PROGRAMA Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030.

PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 2025-2030
1. Índice
1.     Índice
2.     Señalamiento del origen de los recursos del Programa
3.     Siglas y acrónimos
4.     Fundamento normativo
5.     Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
6.     Objetivos
       6.1 Relevancia del objetivo 1: Mejorar las condiciones de seguridad pública en zonas con alta incidencia delictiva en el país.
       6.2 Relevancia del objetivo 2: Impulsar las capacidades de investigación y persecución del delito en zonas prioritarias del país con enfoque de género, diferenciado e intercultural.
       6.3 Relevancia del objetivo 3: Reducir las violencias en comunidades de atención prioritaria del país.
       6.4 Relevancia del objetivo 4: Fortalecer el sistema penitenciario federal para facilitar la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
       6.5 Relevancia del objetivo 5: Salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o antrópicos, priorizando la protección de grupos en situación de riesgo.
       6.6 Relevancia del objetivo 6: Fortalecer el desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública.
       6.7 Vinculación de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030.
7.     Estrategias y líneas de acción
8.     Indicadores y metas
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo.
3. Siglas y acrónimos
ANR: Atlas Nacional de Riesgos.
APF: Administración Pública Federal.
CEFERESO: Centros Federales de Reinserción Social.
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.
CNGE: Censo Nacional de Gobiernos Estatales.
CNI: Centro Nacional de Inteligencia.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil.
CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales.
CONASAMI: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DISP: Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
ENVE: Encuesta Nacional de Victimización de Empresas.
ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública.
FGR: Fiscalía General de la República.
GIRD: Gestión Integral de Riesgos de Desastres.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
ISP: Instituciones de Seguridad Pública.
LGSNIISP: Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública.
LGSNSP: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
MNPJC: Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
MPF: Ministerio Público Federal.
NNA: Niñas, Niños y Adolescentes.
OAD: Órganos Administrativos Desconcentrados.
OADPRS: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030.
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
PCI: Plataforma Central de Inteligencia.
PPL: Personas Privadas de su Libertad.
SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SNIISP: Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública.
SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SPPA: Sistema Procesal Penal Acusatorio
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
SPF: Servicio de Protección Federal.
SPC: Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública.
UAV: Vehículos Aéreos No Tripulados.
UEPC: Unidades Estatales de Protección Civil.
4. Fundamento normativo
En el marco de los Acuerdos y Tratados Internacionales, el Estado Mexicano se adhirió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual precisa en su artículo 3, lo siguiente: "Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona", lo que constituye un precepto fundamental a cumplir en la formulación de los objetivos, estrategias y acciones que conforman los programas de la planeación nacional del desarrollo.
El artículo 1o. de la CPEUM, reconoce los derechos humanos de todas las personas, es decir, de niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores, mujeres y hombres, personas con discapacidad, comunidad LGBTTTIQ+, la perspectiva intercultural y la diversidad de los pueblos indígenas y afromexicanos, con el objetivo de fomentar una atención integral, diferenciada y con enfoque de derechos, en concordancia con lo establecido en el artículo 2o. de la CPEUM.
De igual forma, prevé que estos derechos deben promoverse, respetarse, protegerse y garantizarse de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, obligando a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
El Estado mexicano impulsa el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género en la formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas derivados del PND 2025-2030, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 apartado A de la CPEUM y 2o. y 16, fracción III de la Ley de Planeación.
El párrafo noveno del artículo 21 de la CPEUM determina que la seguridad pública es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, adicionalmente, señala que comprenderá la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas.
Las reformas y adiciones al artículo 21 de la CPEUM en materia de seguridad pública, además de la reforma al artículo 30 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) reforzaron las acciones y atribuciones de la SSPC, para generar investigaciones y reforzar el marco de colaboración y coordinación con el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, además de la FGR, bajo la conducción y mando del MPF.
El PND 2025-2030 establece como eje principal el Humanismo Mexicano, con la finalidad de lograr la fraternidad universal, la igualdad de oportunidades para todas las personas y una prosperidad compartida en aras de preservar la paz social.
El Eje General 1, Gobernanza con justicia y participación ciudadana del PND 2025-2030, señala que la construcción de la paz en todo el territorio nacional es un objetivo estratégico del Gobierno de México.
Adicionalmente en el Eje General 2, Desarrollo con bienestar y humanismo, señala que el Humanismo Mexicano busca profundizar la igualdad como el camino hacia la justicia social. Por ello, el gobierno realiza esfuerzos en atender las necesidades básicas de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
Asimismo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) 2024-2030 a través de sus cuatro ejes rectores: 1) Atención a las causas, 2) Consolidación de la Guardia Nacional, 3) Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación y, 4) Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas, guían las políticas, programas, objetivos y acciones estratégicas enfocadas a consolidar un México con mayor justicia y paz.
En este marco, la SSPC es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025 - 2030, el cual contiene objetivos, estrategias y líneas de acción, así como indicadores y metas para la medición de sus resultados.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
Desde 2018, la política de seguridad en México se abordó bajo un nuevo paradigma basado en un enfoque de atención a las causas estructurales de la violencia y del delito. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública(1), se coordinaron los esfuerzos de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno con la participación de los poderes de la unión y de diversos sectores de la población.
Se avanzó en la pacificación del país mediante acciones y programas orientados a cumplir con los ocho objetivos fundamentales de dicha Estrategia: 1) Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; 2) Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; 3) Pleno respeto y promoción de los derechos humanos; 4) Regeneración ética de la sociedad; 5) Reformular el combate a las drogas; 6) Emprender la construcción de la paz; 7) Recuperación y dignificación de los centros penitenciarios, y 8) Seguridad Pública, seguridad nacional y paz.
Adicionalmente, se implementaron estrategias específicas para fortalecer a las policías estatales y municipales; impulsar su coordinación efectiva con la Guardia Nacional; robustecer la prevención del delito; atender las zonas con mayores índices delictivos; fomentar una eficiente distribución y aplicación de los recursos federales en materia de seguridad; combatir el mercado ilícito de hidrocarburos, el uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el robo de autotransporte y a pasajeros en carreteras; abatir el tráfico de armas, así como agilizar los procedimientos de extinción de dominio para la utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia.
En continuidad con esta política, el Gobierno de México ha fortalecido el marco jurídico en materia de seguridad(2); en tanto, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030(3), ha sido estructurada en torno a cuatro ejes rectores: 1) Atención a las causas, 2) Consolidación de la Guardia Nacional, 3) Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación y, 4) Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.
En el Eje 1 de la Estrategia Nacional: Atención a las causas, se reconoce que para combatir la violencia no es suficiente la fuerza del Estado mexicano, sino que es necesario entender a la seguridad pública desde un enfoque integral, profundizar en las causas estructurales de la violencia, reducir la criminalidad y la impunidad, con especial énfasis en los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión y robo a transportistas con violencia, entre otros.
En el Eje 2: Consolidación de la Guardia Nacional, se refiere el valor fundamental de su colaboración en la ejecución de la ENSP, además del fortalecimiento de su participación a través de los mecanismos previstos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) al incorporarse a la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, entre otros.
En el Eje 3: Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, el combate a la criminalidad requiere información precisa y oportuna, este eje ha sido retomado por el Constituyente permanente, en las modificaciones a la CPEUM de diciembre del 2024, al establecer la creación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública.
Asimismo, el Eje 4: Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas, destaca la relevancia de entender la seguridad pública como una responsabilidad compartida que requiere respuestas unificadas a través del fortalecimiento de la coordinación como una herramienta clave para atender los fenómenos delictivos de manera integral y especializada, al compartir inteligencia, optimizar recursos y promover una gobernanza colaborativa.
La inteligencia e investigación, además de la coordinación se consolidan como pilares de la política de seguridad nacional y pública. Por ello, deben integrarse a las estrategias del Gobierno de México para construir la paz en todo el país a través de una visión articulada que permita contar con mecanismos para dar respuesta a las amenazas internas y externas del Estado Mexicano y garantizar la seguridad pública.
Estas herramientas son fundamentales para reforzar las acciones en materia de prevención y amenazas que permitan continuar con la identificación de generadores de violencia, incrementar la sanción oportuna, reducir la impunidad y asegurar que las fuerzas de seguridad actúen con eficacia.
Contemplar la utilización de recursos tecnológicos, financieros, humanos y materiales encaminados a la obtención y análisis de información, identificación de patrones y dinámicas delictivas, así como la planeación, diseño e implementación de estrategias y acciones operativas más efectivas, permitirá la neutralización de mayor número de generadores de violencia y desarticular grupos delictivos.
Adicionalmente la coordinación internacional es un componente esencial para enfrentar los desafíos de la seguridad, que por su naturaleza transnacional en ocasiones rebasa las capacidades individuales de los Estados.
En este sentido, el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración internacional bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida amplía el alcance de las políticas de seguridad para contribuir a una gobernanza global.
Así también la articulación efectiva entre autoridades de los tres órdenes de gobierno con protección civil, la sociedad civil organizada y el sector científico, permite no solo una mejor preparación y respuesta ante emergencias, sino también la construcción de capacidades locales para reducir la vulnerabilidad estructural y social.
Por lo antes expuesto, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030 atiende las problemáticas siguientes:
Debilidad en los mecanismos de investigación e inteligencia en las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, para combatir y prevenir el delito, lo que deteriora las condiciones de seguridad en el territorio nacional.
La seguridad pública como derecho humano debe ser garantizada por el Estado Mexicano y debe ser vista como una responsabilidad compartida con los actores sociales(4). Para fortalecer la convivencia y lograr un entorno de paz, es fundamental consolidar instituciones de seguridad pública(5) eficaces, cercanas a la ciudadanía, comprometidas con los derechos humanos, con una cultura permanente basada en la colaboración, la profesionalización y la innovación.
Bajo este enfoque, pese a los esfuerzos gubernamentales, en las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno persisten limitaciones estructurales, operativas y tecnológicas que debilitan su actuación.
Se requiere mejorar la eficiencia en la ciberseguridad y la interoperabilidad de los sistemas tecnológicos, garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura informática del Gobierno y consolidar un enfoque de seguridad con justicia y derechos humanos.
La ausencia o falta de fortalecimiento de protocolos homologados, la insuficiente coordinación interinstitucional y una limitada capacidad para el análisis estratégico de la información genera respuestas fragmentadas y reactivas, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, debilita el Estado de derecho y obstaculiza el desarrollo social y económico en diversas regiones del país.
Es necesario reforzar las acciones preventivas y focalizadas que permitan mayor seguridad territorial, anticipar fenómenos delictivos emergentes, la recuperación de espacios dignos, fortalecer la organización gregaria, los valores colectivos como el bien común, y los lazos de solidaridad característicos de la población mexicana, particularmente entre los jóvenes para evitar conductas antisociales que puedan abonar a la actividad delictiva y mermar la actuación institucional.
La estrategia de seguridad implementada de 2007 a 2018, desencadenó un aumento considerable del homicidio doloso, uno de los delitos que más afecta a la población mexicana a partir del año 2008, marcando el inicio de una tendencia al alza e incremento de la percepción de inseguridad en el territorio nacional
Número de homicidios dolosos registrados 2007-2018

Fuente: SSPC-SESNSP. Incidencia delictiva del fuero común. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-
abiertos-de-incidencia-delictiva.
En contraparte, la estrategia de seguridad implementada después de 2018, permitió enfocar los esfuerzos institucionales en la actuación territorial del crimen. En 2023 y 2024, la incidencia con mayor índice porcentual de homicidio doloso se registró en: Tabasco, Baja California Sur, Chiapas, Aguascalientes y Sinaloa.
Entidades federativas con mayor incidencia de homicidio doloso según variación porcentual 2023-2024

Fuente: SSPC-SESNSP. Incidencia delictiva del fuero común. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-
abiertos-de-incidencia-delictiva. Cuadro elaborado con datos preliminares al 20 de marzo de 2025 con corte al 31 de diciembre de 2024,
tomados al corte de la elaboración del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana.
Para atender esta problemática, desde 2019, el Gobierno de México formuló nuevos paradigmas de seguridad, entre ellos el fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública(6) (ISP) y mejorar la cooperación internacional para garantizar la protección de la población.
Los resultados han sido contundentes; sin embargo, persisten desafíos para reducir de manera estructural la incidencia delictiva, debido a su carácter multifactorial que requiere de estrategias con visión integral.
De acuerdo con la ENVIPE 2024(7), el 60.7% de la población consideró la inseguridad como el tema principal que genera más preocupación en el país.
La inseguridad como el tema principal del país

FUENTE: INEGI. ENVIPE.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025(8), durante el primer trimestre de 2025 establece que el 61.9% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad.
Las cifras del SESNSP de la SSPC(9) refieren que el homicidio doloso y la extorsión son los delitos de alto impacto(10) que más afectan a la población mexicana.
De 2018 a 2024, las 10 entidades federativas que concentraron mayor incidencia del delito de homicidio doloso fueron: Guanajuato; Baja California; Estado de México; Chihuahua; Jalisco; Michoacán; Guerrero; Sonora; Veracruz, y Nuevo León.
Homicidios dolosos 2018-2024
Extorsión 2018-2024


Fuente: SESNSP. Incidencia delictiva del fuero común. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-
incidencia-delictiva.
Por otro lado, la extorsión es uno de los delitos que más daño causa a la sociedad. Las 10 entidades federativas que concentraron la mayor incidencia de 2018 a 2024 fueron: Estado de México; Veracruz; Jalisco; Nuevo León; Ciudad de México; Guanajuato; Zacatecas; Hidalgo; Querétaro, y Guerrero.
Las cifras de la ENVE 2024(11) señalan que el delito de mayor incidencia del cual fueron víctimas las empresas durante 2023 fue la extorsión.
Los resultados arrojaron un total de 747 mil eventos de este delito, lo que representa una tasa de mil 562 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas; además, indica que en 14.9% de este total de delitos se entregó lo solicitado.
En 84.1% de los casos la extorsión se realizó mediante llamadas telefónicas, 15.2% fue en la calle y 0.7% a través de medios electrónicos, las empresas que se vieron más afectadas fueron por sector, la industria y los servicios; mientras que por tamaño de unidad económica fueron las micro y pequeñas empresas.
Si bien la extorsión se identifica como el delito de mayor incidencia de acuerdo con las empresas encuestadas en 2023 por el INEGI, es de considerarse que su cifra negra ascendió a 96.5% durante ese año, lo que refleja un alto porcentaje de información sin contabilizar, ya sea porque no fueron denunciados o porque su investigación no fue concluida.
De forma particular, el comparativo de las cifras del SESNSP correspondientes a los años 2023 y 2024 hace evidente que hay entidades federativas en las que el aumento de su ocurrencia tuvo una variación de 10% a 89%.
Entidades federativas con mayor variación de incidencia de extorsión según variación porcentual 2023-2024

FUENTE: SSPC-SESNSP. Incidencia delictiva del fuero común. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-
abiertos-de-incidencia-delictiva. Cuadro elaborado con datos preliminares al 20 de marzo de 2025 con corte al 31 de diciembre de 2024,
tomados al corte de la elaboración del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana
Frente a estos desafíos y para reducir los delitos de alto impacto, el Gobierno de México a través de la SSPC y sus órganos administrativos desconcentrados que corresponden, establecen como uno de sus principales objetivos mejorar las condiciones de seguridad pública en zonas con alta incidencia delictiva en el país.
Por otro lado, de acuerdo con la última publicación del Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX)(12) 2022, por la Fundación Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP), el homicidio sigue sin castigarse en México.
Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016-2022
IGI México 2016
IGI México 2018
IGI México 2022
67.42 puntos
69.84 puntos
60.08 puntos
FUENTE: Fundación Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP). Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX). Disponible en: https://
www.udlap.mx/APII/igi-Mexico.aspx. Cuadro elaborado con cifras anuales disponibles en la página.
Si bien el porcentaje de personas privadas de la libertad por homicidios en carpetas de investigación iniciadas aumentó (39.41%) con respecto a 2018 (17.08%), la cifra continua baja.
A pesar de este resultado, los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal prevalecen para atender el delito de homicidio, de acuerdo con la ENVIPE 2024, en 2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, solo 10.4% se denunció. El MP o fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación en 68% de estas denuncias. Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, 92.9% no se investigó.
En 2023, la cifra negra(13) relativa al homicidio aumentó 0.5% en comparación con 2022 (92.4%), la falta de denuncia o carpeta de investigación dificulta identificar y detener, personas u organizaciones delictivas relacionadas.
En 2023, 12 entidades federativas tuvieron un leve descenso en la medición de la cifra negra, en comparación con 2022: Zacatecas (-5.1 puntos porcentuales); Michoacán (-3.4); Durango (-2.6); Aguascalientes (-2.6); Morelos (-2.1); Chihuahua (-1.6); Yucatán (-0.9); Nuevo León (-0.5); Tlaxcala (-0.3); Puebla (-0.2); Quintana Roo (-0.2), y Guanajuato (-0.1).
Porcentaje de cifra negra en las entidades federativas 2018-2023

FUENTE: INEGI-ENVIPE. Elaboración propia con cifras de ENVIPE.
Por otro lado, las cinco entidades federativas que tuvieron un aumento en la cifra negra 2023, en comparación con 2022, fueron las siguientes: Chiapas (6.4 puntos porcentuales), Sonora (5.0); Oaxaca (2.7); Veracruz (2.7), y Nayarit (2.5).
Sin la confianza en la capacidad de las Instituciones de Seguridad Pública de garantizar la seguridad a su población, se rompe un elemento del pacto social entre gobernantes y gobernados, especialmente en delitos que afectan a grupos de menores, mujeres comunidades indígenas y afromexicanas, entre otros.
El Estado mexicano debe reforzar la protección hacia aquellas personas o grupos históricamente discriminados por razones de origen étnico, género, edad, discapacidad, orientación sexual, condición social o de salud, religión, identidad de género, entre otras condiciones que las vulneran.
A partir de este contexto, la SSPC establece como objetivo impulsar las capacidades de investigación y persecución del delito con enfoque de género, diferenciado e intercultural a fin de corresponder de manera efectiva a la complejidad de los contextos territoriales y sociales en aras de contribuir a la legitimidad institucional, la confianza ciudadana y la reconstrucción del tejido social, así como garantizar una atención sensible al entorno y las dinámicas regionales.
Aumento de las violencias en el territorio nacional.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 incorpora una nueva visión con enfoque preventivo, igualitario y participativo, que fortalece el federalismo mexicano, y que se compromete a rendir cuentas y a garantizar la participación ciudadana.
México está integrado por más de dos mil cuatrocientos municipios, de ahí el gran reto de garantizar una política de seguridad eficaz, profesional y con proximidad.
El artículo 115 de la CPEUM, establece que "Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre..." así la realidad cotidiana de la seguridad pública se vive principalmente en el ámbito municipal.
Es allí donde se producen los primeros contactos entre las autoridades y la ciudadanía, donde se perciben con mayor claridad las violencias y donde se gesta la construcción o el deterioro del tejido social.
Desde el año 2019, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, así como otros delitos, han reflejado una tendencia a la baja gracias a la atención de las causas estructurales de la violencia y del delito.
Tasa de homicidios dolosos registrados por cada 100 mil habitantes 2007-2024

FUENTE: SSPC-SESNSP. Incidencia delictiva del fuero común. Disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. y estimaciones anuales de los principales indicadores demográficos correspondientes a Población, Mortalidad, Fecundidad, Migración Interna y Migración Internacional a nivel nacional y entidad federativa, 1950-2070. Disponible en: https://datos.gob.mx/dataset/proyecciones-de-poblacion.
Actualmente participan más de 30 dependencias y organismos del Gobierno Federal que ofrecen alrededor de 100 programas y acciones sociales, tales como Recorridos Casa por Casa y Sí al Desarme, Sí a la Paz, además de la atención prioritaria que se brinda en las entidades federativas con mayor incidencia delictiva como lo son Baja California, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Tabasco.
Por lo antes expuesto, el Estado mexicano desarrolla políticas integrales de prevención social de las violencias y del delito, orientadas no sólo a controlar el crimen, sino a atender las causas estructurales que lo generan.
Este enfoque exige también que las Instituciones de Seguridad Pública se coordinen con otros actores gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, como los sectores de educación, salud, desarrollo social o juventudes, para que la seguridad pública se atienda como una política de construcción de paz duradera y tejido social, ya que un componente clave de esta transformación es la participación ciudadana.
La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia define a la prevención social de la violencia y la delincuencia como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo(14) que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.
La política de prevención social de las violencias y el delito atiende cuatro ámbitos:
1)    La prevención social que atiende principalmente a los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación, con la implementación de programas que generen oportunidades de desarrollo y fomenten la solución pacífica de conflictos privilegiando la comunicación a través del diálogo, la tolerancia y el principio de no discriminación;
2)    La prevención comunitaria para la rehabilitación de las comunidades a través de la participación vecinal y una mejor comunicación e interacción con las autoridades;
3)    La prevención situacional que considera reducir los espacios y oportunidades de cometer actos delictivos a través del mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público, de vigilancia y el uso de nuevas tecnologías, y
4)    La prevención psicosocial que impulsa el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Para prevenir las violencias es necesario un enfoque integral que reconozca la correlación entre las tasas de violencia y las desigualdades en beneficios sociales. Las disparidades económicas propician frustración y desesperación entre personas en situación de vulnerabilidad, lo que desencadena en ambientes violentos.
Para lograr prevenir las violencias de manera sostenible, es importante abordar la desigualdad, incrementar la movilidad económica y priorizar el acceso a la educación, a los beneficios sociales y a las oportunidades de empleo.
El impulso de acciones de prevención de las violencias implica un entendimiento a un fenómeno en el que convergen variables socioeconómicas, factores de incidencia directa, aspectos institucionales, actitudes y percepciones de la sociedad y de la autoridad, de esa misma manera, impulsar la prevención social de las violencias y el delito se ha demostrado que, pese a su complejidad, es posible disminuir sus efectos a través de estrategias bien dirigidas y focalizadas.
Los resultados de la ENSU muestran que, en el primer trimestre de 2018, el 76.8% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad era inseguro, en comparación con el primer trimestre de 2025 con 61.9%, lo que significó una disminución de 14.9 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad.
Porcentaje de población de 18 años y más que consideró que vivir en su ciudad era inseguro

FUENTE: INEGI. ENVIPE.
La atención a las causas es fundamental, es la medida más efectiva y de más largo plazo, así que además del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" se busca atender a este grupo población con dos acciones centrales: "Sembradores de Paz" y "Reconecta con la Paz".
La Estrategia de Construcción de Paz relaciona la atención integral a las demandas ciudadanas por medio de una mayor presencia coordinada de los programas y servicios que ofrece el Gobierno de México; los apoyos a la educación y a la economía familiar, la realización de eventos culturales, la ampliación de las oportunidades de educación media y superior, atención a las adicciones y más oportunidades labores.
Con esta estrategia se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas de las violencias.
Frente a este desafío, la SSPC establece como objetivo reducir las violencias en comunidades de atención prioritaria del país.
Deficiencias en la atención a los Ejes de Reinserción Social del Sistema Penitenciario Federal
De acuerdo con el párrafo 2º del artículo 18 de la CPEUM, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y evitar su reincidencia, observando los beneficios que para él prevé la ley.
El Estado mexicano ha puesto en marcha diversas estrategias orientadas a combatir la inseguridad de manera integral en todo el ciclo de respuesta institucional: desde la investigación y persecución del delito, la judicialización de carpetas de investigación y administración de justicia, hasta la imposición de medidas cautelares como la prisión preventiva y, en su caso, cumplimiento de sentencias privativas de libertad.
Ciclo de atención de un delito

FUENTE: SSPC-OADPRS
Este esquema permite dimensionar la relevancia estratégica del Sistema Penitenciario, toda vez que las acciones enfocadas en el combate a delitos de alto impacto, impulsadas por el Gabinete de Seguridad, conllevan un incremento en el número de personas vinculadas a proceso penal, ya sea mediante medidas cautelares de prisión preventiva, procesos judiciales o sentencias condenatorias.
En correlación con lo anterior, esta dinámica genera una presión creciente sobre el Sistema Penitenciario Federal, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de Prevención y Reinserción Social, se reporta un incremento del 2% en la población privada de la libertad del fuero federal entre mayo de 2024 y mayo de 2025.
Población privada de la libertad del fuero federal, ingresos a CEFERESO
 
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024*
2025*
37,141
32,775
29,198
28,085
28,652
29,521
29,598
28,760
29,252
*Para realizar el comparativo se tomaron las cifras de mayo 2024 y mayo 2025.
FUENTE: SSPC-OADPRS. Resumen de la Población Privada de la Libertad. Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria
Nacional. Disponible en: https://www.gob.mx/prevencionyreinsercion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-
penitenciaria-nacional-2025.
Por su parte, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024(15), emitido por la CNDH, asigna una calificación promedio de 8.39 a los CEFERESO.
No obstante, identifica áreas críticas de oportunidad, entre las que sobresalen las siguientes: la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presente en el 78.6% de los CEFERESO; deficiencia en la atención a personas adultas mayores (42.9%); insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos (7.1%); insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación (7.1%), y la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos (7.1%).
Calificaciones promedio a los CEFERESO 2018-2024

FUENTE: CNDH. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/web/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria
En la Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad 2019-2024 emitida por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad(16), se señala que las instituciones públicas percibidas con mayor corrupción fueron: 1) Los partidos políticos; 2) Las cárceles (centros penitenciarios), y 3) La policía de tránsito.
Además, en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021(17) publicada por el INEGI, señala que en 2021 el 8.4% de las personas privadas de su libertad en algún CEFERESO fueron víctimas de actos de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión.
También la encuesta señala que a nivel nacional el 96.4% de la población privada de su libertad decidió no denunciar posibles actos de corrupción, por considerar que esta es una práctica común y por miedo a represalias.
En relación con las quejas emitidas por la CNDH por posibles violaciones es una constante a la que se enfrenta el OADPRS, ocupa el segundo lugar respecto de las diez autoridades señaladas del Gobierno Federal, lo anterior sustentado con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH. De las quejas presentadas, los motivos señalados son: omitir proporcionar atención médica; acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad, y acciones u omisiones contrarias a la legalidad.
Frente a este desafío, la SSPC establece como objetivo fortalecer el sistema penitenciario federal para facilitar la reinserción social de las personas privadas de la libertad, a través de diferentes estrategias encaminadas a implementar el sistema de inteligencia penitenciaria, asegurar que la estancia y los servicios en materia de reinserción social y postpenales se otorguen con perspectiva de género y en estricto apego a los derechos humanos, fortalecer el desarrollo del personal penitenciario federal e incrementar el uso de las tecnologías de la información y digitalización de la gestión, a fin de contribuir en la atención de las causas, prevenir e identificar riesgos, amenazas y generadores de violencia que se puedan gestar al interior y exterior de los CEFERESO, priorizando los ejes de reinserción social.
Seguridad pública y la gestión integral de riesgos de desastres
Desde una perspectiva de seguridad pública, los desastres(18) originados por fenómenos naturales y antropogénicos(19) representan una forma extrema de amenaza a la integridad, libertad y bienestar de las personas. La ausencia de preparación y resiliencia institucional y social ante estos eventos afecta el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda digna, y deteriora la cohesión social, la estabilidad comunitaria y la gobernabilidad local.
México se encuentra entre las regiones con mayor exposición a fenómenos perturbadores, tanto de origen geológico como hidrometeorológico, además de enfrentar riesgos de carácter químico, sanitario y socio-organizativo. Su ubicación en el "Cinturón de Fuego del Pacífico" lo hace vulnerable a sismos y erupciones volcánicas, mientras que sus más de 11 mil kilómetros de litoral lo colocan en la trayectoria recurrente de huracanes provenientes de los océanos Pacífico y Atlántico. Cada año, entre cuatro y cinco ciclones impactan el territorio nacional, con efectos significativos sobre la población, la infraestructura y la economía.
A esta alta exposición se suma el cambio climático, que ha intensificado fenómenos como lluvias torrenciales, sequías prolongadas e incendios forestales, incrementando los riesgos sobre ecosistemas frágiles, actividades productivas y asentamientos humanos.
También deben considerarse otros fenómenos como la inestabilidad de laderas; los riesgos químico-tecnológicos, que incluyen incendios, explosiones y derrames; los riesgos sanitario-ecológicos, como la contaminación, las plagas y las epidemias; y los riesgos socio-organizativos, como conflictos, concentraciones masivas o migraciones forzadas por desastres. Todos ellos exigen un abordaje preventivo e integral desde la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD).
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)(20), entre los años 2000 y 2023, los desastres provocaron 11 mil 711 muertes, más de 608 mil millones de pesos en pérdidas económicas y afectaron a más de 60 millones de personas. Se documentaron daños en más de 2 millones de viviendas, 42 mil escuelas y cerca de 3 mil centros de salud y hospitales.
Tradicionalmente, la gravedad de los desastres se mide en términos de pérdidas materiales; sin embargo, esta visión no refleja el impacto sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas.
Para quienes viven en situación de pobreza, los desastres representan una amenaza mayor, al carecer de activos y recursos que les permitan acceder a servicios básicos o mecanismos de recuperación. En ese contexto, los desastres no sólo frenan el cierre de la brecha de desigualdad, sino que revierten años de avances alcanzados.
Esta afectación se expresa también de forma diferenciada entre mujeres y hombres, como lo demuestran diversos estudios que evidencian una mayor exposición y vulnerabilidad de las mujeres en contextos de desastre.
En ese sentido, la GIRD no debe entenderse únicamente como una respuesta técnica, sino como una política pública clave para reducir la desigualdad, proteger los derechos y fomentar el bienestar colectivo.
Uno de los desafíos persistentes es mejorar la coordinación, comunicación, organización y alertamiento temprano entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para mejores respuestas.
Es relevante fortalecer el marco normativo en materia de protección civil para la implementación de políticas preventivas y reactivas eficaces. A pesar de contar con cinco Normas Oficiales Mexicanas (NOM), estas resultan limitadas para abordar la diversidad de riesgos. En 2021 el INEGI reveló que el 65% de los municipios carece de reglamentos actualizados, lo que complica la definición de responsabilidades entre niveles de gobierno(21).
México enfrenta de manera recurrente riesgos de desastre socialmente construidos, cuyas consecuencias humanas, sociales, económicas y ambientales son profundas.
Lejos de ser fortuitos, estos riesgos derivan de procesos históricos de exclusión; deterioro ambiental; planeación territorial inadecuada y urbanización desordenada; pobreza multidimensional, marginación y desigualdad; falta de regulación efectiva del uso del suelo y ocupación de zonas de riesgo; débil institucionalidad local para la gestión del riesgo; insuficiente educación, cultura de autoprotección y participación social; cambio climático, que amplifica los fenómenos extremos y agrava la vulnerabilidad existente; autorización de construcciones en zonas de alto peligro; omisión de criterios de infraestructura resiliente y la ejecución de obras sin considerar los fenómenos perturbadores a los que podrían quedar expuestas, o sin evaluar adecuadamente su impacto sobre el entorno territorial y la población; falta de normatividad y el incumplimiento de la existente.
Los efectos de los desastres se traducen en pérdidas de vidas, desplazamiento de comunidades, pérdida de medios de vida, afectaciones a servicios básicos, e impactos irreversibles en la salud, educación y acceso a derechos. Estos efectos comprometen el desarrollo sostenible del país, profundizan las desigualdades sociales y territoriales, y limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Su impacto no es neutral: afecta de manera desproporcionada a quienes viven en situación de pobreza o marginación, quienes además enfrentan mayores barreras para acceder a los servicios básicos y recuperarse de los daños.
Estas condiciones comprometen directamente el bienestar, la calidad de vida y la seguridad de millones de personas, limitando el ejercicio de sus derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda digna y el desarrollo integral. Esta situación contradice los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por México, e impide avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular en los objetivos, 1, 3, 4, 11 y 16.
Frente a este desafío, la SSPC establece como objetivo salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o antrópicos, priorizando la protección de grupos en situación de riesgo.
Deficiente desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública.
Conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública es el conjunto de procesos dirigidos a su fortalecimiento y eficiencia de forma sostenible, con la finalidad de que prevengan, investiguen y persigan los delitos de forma efectiva y que, de esta manera, cumplan con su misión de proteger a la ciudadanía y garantizar el Estado de Derecho.
Para garantizar su desarrollo, las Instituciones de Seguridad Pública deberán establecer reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados que regulen su organización y funcionamiento. Entre ellos deberán comprenderse, al menos, el servicio profesional de carrera, los esquemas de profesionalización, así como el Régimen Disciplinario de sus integrantes.
Asimismo, deberán establecer órganos colegiados en donde se tomen las decisiones ordinarias y extraordinarias respecto a la planeación, dirección, ejecución y control interno sobre las convocatorias de reclutamiento, procesos de selección, promociones de grado y demás asuntos relacionados.
El SESNSP establecerá las bases a las que se sujetarán estos procesos, así como los esquemas de evaluación, certificación y acreditación para garantizar el avance y desarrollo institucional.
En los "Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Quincuagésima Sesión Ordinaria, celebrada el 10 de diciembre de 2024"(22), se refiere que la seguridad pública en México enfrenta retos complejos que demandan soluciones integrales y sostenibles.
Estos desafíos requieren que el Estado mexicano responda eficazmente tanto a las necesidades de la ciudadanía como a las de las personas servidoras públicas responsables de garantizar su cumplimiento.
En este contexto, el Gobierno de México prioriza el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública a través de tres aspectos fundamentales: el estado de fuerza policial, clave para mejorar la operatividad y el bienestar de los elementos activos; la modernización de la formación profesional mediante academias equipadas y programas de capacitación continua; y la consolidación de un sistema de carrera policial que fomente la profesionalización y garantice la rendición de cuentas.
Estos factores son esenciales para transformar las instituciones policiales en instituciones confiables y eficaces, pilares fundamentales de la seguridad pública y la confianza ciudadana.
En primer lugar, el estado de fuerza policial(23), ministerial y pericial presenta una amplia variabilidad a lo largo del territorio nacional. Incrementar el número de policías conforme a las necesidades locales no solo mejorará la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también aliviará la carga laboral de los agentes activos, favoreciendo su desempeño y bienestar. Este fortalecimiento impactará positivamente no solo a las instituciones de policía, sino también a los centros penitenciarios y a las instituciones de procuración de justicia, consolidando un sistema integral y eficaz.
Por su parte, la formación policial enfrenta actualmente limitaciones significativas, como la insuficiencia de recursos en muchos centros de formación. Sin embargo, esta situación representa una oportunidad para invertir estratégicamente en la modernización de instalaciones y equipos en institutos y academias.
Actualizar aulas, integrar tecnología avanzada en la enseñanza, y crear espacios adecuados para entrenamiento físico y táctico permitirá ofrecer una formación inicial de calidad y fomentar la capacitación continua.
Esta última es esencial para mantener a las fuerzas policiales actualizadas en técnicas de seguridad, manejo de tecnologías, derechos humanos y perspectiva de género, entre otros. Programas de formación dinámicos y relevantes pueden minimizar errores operativos, asegurar un desempeño ético y profesional, y posicionar a las instituciones como garantes de confianza ciudadana.
Finalmente, una policía más profesional y motivada requiere un sistema de carrera homologado a nivel nacional, que garantice condiciones laborales justas y transparentes. Esto incluye mecanismos de reconocimiento, ascensos basados en mérito, y prestaciones relacionadas con salud, seguros de vida, vivienda y desarrollo académico.
Paralelamente, fortalecer el régimen disciplinario mediante sistemas sólidos de supervisión y sanción fomentará una cultura de rendición de cuentas y transparencia dentro de las corporaciones policiales. Estas medidas no solo ayudarán a erradicar la impunidad, sino que también fortalecerán la relación entre ciudadanía e instituciones de seguridad.
Con un enfoque estratégico y compromiso sostenido, México puede transformar sus instituciones policiales en modelos de profesionalismo, confianza y eficacia, contribuyendo al bienestar colectivo y a una sociedad más segura y justa.
Con respecto a la percepción sobre las instituciones de seguridad pública, de acuerdo con la ENVIPE 2024(24), el 61.5% de la población nacional tiene confianza en la policía estatal. Lo cual se ve reflejado en que 21 de las 32 entidades federativas se encuentran por encima de este promedio, destacando el caso de Yucatán con un porcentaje de 78.9%.
En cambio, por debajo de la media nacional destacó el caso de Baja California en donde sólo el 45.1% respondió tener confianza en dicha institución policial.
Frente a este desafío, la SSPC establece como objetivo fortalecer el desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública.
Visión de largo plazo
México se encuentra ante la oportunidad histórica de transformar su paradigma de seguridad pública, transitando de un enfoque reactivo y fragmentado hacia un modelo integral que garantice la paz sostenible y la protección de los derechos fundamentales de toda la población.
La visión de este programa sectorial de seguridad y protección ciudadana 2025-2030 se construye sobre la convicción de que la verdadera seguridad solo puede alcanzarse mediante la combinación de la atención de las causas estructurales generadoras de violencias y del delito; la coordinación efectiva de los tres órdenes de gobierno; la consolidación del desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, y la resiliencia en materia de protección civil.
En el centro de esta visión se encuentra el principio de seguridad humana, el cual reconoce que las amenazas al bienestar colectivo no se limitan a las violencias, sino que incluyen la desigualdad, la impunidad, la vulnerabilidad ante desastres naturales y antropogénicos, además de la fractura del tejido social. Ante este contexto el futuro exige políticas de seguridad pública que aborden estas dimensiones de forma integral, territorial y con pleno respeto a los derechos humanos.
El México del futuro garantizará la seguridad pública atendiendo las causas estructurales generadoras de violencia, para la construcción de una paz duradera.
Hacia 2030, el país consolidará el desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, con la finalidad de que prevengan, investiguen y persigan los delitos de forma efectiva, para cumplir con su misión de proteger a la ciudadanía y garantizar el Estado de Derecho.
Se contará con un sistema penitenciario federal garante de los derechos humanos, en un entorno de depuración de prácticas corruptas, donde la inteligencia, la investigación y la tecnología serán aliados estratégicos.
La gestión integral de riesgos de desastres se integrará plenamente a la seguridad pública. Comunidades con acceso a sistemas de alerta temprana, infraestructura segura y planes de contingencia participativos demostrarán que la preparación salva vidas. Los tres órdenes de gobierno coordinarán respuestas eficaces ante emergencias, mientras que la reconstrucción post-desastres priorizará la recuperación del hábitat con criterios de sostenibilidad.
Ninguna estrategia será efectiva sin la voz activa de la sociedad. Para 2030, los consejos, observatorios y demás mecanismos de participación comunitaria en materia de seguridad y paz serán espacios propicios para el diálogo, donde la ciudadanía, autoridades y expertos diseñen soluciones. Medios de comunicación comprometidos con narrativas constructivas y plataformas digitales seguras para la denuncia completarán este entorno de corresponsabilidad.
Esta visión se medirá a partir de las vidas impactadas y transformadas, reflejadas en la reducción de homicidios y feminicidios, la disminución de la cifra negra de delitos y la cobertura plena de protección civil en todo el territorio. No obstante, el verdadero logro será que las y los mexicanos recuperen la confianza en las autoridades, tengan la certeza de que el Estado los protege, que cuentan con acceso efectivo a la justicia y que sus entidades, municipios, colonias, comunidades, pueblos y barrios sean seguros para la convivencia pacífica.
Este horizonte no es una utopía, tiene sustento en la convicción de que la seguridad no es más un privilegio de unos cuantos, sino un derecho fundamental de todas y todos. El México seguro y resiliente del 2030 se construye hoy con acciones decididas, coordinadas y, ante todo, humanistas.
La SSPC continuará como un actor estratégico en el 2045, contribuyendo al desarrollo nacional y siendo un factor de cohesión social; se consolida como una institución líder y confiable, que garantice la seguridad pública mediante la prevención del delito; investigación e inteligencia en materia de seguridad pública; el desarrollo de las instituciones de seguridad pública, y la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.
6. Objetivos
El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025 - 2030 se integra por seis objetivos que tienen como base los ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) 2024-2030, así como las prioridades, disposiciones y previsiones que, por su naturaleza, le corresponden al sector seguridad.
Los objetivos, estrategias y líneas de acción atienden las condiciones de seguridad pública en las regiones del país, la generación de inteligencia e investigación para la seguridad pública, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de las instituciones de seguridad, la coordinación con las entidades federativas, atención a las causas, la reinserción social de las personas privadas de la libertad, y la Gestión Integral de Riesgos para construir un país seguro, resiliente y con desarrollo sostenible.
Lo anterior, contribuirá al cumplimiento de los principales objetivos para la construcción de la paz: reducir la incidencia delictiva, en particular los delitos de homicidio doloso y extorsión; desarticulación de redes criminales y neutralización de personas generadoras de violencia y el fortalecimiento de las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales.
 
Objetivos del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030
1.- Mejorar las condiciones de seguridad pública en zonas con alta incidencia delictiva en el país.
2.- Impulsar las capacidades de investigación y persecución del delito en zonas prioritarias del país con enfoque de género, diferenciado e intercultural.
3.- Reducir las violencias en comunidades de atención prioritaria del país.
4.- Fortalecer el sistema penitenciario federal para facilitar la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
5.- Salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o antrópicos, priorizando la protección de grupos en situación de riesgo.
6.- Fortalecer el desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública.
 
6.1 Relevancia del objetivo 1: Mejorar las condiciones de seguridad pública en zonas con alta incidencia delictiva en el país.
El combate efectivo contra el delito en México enfrenta desafíos significativos, el entorno delictivo ha evolucionado, con organizaciones criminales que utilizan tecnologías avanzadas y estrategias complejas; sin embargo, muchas de las Instituciones de Seguridad Pública (ISP) carecen del equipo necesario, infraestructura adecuada y la formación especializada sobre todo en materia de investigación e inteligencia para enfrentar estas amenazas de manera integral.
En este contexto, se impulsará formación profesional y actualización continua en tecnologías avanzadas, técnicas, tácticas y procedimientos operativos con pleno respeto a los derechos humanos, enfoque de género e intercultural; así como en capacidades de gestión, liderazgo y planeación estratégica, para fomentar una visión integral de la seguridad para facilitar la respuesta táctica y estratégica de situaciones de alto riesgo.
Se crearán unidades especializadas de investigación e inteligencia, se mejorarán los tiempos de respuesta, con el fin de atender de manera más rápida y efectiva los reportes de posibles hechos delictivos, realizar investigaciones complejas, desmantelar redes delictivas y realizar operaciones especiales que permitan un México con mayor seguridad.
Este enfoque integral también promoverá una policía proactiva, capaz de identificar, solucionar, prevenir y reducir los riesgos de delito y violencia, fortaleciendo así la seguridad pública y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
En aras de disminuir la impunidad, "cifras negras" y aumentar la confianza en las ISP, el Gobierno de México impulsa el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública (SNIISP) a fin de interconectar(25) los sistemas de inteligencia de los tres órdenes de gobierno y entes privados, para fines de investigación de delitos principalmente de alto impacto.
El SNIISP permitirá a la SSPC recolectar, procesar información en tiempo real, relacionada con riesgos y amenazas a la seguridad pública para identificar tendencias y patrones delictivos; generar productos de inteligencia(26) elaborar estrategias y ejecutar operaciones en coordinación con otras instituciones para disuadir, contener, neutralizar riesgos y amenazas a la seguridad pública.
La información generada a través de los mecanismos que establece el SNIISP permitirán al Ministerio Público contar con elementos de información para una efectiva integración de los medios de prueba que fortalezcan sus investigaciones encaminadas a la persecución de los delitos y el combate de la impunidad.
Si bien el CNPP y la LGSNSP obligan a las policías a recibir denuncias y a atender a las víctimas, muy pocas policías han asumido esta función. Lo anterior permitirá reducir la cifra negra(27), mejorar la calidad de la atención a las víctimas del delito o aumente el número y la proporción de denuncias para reducir la impunidad.
La generación de inteligencia en seguridad pública(28) tiene como uno de sus objetivos principales neutralizar la capacidad operativa de los grupos delictivos, a través del uso intensivo de la tecnología para producir datos útiles en el marco del debido proceso, a fin de fortalecer la judicialización de carpetas de investigación y, en su caso, obtener sentencias condenatorias.
Esto implica identificar patrones de riesgo asociados con grupos, individuos y lugares para predecir donde y cuando pueden tener lugar los delitos, con lo que se pretende lograr una actuación policial anticipada y de carácter proactivo en vez de reactivo.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Impulsar las capacidades de investigación y persecución del delito en zonas prioritarias del país con enfoque de género, diferenciado e intercultural.
Hasta antes de la reforma al artículo 21 Constitucional del 18 de junio de 2008, en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en la cual se instauró el Sistema Procesal Penal Acusatorio, solamente el Ministerio Público, auxiliado por las policías ministeriales tenía la facultad de investigar los delitos.
A partir de la reforma Constitucional de ese año que modificó el artículo 21, en lo que se refiere a la investigación del delito, se eliminó la referencia a los policías ministeriales y se cambió por el genérico "las policías". No obstante, al igual que la recepción de denuncias, esta facultad se utilizó muy poco por las policías que no son ministeriales.
El 31 de diciembre de 2024 se publicó en el DOF, el "Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública". Esta reforma entró en vigor el 1º de enero de 2025. Se reformó el párrafo 1º del artículo 21 Constitucional para quedar como sigue: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
Cabe puntualizar que, se integró a la SSPC en la investigación de los delitos, dotándola de la capacidad para generar investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión, actuando bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal (MPF).
Además, la SSPC funge como un ente articulador entre las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismas que le permiten obtener conocimiento a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de los datos e información con los que cuente cada institución, acerca de las capacidades y vulnerabilidades de diversos actores de interés permitiendo así que la investigación de delitos se base en inteligencia, información estratégica y análisis de datos aprovechando para ello los avances tecnológicos disponibles.
Con lo anterior, además de fortalecer la colaboración y coordinación en materia de seguridad pública, se mejorará la calidad de la actuación de las instituciones integrantes del SNSP, las cuales serán dirigidas y coordinadas por la SSPC, la cual desarrollará e implementará políticas públicas en materia de información estratégica e inteligencia aplicada a la seguridad pública.
Asimismo, establece que la SSPC es la encargada de coordinar el SNIISP, y de liderar las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno a través de sus instituciones, a quienes podrá solicitar la información necesaria para la identificación y esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos.
Entre los objetivos principales del SNIISP se destaca el siguiente: sistematizar un mecanismo que le permita a las autoridades federales de segundad pública, coadyuvar con el Ministerio Público en las investigaciones de los delitos bajo su conducción y mando, principalmente de alto impacto, así como en la generación de datos de prueba que puedan ser incorporados a las carpetas de investigación a su cargo y que sirvan, en su caso, para su fortalecimiento y, mediante la judicialización, para la obtención de las penas contempladas por la legislación penal.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024, que publica el INEGI, al cierre de 2023 se reportaron 53,604 averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir para la FGR.
Averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación de la FGR
Años
Iniciadas / Abiertas
Determinadas
Cerradas
Pendientes
2021
77,637
211,470
No Aplica
50,341
2022
77,693
120,813
No Aplica
50,737
2023
80,169
90,548
No Aplica
53,604
FUENTE: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal.
Para la realización de las tareas de investigación a cargo de la SSPC, el 24 de junio de 2025 se publicó en el DOF el "Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana". Se creó la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la cual podrá emplear medios de inteligencia aplicada a la seguridad pública y ejecutará los actos que resulten necesarios en el marco de sus atribuciones.
Las investigaciones que realice derivadas de las tareas de inteligencia en seguridad pública se llevarán a cabo bajo la conducción y el mando del MPF, al cual, además, auxiliará cuando la información o medios con los que cuente sean útiles en cualquier investigación o causa penal de su competencia, así como en la ejecución de técnicas de investigación para el aprovechamiento de productos de inteligencia con base en la información obtenida y aquella que le proporcionen, y en la ejecución de mandamientos ministeriales y judiciales que requieran análisis criminal. Asimismo, pondrá a su consideración aquello que pueda ser de utilidad para aportar datos de prueba para la integración de carpetas de investigación.
La Subsecretaría se cerciorará de que la evidencia, los datos y cualquier otra información de la cual se allegue en sus tareas de investigación e inteligencia, cumplan con las características que, en su momento, le permitan incorporarlas a las carpetas de investigación y a los expedientes judiciales que correspondan, cumpliendo con los requisitos establecidos en el CNPP, de tal forma que puedan llegar a constituir pruebas de cargo suficientes para la judicialización de las investigaciones y, en su caso, la obtención de sentencias condenatorias.
6.3 Relevancia del objetivo 3: Reducir las violencias en comunidades de atención prioritaria del país.
Atender las causas estructurales generadoras de violencias permitirá seguir avanzando en la construcción de una paz duradera en el país. La política de prevención social de las violencias y el delito deber atender cuatro ámbitos: 1) La prevención social; 2) La prevención comunitaria; 3) La prevención situacional, y 4) La prevención en el ámbito psicosocial.
La atención a las causas es fundamental para lograr una paz duradera en el país; por ello, la SSPC busca atender a jóvenes de entre 18 y 29 años con tres acciones centrales: "Sembradores de Paz(29) ", "Reconecta con la Paz" y "Territorios de Paz".(30).
La estrategia de construcción de paz(31) busca atender de forma integral las demandas ciudadanas con una mayor presencia coordinada de programas y servicios del Gobierno de México; apoyos a la educación y a la economía familiar, la realización de eventos culturales, educación media y superior, atención a las adicciones y más oportunidades labores, se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la violencia y el delito, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas de las violencias.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) elabora el Índice de Paz México (IPM), el cual proporciona una medición integral de los niveles de paz en México. Analiza los desarrollos relacionados con la violencia y la paz en el país del año completo más reciente, así como las principales tendencias y factores que impulsan la paz en México. Entre otros temas, el informe explora el cambiante panorama de la delincuencia organizada, la violencia contra las fuerzas policiales, y los impactos de la creciente polarización política en los esfuerzos de contención de la violencia en el país.
Índice de Paz México 2015-2024.

FUENTE: Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Índice de Paz México (IPM). Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/
5eaa390ddf0dcb548e9dd5da/t/6822e0ed6e1e3b76e9fe0348/1747116310504/MPI-ESP-2025-web.pdf.
De acuerdo con el IPM, en 2024 la paz en el país mejoró un 0.7%, consolidando cinco años consecutivos de mejora moderada, tras un periodo de deterioro. El año pasado, 18 entidades federativas mejoraron su calificación, mientras que 14 entidades federativas registraron retrocesos. Colima fue la entidad federativa menos pacífica, debido a su alta tasa de homicidios, con 101 muertes por cada 100 mil habitantes. Le siguieron Guanajuato; Morelos; Baja California, y Quintana Roo.
Yucatán fue la entidad federativa más pacífica del país, seguido de Tlaxcala, Durango, Chiapas y Nayarit. En 2024, Tabasco presentó el mayor deterioro de paz, y Zacatecas registró la mayor mejora en materia de paz. El cambio mínimo en la paz general en México entre 2023 y 2024 se debió a la tasa de homicidios, que se mantuvo estable y registró un aumento de 0.2%. Esto ocurrió después de mejoras marcadas en la tasa de homicidios a partir de 2020.
La inseguridad y la violencia son problemas públicos multifactoriales. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, en el periodo marzo-abril de 2024, 73.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia, cifra estadísticamente inferior a la de 2022 (74.6%).
Población de 18 años y más, por entidad federativa según percepción de la inseguridad en su entidad federativa
2024

FUENTE: INEGI. ENVIPE 2024.
De la población de 18 años y más por entidad federativa según sexo, mujeres (77.3%) y hombres (69.3%) se siente insegura en su entidad federativa. Los porcentajes más altos de percepción de inseguridad pública en su estado se presentaron en Morelos, con 90.1%; Guanajuato, con 87.5%, y en Zacatecas, con 87%. Por el contrario, las entidades federativas con los porcentajes más bajos fueron: Baja California Sur, con 30.1%; Yucatán, con 30.6%, y Coahuila de Zaragoza, con 37.6%.
El Gobierno Federal continúa realizando esfuerzos en disminuir las brechas de desigualdad para que las personas jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida, por lo que, el 01 de abril de 2025 se publicó en el DOF el "Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes".
Esta reforma Constitucional adicionó lo siguiente: "el Estado mexicano otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente, a jóvenes entre dieciocho y veintinueve años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta doce meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley".
La seguridad de la ciudadanía y la prevención de las violencias constituyen la principal motivación por lo que la SSPC impulsa la "Acción Desarme Voluntario(32) ", que tiene como fin fomentar la prevención de las violencias y promover valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia y atiendan las causas que la generan, así como solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación, concientizando a la población del país de todas las edades sobre el peligro y las consecuencias de poseer armas de fuego, municiones o explosivos en el hogar. Esta acción ya se encuentra en marcha en todo el país, con especial énfasis en las entidades federativas donde se localizan los municipios con mayor incidencia delictiva y municipios prioritarios.
6.4 Relevancia del objetivo 4: Fortalecer el sistema penitenciario federal para facilitar la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
El objetivo central es garantizar condiciones dignas y seguras a las Personas Privadas de su Libertad (PPL) en los CEFERESO, por ello, se prioriza la modernización de la infraestructura penitenciaria y la profesionalización del personal penitenciario que permitan a su vez facilitar la reinserción social.
Al invertir en capacitación continua y especializada del personal penitenciario, se desarrollarán habilidades que fomenten una gestión eficiente, respetuosa de los derechos humanos. Este cambio busca transformar al personal en agentes activos de reintegración social, promoviendo un enfoque más humano y efectivo en su labor.
La reinserción social coadyuva en romper ciclos de violencia y delincuencia con acciones basadas en la justicia que permita a las personas reintegrarse como personas sujetas de derechos y agentes de transformación positiva que aminoren la persistencia de estigmas y barreras estructurales que perpetúan la exclusión y, por el contrario, se constituya como un pilar más para la pacificación del país y la reconstrucción del tejido social.
De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F), publicados en 2024 por el INEGI, de 148,018 personas que egresaron de los centros penitenciarios y centros especializados, 146,504 eran adultas y 1,514, adolescentes. Del total, 92.0 % correspondió a hombres y 8.0 %, a mujeres. Al comparar con 2022, la cifra aumentó sólo 16.0 %.

FUENTE: INEGI.2024.
En tanto, en 2023 en un comparativo entre el ingreso y egreso, de 2,947 personas privadas de la libertad ingresadas en Centros Penitenciarios Federales, 3,941 egresaron, de las cuales sólo 213 fueron mujeres.
 

FUENTE: INEGI.2024.
Además, la creación de entornos seguros, funcionales y adecuados permitirá condiciones óptimas para la seguridad interna y el bienestar de las PPL. Acciones como la implementación de tecnologías avanzadas de monitoreo y el refuerzo de la seguridad perimetral serán clave para prevenir fugas y garantizar el control efectivo.
El sistema penitenciario federal constituye un tema prioritario, por lo que, en el Objetivo estratégico 3.4 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, establece que, se fortalecerá el sistema de inteligencia penitenciaria, a fin de identificar amenazas que se puedan originar al interior de los CEFERESO y convertirse en un riesgo para la seguridad nacional.
En correlación con lo anterior, se generarán productos de inteligencia y de análisis criminológico, mediante el aprovechamiento de la información para la prevención y el combate de los delitos. Además de mejorar los métodos de consulta de registros y bases de datos en materia de seguridad pública, para contribuir en las labores de inteligencia, investigación y operación.
Por otro lado, se asegurará que la estancia y los servicios en materia de reinserción social y postpenales se otorguen con perspectiva de género y en estricto apego a los derechos humanos.
6.5 Relevancia del objetivo 5: Salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o antrópicos, priorizando la protección de grupos en situación de riesgo.
Los fenómenos perturbadores que afectan al territorio nacional ponen de manifiesto las vulnerabilidades en la gestión de riesgos y la protección civil, derivadas de las características geográficas del país.
Estos fenómenos, incluidos los de origen hidrometeorológico y geológico, no solo interactúan con condiciones naturales, sino también con factores humanos como la urbanización desordenada, la pobreza y la desigualdad social, exacerbando los riesgos y sus impactos, particularmente en sectores más vulnerables de la población.
Estas problemáticas están directamente vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Ciudades y comunidades sostenibles, que busca reducir significativamente el impacto de los desastres, especialmente en comunidades marginadas.
La falta de coordinación efectiva en la respuesta a emergencias se ha mantenido como uno de los principales problemas públicos en protección civil. A pesar de los avances en la creación de protocolos de actuación, planes y programas de protección civil homologados, los inadecuados canales de comunicación y organización y el insuficiente alertamiento temprano entre autoridades de los tres órdenes de gobierno ha propiciado una respuesta tardía e ineficaz.
Asimismo, México enfrenta de manera persistente la materialización de riesgos de desastre construidos socialmente, que se expresan en eventos catastróficos con consecuencias humanas, sociales, económicas y ambientales significativas. Estos riesgos derivan de la combinación de amenazas naturales y antropogénicas con condiciones estructurales de vulnerabilidad y exposición, generadas por décadas de desarrollo desigual, planeación urbana deficiente, deterioro ambiental, pobreza, desigualdad y limitada gobernanza del territorio.
La persistencia de estos factores compromete directamente el bienestar, la calidad de vida y la seguridad humana de millones de personas, especialmente aquellas que viven en condiciones de alta marginación. Además, afectan de manera particular el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda digna y al desarrollo, y representan un obstáculo para el cumplimiento de los ODS y la consolidación del estado de bienestar.
Por lo antes expuesto, es necesario contar con un sistema de gestión de riesgos robusto y resiliente en nuestro país. Este sistema fortalecerá la capacidad institucional para prevenir y mitigar desastres, reduciendo sus impactos económicos y sociales, particularmente en regiones vulnerables.
La adopción de instrumentos normativos y financieros sólidos garantizará la sostenibilidad de las estrategias de reconstrucción y resiliencia, promoviendo el desarrollo económico regional mediante la protección de infraestructura clave y la continuidad operativa en sectores productivos. Estas acciones incidirán positivamente en la productividad nacional, fomentando la atracción de inversiones y fortaleciendo la competitividad global del país.
La integración de un enfoque transversal que promueva la igualdad de género reconozca y proteja los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, incluya plenamente a las personas con discapacidad, y garantice la sostenibilidad ambiental fortalecerá una gestión inclusiva y equitativa, alineada con los ODS.
A través de la participación comunitaria, la protección de los derechos humanos y la adopción de soluciones basadas en la naturaleza, se impulsará una sociedad más resiliente, cohesionada y capaz de enfrentar los desafíos del cambio climático y otras amenazas emergentes, asegurando el bienestar y la seguridad de las generaciones presentes y futuras.
Desde la visión del humanismo mexicano, la GIRD debe colocar a las personas, particularmente a los grupos más vulnerables, en el centro de las políticas públicas. El riesgo no debe entenderse sólo como una amenaza, sino como una construcción social asociada a la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la falta de acceso a los derechos sociales. En ese sentido, la prevención y la respuesta a los desastres son actos profundamente asociados a la protección de la vida, la dignidad, la seguridad y el futuro de millones de mexicanas y mexicanos.
El Informe Nacional de Medio Término de México sobre el Marco de Sendai (CENAPRED, 2023) destaca que: El 77% de las instituciones de la APF desarrollan actividades para identificar y entender los riesgos, con el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG); el 70% ha capacitado a su personal en GIRD, sin embargo, solo el 37% sistematiza información de riesgos, y solo un tercio trabaja con comunidades o sociedad civil.
Estas cifras revelan áreas de oportunidad, tales como: consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno, y en especial, a través del Comité Nacional de Prevención; fortalecer la dimensión comunitaria y territorial de la GIRD; mejorar la generación, sistematización y acceso a información de riesgos de desastre; impulsar la formación profesional y certificación en GIRD; desarrollar e integrar sistemas de alerta multi-amenaza efectivos, accesibles y con base tecnológica; vincular la GIRD con el ordenamiento territorial y ecológico, la planificación urbana y el desarrollo sostenible.
La consolidación de la política nacional de la GIRD resulta estratégica para el avance en los objetivos nacionales. La atención estructural de los riesgos permite romper con los ciclos históricos de marginación, contribuyendo al fortalecimiento de la justicia social y la construcción de un modelo de desarrollo más equitativo.
La GIRD es un instrumento para garantizar la seguridad humana, la justicia territorial, entendida como un concepto interdisciplinario que busca garantizar una distribución equitativa de recursos, derechos y oportunidades en el espacio geográfico, respetando las particularidades de cada territorio y promoviendo la inclusión social y el desarrollo sostenible el bienestar colectivo y la reducción de desigualdades históricas ante el impacto de los fenómenos naturales y antrópicos.
La consolidación de la GIRD como política transversal responde directamente a los principios que promueve el Gobierno de México, al atender las causas que generan la pobreza, la exclusión y el deterioro ambiental. Además, promueve la participación social y comunitaria, elemento esencial del nuevo pacto democrático, e impulsa un Estado más cercano, honesto, eficiente y comprometido con el desarrollo humano.
6.6 Relevancia del objetivo 6: Fortalecer el desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030(33) se señala que, desde 2019, México ha avanzado en la construcción de una nueva política de seguridad, enfocada en fortalecer las instituciones, modernizar las instituciones policiales y mejorar la cooperación internacional para garantizar la protección de la población.
Por lo que, la estrategia ha seguido dos enfoques complementarios: por un lado, el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (ISP), mediante la profesionalización de las policías (de prevención, investigación, proximidad social, reacción, inteligencia, así como de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva o de centros de arraigos, entre otras), el uso de tecnología avanzada y la optimización de los métodos de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública; y por otro, la prevención social de la violencia y el delito, promoviendo la no criminalización de las personas jóvenes, eliminando el uso excesivo de la fuerza y priorizando políticas sociales que reduzcan la base social del delito.
Esto sumado a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030(34) la cual contempla cuatro ejes rectores: 1) Atención a las causas, 2) Consolidación de la Guardia Nacional, 3) Fortalecimiento de la Inteligencia y la Investigación y, 4) Coordinación absoluta entre el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.
Por lo antes expuesto, el Gobierno de México dará cumplimiento al desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, con la finalidad de que prevengan, investiguen y persigan los delitos de forma efectiva y que, de esta manera, cumplan con su misión de proteger a la ciudadanía y garantizar el Estado de derecho.
La LGSNSP establece que el SPC de las ISP es el sistema integral de carácter obligatorio y permanente, conforme al que se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento(35), selección(36), ingreso(37), registro, profesionalización, certificación individual, permanencia, promoción(38), reconocimiento(39), reingreso y terminación del servicio de las personas integrantes de las ISP en los tres órdenes de gobierno.
El SPC se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva para contribuir a la cultura de paz y la justicia para fomentar valores institucionales con mejoras continúas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con un documento de la Auditoría Superior de la Federación, el Sistema de Justicia Penal en México hasta el año 2008 (modelo inquisitivo)(40) mostró deficiencias en la procuración e impartición de justicia de manera pronta, expedita e imparcial(41). "La problemática estructural de ese Sistema inquisitorio se caracterizaba por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre las policías y el Ministerio Público, lo anterior se tradujo en violaciones a los derechos humanos, en la ineficacia de la función persecutoria de los delitos y en la falta de respeto al principio de presunción de inocencia. Todo ello vulneró el Estado de Derecho(42) y provocó que, en ocasiones, actos ilícitos quedaran impunes".
Por lo antes expuesto, y para hacer frente a esa problemática, el 18 junio de 2008 se publicó en el DOF la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. El SPPA exige tener policías calificadas, con un nivel académico superior. Ahora el actuar policial, tiene más responsabilidades en el procedimiento del nuevo SPPA, pues la intervención policial en términos prácticos va a ser auxiliar en la investigación y la del Ministerio Público para intervenir (litigar) en las audiencias, es así como se redimensiona el nuevo actuar policial como Primer Respondiente ante una eventualidad delictiva.
Las Instituciones Policiales requieren conocimientos que les permitan realizar investigación de campo propia. Auxiliarse con un equipo multidisciplinario conformado por expertos con experiencia en el SPPA, como, personal pericial en: criminalística de campo, medicina forense, investigación policial, psicología criminal y criminología, entre otras.
La actuación de las policías en el SPPA se concibe desde que los elementos policiales tienen conocimiento de la noticia criminal, momento en el que empiezan para él una serie de actividades que debe cumplir, como obligación en este Sistema, al que se encamina la normativa procesal, es decir, una investigación que permita identificar al autor del hecho a través de la investigación policial y llegar a un proceso penal, el cual será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad(43), contradicción(44), continuidad(45), concentración(46) e inmediación(47) y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes, de conformidad con el CNPP.
El CNPP se publicó en el DOF el 05 de marzo de 2014, y tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
En virtud de lo cual, la LGSNSP señala que profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de las personas integrantes de las ISP.
El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación para los perfiles policiales, ministeriales, periciales y penitenciarios fomentará que las personas integrantes de las ISP logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, las habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desempeño del servicio público.
El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC)(48) busca que las policías puedan utilizar todas las facultades legales que les otorga la ley para realmente, disminuir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad(49) entre los ciudadanos, sin embargo, esto requiere mayor capacitación en las policías, no solamente en sus habilidades, sino también en sus relaciones con la ciudadanía, en la especialización en tareas como atención a víctimas, resolución de problemas, mediación, investigación científica(50), etc.
Incidencia delictiva 2015-2024

FUENTE: SSPC-SESNSP. Incidencia delictiva del fuero común. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-
abiertos-de-incidencia-delictiva.
La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la República en el fuero federal.
Finalmente, el MNPJC, también implica el desarrollo de la alta gerencia policial, es decir en la formación de cuadros directivos que puedan modificar la doctrina de mando, la ética en el desempeño policial y la orientación a resultados.
6.7 Vinculación de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030.
La seguridad pública, la justicia y la cohesión social son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de México. En este sentido, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030 establece una hoja de ruta que permitirá, garantizar la paz, reconstruir el tejido social y salvaguardar a la población ante fenómenos naturales, desde un enfoque de derechos, equidad y participación ciudadana.
Los objetivos que a continuación se presentan -centrados en el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, investigación, prevención, reinserción y reconstrucción comunitaria- se encuentran plenamente alineados con los ejes, objetivos y estrategias del PND. Esta vinculación no solo obedece a una congruencia normativa y programática, sino también a la necesidad de consolidar una política de seguridad pública que coloque en el centro a las personas, reconozca las desigualdades estructurales y promueva acciones coordinadas entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.
A través de este apartado, se demostrará cómo cada uno de los objetivos contribuye al cumplimiento de los propósitos del PND, en particular del Eje General 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana, así como de los ejes transversales de Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Este análisis permitirá comprender el papel de la seguridad y la justicia como motores del bienestar colectivo y la transformación social en México.
 
Objetivos del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana
2025-2030
Objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo
2025 - 2030
Estrategias del Plan
Nacional de Desarrollo
2025 - 2030
1.- Mejorar las condiciones de seguridad pública en zonas con alta incidencia delictiva en el país.
Objetivo 1.5
Estrategias: 1.5.2 y 1.5.3
2.- Impulsar las capacidades de investigación y persecución del delito en zonas prioritarias del país con enfoque de género, diferenciado e intercultural.
Objetivo 1.5, T1.4, T1.5, T3.4 y
T3.6
Estrategias: 1.5.2, 1.5.3,
1.5.6, T.1.4.5, T1.5.1,
T1.5.2, T1.5.3, y T3.4.1,
T3.4.4 y T3.6.7, T3.6.8
3.- Reducir las violencias en comunidades de atención prioritaria del país.
Objetivo 1.5
Estrategias: 1.5.4,1.5.5 y
1.5.6
4.- Fortalecer el sistema penitenciario federal para facilitar la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Objetivo 1.5 y 1.6
Estrategias: 1.5.3 y 1.6.2
5.- Salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o antrópicos, priorizando la protección de grupos en situación de riesgo.
Objetivo 2.2 y 2.10
Estrategias: 2.2.3, 2.10.3 y
2.10.4
6.- Fortalecer el desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública.
Objetivo 1.3 y 1.5, T2.2
Estrategias: 1.3.1 y 1.5.2,
T2.2.4
 
7. Estrategias y líneas de acción
Las estrategias y líneas de acción aquí descritas representan las actividades sustantivas que realizará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sus órganos administrativos desconcentrados para dar cumplimiento a este programa sectorial, así como coadyuvar a lograr los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) 2024-2030 para contribuir a lograr mejorar las condiciones de seguridad pública en el país. Este programa sectorial incluye un total de seis Objetivos, 32 Estrategias y 129 Líneas de acción, las cuales a continuación se presentan:
Objetivo 1. Mejorar las condiciones de seguridad pública en zonas con alta incidencia delictiva en el país.
Estrategia 1.1 Fortalecer las acciones de inteligencia e investigación para incidir en la disminución de los delitos cometidos en territorio nacional y de aquellos relacionados con la delincuencia organizada transnacional.
Línea de acción
1.1.1 Generar productos de inteligencia mediante el análisis de información delictiva.
1.1.2 Atender mandamientos ministeriales y judiciales mediante actos de investigación de gabinete y campo en el ámbito nacional.
1.1.3 Realizar actos de investigación de gabinete y de campo a través de productos de inteligencia.
1.1.4 Participar en coordinación con autoridades nacionales e internacionales en el combate de fenómenos delictivos transnacionales mediante convenios y acuerdos establecidos.
 
Estrategia 1.2 Coordinar acciones operativas y de seguridad con los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y sectores sociales para reducir delitos, generar proximidad institucional y brindar atención integral.
Línea de acción
1.2.1 Implementar acciones operativas mediante dispositivos policiales coordinados con autoridades nacionales e internacionales en el territorio nacional.
1.2.2 Implementar esquemas tácticos de operaciones especiales a través de la coordinación con instancias de seguridad pública y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno.
1.2.3 Implementar acciones de búsqueda de personas no localizadas mediante la colaboración con instancias competentes e instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
1.2.4 Realizar sobrevuelos con vehículos aéreos no tripulados (UAV) mediante rutas operativas en zonas de difícil acceso y con alta incidencia delictiva.
1.2.5 Atender y dar seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas por parte de los diversos sectores y público en general en materia de seguridad mediante los canales institucionales.
1.2.6 Coordinar acciones de vinculación, cooperación e intercambio de información con los sectores público, privado, social y organismos internacionales a través de acuerdos y convenios establecidos.
1.2.7 Brindar contención emocional inicial y orientación a víctimas de delitos diversos, mediante atención presencial y virtual, en coordinación con instancias especializadas en atención a víctimas.
1.2.8 Diseñar y ejecutar estrategias continuas mediante la detección y atención de conductas delictivas y promoción de medidas de seguridad.
 
Estrategia 1.3 Impulsar el fortalecimiento de capacidades de inteligencia e investigación sobre fenómenos delictivos para anticipar su aparición y contribuir al diseño de políticas públicas que atiendan sus causas y factores de riesgo en poblaciones vulnerables.
Línea de acción
1.3.1 Implementar y dar seguimiento a un sistema de monitoreo de indicadores que refleje los resultados de las acciones de inteligencia, investigación y operación.
1.3.2 Atender las denuncias ciudadanas mediante canales accesibles y mecanismos de respuesta oportuna en las unidades de atención de todo el país.
1.3.3 Promover la participación comunitaria mediante canales institucionales en la identificación, vinculación y atención de las causas estructurales en materia de prevención y seguridad.
1.3.4 Fomentar entre la ciudadanía, la cultura del bienestar animal mediante programas específicos y acciones preventivas y de cuidado a los animales.
1.3.5 Incorporar la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas, mediante espacios de diálogo y mecanismos de consulta formal.
1.3.6 Proponer y colaborar en el diseño de acciones estratégicas específicas a través de los canales institucionales para el combate a las condiciones que propician la comisión de actos delictivos y conductas antisociales.
 
Estrategia 1.4 Fortalecer los modelos de inteligencia e investigación mediante tecnologías especializadas y enfoque territorial en zonas prioritarias, para atender delitos de alto impacto, apoyar fiscalías con información relevante y mejorar la respuesta institucional contra la criminalidad.
Línea de acción
1.4.1 Implementar actividades de reconocimiento aéreo y uso de equipamiento especializado mediante operativos coordinados con áreas de inteligencia.
1.4.2 Realizar los mecanismos de procesamiento de la información que se obtengan en laboratorios para la prevención de delitos y en el esclarecimiento de hechos delictivos mediante las herramientas institucionales.
1.4.3 Implementar estrategias de patrullaje digital en materia de ciberseguridad para contribuir a la seguridad del ciberespacio nacional a través de los mecanismos institucionales que se habiliten.
1.4.4 Implementar mesas de análisis prospectivo para el monitoreo de zonas de alta incidencia delictiva mediante la sistematización de información.
1.4.5 Consolidar las herramientas de análisis e inteligencia mediante el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y analíticas.
1.4.6 Elaborar productos de inteligencia para las carpetas de investigación que apoyen la judicialización de los casos mediante la sistematización de la información.
1.4.7 Proponer criterios objetivos para la priorización de los delitos de alto impacto, mediante el análisis de su incidencia, efectos en la seguridad ciudadana y capacidades institucionales.
1.4.8 Elaborar escenarios sobre fenómenos delictivos en las regiones con incremento de la incidencia delictiva
 
Estrategia 1.5 Coordinar tareas de investigación en el ámbito de seguridad nacional para generar inteligencia que permita identificar riesgos, amenazas y proteger a la sociedad, el orden público y los intereses nacionales.
Línea de acción
1.5.1 Desarrollar la agenda nacional de riesgos como un instrumento estratégico y prospectivo de identificación de riesgos y amenazas a través del fortalecimiento de los canales y coordinación institucional.
1.5.2 Mantener la participación institucional en las mesas de construcción de la paz mediante la adecuada coordinación interinstitucional.
 
Estrategia 1.6 Coadyuvar en la coordinación para fusionar información especializada y generar inteligencia estratégica que fortalezca la seguridad pública.
 
Línea de acción
1.6.1 Fortalecer la cooperación interinstitucional para la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano en los tres ámbitos de la Administración Pública y procuración de justicia a través de mecanismos institucionales que refuercen su operación.
1.6.2 Fortalecer la cooperación internacional para combatir riesgos y amenazas transnacionales mediante mecanismos de coordinación y colaboración institucional.
 
Estrategia 1.7 Impulsar mecanismos de coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la colaboración eficiente que elimine la duplicidad de esfuerzos y potencie la eficacia operativa en la prevención y combate al delito.
Línea de acción
1.7.1 Establecer mecanismos de intercambio de información con instituciones gubernamentales mediante esquemas de coordinación interinstitucional en zonas y regiones prioritarias.
1.7.2 Integrar información del fenómeno delictivo, a través de acuerdos interinstitucionales.
1.7.3 Impulsar la colaboración y vinculación para realizar operaciones de inteligencia, investigaciones y colaboración con agencias internacionales a través de la coordinación institucional.
1.7.4 Promover la firma de mecanismos de coordinación a través de convenios de cooperación y asistencia con dependencias de seguridad con los tres órdenes de gobierno, así como con organismos nacionales e internacionales.
1.7.5 Coordinar y colaborar en el cumplimiento a los tratados, acuerdos y compromisos internacionales con la Fiscalía General de la República, Fiscalías Estatales y las Agencias de Seguridad Extranjeras a través de la vinculación nacional e internacional.
1.7.6 Impulsar mecanismos para el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia en los estados y municipios a través de la vinculación nacional e internacional.
1.7.7 Elaborar la agenda nacional de política criminal, mediante el análisis del fenómeno delictivo y antisocial en el país e intercambiar información sobre las prácticas exitosas para su atención mediante acciones de análisis estratégico.
 
Objetivo 2. Impulsar las capacidades de investigación y persecución del delito en zonas prioritarias del país con enfoque de género, diferenciado e intercultural.
Estrategia 2.1 Desarrollar productos de inteligencia que se integren a carpetas de investigación y deriven en vinculaciones a proceso y sentencias.
Línea de acción
2.1.1 Realizar análisis de información sustantiva mediante la generación de inteligencia operativa para fortalecer el procedimiento penal y poder abatir la comisión de delitos con enfoque de género, diferenciado e intercultural a través de la sistematización de la información.
2.1.2 Promover la generación de productos de inteligencia policial mediante procesos de análisis táctico y estratégico con enfoque de género, diferenciado e intercultural.
 
Estrategia 2.2 Mejorar los procesos de atención a los requerimientos de información especializada por parte de las áreas ministeriales y fiscalías para integración de carpetas de investigación.
Línea de acción
2.2.1 Impulsar la cooperación con las instancias competentes para la atención de reportes relacionados con la prevención y combate de delitos electrónicos y tecnológicos, mediante la coordinación institucional.
2.2.2 Implementar estrategias de diseño, desarrollo tecnológico e intercambio de información en materia de seguridad pública mediante sistemas y plataformas interoperables.
 
Estrategia 2.3 Promover la investigación policial para la desarticulación de estructuras delictivas dedicadas al secuestro y extorsión e implementar asesorías de manejo de crisis y negociación.
Línea de acción
2.3.1 Realizar investigaciones y recopilar información sustantiva para neutralizar actividades delictivas, mediante nuevas líneas de investigación, en la prevención y combate de los delitos de secuestro y extorsión.
2.3.2 Brindar apoyo en el manejo de crisis y negociación en casos de secuestro y extorsión de manera telefónica y presencial mediante los canales institucionales.
2.3.3 Proporcionar atención personalizada a las personas en situación de víctimas, testigos y ofendidos en los delitos de secuestro y extorsión mediante los canales institucionales.
 
Estrategia 2.4 Fortalecer la infraestructura tecnológica para garantizar el suministro continuo y seguro de información.
Línea de acción
2.4.1 Promover a través de los canales institucionales la renovación de equipos de cómputo y servidores para optimizar la operatividad a nivel nacional.
2.4.2 Considerar la adopción de sistemas automatizados de gestión de datos con protocolos integrados de respaldo y recuperación en Plataforma México a través de los canales institucionales que se establezcan.
2.4.3 Controlar los procesos de respaldo mediante monitoreo continuo y reportes de disponibilidad de datos en Plataforma México a través de los canales institucionales adecuados.
2.4.4 Promover la elaboración y difusión de lineamientos técnicos y protocolos, integrados por normativa actual y mejores prácticas para el intercambio de información a nivel nacional a través de los canales institucionales.
2.4.5 Apoyar mediante alianzas con proveedores tecnológicos la optimización de la infraestructura de redes y la transmisión continua de datos mediante el apego a la normatividad y legislación establecida.
2.4.6 Construir herramientas de control y depuración, integrando procesos automatizados a través del planteamiento de necesidades.
2.4.7 Promover revisiones automáticas mediante herramientas analíticas, identificando y verificando la corrección de información inconsistente en tiempo real a través de canales institucionales.
 
Objetivo 3. Reducir las violencias en comunidades de atención prioritaria del país.
Estrategia 3.1 Impulsar la estrategia de desarme voluntario en los municipios prioritarios del país con la coordinación y participación de los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía para disminuir la cantidad de armas en circulación.
Línea de acción
3.1.1 Diseñar, aprobar y publicar el Lineamiento y Tabulador de la estrategia "Desarme Voluntario" para el territorio mexicano mediante canales institucionales oficiales.
3.1.2 Coordinar con los tres niveles de gobierno la implementación de la estrategia de Desarme Voluntario a través de la coordinación interinstitucional.
3.1.3 Instalar módulos de desarme voluntario en municipios prioritarios del país, mediante la coordinación con autoridades locales y la implementación de campañas de sensibilización ciudadana.
3.1.4 Realizar jornadas de Desarme Voluntario en los municipios prioritarios del país a través de la coordinación y participación de los tres niveles de gobierno.
3.1.5 Generar un registro de las armas captadas en la jornada de Desarme Voluntario utilizando los recursos adecuados que permitan salvaguardar y operar la información.
 
Estrategia 3.2. Implementar iniciativas y acciones para la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Línea de acción
3.2.1 Intervenir en los espacios de coordinación y colaboración interinstitucional con temas de prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) a través de la coordinación interinstitucional.
3.2.2 Coadyuvar en la conducción de los programas y acciones en materia de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en Territorios de Paz a través de la coordinación interinstitucional.
3.2.3 Elaborar diagnósticos para la evaluación y toma de decisiones tendientes a la prevención de la violencia que afecta a los NNA en escuelas en los Territorios de Paz a través de la sistematización y procesamiento de la información.
 
Estrategia 3.3. Implementar acciones y servicios interinstitucionales en los Territorios de Paz(51) con alta vulnerabilidad para atender las demandas ciudadanas y las causas que generan desigualdad.
 
Línea de acción
3.3.1 Identificar Territorios de Paz en función de las condiciones socioeconómicas, poblacionales, delincuenciales, entre otras, así como atender mediante canales institucionales las demandas ciudadanas y las causas que generan desigualdad.
3.3.2 Realizar diagnósticos territoriales por cada Territorio de Paz en los municipios determinados a través de la sistematización y procesamiento de la información.
3.3.3 Coordinar las acciones interinstitucionales en los Territorios de Paz en los municipios determinados a través de mecanismos institucionales.
3.3.4 Instalar módulos y servicios de paz (atenciones y servicios interinstitucionales) en el territorio nacional a través de acciones interinstitucionales.
3.3.5 Elaborar diagnósticos de atención y servicios otorgados en el territorio nacional a través de la sistematización y procesamiento de la información.
 
Estrategia 3.4. Desplegar brigadas interinstitucionales que realizan visitas Casa por Casa, en territorios prioritarios del país, para identificar y atender las demandas ciudadanas y a las causas generadoras de violencia.
Línea de acción
3.4.1 Realizar visitas casa por casa y recabar demanda ciudadana en el territorio nacional a través de la representación institucional.
3.4.2 Promover la feria de servicios inmediatos a la comunidad en Territorios de Paz en el país mediante canales institucionales oficiales.
3.4.3 Canalizar y dar seguimiento de la demanda ciudadana recabada en el territorio nacional mediante canales institucionales oficiales.
3.4.4 Elaborar diagnósticos de las brigadas interinstitucionales implementadas en el territorio nacional a través de la sistematización y procesamiento de la información.
 
Estrategia 3.5. Atender casos emergentes en territorios prioritarios de atención para prevenir riesgos a la vida, la salud y la seguridad de las personas.
Línea de acción
3.5.1 Identificar casos de atención emergentes en los Territorios de Paz, visitados por las brigadas(52) mediante el despliegue del personal.
3.5.2 Dar atención prioritaria de casos emergentes en vinculación con instancias del gobierno de México.
3.5.3 Implementar mecanismos de control y seguimiento de casos emergentes en el territorio nacional mediante la coordinación institucional.
3.5.4 Proponer mecanismos para la atención de casos emergentes en el territorio nacional mediante la coordinación institucional.
 
Estrategia 3.6. Implementar la estrategia Reconecta con la Paz para facilitar la reinserción social de los jóvenes de 18 a 35 años que cometieron delitos menores.
Línea de acción
3.6.1 Promover a través de canales institucionales la estrategia Reconecta con la Paz para jóvenes que cometieron un primer delito menor en donde se designa un(a) coordinador (a).
3.6.2 Informar, por parte de la autoridad, a las y los jóvenes en conflicto con la ley que se integran a la estrategia Reconecta con la Paz mediante canales institucionales establecidos.
3.6.3 Intervenir y acompañar de forma integral a las y los jóvenes que forman parte de la estrategia Reconecta con la Paz en el territorio nacional mediante la coordinación interinstitucional.
3.6.4 Elaborar reportes respecto al avance por horas de servicio comunitario implementado en la estrategia Reconecta con la Paz en el país mediante el procesamiento y sistematización de la información.
3.6.5 Elaborar reportes respecto de las graduaciones de las y los jóvenes que cumplen con el tiempo de servicio de la medida cautelar impuesta por el juez en el país mediante el procesamiento y sistematización de la información.
 
Estrategia 3.7. Implementar la estrategia Territorios de Paz para transformar espacios y comunidades vulnerables en entornos seguros y pacíficos en el país.
Línea de acción
3.7.1 Realizar Actividades de Permanencia en Territorios de Paz en el territorio nacional mediante la coordinación interinstitucional.
3.7.2 Impulsar semilleros deportivos y culturales en el país mediante la coordinación institucional.
3.7.3 Conformar Comités de Paz en el territorio nacional mediante la coordinación y articulación institucional y comunitaria.(53)
3.7.4 Impulsar actividades culturales, deportivas y lúdicas en el territorio nacional mediante la coordinación y articulación institucional y comunitaria.
3.7.5 Elaborar un reporte de actividades de permanencia a nivel nacional a través de la sistematización y procesamiento de la información.
 
Objetivo 4. Fortalecer el sistema penitenciario federal para facilitar la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Estrategia 4.1 Implementar el sistema de inteligencia penitenciaria para identificar riesgos y amenazas que se puedan gestar al interior y exterior de los CEFERESO y vulneren la gobernabilidad de estos.
Línea de acción
4.1.1 Generar productos de inteligencia penitenciaria mediante la identificación de hechos posiblemente constitutivos de delitos, amenazas o riesgos a través de la sistematización y procesamiento de la información.
4.1.2 Implementar sistemas y procedimientos especializados en la generación de productos de inteligencia al interior de los CEFERESO a través del procesamiento de la información.
4.1.3 Fortalecer la coordinación con instancias de seguridad nacional y pública a nivel federal y estatal mediante el intercambio de información para prevenir e investigar delitos en los CEFERESO.
 
Estrategia 4.2 Promover que la estancia y los servicios en materia de reinserción social y postpenales se otorguen con perspectiva de género y en estricto apego a los derechos humanos.
Línea de acción
4.2.1 Actualizar políticas y criterios para la distribución del ingreso de la población privada de la libertad mediante su perfil criminológico y la capacidad instalada en los CEFERESO.
4.2.2 Diseñar e implementar acciones de planeación, control y seguimiento de los servicios de reinserción social y Postpenales a través de la definición de objetivos.
4.2.3 Llevar a cabo el análisis de las quejas procedentes en materia de derechos humanos en los CEFERESO a través de la sistematización y procesamiento de la información.
4.2.4 Fomentar los principios rectores de honradez, honestidad y el respeto a los derechos humanos en el desempeño de las funciones del personal penitenciario mediante canales y estrategias institucionales oficiales.
 
Estrategia 4.3 Incrementar el uso de las tecnologías de la información y digitalización de la gestión a fin de agilizar y eficientar el sistema penitenciario federal.
Línea de acción
4.3.1 Desarrollar una plataforma tecnológica de gestión de los procesos de prevención y de reinserción social en el sistema penitenciario federal mediante mecanismos de infraestructura tecnológica.
4.3.2 Fortalecer la infraestructura tecnológica en el almacenamiento, procesamiento, análisis y seguridad de la información penitenciaria a través de la obtención de mecanismos tecnológicos de vanguardia.
4.3.3 Consolidar la digitalización de los procedimientos de prevención y reinserción social mediante herramientas tecnológicas adecuadas.
 
Objetivo 5. Salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o antrópicos, priorizando la protección de grupos en situación de riesgo.
Estrategia 5.1 Generar conocimiento sobre los riesgos asociados a fenómenos perturbadores para fortalecer la Gestión Integral de Riesgo y la toma de decisiones.
 
Línea de acción
5.1.1 Impulsar de forma continua la investigación científica y tecnológica sobre peligros y riesgos asociados a fenómenos naturales y antropogénicos a través de la coordinación interinstitucional e internacional.
5.1.2 Mantener actualizado el sistema del ANR, integrando información geográfica proveniente de fuentes oficiales mediante bases de datos y plataformas digitales mediante el procesamiento y sistematización de la información.
5.1.3 Promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal en materia de protección civil y gestión integral del riesgo de desastres mediante la coordinación con autoridades locales y federales.
5.1.4 Coordinar y promover mediante los canales institucionales redes de monitoreo y sistemas de alerta temprana ante fenómenos naturales.
5.1.5 Difundir de manera continua el conocimiento generado en materia de prevención de riesgos y autoprotección, mediante campañas de comunicación, materiales educativos y participación comunitaria.
5.1.6 Evaluar el impacto socioeconómico de los desastres y los avances de la política pública para la transversalización de la visión de la Gestión Integral del Riesgo.
5.1.7 Promover la cooperación internacional a través de mecanismos de colaboración y de intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas inclusivas.
 
Estrategia 5.2 Implementar acciones de preparación y respuesta ante emergencias para reducir los efectos provocados por fenómenos perturbadores.
Línea de acción
5.2.1 Fortalecer la capacidad de respuesta de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en la mitigación del riesgo de fenómenos perturbadores.
5.2.2 Realizar acciones para la preparación y respuesta en sitio, con los tres órdenes de gobierno mediante la coordinación interinstitucional.
 
Estrategia 5.3 Coordinar los instrumentos financieros de gestión de riesgos federales, para garantizar una atención oportuna ante emergencias.
Línea de acción
5.3.1 Operar y dar seguimiento al instrumento financiero preventivo de gestión de riesgos federales en el país a través del seguimiento y apego a la normatividad vigente.
5.3.2 Operar el programa para la Atención de Emergencias por amenazas naturales conforme a la normatividad aplicable en el territorio nacional.
5.3.3 Operar los Lineamientos de Operación Específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores en el territorio nacional a través del seguimiento y apego a la normatividad vigente.
 
Estrategia 5.4 Impulsar la elaboración y actualización de instrumentos jurídicos en materia de protección civil para fortalecer la coordinación institucional.
Línea de acción
5.4.1 Impulsar la creación y actualización de ordenamientos jurídicos alineados a la Gestión Integral de Riesgos a través de la modernización de instrumentos jurídicos.
5.4.2 Elaborar e implementar planes y programas integrales de capacitación y formación en Protección Civil en todo el país a través de la coordinación interinstitucional.
5.4.3 Establecer convenios, plataformas de intercambio y redes de cooperación, orientados para la Gestión Integral de Riesgos a través de la coordinación interinstitucional.
 
Objetivo 6. Fortalecer el desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública.
Estrategia 6.1 Impulsar el reclutamiento de personal en el ámbito de la seguridad pública para profesionalizar a las instituciones y garantizar perfiles adecuados en funciones sustantivas.
Línea de acción
6.1.1 Emitir convocatorias periódicas para el reclutamiento de personal operativo, cuyos candidatos seleccionados se someterán a protocolos rigurosos de evaluación de control y confianza.
6.1.2 Coordinar las acciones de formación, competencias básicas y academia en las competencias de las Instituciones de Seguridad Pública y sus integrantes.
 
Estrategia 6.2 Fortalecer a las instituciones de seguridad, procuración de justicia y reinserción social para asegurar una respuesta coordinada y profesional frente a los desafíos de inseguridad que enfrenta el país.
Línea de acción
6.2.1 Incrementar el estado de fuerza de las corporaciones de seguridad, procuración de justicia y reinserción social.
6.2.2 Impulsar las capacidades de inteligencia e investigación de los estados en el combate y prevención del delito a nivel nacional con pleno respeto a los derechos humanos.
6.2.3 Mejorar técnica, tecnológica y operativamente a los Centros de Control y Comando del país, así como promover su certificación orientada a la seguridad pública.
6.2.4 Realizar programas y proyectos de inversión de infraestructura, equipamiento y profesionalización.
 
Estrategia 6.3 Implementar programas de capacitación continua acorde a las necesidades de capacitación del personal con la finalidad de que en el desempeño de sus funciones se garanticen los derechos humanos y el enfoque de género, diferenciado e intercultural.
Línea de acción
6.3.1 Desarrollar un plan integral de capacitación que identifique áreas estratégicas y necesidades específicas que garantice los derechos humanos y el enfoque de género, diferenciado e intercultural.
6.3.2 Establecer un sistema de evaluación continua para la capacitación implementada.
6.3.3 Fortalecer la capacitación y certificación de los integrantes del SPF con el desarrollo de estrategias y operaciones especiales como policía complementaria.
6.3.4 Impulsar acciones de capacitación especializada y certificación en materia de investigación e inteligencia.
6.3.5 Brindar capacitación a las personas servidoras públicas, dotándoles de conocimientos en funciones de atención y cuidado comunitario.
 
Estrategia 6.4 Crear protocolos de atención para la protección y reconocimiento de las mujeres para transversalizar la perspectiva de derechos humanos.
Línea de acción
6.4.1 Fomentar la atención integral de las mujeres con enfoque de derechos humanos que se encuentran en los centros de reinserción social.
6.4.2 Celebrar convenios de colaboración interinstitucionales con organizaciones nacionales e internacionales en temas de protección de los derechos humanos, derechos de las mujeres y grupos de atención prioritaria.
6.4.3 Promover la capacitación con transversalizar de perspectiva de género, igualdad sustantiva y con enfoque intercultural e interseccional mediante los canales institucionales oficiales.
6.4.4 Incentivar la creación de protocolos de atención integral y diferenciada en grupos de atención prioritaria que se encuentran en centros de reinserción social.
 
Estrategia 6.5 Fortalecer el desarrollo del personal de custodia penitenciaria, agentes de investigación y del SPF, entre otros a fin de propiciar la prestación del servicio eficiente y eficaz.
Línea de acción
6.5.1 Impulsar el diseño del servicio profesional de carrera para el personal sustantivo y fomentar la responsabilidad, equidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones.
6.5.2 Dirigir el fortalecimiento de las capacidades del personal administrativo mediante la formación, profesionalización y especialización.
6.5.3 Coordinar el fortalecimiento de los mecanismos de evaluación del desempeño del personal penitenciario con acciones preventivas y correctivas.
 
Estrategia 6.6 Fortalecer el seguimiento de las recomendaciones emitidas por organismos protectores de los derechos humanos dirigidas a la Secretaría, con la finalidad de agilizar su cumplimiento.
 
Línea de acción
6.6.1 Brindar atención a las recomendaciones dirigidas a la Secretaría, mediante un sistema de análisis de seguimiento.
6.6.2 Coordinar la supervisión y cumplimiento de recomendaciones a los Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría mediante mecanismos institucionales establecidos.
 
Estrategia 6.7 Mejorar los esquemas de atención y seguimiento jurídico para fortalecer el cumplimiento de las funciones de la Secretaría.
Línea de acción
6.7.1 Atender en tiempo y forma los requerimientos derivados de los asuntos de carácter jurídico de la Secretaría mediante mecanismos institucionales establecidos.
6.7.2 Analizar y supervisar los dictámenes de los anteproyectos y proyectos normativos inherentes a los temas vinculados con la Secretaría.
6.7.3 Implementar mecanismos para la canalización y atención de las controversias constitucionales y juicios de carácter contencioso a cargo de la Unidad a través de canales institucionales.
 
8. Indicadores y metas
Los indicadores estratégicos dan cuenta del objetivo a nivel de fin y de propósito del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030 (PSSPC), miden el impacto del programa y la situación de los beneficiarios, su propósito principal es transformar datos en información útil para guiar estrategias, optimizar procesos y alinear las actividades de la Secretaría con sus metas estratégicas.
La selección de los indicadores se realizó tomando en consideración que éstos deben dar cuenta del nivel de objetivos que pretenden medir, dando prioridad a aquellos que midieran resultados, en su defecto, se priorizaron los que dieran mejor cuenta de la gestión de la SSPC.
Indicador 1.1
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes.
Objetivo
Mejorar las condiciones de seguridad pública en zonas con alta incidencia delictiva en el país.
Definición o
descripción
La tasa de incidencia estima el número de todos los delitos ocurridos en contra de la población de 18 años o más, por cada 100,000
habitantes. El indicador se basa en la suma de todos los delitos estimados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el
Ministerio Público.
Derecho asociado
Art. 21 de la CPEUM: Derecho a vivir una vida libre de violencias, y derecho a la Seguridad Pública.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Acumulado o
periódico
Periódico
Disponibilidad de la información
Septiembre
Unidad de medida
Delitos por cada 100 mil habitantes
Periodo de recolección de los datos
Enero-Diciembre
Tendencia esperada
Descendente
Unidad responsable de reportar el
avance
36.- Seguridad y Protección Ciudadana
200.- Subsecretaría de Seguridad Pública
Método de cálculo
TID = (T_delitos / T_pob18) * 100,000
Observaciones
La tasa se calcula dividiendo el número total de delitos ocurridos entre la población de 18 años entre la población de 18 años y más,
multiplicado por 100 mil.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- T_delitos = Total de
delitos estimados.
Valor
variable 1
31,283,689
Fuente de
información
variable 1
INEGI. Encuesta Nacional
de Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE).
Nombre variable 2
2.- T_pob18 = Total de
población de 18 años y
más.
Valor
variable 2
94,037,600
Fuente de
información
variable 2
INEGI. Encuesta Nacional
de Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE).
Sustitución en
método de cálculo
TID = (31,283,689/94,037,600) *100,000
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
33,267
 
Año
2023
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
31,169
El cumplimiento de la meta depende de los esfuerzos coordinados de los tres órdenes de
gobierno en materia de seguridad pública, así como de dependencias y entidades
involucradas en materia de empleo, educación, salud y bienestar.
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
37,807
33,659
30,601
30,786
28,701
33,267
32,707
METAS
2025
2026
2027
2028
2029
2030
32,450
32,194
31,938
31,682
31,425
31,169
 
Indicador 1.2
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
Tasa de homicidios dolosos registrados por cada 100,000 habitantes.
Objetivo
Mejorar las condiciones de seguridad pública en zonas con alta incidencia delictiva en el país.
Definición o
descripción
Mide el número de homicidios dolosos registrados en el país en relación con el total de la población nacional.
Derecho asociado
Artículo 21 de la CPEUM: Derecho a vivir una vida libre de violencias, y Derecho a la Seguridad Pública.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de medición
Anual
Acumulado o
periódico
Periódico
Disponibilidad de la información
SESNSP: Incidencia delictiva del fuero común.
CONAPO: estimaciones anuales de los principales
indicadores demográficos correspondientes a
Población, Mortalidad, Fecundidad, Migración
Interna y Migración Internacional a nivel nacional y
entidad federativa, 1950-2070.
Unidad de medida
Número de averiguaciones previas
o carpetas de investigación por
homicidio doloso registradas.
Periodo de recolección de los datos
Enero-Diciembre
Tendencia esperada
Descendente
Unidad responsable de reportar el
avance
36.- Seguridad y Protección Ciudadana
150.- Unidad de Prevención de la Violencia y el
Delito
Método de cálculo
TH=Tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
TH= (H/Pt) *100,000
Observaciones
El dato de homicidios dolosos es reportado por el SESNSP a partir de la información proporcionada por las procuradurías de justicia o
fiscalías de las entidades federativas. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-
delictiva.
El dato de población total del país se toma de las estimaciones anuales de los principales indicadores demográficos correspondientes
a Población, Mortalidad, Fecundidad, Migración Interna y Migración Internacional a nivel nacional y entidad federativa, 1950-2070.
Disponible en: https://datos.gob.mx/dataset/proyecciones-de-poblacion.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
H=Número de homicidios dolosos
registrados.
Valor
variable 1
25,454
Fuente de
información
variable 1
SESNSP. Incidencia delictiva
del fuero común (homicidios
dolosos) de cada año.
Nombre variable 2
Pt=Población total del país.
Valor
variable 2
132,274,416
Fuente de
información
variable 2
CONAPO. Estimaciones
anuales de los principales
indicadores demográficos
correspondientes a la
población nacional a mitad
del año.
Sustitución en
método de cálculo
(25,454/132,274,416) *100,000
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
19.2
El SESNSP publica mensualmente la incidencia delictiva del fuero común, por lo que la línea base es una cifra relativa al total anual.
Año
2024
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
18.6
La meta que se plantea toma en consideración la tendencia que ha registrado el fenómeno en
los dos años previos a la línea base, la cual es descendente. Por lo que se proyectan metas
anuales con 0.5 puntos porcentuales de disminución en los homicidios dolosos.
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
23.1
23.2
22.5
21.9
20.2
19.3
19.2
METAS
2025
2026
2027
2028
2029
2030
19.1
19.0
18.9
18.8
18.7
18.6
 
Indicador 2.1
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
Tasa de extorsiones registradas por cada 10,000 habitantes.
Objetivo
Impulsar las capacidades de investigación y persecución del delito en zonas prioritarias del país con enfoque de género, diferenciado
e intercultural.
Definición o
descripción
Mide el número de extorsiones registradas en el país en relación con el total de la población nacional.
Derecho asociado
Art. 21 de la CPEUM: Derecho a vivir una vida libre de violencias, y Derecho a la Seguridad Pública.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de medición
Anual
Acumulado o
periódico
Periódico
Disponibilidad de la información
SESNSP: Incidencia delictiva del fuero común.
CONAPO: estimaciones anuales de los principales
indicadores demográficos correspondientes a
Población, Mortalidad, Fecundidad, Migración Interna y
Migración Internacional a nivel nacional y entidad
federativa, 1950-2070.
Unidad de medida
Número de averiguaciones
previas o carpetas de
investigación por extorsión por
cada 10,000 habitantes.
Periodo de recolección de los datos
Enero-Diciembre
Tendencia esperada
Descendente
Unidad responsable de reportar el
avance
36.- Seguridad y Protección Ciudadana
200.- Subsecretaría de Seguridad Pública
Método de cálculo
TE=Tasa de extorsiones por cada 10,000 habitantes.
TE= (E/Pt) * 10,000
Observaciones
El dato de extorsión es reportado por el SESNSP a partir de la información proporcionada por las procuradurías de justicia o fiscalías
de las entidades federativas. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva.
El dato de población total del país se toma de las estimaciones anuales de los principales indicadores demográficos correspondientes
a Población, Mortalidad, Fecundidad, Migración Interna y Migración Internacional a nivel nacional y entidad federativa, 1950-2070.
Disponible en: https://datos.gob.mx/dataset/proyecciones-de-poblacion.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
H=Número de extorsiones
registradas
Valor
variable 1
10,227
Fuente de
información
variable 1
SESNSP. Incidencia delictiva del
fuero común (extorsiones) de
cada año.
Nombre variable 2
Pt=Población total del país.
Valor
variable 2
132,274,416
Fuente de
información
variable 2
CONAPO. Estimaciones anuales
de los principales indicadores
demográficos correspondientes a
la población nacional a mitad del
año.
Sustitución en
método de cálculo
(10,227/132,274,416) *10,000
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0.77
El SESNSP publica mensualmente la incidencia delictiva del fuero común, por lo que la línea base
es una cifra relativa al total anual.
Año
2024
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
0.53
La meta que se plantea toma en consideración la tendencia que ha registrado el fenómeno en los
dos años previos a la línea base, la cual es descendente. Por lo que se proyectan metas anuales
con 0.06 puntos porcentuales de disminución en extorsión.
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0.53
0.69
0.62
0.68
0.80
0.79
0.77
METAS
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0.73
0.69
0.65
0.61
0.57
0.53
 
Indicador 3.1
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
Porcentaje de la percepción de la seguridad pública en los municipios donde se llevaron a cabo acciones de prevención social de las
violencias.
Objetivo
Reducir las violencias en comunidades de atención prioritaria del país.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que percibe que vivir en su municipio o demarcación territorial es inseguro en
términos de delincuencia y donde se han llevado a cabo acciones de prevención social de las violencias.
Derecho asociado
Art. 21 de la CPEUM: Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Acumulado o
periódico
Periódico
Disponibilidad de la información
Septiembre de cada año
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de los
datos
Marzo y abril de cada año
Tendencia esperada
Descendente
Unidad responsable de reportar
el avance
36.- Seguridad y Protección Ciudadana
150.- Unidad de Prevención de la Violencia y el
Delito
Método de cálculo
(Personas de 18 años y más que reportaron como inseguro el municipio o demarcación territorial / Personas de 18 años y más a nivel
nacional) *100
Observaciones
Cabe aclarar que las acciones de prevención social de las violencias contribuyen a mejorar la percepción de seguridad en los
municipios intervenidos
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- P18MIM = Personas de
18 años y más que
reportaron como inseguro el
municipio o demarcación
territorial
Valor
variable 1
58,735,302
Fuente de
información
variable 1
INEGI. Encuesta Nacional
de Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE).
Nombre variable 2
2.- P18M = Personas de 18
años y más a nivel nacional
Valor
variable 2
94,037,600
Fuente de
información
variable 2
INEGI. Encuesta Nacional
de Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE).
Sustitución en
método de cálculo
(58,735,302/94,037,600) * 100 = 62.5
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
62.5
El valor de la línea base corresponde a lo reportado por la población de 18 años y más
durante los meses de marzo y abril de 2025.
Año
2024
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
55.70
Derivado de una tendencia descendente en el porcentaje de percepción de
inseguridad desde el 2021, se proyectan metas anuales con 1.9 puntos porcentuales
de disminución de percepción de inseguridad.
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
70.0
70.50
70.3
65.5
64.9
63.7
62.5
METAS
2025
2026
2027
2028
2029
2030
61.3
60.1
59.0
57.9
56.8
55.7
 
Indicador 4.1
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
4. Calificación promedio de los CEFERESO.
Objetivo
Fortalecer el sistema penitenciario federal para facilitar la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Definición o
descripción
Mide la calificación promedio de los CEFERESO obtenida del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria emitido anualmente
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que se evalúan:
I. Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad;
II. Aspectos que garantizan una estancia digna;
III. Condiciones de gobernabilidad;
IV. Reinserción social de las personas privadas de la libertad, y
V. Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.
Derecho asociado
Art. 18 de la CPEUM: vida, seguridad, igualdad ante la Ley, no discriminación, libertad de pensamientos, conciencia y religión, libertad
de expresión, educación, salud, debido proceso, trabajo y deporte.
Nivel de
desagregación
Los Centros Federales de Reinserción
Social:
a) Número 1, "Altiplano";
b) Número 4, "Noroeste";
c) Número 5, "Oriente";
d) Número 7, "Nor-Noroeste";
e) Número 8, "Nor-Poniente";
f) Número 11, "CPS Sonora";
g) Número 12, "CPS Guanajuato";
h) Número 13, "CPS Oaxaca";
i) Número 14, "CPS Durango";
j) Número 15, "CPS Chiapas";
k) Número 17, "CPS Michoacán";
l) Número 18, "CPS Coahuila", y
m) Centro Federal de Rehabilitación
Psicosocial;
Periodicidad o frecuencia de medición
Anual
Acumulado o
periódico
Periódico
Disponibilidad de la información
Junio del año siguiente
Unidad de medida
Calificación promedio
Periodo de recolección de los datos
Enero - diciembre
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad responsable de reportar el
avance
Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Reinserción Social/Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana
Método de cálculo
Sumatoria de la calificación de los CEFERESO / Número de CEFERESO calificados.
Observaciones
N/A
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Calificación
promedio de los
CEFERESO en 2024
Valor variable 1
8.39
Fuente de
información
variable 1
Diagnóstico
Nacional de
Supervisión
Penitenciaría 2024
Sustitución en
método de cálculo
(8.62+8.18+8.15+8.26+8.95+8.27+8.19+8.47+8.40+8.52+8.07+8.24+8.31+8.88) /(14) = 8.39
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
8.39
N/A
Año
2024
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
8.54
Incremento proyectado corresponde al .025 anual
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
7.48
7.53
7.57
7.58
7.46
8.34
8.39
METAS
2025
2026
2027
2028
2029
2030
8.41
8.44
8.46
8.49
8.51
8.54
 
Indicador 5.1
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
Porcentaje de entidades federativas que cuentan con planes o programas especiales de protección civil (PPEPC)
Objetivo
Salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o antrópicos,
priorizando la protección de grupos en situación de riesgo
Definición o
descripción
Este indicador mide el total de las entidades federativas que cuentan con planes o programas de protección civil orientados a la
prevención, la atención de necesidades, el auxilio y la recuperación de la población expuesta; de conformidad con lo establecido en las
disposiciones normativas aplicables.
Derecho
asociado
Artículo 21 de la CPEUM. Artículo 4 de la Ley General de Protección Civil.
Derecho a la protección civil; el derecho a un medio ambiente sano; atención prioritaria para la población vulnerable, y el derecho a la
seguridad pública.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Acumulado o
periódico
Acumulado
Disponibilidad
de la
información
INEGI
Unidad de
medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
los datos
Diciembre
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el
avance
CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil
Método de
cálculo
(Sumatoria de entidades federativas que cuenta con PPEPC / Total de entidades federativas) X 100.
Observaciones
La información se encuentra disponible en el módulo de ProtecciónCivil del CensoNacional de GobiernosEstatales (CNGE), que
publica anualmente INEGI, respecto de la variable "Condición de existencia de al menos un plan especial de protección civil de la
Administración Pública, por entidad federativa", cuyos contenidos temáticos consideran temas como: Temporada invernal, Temporada de
lluvias y ciclones tropicales, Temporada de estiaje e incendios forestales, vacaciones de verano, vacaciones semana santa, festejos
tradicionales, pirotecnia, peligro volcánico, peligro sísmico, vientos y Temporada de calor.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable
1
Sumatoria
de las
entidades
federativas
que cuentan
con PPEPC
Valor
variable 1
26
Fuente de
información
variable 1
INEGI. CensoNacional de GobiernosEstatales (CNGE).
Módulo 2: Protección civil.
Sección I. Marco normativo y programático.
Subsección: I.3 Programas especiales de protección civil.
Datos abiertos. https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2024/
#datos_abiertos (información 2023_línea base).
El dato se publicará en la edición 2026 (con datos del ejercicio fiscal
Censo 2025), y estará disponible en la página del INEGI en el mes de
diciembre.
Cabe señalar que el (Código 1-Si) hace referencia a las entidades
federativas que reportaron contar al menos con un PPEPC al 31 de
diciembre.
En el resto de las entidades el PPEPC se encuentra en proceso de
integración, no se cuenta o no se tiene identificado.
Nombre variable
2
Total, de
entidades
federativas
Valor
variable 2
32
Fuente de
información
variable 2
INEGI. CensoNacional de GobiernosEstatales (CNGE).
Módulo 2: Protección civil.
Sección I. Marco normativo y programático.
Subsección: I.3 Programas especiales de protección civil.
Datos abiertos. https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2024/
#datos_abiertos (información 2023_línea base).
El dato se publicará en la edición 2026 (con datos del ejercicio fiscal
Censo 2025), y estará disponible en la página del INEGI en el mes de
diciembre.
Cabe señalar que el (Código 1-Si) hace referencia a las entidades
federativas que reportaron contar al menos con un PPEPC al 31 de
diciembre.
En el resto de las entidades el PPEPC se encuentra en proceso de
integración, no se cuenta o no se tiene identificado.
Sustitución en
método de
cálculo
26/32*100
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
81.25
CNGE edición 2024 (información del ejercicio fiscal 2023).
Año
2023
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
100
 
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
81.25
ND
METAS
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ND
87.50
90.63
93.75
96.88
100
 
Indicador 6.1
ELEMENTOS DEL INDICADOR
Nombre
Porcentaje de incremento en el estado de fuerza policial
Objetivo
Fortalecer el desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública.
Definición o
descripción
Mide el grado de cumplimiento del objetivo de fortalecimiento institucional a través del incremento en el número total de elementos
policiales estatales y municipales respecto al periodo de referencia
Derecho asociado
Derecho a la seguridad pública y paz social
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional
Periodicidad o
frecuencia de medición
Anual
Acumulado o
periódico
Acumulado: incremento del estado de fuerza
Disponibilidad de la
información
Agosto de cada año
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección
de los datos
Enero a diciembre
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad responsable de
reportar el avance
SESNSP
Método de cálculo
PIEFP = ((EFA - EFI) / EFI) * 100
Observaciones
Donde: PIEFP = Porcentaje de incremento en el estado de fuerza policial estatal
EFA = Estado de fuerza policial estatal actual
EFI = Estado de fuerza policial estatal inicial
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Estado de fuerza actual
Valor variable
1
235,832
Fuente de información
variable 1
Censo Nacional de
Seguridad Pública Estatal
del INEGI
Nombre variable 2
Estado de fuerza inicial
Valor variable
2
227,892
Fuente de información
variable 2
Censo Nacional de
Seguridad Pública Estatal
del INEGI
Sustitución en
método de cálculo
((235,832-227,892) / 227,892) *100
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
3.5%
 
Año
2023
Meta 2030
Nota sobre la meta 2030
54%
El incremento del estado de fuerza policial es viable considerando tres factores clave:
1. La tendencia histórica muestra que 31 de 32 entidades federativas han incrementado su presupuesto en seguridad durante 2019-2024
2. Existe infraestructura institucional en todas las entidades federativas a través de academias o institutos de formación policial
3. Las estrategias del sector contemplan la consolidación de estructuras operativas y el desarrollo policial integral
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
NA
6.3
-2.6
-1.9
3
3.5
ND
METAS.
2025
2026
2027
2028
2029
2030
3
6
8
12
15
54
________________________________________
 
1     Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de mayo de 2019.
2     Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley en Materia de Telecomunicación y Radiodifusión, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición, Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
3     Publicada en el DOF el 13 de mayo de 2025.
4     Las juntas vecinales o comunitarias; las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); academia, los partidos y agrupaciones políticas; los sindicatos de personas trabajadoras; las personas emprendedoras y empresarias; las iglesias y el clero, y los movimientos sociales.
5     Conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a las Instituciones Policiales, las Instituciones de Procuración de Justicia, las instituciones penitenciarias y demás órganos, dependencias y entidades encargadas o que realizan tareas de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
6     Conforme a la LGSNSP, a los cuerpos de policía, incluida la Guardia Nacional, que realizan tareas de prevención, investigación, proximidad social, reacción, inteligencia, así como de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva o de centros de arraigos, y, en general, todas las instituciones encargadas de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno con funciones similares.
7     https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/
8     https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/
9     https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva
10    Los delitos de alto impacto son aquellos que, debido a la dimensión del bien jurídico tutelado, la forma de comisión, la gravedad de sus efectos, así como el alto nivel de violencia e incidencia, generan conmoción social y aumentan la percepción de la inseguridad. 1) Homicidio doloso; 2) Feminicidio; 3) Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego; 4) Secuestro extorsivo, y 5) Robo con violencia. Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.
11    Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enve/2024/#tabulados
12    El índice entiende la impunidad, como la inexistencia, de hecho, o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas (ONU, 2015).
13    De acuerdo con el INEGI-ENVIPE, la cifra negra se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa o carpeta de investigación más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició averiguación previa o carpeta de investigación, entre el total de delitos por cien.
14    Los factores de riesgo son aquellas situaciones de tipo individual, familiar, escolar o social que incrementan las probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas. Es importante enfatizar que la sola existencia de estos factores no implica que las personas inmersas en tales situaciones cometerán actos de violencia o delincuencia; sino que las coloca en una situación de mayor riesgo de experimentarlas.
15    Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-12/DNSP_2024.pdf
16    Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2024/08/Encuesta-Nacional-Sobre-Corrupcion-e-Impunidad-MCCI-v2.pdf
17    Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/
18    Conforme la Ley General de Protección Civil, un desastre es resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
19    De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, un fenómeno antropogénico es un agente perturbador producido por la actividad humana.
20    https://www.cenapred.unam.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar_buscaSubcategoria
21    https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2024/#tabulados
22    Publicados en DOF el 13 de enero de 2025. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5746969
23    Conforme al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024 y al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, ambos del INEGI, en México hay un total de 290,664 policías, 127,783 de ellos estatales y 162,427 municipales. El estado de fuerza y la tasa de policías por habitante varía mucho por cada una de las 32 entidades del país evidenciando un importante déficit de personal policial en la mayoría de los casos. La tasa nacional de policías estatales del país es de 1 por cada mil habitantes. Sin embargo, la variación entre entidades federativas es profunda siendo la más alta la de la Ciudad de México con 4 y la más baja 0.3 en Querétaro.
24    Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/#tabulados
25    De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, la interconexión, es el mecanismo para la consulta directa a la información contenida en los sistemas tecnológicos, las bases de datos, los registros e información que posean los entes públicos y particulares, a través de la Plataforma Central de Inteligencia, en apego a la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.
26    Conforme a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, los productos de inteligencia son los documentos que resultan del análisis de la información que permiten identificar, prevenir o combatir las conductas delictivas, amenazas, riesgos o vulnerabilidades que afecten o puedan afectar la seguridad pública, de conformidad con el artículo 32 de la presente Ley, logrando con ello la paz social.
27    De acuerdo con la ENVIPE, la cifra negra se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa o carpeta de investigación más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició averiguación previa o carpeta de investigación, entre el total de delitos por cien.
28    Conforme a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, la inteligencia en seguridad pública es la función estatal estratégica que, mediante diversos procesos y actividades, responde a la necesidad de que las autoridades cuenten con los insumos necesarios para la toma de decisiones en beneficio de la sociedad, a través del conocimiento obtenido a partir de la captación, el procesamiento, análisis y aprovechamiento de datos documentales, visuales, auditivos, audiovisuales y, en general, de cualquier información que permita identificar conductas que puedan comprometer la seguridad pública y ser constitutivas de delitos, con la finalidad de prevenirlas, denunciarlas, perseguirlas, juzgarlas y sancionarlas; por medio de la interconexión, el acceso, la consulta e integración de la información a través de los mecanismos que la citada Ley regula.
29    La tarea de los Sembradores de Paz es llevar a cada rincón del país los programas y servicios sociales implementados por el Gobierno Federal.
30    La labor que se lleva a cabo en municipios con mayor incidencia delictiva es un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Desarrollo Territorial y Agrario (SEDATU) y autoridades locales.
31    El término construcción de la paz consta de medidas diseñadas para: 1) Fomentar las relaciones pacíficas; 2) Fortalecer las instituciones políticas, socioeconómicas y culturales válidas capaces de ocuparse de los conflictos, y 3) Fortalecer otros mecanismos que crearán o respaldarán las condiciones necesarias para mantener la paz. Las actividades destinadas expresamente a atender la causa principal del conflicto y contribuir a la paz a gran escala con el objetivo de trabajar sobre el conflicto intentando reducir los motivos de los conflictos violentos y contribuir a un nivel más amplio de paz social.
32    El 22 de enero de 2025, la SSPC publicó a través del DOF el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de la Acción Desarme Voluntario 2025.
33    Publicado en el DOF el 15 de abril de 2025.
34    Publicada en el DOF el 13 de mayo de 2025.
35    Conforme a la LGSNSP, el reclutamiento es el proceso a cargo de las ISP, mediante el que, a través de convocatorias públicas, se busca y convoca a personas candidatas potencialmente calificadas para ocupar las plazas vacantes dentro de estas.
36    Conforme a la LGSNSP, la selección es el proceso que consiste en elegir, de entre las personas aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las ISP.
37    Conforme a la LGSNSP, el ingreso es el procedimiento de integración de las personas candidatas a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en las Academias o Institutos, el periodo de prácticas correspondiente y el cumplimiento de los requisitos previstos en la citada LGSNSP. Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación.
38    Conforme a la LGSNSP, la promoción es el acto mediante el que se otorga a las personas integrantes de las ISP, el grado o el rango inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.
39    El régimen de condecoraciones y reconocimientos es el mecanismo por el que las ISP otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de sus integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.
40    Este sistema nació desde el momento en que aparecieron las primeras pesquisas de oficio en Roma y en las monarquías cristianas del siglo XII, lo cual originó el desuso del sistema acusatorio que se practicó con anterioridad. Este sistema maneja un procedimiento escrito, burocrático, formalista, incomprensible, ritualista, poco creativo y especialmente preocupado por el trámite y no por la solución del conflicto. En un proceso inquisitivo el imputado era concebido como un objeto de persecución penal y no como un sujeto de derechos y titular de garantías frente al poder penal del Estado, es decir, se hacía prevalecer ampliamente el interés estatal en detrimento de las garantías del imputado.
41    https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Fichas/Ficha_GB_a.pdf#::text=La%20problem%C3%A1tica%20estructural%20de%20ese%20sistema%2C%20caracterizada,a%20los%20derechos%20humanos%2C%20en%20la%20ineficacia.
42    Es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una Constitución, la cual es el fundamento de actuación de las personas servidoras públicas, que se someten a las normas de esta. Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita)
43    Conforme al artículo 5º del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), establece que, en el principio de publicidad, las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código.
44    Conforme al artículo 6º del CNPP, estipula que, en el principio de contradicción, las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código.
45    Conforme al artículo 7º del CNPP, menciona que, en el principio de continuidad, las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este Código.
46    Conforme al artículo 8º del CNPP, menciona que, en el principio de concentración, las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este Código.
47    Conforme al artículo 9º del CNPP, menciona que, en el principio de inmediación, toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva.
48    Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/476505/MNP.pdf
49    Es la sensación de la ciudadanía frente a condiciones de seguridad-inseguridad en su entorno; por tanto, afecta positiva o negativamente su calidad de vida y comportamiento, y se da por diversos factores, entre los cuales destacan: la confianza en las autoridades, la victimización (directa o indirecta), la incivilidad o desorden social, la vulnerabilidad física y social, las redes sociales con las que cuenten los ciudadanos y la exposición a los medios de comunicación masiva (Vilalta, 2012).
50    La investigación científica es el proceso donde se aplica el método científico, obteniendo información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.
51    "Territorio de Paz" se refiere a una iniciativa o estrategia que busca transformar espacios y comunidades vulnerables en entornos seguros y pacíficos, promoviendo la convivencia, la participación ciudadana, y el ejercicio efectivo de derechos. Implica acciones integrales que involucran la recuperación de espacios públicos, la prevención de la violencia, y la construcción de comunidad. 
52    Se considera caso emergente a las personas en: situación de pobreza o exclusión social, víctimas de violencia, deserción escolar, en riesgo de formar parte de grupos delictivos, problema con el consumo de sustancias, violencia familiar o comunitaria y madres adolescentes.
53    Conjuntos de personas de una comunidad que participan activamente y difunden actividades culturales, recreativas y deportivas.