibles de denuncia, garantizar transparencia y proteger a los denunciantes. Una atención efectiva empodera a la sociedad, mejora la confianza en las instituciones y demuestra que las denuncias se atienden y las irregularidades se sancionan. Así, se fortalece la participación ciudadana y se promueve un cambio cultural hacia la ética y la legalidad.
Se precisa que el ejercicio del servicio público debe sustentarse en un esfuerzo que propicie cambios estructurales para prevenir los actos de corrupción y castigar a quienes los cometan, así como modernizar la gestión del gobierno. Por ello, el Programa Sectorial de la SABG, en concordancia con los objetivos del PND y sus estrategias, se concentrará en tres vertientes: la prevención de la corrupción, el combate a la impunidad y la mejora de la gestión pública, para lo cual se plantean cuatro objetivos prioritarios.
El 14% de la población de 18 años y más fue víctima de actos de corrupción en 2023(8), cifra que se agrava en zonas con menor infraestructura institucional y más marginación, como lo son comunidades rurales e indígenas. Estas regiones, con altas tasas de pobreza, experimentan discriminación y trámites ineficientes, lo que erosiona la confianza ciudadana en las públicas. Por lo que el primer Objetivo "Modernizar la Administración Pública Federal y consolidar un gobierno íntegro, austero y eficiente, fortaleciendo la vocación de servicio público como eje para prevenir la corrupción", responde reforzando una administración pública basada en integridad, austeridad y eficacia, para garantizar que todas las personas, sin distinción de origen o condición, reciban un trato justo, cercano y transparente.
El segundo Objetivo "Incorporar un modelo de prevención de la corrupción y fiscalización para erradicar la impunidad en el servicio público", plantea un modelo preventivo y de fiscalización eficaz, con sanciones proporcionales y rendición de cuentas, protegiendo así a quienes son más vulnerables y asegurando la integridad del recurso público. En 2023 solo 4.8% de las víctimas de corrupción presentaron denuncia, lo que refleja una cultura de impunidad, la falta de sanciones acarrea un costo tanto ético como fiscal: se estima que los actos de corrupción en trámites representaron casi 12,000 millones de pesos en 2023(9). Esta dinámica afecta de forma más aguda a mujeres, personas con discapacidad y habitantes del medio rural, donde hasta el 50% vive en pobreza laboral(10).
En 2023, el 23 % de la ciudadanía consideró la corrupción como uno de los principales problemas nacionales(11). Con base en este dato, el tercer Objetivo "Fortalecer la vinculación y la corresponsabilidad con la sociedad y el sector privado para la prevención de la corrupción y la impunidad en los espacios de la vida pública" propone una estrategia de corresponsabilidad en la que sociedad civil, sector privado y gobierno actúan como aliados estratégicos. Se impulsa la creación de canales directos de participación ciudadana. Es fundamental que las empresas, cámaras y organizaciones sociales asuman compromisos claros de transparencia, supervisión y denuncia de irregularidades. Esta colaboración fortalece la prevención institucional, reduce los espacios de opacidad y garantiza que las prácticas de buen gobierno permeen en todos los niveles sociales y económicos, beneficiando especialmente a quienes más han sido afectados por la corrupción.
Por otra parte, el cuarto Objetivo "Fortalecer los mecanismos de acceso a la información, la transparencia y las prácticas del buen gobierno en la Administración Pública Federal para el combate a la corrupción" busca acercar a la ciudadanía a ejercer el derecho de acceso a la información en igualdad sustantiva garantizados en la normatividad aplicable para el combate efectivo a la corrupción en el orden federal; tomando en cuenta que el 83,1% de la población considera que la corrupción es frecuente, y solo el 14% ha sido víctima en trámites públicos. Las personas con menor escolaridad, en zonas rurales, o sin acceso a internet, enfrentan opacidad informativa que limita su capacidad de exigir rendición de cuentas. Según CONEVAL, el 50,7% de la población rural se encuentra en pobreza laboral, lo que agrava su vulnerabilidad ante arbitrariedades.
- Visión de largo plazo
El segundo piso de la 4T aspira incrementar el bienestar de la ciudadanía mediante la consolidación de una visión anticorrupción y de un buen gobierno en la APF, cimentada en una nueva ética pública que promueva la honestidad, la eficacia, la dignificación, profesionalización y la transparencia proactiva en la labor gubernamental con estricta observancia de las leyes y normas aplicables.
De esta manera, se castiga la corrupción, se elimina el derroche, se erradica la ineficacia, se democratiza la fiscalización de los fondos públicos, se impulsa la denuncia, se garantiza la transparencia y se generan ahorros en los recursos públicos los cuales se orientan a satisfacer los objetivos del desarrollo nacional. Por ello, la SABG, que tiene a su cargo vigilar y, en su caso, sancionar las actividades de las personas servidoras públicas federales, auditar el gasto público, promover el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, así como impulsar la mejora de la gestión pública, se complementará con un modelo ejemplar de prevención de la corrupción y fiscalización, en donde violar la ley sea más costoso que cumplirla.
Se estima que para 2030, como resultado del cumplimiento de los objetivos, estrategias y acciones de este Programa Sectorial, se habrán logrado avances significativos para afianzar un gobierno sensible y cercano a la gente mediante la prevención y el combate a la corrupción y a la impunidad. De manera que, los casos detectados serán investigados y sancionados eficientemente, asegurando que ningún servidor público se enriquezca a costa del dinero del pueblo. Además, se espera que la continuidad de la política de austeridad siga reorientando el gasto público en beneficio de la población y sirva para impulsar proyectos de inversión y de infraestructura que favorezcan el desarrollo económico, especialmente en las comunidades menos favorecidas. En conjunto, la perspectiva es que para ese año se logre el objetivo prioritario de aumentar la confianza de la población en el Gobierno de México, lo cual se reflejará en métricas e indicadores de instancias reconocidas.
Asimismo, con el cumplimiento de los 10 pilares de la prevención y el combate a la corrupción, se prevé que se alcance impunidad cero; y que el servicio público esté dignificado y permeado por la honestidad, la integridad y el comportamiento ético de quienes, desde el gobierno, trabajen para la ciudadanía. Se logrará también una profesionalización del servicio público con perspectiva de género centrada en el cumplimiento de metas y objetivos, y el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación para hacer más eficientes, austeras y transparentes la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
Finalmente, el Programa Sectorial Anticorrupción y Buen Gobierno 2025-2030 contribuirá a un cambio cultural para erradicar la corrupción en la vida cotidiana y los espacios sociales.
Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de su labor institucional en el combate a la corrupción y a la impunidad, así como para mejorar la gestión del gobierno, la SABG ha planteado los objetivos siguientes:
| Objetivos del Programa Sectorial Anticorrupción y Buen Gobierno 2025-2030
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| 1.- Modernizar la Administración Pública Federal y consolidar un gobierno íntegro, austero y eficiente, fortaleciendo la vocación de servicio público como eje para prevenir la corrupción. |
| 2.- Incorporar un modelo de prevención de la corrupción y fiscalización para erradicar la impunidad en el servicio público |
| 3.- Fortalecer la vinculación y la corresponsabilidad con la sociedad y el sector privado para la prevención de la corrupción y la impunidad en los espacios de la vida pública. |
| 4.- Fortalecer los mecanismos de acceso a la información, la transparencia y las prácticas del buen gobierno en la Administración Pública Federal para el combate a la corrupción. |
6.1 Relevancia del Objetivo 1: Modernizar la Administración Pública Federal y consolidar un gobierno íntegro, austero y eficiente, fortaleciendo la vocación de servicio público como eje para prevenir la corrupción. La corrupción en la APF debilita la confianza ciudadana, distorsiona el uso de los recursos públicos y profundiza las desigualdades. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 140 de 180 países evaluados, con una calificación de 26 sobre 100, lo que evidencia la persistencia de prácticas discrecionales y redes de intereses que afectan el funcionamiento del gobierno.
Este problema tiene impactos diferenciados según la identidad, condición y lugar de residencia de las personas. Los grupos históricamente excluidos como mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad o habitantes de zonas rurales enfrentan mayores barreras para acceder a servicios públicos de calidad, y con frecuencia padecen los efectos de la corrupción en trámites esenciales como salud, educación, vivienda o programas sociales. Según la ENCIG 2023 del INEGI, los trámites relacionados con la propiedad, la seguridad pública y la obtención de permisos son los que concentran el mayor número de experiencias de corrupción.
La falta de vocación de servicio, el uso indebido de recursos públicos y la ausencia de controles eficaces, debilitan la legitimidad del gobierno y limitan su capacidad para garantizar derechos. En este sentido, el gasto público ineficiente no solo compromete la sostenibilidad financiera del Estado, sino que también afecta de manera diferenciada a la población más vulnerable. Según datos del CONEVAL, en 2022 más del 36.3% de la población se encontraba en situación de pobreza, y el 50.7% de la población rural vivía en pobreza laboral, lo que evidencia la necesidad de un Estado austero pero efectivo, que oriente sus recursos con enfoque de justicia social.
Ante este contexto, el objetivo se orienta a consolidar una administración pública íntegra, con servidores públicos comprometidos con los principios de legalidad, honestidad y servicio a la comunidad, capaces de actuar con austeridad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones. Un componente estratégico de esta transformación es la modernización de las compras públicas, que representa uno de los principales focos de riesgo de corrupción.
Por ello, la dignificación del servicio público mediante la profesionalización, reconocimiento de las personas servidoras públicas, mejora de espacios y sentido de pertenencia, como componente esencial del buen gobierno se convierten, junto con los esfuerzos para eliminar la corrupción y la impunidad, en el otro gran pilar para transformar las grandes iniciativas gubernamentales en bienes y servicios de calidad y mejores estrategias para el desarrollo de México y el bienestar de las y los mexicanos.
Por otro lado, se considera a la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano, que consiste en la conducta republicana y política de Estado en donde los entes públicos están obligados a combatir la desigualdad social, la corrupción, el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, y administrar los recursos públicos con eficiencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, de acuerdo a las disposiciones aplicables.
De manera que se deberán renovar los principios deontológicos para el ejercicio del servicio público, a fin de lograr que las personas servidoras públicas trabajen con integridad, austeridad, honestidad, transparencia, igualdad de género y no discriminación, respeto a las libertades y con apego a derecho y se deberá garantizar que, en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los DD. HH., de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consagrados en la CPEUM.
Entre los problemas que ha generado esta forma de apropiación de lo público se encuentran el daño en la capacidad de las instituciones para desarrollar sus tareas y atender las necesidades de la población, la disminución de la confianza en la actuación gubernamental, inseguridad jurídica e incapacidad para garantizar y ejercer derechos fundamentales.
Las causas y efectos de la corrupción, así como de la ineficacia en la gestión pública, constituyen las principales preocupaciones en el marco del nuevo modelo de desarrollo, pues con el abatimiento de este flagelo y la mejora de la actuación gubernamental, será posible impulsar el crecimiento económico, evitar el robo de los recursos públicos, poner fin al dispendio, canalizar el gasto hacia los fines dispuestos, atender las necesidades de la población, favorecer a los históricamente excluidos, hacer más eficiente y eficaz la gestión del Estado, garantizar los DD. HH. y eliminar privilegios y prebendas, entre otros efectos; en suma, se podrá conformar a una sociedad más igualitaria y avanzar hacia el logro de un mejor país.
En este sentido, la relevancia del objetivo es impulsar el comportamiento ético de las personas servidoras públicas para lograr el bienestar de la ciudadanía, a partir de una cultura de servicio público austero y de excelencia, cimentada en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En ese marco, la modernización de las compras públicas no solo mejora la calidad del gasto, sino que también constituye una herramienta preventiva de la corrupción con alto impacto estructural.
6.2 Relevancia del Objetivo 2: Incorporar un modelo de prevención de la corrupción y fiscalización para erradicar la impunidad en el servicio público. La corrupción y la falta de consecuencias frente a los actos indebidos continúan siendo factores estructurales que debilitan el funcionamiento del Estado y vulneran los derechos de la ciudadanía. De acuerdo con la ENCIG 2023, menos del 5% de las personas que fueron víctimas de un acto de corrupción presentaron una denuncia formal, lo que refleja una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos. Esta situación ha normalizado la impunidad en muchos niveles del servicio público, y genera un entorno en el que el cumplimiento de la ley es percibido como opcional y condicionado a relaciones de poder o privilegio.
El costo social y económico de esta dinámica es elevado. El INEGI estima que en 2023 los actos de corrupción en trámites gubernamentales representaron una afectación económica de casi 12,000 millones de pesos. Sin embargo, más allá del impacto financiero, la corrupción y la falta de fiscalización afectan de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables: personas en situación de pobreza, mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales enfrentan mayores riesgos de exclusión, maltrato institucional o extorsión cuando buscan acceder a servicios públicos, programas sociales o justicia.
Bajo ese contexto, la problemática que se plantea combatir es la impunidad en la APF, entendida bajo el contexto de la ciudadanía como la ausencia de sanción por las faltas cometidas por las personas servidoras públicas y los actos de particulares. En este sentido, el fortalecimiento del combate a la impunidad beneficia a la población, ya que permite a la sociedad recuperar la confianza en las instituciones y en las personas servidoras públicas, lo que reafirma que el servicio público debe velar por el interés colectivo y actuar en consecuencia y sin miramientos contra aquellos que incurren en la comisión de faltas administrativas.
Es por eso que el combate a la impunidad necesita la generación de inteligencia estratégica y táctica para prevenir y castigar los actos de transgresión a las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, para implementar los mecanismos establecidos en la normativa y disminuir los actos de corrupción y la comisión de faltas administrativas, en cumplimiento al Eje General plasmado en el PND del nuevo gobierno: "Gobernanza con justicia y participación ciudadana".
Por otro lado, los procesos de fiscalización verifican y, en su caso, promueven que las leyes y la normativa se apliquen de manera correcta, lo que asegura que el quehacer gubernamental esté alineado con los principios de legalidad y justicia. Además, permite a la ciudadanía conocer cómo se manejan los recursos del Estado y asegurar que las personas servidoras públicas rindan cuenta de sus acciones.
En materia de fiscalización, se identificó la necesidad de fortalecer las acciones de planeación que lleva a cabo la Subsecretaría Anticorrupción, a fin de definir y ejecutar los actos de fiscalización idóneos para promover la eficiencia y eficacia de la labor gubernamental y vigilar el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos en el ámbito de la austeridad republicana y, con ello, colaborar de manera efectiva en el cumplimiento de los objetivos y metas de las dependencias y entidades de la APF, así como de los programas prioritarios definidos por la presente administración.
De esta manera, se tiene previsto que las auditorías realizadas por los OIC, así como por otras unidades administrativas con atribuciones en la materia, impacten positivamente en el quehacer gubernamental y, logren un adecuado control de los procesos, de tal forma que, por medio de los resultados de la fiscalización, se impulse el óptimo ejercicio de los recursos públicos y se recupere la confianza de la sociedad y la credibilidad en las instituciones de gobierno.
Asimismo, se tiene como objetivo brindar acompañamiento a las dependencias y entidades de la APF en el diseño, ejecución y conclusión de programas prioritarios y proyectos estratégicos, principalmente de aquellos que derivan del PND, así como establecer las normas que regulen los instrumentos y procedimientos del control interno y verificar su cumplimiento, para lograr el cometido señalado por la Presidenta de la República, para lo cual se realizarán intervenciones de control interno en las dependencias y entidades de la APF, que tengan a su cargo la operación de dichos programas y proyectos.
En ese sentido, la implementación del modelo de prevención de la corrupción y fiscalización impactará en los distintos ámbitos de la APF, con el fin de mejorar la gestión pública, la transparencia de recursos, la cultura de ética y la responsabilidad en el quehacer gubernamental.
Así, al combatir la impunidad en el ámbito administrativo, se enfrenta al problema de la corrupción desde su raíz. Por ello, la SABG atenderá de forma integral las denuncias y realizará investigaciones con innovaciones tecnológicas que agilicen su gestión; asimismo, dará cauce de forma integral a los procedimientos de responsabilidad administrativa con apego al debido proceso y a los principios que los rigen para la imposición de sanciones ejemplares por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando sea procedente, impondrá directamente las sanciones en las faltas que son de su competencia.
Además, profesionalizará a las personas servidoras públicas facultados para desahogar los procedimientos de sanción en materia de contrataciones públicas y promoverá una nueva ética en el servicio público, enfocada a la recuperación de la confianza de la población en el gobierno.
En respuesta, este objetivo propone un cambio de paradigma: pasar de una lógica reactiva y punitiva a un modelo preventivo e integral, basado en la identificación temprana de riesgos, la mejora de los sistemas de control interno, el fortalecimiento de capacidades institucionales, y una fiscalización efectiva y transparente. Esto implica también cerrar espacios de discrecionalidad, fortalecer el servicio público profesional y construir una cultura organizacional orientada a la legalidad, la ética y la rendición de cuentas.
Al implementar este modelo, se busca garantizar que las reglas se apliquen de forma equitativa y que el acceso a los derechos no dependa de prácticas indebidas, sino de la calidad del servicio público. De esta manera, se contribuye a construir un gobierno confiable, justo y eficaz, que funcione con integridad y en beneficio de toda la sociedad, sin distinción de condición social, identidad o lugar de residencia.
6.3 Relevancia del Objetivo 3: Fortalecer la vinculación y la corresponsabilidad con la sociedad y el sector privado para la prevención de la corrupción y la impunidad en los espacios de la vida pública. Uno de los principales desafíos en la prevención de la corrupción en México es la limitada articulación entre el gobierno, la ciudadanía y el sector privado. De acuerdo con la ENCIG 2023 del INEGI, el 83.1% de la población considera que la corrupción es frecuente, y menos del 5% de quienes son víctimas de actos de corrupción interponen una denuncia formal. Esta situación refleja una normalización de prácticas indebidas y una percepción de que la participación ciudadana tiene escaso impacto en la transformación del entorno público.
Además, según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, solo el 24.5% de las personas considera que su participación puede contribuir a resolver los problemas del país. Este entorno de baja confianza y desvinculación institucional impacta de forma diferenciada a los grupos históricamente excluidos: mujeres, juventudes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y comunidades rurales, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a información pública, canales de denuncia o espacios de diálogo con las autoridades.
Por su parte, el sector privado también forma parte del ecosistema de riesgos y soluciones frente a la corrupción. Las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular, suelen estar expuestas a solicitudes de pagos indebidos, extorsiones y discrecionalidad en trámites, permisos o licitaciones. De acuerdo con Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reconocen que la falta de integridad institucional, tanto en el sector público como en el privado, inhibe la competencia leal y la innovación, especialmente en mercados locales.
En este contexto, se busca consolidar un modelo de corresponsabilidad en el que la sociedad civil, las comunidades organizadas y el sector privado asuman un rol activo en la construcción de entornos íntegros. Esto implica fomentar la participación ciudadana mediante mecanismos de participación accesibles, así como impulsar la cultura de integridad empresarial, promoviendo códigos de ética, transparencia en la contratación, mecanismos internos de cumplimiento normativo (compliance) y alianzas público-privadas para la prevención de riesgos de corrupción.
Para ello, es necesario reducir los factores de la corrupción en la APF para lograr el bienestar de la población mediante la promoción de procedimientos preventivos y simplificados que fomenten la integridad y establezcan ambientes de control donde participe la ciudadanía y su diversidad de actores.
La problemática central que dimensiona la relevancia de la democratización de la lucha anticorrupción es la captura y simulación que se practicaba en los sistemas de control gubernamental, a lo que se suma la ausencia de canales formales y herramientas sustantivas que constituyan contrapesos sistémicos en los procesos de vigilancia y responsabilidad administrativa.
Los mecanismos de participación ciudadana deben vincularse a las etapas de planeación, diseño e implementación de proyectos con el propósito de que los programas sociales beneficien y promuevan mejores condiciones para el pueblo de México. Para ello, es necesario fortalecer la promoción e implementación de sistemas de control público abiertos, simplificados y flexibles.
Con este fin, será necesario establecer campañas masivas de concientización sobre la integridad pública y el rechazo a la corrupción, para que la ciudadanía identifique de forma clara y oportuna los posibles actos de corrupción a los que se enfrenta en su vida diaria.
La formación de ciudadanía a edad temprana es la clave para construir un México diferente. Para ello, en conjunto con la SEP se establecerá una ruta de trabajo para incorporar contenido sobre honestidad y rechazo a la corrupción en los planes de estudio de educación básica.
Mediante la educación y sensibilización se promoverán los valores éticos desde la niñez en los centros educativos y se reforzarán en la vida adulta a través de mecanismos de participación ciudadana. La conciencia social implica involucrar a la ciudadanía en la identificación y denuncia de actos de corrupción a través de campañas informativas y plataformas de participación ciudadana, pero sobre todo mediante acompañamiento permanente que la misma ciudadanía puede dar a todas las acciones, obras, programas, trámites y servicios otorgados por el Gobierno de México.
En cuanto a las empresas, se establecerá un programa de trabajo con el sector privado para combatir la corrupción en sus distintas interacciones con el gobierno.
La ausencia de mecanismos de prevención, asesoría y capacitación, así como la falta de verificación del cumplimiento de la normativa y la implementación de la política de integridad en el sector privado puede agravar el fenómeno de la corrupción, especialmente en transacciones comerciales relacionadas con compras y ventas entre el gobierno y las empresas.
Asimismo, este objetivo impulsa la incorporación de las Mipymes y las organizaciones del sector social en las compras públicas como una estrategia clave de prevención, al democratizar el acceso a los recursos del Estado, reducir la concentración de proveedores, fomentar la transparencia en los procesos de contratación, y generar cadenas de valor con enfoque territorial, inclusivo y sostenible.
Promover esquemas de participación corresponsable, integridad empresarial y vigilancia ciudadana es esencial para cerrar espacios de opacidad, redistribuir oportunidades económicas y fortalecer la legalidad desde lo local. La corrupción no puede prevenirse únicamente desde las instituciones: requiere una alianza activa con quienes viven, producen y transforman la vida pública desde todos los sectores del país.
Este objetivo responde a la necesidad de tejer confianza social, fortalecer la rendición de cuentas horizontal y crear condiciones donde la legalidad y la ética no solo sean exigidas al Estado, sino compartidas y vividas por todos los sectores. La prevención de la corrupción será efectiva en la medida en que se construya colectivamente, con reglas claras, valores compartidos y voluntad institucional en todos los ámbitos de la vida pública.
6.4 Relevancia del Objetivo 4: Fortalecer los mecanismos de acceso a la información, la transparencia y las prácticas del buen gobierno en la Administración Pública Federal para el combate a la corrupción. La falta de transparencia en la gestión pública sigue siendo una de las principales causas estructurales que permiten la corrupción, limitan la rendición de cuentas y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones. Aunque México cuenta con un marco normativo en materia de acceso a la información, persisten desafíos importantes en la calidad, oportunidad, utilidad y apertura de los datos gubernamentales, así como en la capacidad de la población para ejercer sus derechos de acceso a la información.
El fenómeno de la corrupción es complejo ya que no solo involucra al sector público, sino que también abarca a múltiples actores y sectores de la sociedad en diversos ámbitos. Ante este panorama, los gobiernos anteriores a la 4T mostraron poco interés en combatir de manera frontal y decidida este flagelo.
Actualmente, desde el gobierno se impulsa una mayor participación ciudadana en la revisión, supervisión y escrutinio del actuar gubernamental. Esto conlleva, en primer lugar, mejorar el acceso cabal, libre y permanente a la información gubernamental, privilegiando el derecho de la ciudadanía a la información, y, en segundo lugar, fomentar la colaboración y la participación ciudadana.
Las áreas de oportunidad en materia de transparencia incluyen la mejora en la calidad y oportunidad de las respuestas a solicitudes de información, el aumento de la pertinencia y accesibilidad de la información sustantiva, así como la optimización de los sitios web, buscadores y repositorios de transparencia proactiva y datos abiertos.
En cuanto a los datos abiertos, las áreas de oportunidad comprenden la mejora de la calidad de los datos publicados, el fomento de su uso y el aprovechamiento tanto por la ciudadanía en general, como por las mujeres, por las propias autoridades.
El objetivo es hacer la vida pública cada vez más pública, de tal manera que la transparencia se convierta en una herramienta eficaz contra la corrupción. La APF requiere mecanismos de coordinación interinstitucional y colaboración con distintos actores sociales, bajo los principios del gobierno abierto.
La Métrica de Gobierno Abierto(12) es un instrumento de medición de carácter cuantitativo y cualitativo que permite identificar el grado de apertura gubernamental de las instituciones públicas del país que tienen la calidad de sujetos obligados, conforme a la normativa en materia de acceso a la información. Los resultados que arroja esta herramienta se expresan en una escala de 0 a 1, donde 1 representa el nivel más alto de cumplimiento.
Publicada cada dos años, la Métrica permite evaluar el desempeño institucional mediante el Índice de Gobierno Abierto (IGA), el cual ha mostrado un retroceso en los niveles de apertura en años recientes. En su cuarta edición, publicada por El COLMEX y el INAI, correspondiente a 2023, el IGA registró un valor de 0.46, lo que representa una disminución de 14 puntos porcentuales respecto del puntaje más alto alcanzado en la segunda edición del estudio del año 2019 que fue de 0.52.
Uno de los componentes del IGA es el Índice de Transparencia desde la Perspectiva Gubernamental (TG), que evalúa si los sujetos obligados hacen pública la información conforme a los lineamientos, estándares y obligaciones establecidos por el marco jurídico vigente en materia de transparencia. En el ámbito del gobierno federal, los resultados muestran una tendencia a la baja desde la segunda edición de la Métrica, publicada en 2019, cuando este componente alcanzó su puntuación más alta con un valor de 0.90. En la edición más reciente del estudio (2023), el TG obtuvo un puntaje de 0.84, evidenciando una disminución respecto del valor máximo previamente registrado.
En este contexto, México ha ampliado sus esfuerzos por construir normas orientadas a la prevención, detección, investigación y sanción de los hechos de corrupción adhiriéndose a los diferentes compromisos nacionales e internacionales. Estos mecanismos promueven los principios de responsabilidad compartida y coordinación institucional, así como la cooperación con otros Estados parte.
De esta manera, se contribuye con el objetivo del PND de erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones. Esto se logra al dotar al pueblo de información que le permita involucrarse en las grandes decisiones nacionales sin dejar a nadie atrás ni a nadie afuera, lo que incide en la eliminación de la exclusión de la sociedad promovida por los anteriores gobiernos neoliberales. Asimismo, se fortalece la actuación de las autoridades encargadas de combatir la corrupción, al privilegiar los principios y el espíritu de los instrumentos nacionales e internacionales en la materia.
Ante este panorama, el objetivo busca fortalecer la transparencia como principio rector de la gestión pública y como herramienta clave para la prevención de la corrupción. Esto implica no solo garantizar el acceso efectivo a la información pública, sino también desarrollar plataformas abiertas, accesibles y comprensibles para todas las personas, así como fomentar una cultura institucional de apertura y responsabilidad proactiva en el manejo de los recursos públicos.
Asimismo, este objetivo promueve prácticas de buen gobierno al impulsar políticas de datos abiertos, trazabilidad en contrataciones públicas y mecanismos de monitoreo ciudadano. Estas acciones permiten visibilizar el uso de los recursos, detectar irregularidades y facilitar la evaluación del desempeño institucional, lo que resulta fundamental para consolidar un Estado más eficiente, íntegro y cercano a la ciudadanía.
6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial Anticorrupción y Buen Gobierno 2025-2030 Los cuatro Objetivos planteados por la SABG en el presente programa, estaban vinculados y contribuyen a los siguientes Objetivos y Estrategias del PND:
| Objetivos del Programa Sectorial Anticorrupción y
Buen Gobierno 2025-2030
| Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo 2025 - 2030
| Estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo 2025 - 2030
|
| 1. Modernizar la Administración Pública Federal y consolidar un gobierno íntegro, austero y eficiente, fortaleciendo la vocación de servicio público como eje para prevenir la corrupción. | Objetivo 1.3 | Estrategias 1.3.1 |
| 2. Incorporar un modelo de prevención de la corrupción y fiscalización para erradicar la impunidad en el servicio público. | Objetivo 1.3. | Estrategias 1.3.2 |
| 3. Fortalecer la vinculación y la corresponsabilidad con la sociedad y el sector privado para la prevención de la corrupción y la impunidad en los espacios de la vida pública. | Objetivos 1.3 | Estrategias 1.3.3 |
| 4. Fortalecer los mecanismos de acceso a la información, la transparencia y las prácticas del buen gobierno en la Administración Pública Federal para el combate a la corrupción. | Objetivos 1.3 | Estrategias 1.3.4 |
7. Estrategias y líneas de acción
Las intervenciones de política pública y las actividades para dar cumplimiento a los Objetivos del Programa Sectorial de Anticorrupción y Buen Gobierno 2025-2030, se proponen en las Estrategias y Líneas de acción siguientes:
Objetivo 1.- Modernizar la Administración Pública Federal y consolidar un gobierno íntegro, austero y eficiente, fortaleciendo la vocación de servicio público como eje para prevenir la corrupción.
Estrategia 1.1.- Consolidar un servicio público integro, profesional y eficiente para prevenir la corrupción.
| Línea de acción
|
| 1.1.1 Contribuir a la restructuración de la APF para consolidar un Gobierno íntegro que favorezca ahorros en beneficio del pueblo. |
| 1.1.2 Difundir contenidos para sensibilizar a las personas servidoras públicas en materia de ética pública y prevención de la actuación bajo conflicto de interés. |
| 1.1.3 Fortalecer la calidad de información de las personas servidoras públicas, registrada en los sistemas institucionales, a través de la interoperabilidad con dependencias y entidades de la APF. |
| 1.1.4 Capacitar a las personas servidoras públicas en materia de ética pública y conocimientos básicos y especializados que promueva la vocación de servicio para el bien público y el cumplimiento de las metas institucionales. |
| 1.1.5 Propiciar acciones y prácticas que generen ambientes de trabajo incluyentes, respetuosos y dignos para el adecuado cumplimiento de las funciones de las personas servidoras públicas. |
| 1.1.6 Promover el otorgamiento de incentivos, tales como premios, estímulos, recompensas y reconocimientos a las personas servidoras públicas meritorias. |
| 1.1.7 Establecer acciones de compromiso por parte de las instituciones de la APF, para mejorar la calidad de los servicios a corto, mediano y largo plazos. |
| 1.1.8 Fortalecer la promoción de la cultura de la rendición de cuentas desde el inicio de la carrera del servicio público. |
| 1.1.9 Crear una campaña nacional de sensibilización sobre las consecuencias legales de la corrupción e impulsar una capacitación constante de prevención y combate a la corrupción en los sectores público y privado. |
| 1.1.10 Realizar exámenes de control de confianza a personas servidoras públicas que desempeñen un cargo que esté expuesto a alto riesgo de corrupción. |
Estrategia 1.2.- Reformar el marco normativo de las contrataciones públicas para incorporar nuevas estrategias de contratación, así como modernizar los procedimientos de contratación a fin de generar ahorros, abatir la corrupción, garantizar la transparencia de los procedimientos de contratación y promover la proveeduría nacional en las compras de la APF.
| Línea de acción
|
| 1.2.1 Proponer una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| 1.2.2 Proponer una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. |
| 1.2.3 Dar seguimiento a la implementación de las reformas a las leyes aprobadas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, en el marco normativo de la APF. |
| 1.2.4 Emitir y conducir la política general de compras públicas con enfoque sostenible y transparente, que permita garantizar las mejores condiciones de contratación para la APF. |
| 1.2.5 Modernizar la Plataforma Digital en materia de contrataciones públicas, que recopile, gestione, simplifique, estandarice y publique datos abiertos durante los procesos de contratación. |
| 1.2.6 Fortalecer normativamente el proceso de planeación de las contrataciones públicas. |
| 1.2.7 Capacitar y sensibilizar a las personas servidoras públicas de la APF sobre el marco legal de las contrataciones, destacando los actos que constituyen infracciones a las leyes de contratación pública. |
| 1.2.8 Substanciar los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones y obras públicas en un plazo no mayor a 40 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión, salvo los casos en que las partes determinen legalmente su extensión. |
| 1.2.9 Actualizar oportunamente los registros relativos al seguimiento de los procedimientos de conciliación. |
Objetivo 2.- Incorporar un modelo de prevención de la corrupción y fiscalización para erradicar la impunidad en el servicio público.
Estrategia 2.1.- Dar acompañamiento preventivo a las dependencias y entidades de la APF para blindar los programas prioritarios y proyectos estratégicos desde un inicio y hasta su conclusión.
| Línea de acción
|
| 2.1.1 Brindar asesoría normativa a las dependencias y entidades de la APF, en el desarrollo de los programas prioritarios y proyectos estratégicos. |
| 2.1.2 Verificar la integración de los padrones de beneficiarios de los programas prioritarios y proyectos estratégicos de la APF. |
| 2.1.3 Determinar mapas de riesgos en los procesos de los programas prioritarios y proyectos estratégicos de la APF. |
| 2.1.4 Fomentar acciones en materia de prevención de la corrupción y mejora continua en las dependencias y entidades de la APF respecto de sus programas prioritarios y proyectos estratégicos. |
| 2.1.5 Utilizar herramientas tecnológicas que permitan automatizar procesos de supervisión y cumplimiento en menor tiempo y con menos recursos. |
| 2.1.6 Coordinar la difusión del avance de los programas prioritarios y proyectos estratégicos de la APF. |
Estrategia 2.2.- Impulsar la realización investigaciones que inhiban la corrupción en áreas de mayor impacto y relevancia.
| |
| 2.2.1 Realizar un diagnóstico que permita establecer un modelo de priorización en materia de denuncias, a efecto de mejorar la oportunidad y efectividad en su atención y focalizar acciones en patrones recurrentes en las dependencias y entidades de la APF para combatir la corrupción. |
| 2.2.2 Eficientar los medios de denuncia para un fácil acceso de la ciudadanía para su presentación y seguimiento. |
| 2.2.3 Fortalecer las herramientas para el registro, trámite y seguimiento de las denuncias presentadas ante las áreas competentes de la SABG para su atención. |
| 2.2.4 Realizar aleatoriamente verificaciones de evolución patrimonial a las personas servidoras públicas que participen en programas prioritarios y proyectos estratégicos o de mayor riesgo, así como investigaciones que inhiban la corrupción y la comisión de faltas administrativas. |
| 2.2.5 Realizar el seguimiento de los asuntos turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de que se impongan sanciones ejemplares, así como realizar la defensa jurídica exhaustiva de los asuntos en los que se impongan sanciones a efecto de que prevalezca su validez. |
Estrategia 2.3.- Enfocar a los OIC en áreas de mayor impacto y relevancia para mejorar los procesos de fiscalización.
| Línea de acción
|
| 2.3.1 Practicar intervenciones de control interno a los programas y proyectos prioritarios, así como a las actividades estratégicas de las instituciones. |
| 2.3.2 Participar con las dependencias, entidades de la APF, así como empresas públicas del Estado en el proceso de fiscalización superior. |
| 2.3.3 Practicar visitas de mejora a la simplificación y actualización de la normativa, procesos, trámites y servicios de las dependencias y entidades de la APF. |
| 2.3.4 Desarrollar un nuevo paradigma de la fiscalización que considere actos con enfoque transversal y procesos completos, que permitan contar con resultados comparables y opiniones colegiadas del quehacer gubernamental de fácil acceso a la ciudadanía. |
| 2.3.5 Planear y realizar actos de fiscalización orientados a revisar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, en áreas de mayor impacto y relevancia. |
| 2.3.6 Programar actos de fiscalización que consideren el grado de madurez de los programas y proyectos prioritarios y la etapa en que se encuentren para focalizar revisiones orientadas a las necesidades, según el tipo de programas (nuevos, en implementación y maduros). |
| 2.3.7 Dar seguimiento a los procedimientos de contrataciones públicas que realicen las dependencias y entidades de la APF, a efecto de detectar de manera preventiva áreas de oportunidad y fortalezas institucionales, así como determinar mecanismos de prevención. |
| 2.3.8 Reforzar la cultura de integridad dentro de los OIC, así como fortalecer la capacidad técnica, operativa y de coordinación interinstitucional. |
Estrategia 2.4.- Fortalecer la cultura de la denuncia en los sectores público y privado y garantizar su confidencialidad.
| Línea de acción
|
| 2.4.1 Fortalecer la cultura de la denuncia y robustecer los mecanismos para garantizar la seguridad y confidencialidad del denunciante. |
| 2.4.2 Establecer medidas de protección legal para los denunciantes que incentiven la denuncia responsable y efectiva. |
| 2.4.3 Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de denunciar e informar a la ciudadanía sobre los canales de denuncias que tiene a su disposición. |
| 2.4.4 Implementar protocolos de análisis y seguimiento de las denuncias y establecer un sistema de evaluación y transparencia de las mismas. |
| 2.4.5 Fortalecer la formación en ética y responsabilidad de las personas servidoras públicas encargadas de recibir las denuncias. |
| 2.4.6 Difundir los elementos esenciales que deberán contener las denuncias para su procedencia, conceptualizando circunstancias de modo, tiempo y lugar con un lenguaje amigable que sea entendible hacia la ciudadanía. |
| 2.4.7 Participar activamente en los Comités de Ética, a efecto de contribuir en la atención de las denuncias relacionadas con posibles vulneraciones a la ética pública y por posibles conflictos de intereses. |
| 2.4.8 Tramitar las denuncias ciudadanas en su recepción, registro y dentro del día hábil siguiente a su captación, con la finalidad de que sean remitidas oportunamente a las autoridades encargadas de la investigación en la dependencia o entidad de la APF correspondiente. |
Estrategia 2.5.- Combatir la impunidad en los sectores público y privado para que violar la ley sea más costoso que cumplirla.
| Línea de acción
|
| 2.5.1 Establecer un modelo de investigación de conductas presumiblemente graves, para la integración de elementos contundentes que puedan derivar en sanciones ejemplares. |
| 2.5.2 Resolver la instancia de inconformidad en un plazo no mayor de 75 días hábiles a partir de su admisión. |
| 2.5.3 Promover medios de control para evitar la caducidad de la instancia o la prescripción de las facultades sancionatorias, mediante la oportuna atención y conclusión de los procedimientos administrativos de responsabilidad. |
| 2.5.4 Priorizar la atención de los asuntos cuya conducta sancionable se encuentre próxima a prescribir. |
| 2.5.5 Fortalecer los procedimientos de investigación para determinar la presunta existencia, o en su caso inexistencia, de conductas que la ley prevé como faltas administrativas, para concluirlos dentro de los plazos legales. |
| 2.5.6 Fortalecer la coordinación interinstitucional para facilitar y agilizar el intercambio de información en las investigaciones relacionadas con actos de corrupción, así como para la persecución de delitos relacionados con esta. |
| 2.5.7 Denunciar en materia penal a personas servidoras públicas y particulares a fin de que se apliquen las sanciones que correspondan. |
Estrategia 2.6.- Fortalecer la eficiencia en la investigación de los expedientes administrativos a licitantes, proveedores y contratistas, a fin de promover la sanción ante las instancias correspondientes.
| Línea de acción
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| 2.6.1 Procurar que la investigación de las denuncias recibidas se realicen en un plazo máximo de cuatro meses, salvo causa justificada de que se requiere mayor tiempo. |
| 2.6.2 Fomentar el uso de los medios electrónicos en los requerimientos de información. |
| 2.6.3 Capacitar, respecto de la investigación de hechos constitutivos de presuntas infracciones en las leyes en materia de contrataciones públicas, al personal de los OIC que atiende esta materia. |
| 2.6.4 Actualizar oportunamente los registros relativos a la investigación en los expedientes de sanción a licitantes, proveedores y contratistas. |
Estrategia 2.7.- Sancionar a las personas físicas y morales que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.
| Línea de acción
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| 2.7.1 Dar prioridad a los asuntos cuya conducta sancionable se encuentre próxima a prescribir, considerando los cinco años señalados en el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. |
| 2.7.2 Realizar la captura oportuna y actualización del directorio de proveedores y contratistas sancionados. |
| 2.7.3 Establecer mecanismos de detección de presuntas infracciones cometidas en contravención de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y la Ley de Asociaciones Público Privadas. |
| 2.7.4 Capacitar, respecto de la sustanciación de los procedimientos administrativos de sanción, al personal adscrito a los OIC. |
Objetivo 3.- Fortalecer la vinculación y la corresponsabilidad con la sociedad y el sector privado para la prevención de la corrupción y la impunidad en los espacios de la vida pública.
Estrategia 3.1.- Sumar a la sociedad y al sector privado en la lucha contra la corrupción.
| Línea de acción
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| 3.1.1 Democratizar los mecanismos de participación ciudadana para la prevención de la corrupción. |
| 3.1.2 Establecer la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil en materia de prevención de la corrupción. |
| 3.1.3 Promover que las Contralorías Estatales se sumen al nuevo modelo de buen gobierno de la APF. |
| 3.1.4 Establecer un modelo de coordinación con la SEP para incorporar contenidos sobre honestidad y rechazo a la corrupción en los planes de estudio en las primeras infancias. |
| 3.1.5 Definir un programa de trabajo con el sector privado para abatir la corrupción en sus interacciones con el gobierno. |
| 3.1.6 Realizar campañas de concientización sobre integridad pública y rechazo a la corrupción, a fin de sensibilizar a la ciudadanía para que identifique conductas que fomentan la corrupción. |
Estrategia 3.2.- Impulsar la incorporación de las Mipymes y organizaciones del sector social en las compras públicas sostenibles.
| Línea de acción
|
| 3.2.1 Promover la proveeduría nacional en las compras de gobierno para la incorporación de Mipymes y organizaciones del sector social. |
| 3.2.2 Fomentar la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de contrataciones públicas. |
| 3.2.3 Diseñar un modelo normativo y operativo para implementar las compras públicas sostenibles en la APF. |
| 3.2.4 Crear un registro nacional de proveedores de Mipymes y organismos del sector social, interoperable con ComprasMX. |
| 3.2.5 Emitir las primeras convocatorias de compras públicas sostenibles dirigidas a sectores estratégicos, para que sean proveedoras de Gobierno. |
| 3.2.6 Proponer lineamientos técnicos y guías operativas para la implementación de criterios de sostenibilidad en procesos de contratación, que generen beneficios sociales y ambientales . |
| 3.2.7 Impulsar esquemas de compras públicas locales y regionales para priorizar a proveedores de zonas marginadas o indígenas. |
| 3.2.8 Promover con los gobiernos estatales, la alineación de los criterios de sostenibilidad e inclusión en sus procesos de compra, para incluir a Mipymes, cooperativas y organismos del sector social. |
| 3.2.9 Proponer un modelo de evaluación anual que incluya indicadores de medición de impacto económico, social y ambiental de las compras públicas sostenibles con la finalidad de implementar acciones de mejora. |
Objetivo 4.- Fortalecer los mecanismos de acceso a la información, la transparencia y las prácticas del buen gobierno en la Administración Pública Federal para el combate a la corrupción.
Estrategia 4.1.- Implementar un modelo de transparencia proactiva y acceso a la información pública con sentido social de la Administración Pública Federal que facilite el acceso y mejore la disponibilidad de la información a toda la población.
| Línea de acción
|
| 4.1.1 Actualizar el marco normativo y la estructura operativa que derive de la Reforma Constitucional en materia de transparencia observando los principios de racionalidad y austeridad republicana. |
| 4.1.2 Mejorar la calidad y oportunidad en la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública que presenten las personas solicitantes a fin de disminuir las inconformidades. |
| 4.1.3 Establecer e implementar mecanismos de vigilancia del cumplimiento a obligaciones de transparencia y su publicación en datos abiertos cuando así corresponda. |
| 4.1.4 Mejorar las herramientas tecnológicas para la transparencia, con enfoque de calidad y adoptando estándares internacionales para la publicación y consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. |
| 4.1.5 Diseñar e implementar mecanismos de colaboración con sentido social entre personas servidoras públicas, el sector privado y la sociedad, basados en la transparencia y la participación ciudadana. |
| 4.1.6 Capacitar permanentemente a las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal en materia de transparencia, acceso a la información y clasificación de la información. |
| 4.1.7 Establecer mecanismos de transparencia proactiva con sentido social, que sea relevante para grupos de la población y proyectos prioritarios. |
| 4.1.8 Crear un sistema público de resoluciones a los medios de impugnación que permita, a partir de precedentes, generar criterios en materia de acceso a la información y transparencia, para su aplicación por los sujetos obligados del ámbito federal. |
Estrategia 4.2.- Fortalecer la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y de particulares, para fomentar una cultura de respeto a la privacidad en todas las esferas del gobierno y la sociedad, promoviendo la confianza en el buen gobierno.
| Línea de acción
|
| 4.2.1 Aplicación de los cambios estructurales y administrativos de la reforma constitucional en materia de protección de datos personales, fomentando la cultura de prevención. |
| 4.2.2 Brindar acompañamiento a los sujetos obligados como particulares en materia de datos personales. |
| 4.2.3 Promover la cultura de protección de datos personales, mediante campañas que concienticen tanto el tratamiento que se le debe dar a los datos personales, como los mecanismos que las leyes mexicanas prevén para la protección de los propios. |
| 4.2.4 Implementar medidas de protección de datos personales en el entorno digital. |
| 4.2.5 Impulsar acciones de capacitación para los sujetos obligados y particulares. |
| 4.2.6 Incrementar la eficiencia en la atención de las controversias generadas por el acceso no autorizado o divulgación no autorizada de datos personales. |
| 4.2.7 Atender de manera prioritaria asuntos de alto impacto con estrategia conciliatoria y en su caso, con sanciones ejemplares. |
| 4.2.8 Fomentar en los particulares la cultura de prevención, a través de auditorías voluntarias. |
Con la finalidad de dar seguimiento al avance en el cumplimiento de los objetivos de este programa sectorial, se establecen los indicadores que se presentan a continuación.
Indicador 1.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 1.1 Proporción de estructuras orgánicas con análisis organizacional y registro, que cumplan con criterios de
eficiencia, transparencia y austeridad.
|
| Objetivo
| Modernizar la Administración Pública Federal y consolidar un gobierno íntegro, austero y eficiente, fortaleciendo la
vocación de servicio público como eje para prevenir la corrupción.
|
| Definición o
descripción
| Mide la proporción de las estructuras orgánicas que cumplen con los criterios de eficiencia, transparencia y
austeridad.
|
| Derecho asociado
| Art. 1o. CPEUM Derechos humanos
|
| Nivel de
desagregación
| Instituciones de la Administración Pública
Federal
| Periodicidad o frecuencia
de medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Enero del siguiente ejercicio fiscal.
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de
los datos
| Enero a Diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Constante
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Unidad de Políticas para el Servicio
Público
|
| Método de cálculo
| PEOAOR=(NSEOAR/NSEOR)*100
Donde:
PEOAOR = Proporción de estructuras orgánicas con análisis organizacional y registro. NSEOAR = Número de
solicitudes de estructuras orgánicas analizadas y registradas que cumplen con los criterios de eficiencia,
transparencia y austeridad.
NSEOR = Número de solicitudes de estructuras orgánicas recibidas de las dependencias, órganos administrativos
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal.
|
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Número de
solicitudes de
estructuras
orgánicas
analizadas y
registradas
| Valor variable 1
| 905
| Fuente de
información
variable 1
| Registros de
información de la
Unidad de
Políticas para el
Servicio Público
|
| Nombre variable 2
| Número de
solicitudes de
estructuras
orgánicas recibidas
| Valor variable 2
| 59
| Fuente de
información
variable 2
| Registros de
información de la
Unidad de
Políticas para el
Servicio Público
|
| Sustitución en
método de cálculo
| 905/959 *100 = 94.37%
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 94.37
| |
| Año
| 2023
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 95
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| 79.60
| 88.81
| 93.61
| 94.37
| ND
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 95
| 95
| 95
| 95
| 95
| 95
|
Indicador 2.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de la población de 18 años o más que considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy
frecuentes
|
| Objetivo
| 2. Incorporar un modelo de prevención de la corrupción y fiscalización para erradicar la impunidad en el servicio
público
|
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de la población de 18 años o más que considera que los actos de corrupción son frecuentes o
muy frecuentes.
|
| Derecho asociado
| Art. 1o. CPEUM Derechos humanos
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional: Población de 18 años o más
| Periodicidad o frecuencia
de medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Primer trimestre del año siguiente al
levantamiento de la encuesta
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de
los datos
| De enero del primer año a diciembre del
segundo año
|
| Tendencia
esperada
| Descendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Unidad de Participación Social y
Responsabilidad Compartida
|
| Método de cálculo
| PC=(P>18_Frec_Corrup/TP>18)*100
Donde:
PC= Percepción de la corrupción
P>18_Frec_Corrup= Población de 18 años o más que considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy
frecuentes
TP>18= Total de la Población de 18 años o más
|
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Población de 18
años o más que
considera que los
actos de corrupción
son frecuentes o
muy frecuentes
| Valor variable 1
| 43 627 500 personas
| Fuente de
información
variable 1
| INEGI Encuesta
Nacional de Calidad
e Impacto
Gubernamental
(ENCIG)
|
| Nombre variable 2
| Total de personas
de 18 años
cumplidos o más
que residen en
viviendas
particulares
ubicadas en
ciudades de 100
000 y más
habitantes.
| Valor variable 2
| 52 500 000 personas
| Fuente de
información
variable 2
| INEGI Encuesta
Nacional de Calidad
e Impacto
Gubernamental
(ENCIG)
|
| Sustitución en
método de cálculo
| PC: (43 627 500/52 500 000)*100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 83.1
| |
| Año
| 2023
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 79.2
| -Dado que la periodicidad del indicador es bienal, el último avance dentro
de la administración 2024-2030 será el observado en 2029.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| 87.0
| NA
| 86.3
| NA
| 83.1
| NA
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 81.8
| NA
| 80.5
| NA
| 79.2
| NA
|
Indicador 3.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de la población de 18 años y más a la cual le inspira mucha o algo de confianza la Presidencia de la
República y Secretarías de Estado
|
| Objetivo
| 3. Fortalecer la vinculación y la corresponsabilidad con la sociedad y el sector privado para la prevención de la
corrupción y la impunidad en los espacios de la vida pública
|
| Definición o
descripción
| Mide la percepción sobre el grado de confianza que la población de 18 años y más que vive en ciudades de 100 mil
habitantes tiene en la Presidencia de la República y Secretarías de Estado del Gobierno de México. Se interpreta
como el porcentaje de la población a la que le inspira mucha o algo de confianza.
|
| Derecho asociado
| Derechos humanos Derecho a la información Derechos sociales
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia
de medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Primer trimestre del año siguiente al
levantamiento de la encuesta
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de
los datos
| De enero del primer año a diciembre del
segundo año
|
| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Unidad de Participación Social y
Responsabilidad Compartida
|
| Método de cálculo
| NCPRSE = (P18CONFIANZA/ P18ENCUESTADOS)*100
Donde:
NCPRSE = Nivel de confianza en Presidencia de la República y Secretarías de Estado P18CONFIANZA = Población
de 18 años y más en ciudades de 100 mil habitantes al cual le inspira mucha o algo de confianza la Presidencia de la
República y Secretarías de Estado P18ENCUESTADOS = Población de 18 años y más en ciudades de 100 mil
habitantes que participaron en la encuesta
|
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Población de 18
años y más en
ciudades de 100 mil
habitantes a la cual
le inspira mucha o
algo de confianza la
Presidencia de la
República y
Secretarías de
Estado
| Valor variable 1
| 31 027 500 personas
| Fuente de
información
variable 1
| INEGI Encuesta
Nacional de Calidad
e Impacto
Gubernamental
(ENCIG)
|
| Nombre variable 2
| Población de 18
años y más en
ciudades de 100 mil
habitantes que
participaron en la
encuesta
| Valor variable 2
| 52 500 000 personas
| Fuente de
información
variable 2
| INEGI Encuesta
Nacional de Calidad
e Impacto
Gubernamental
(ENCIG)
|
| Sustitución en
método de cálculo
| PC: (31 027 500 /52 500 000)*100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 59.1
| |
| Año
| 2023
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 69
| -Dado que la periodicidad del indicador es bienal, el último avance dentro
de la administración 2024-2030 será el observado en 2029.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| 51.2
| NA
| 54.1
| NA
| 59.1
| NA
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 62.4
| NA
| 65.7
| NA
| 69
| NA
|
Indicador 4.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 4.1 Índice de Transparencia desde la perspectiva gubernamental
|
| Objetivo
| 4. Fortalecer los mecanismos de acceso a la información, la transparencia y las prácticas del buen gobierno en la
Administración Pública Federal para el combate a la corrupción.
|
| Definición o
descripción
| Mide la Transparencia desde la Perspectiva Gubernamental (TG) valorando si los sujetos obligados hacen pública la
información siguiendo los lineamientos y estándares que marca la normatividad en la materia.
|
| Derecho asociado
| Art. 1o. CPEUM Derechos humanos Art. 6o. CPEUM Derecho de acceso a la información
|
| Nivel de
desagregación
| Federal
| Periodicidad o frecuencia
de medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Informe 2026
(noviembre 2026)
|
| Unidad de medida
| Índice
| Periodo de recolección
de los datos
| De 1° de julio de 2025 al 30 de junio de
2026.
|
| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Dirección General de Transparencia
|
| Método de cálculo
| TG = 0.6 Acceso a la Información + 0.3 Transparencia Activa + 0.1 Datos Abiertos
|
| Observaciones
| La definición de las variables es la siguiente:
· Acceso a la información: Mide si los sujetos obligados responden a las solicitudes de acceso a la información apegándose a los requisitos marcados en la ley en la materia. · Transparencia Activa: Mide si los sujetos obligados cargan o no información a la PNT sobre las obligaciones de transparencia que les aplican de acuerdo con la ley en la materia. · Datos Abiertos: Evalúa si los sujetos obligados ponen a disposición de la ciudadanía información sobre sus atribuciones, actividades y resultados como conjuntos de datos con las características formales para ser considerados como "datos abiertos". |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable 1
| Acceso a la
información
(AI)
| Valor variable 1
| 0.85
| Fuente de
información
variable 1
| Métrica de gobierno abierto
(INAI, COLMEX), PNT,
Portales Gubernamentales
|
| Nombre variable 2
| Transparencia
activa
(TA)
| Valor variable 2
| 0.91
| Fuente de
información
variable 2
| Métrica de gobierno abierto
(INAI, COLMEX), PNT,
Portales Gubernamentales
|
| Nombre variable 3
| Datos abiertos (DA)
| Valor variable 3
| 0.63
| Fuente de
información
variable 3
| Métrica de Gobierno Abierto
(INAI, COLMEX), PNT,
Portales Gubernamentales
|
| Sustitución en
método de cálculo
| TG= 0.6x0.85+ 0.3x0.91 + 0.1x0.63
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0.84
| El valor de la línea base corresponde al resultado obtenido en el
componente de transparencia desde el gobierno del subíndice de
transparencia de la cuarta edición de la Métrica de Gobierno abierto.
|
| Año
| 2023
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 0.945
| La tendencia esperada para el índice de transparencia es ascendente con
un aumento de 0.015 en la periodicidad de medición.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
Se deberán registrar los valores de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador.
Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| 0.90
| NA
| 0.88
| NA
| 0.84
| NA
|
| METAS
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
|
| 2025
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 0.64
| 0.88
| 0.64
| 0.91
| NA
| 0.94
|
_______________________________
1 Resolución 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 31 de octubre de 2003, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, disponible en https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
2 https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/mex
3 ENCIG 2023 (INEGI). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_DvsCorrup24.pdf
4 Encuesta de la OCDE sobre los motores de la confianza en las instituciones públicas - Resultados de 2024. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2024/06/oecd-survey-on-drivers-of-trust-in-public-institutions-2024-results-country-notes_33192204/mexico_9d31e629/3172b4a5-es.pdf
5 ENCIG 2023.
6 ENCIG 2023 (INEGI). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_DvsCorrup24.pdf
7 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de la Función Pública, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/941430/6_Informe_de_Labores_de_la_Secretar_a_de_la_Funci_n_P_blica.pdf
8 ENCIG 2023 (INEGI). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_DvsCorrup24.pdf
9 ENCIG 2023 (INEGI). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/EstSegPub/ENCIG_23.pdf
10 CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_pobreza_laboral.aspx
11 ENVIPE 2024. (INEGI) https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe2024_presentacion_nacional.pdf
12 Métrica de Gobierno Abierto, disponible en https://colmex.shinyapps.io/metrica_gobierno_abierto_2023/