PROGRAMA Nacional de Vivienda 2026-2030.
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 2026-2030
1. Índice
1. Índice
2. Presentación
3. Señalamiento del origen de los recursos del programa
4. Siglas y acrónimos
5. Fundamento normativo
6. Política Habitacional para el Bienestar
7. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
8. Participación y consulta ciudadana
9. Objetivos
9.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, los ONAVI y los sectores social y privado.
9.2 Relevancia del objetivo 2: Reducir el déficit habitacional que afecta a la población con bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad social, para que pueda acceder a una vivienda adecuada.
9.3 Relevancia del objetivo 3: Impulsar la armonización de los marcos normativos para incorporar enfoques de derechos humanos, sostenibilidad y perspectiva de género.
9.4 Relevancia del objetivo 4: Impulsar un ordenamiento territorial justo y sostenible bajo principios de equidad y justicia, a fin de garantizar a la población el acceso efectivo a una vivienda adecuada.
9.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda 2026 - 2030
10. Estrategias y líneas de acción
11. Indicadores y metas
12. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa
13. Fuentes
14. Anexo 1. Cuadros y Gráficos
El derecho a una vivienda adecuada trasciende la materialidad de un espacio construido. Es un acto político de reconocimiento de la dignidad humana, un territorio donde se tejen las posibilidades de existencia y se configuran las primeras coordenadas de la justicia socioespacial.
El Programa Nacional de Vivienda 2021 - 2024, representó un parteaguas en la política habitacional del país, al ser el primero en alinearse de forma integral con los siete elementos del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA) definidos por ONU Hábitat. Su enfoque fue innovador al incorporar criterios amplios y privilegiar el bienestar de las personas por encima de la lógica exclusivamente financiera. Recuperó la rectoría del Estado, promovió la articulación territorial y reconoció modalidades diversas de acceso a la vivienda, especialmente para grupos históricamente excluidos.
Posteriormente, la reforma al artículo 4o. a la CPEUM, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2024, representó un avance histórico en el reconocimiento de la vivienda adecuada como un derecho fundamental. Esta modificación legislativa transformó el concepto tradicional de "vivienda digna y decorosa" por el de "vivienda adecuada", que contempla: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, ubicación y adecuación cultural.
El PNV 2026-2030, se encuentra inscrito en la visión del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se fundamenta en los principios del Humanismo Mexicano: una política habitacional que promueve la prosperidad compartida, el combate al clasismo, el racismo y el machismo; impulsa la honestidad gubernamental, garantiza la igualdad sustantiva y prioriza un desarrollo con profundo respeto al cuidado ambiental.
En ese sentido, la SEDATU está impulsando una transformación radical en la concepción de las políticas públicas de vivienda y ordenamiento territorial, superando la fragmentación sectorial tradicional mediante un enfoque sistémico.
El PNV 2026-2030 se articula directamente con el PND 2025-2030 y con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030, trascendiendo la visión reduccionista configurando la vivienda como un ecosistema dinámico donde cada intervención es parte de una red compleja de interacciones sociales, económicas y territoriales.
Esta perspectiva integral no solo busca resolver un problema de infraestructura, sino generar un instrumento de justicia social que promueve la dignidad humana, la inclusión y el desarrollo sostenible, reconociendo a la vivienda como un derecho fundamental que configura las posibilidades de existencia y las coordenadas de la transformación social. Esta visión integral se articula bajo una Política Habitacional para el Bienestar, orientada por objetivos claros, tales como: garantizar el acceso universal a una vivienda adecuada, promover un desarrollo urbano sustentable e incluyente, fortalecer la coordinación intersectorial, desarrollar mecanismos de financiamiento inclusivos y reducir las disparidades regionales.
Los principios estratégicos que guían este programa son: 1) impulsar una coordinación interinstitucional efectiva, 2) desarrollar mecanismos de financiamiento para reducir el déficit habitacional, 3) armonizar los marcos normativos con un enfoque de derechos humanos, y 4) promover un ordenamiento territorial justo y sostenible que garantice el acceso a una vivienda adecuada.
El diagnóstico del programa va más allá de las cifras estadísticas, interpretando el déficit habitacional como una manifestación concreta de la desigualdad social, con un abordaje interseccional y comprometido que pone especial énfasis en atender a grupos históricamente excluidos.
México transita de la conceptualización del derecho a la vivienda, hacia su materialización como un ecosistema de posibilidades. No se trata solo de construir metros cuadrados, sino de generar las condiciones que permitan el despliegue de la vida en toda su potencia. Cada intervención de vivienda se concibe como un acto de reconocimiento de las historias singulares que habitan los márgenes: comunidades indígenas, mujeres jefas de familia, jóvenes sin herencia patrimonial y/o personas con diversidades funcionales.
La sustentabilidad ambiental se aborda como un elemento estratégico transversal de la política, comprendiendo cada vivienda como un espacio que debe responder a los desafíos climáticos
Desde la Política de Bienestar, la vivienda se entiende como un derecho fundamental que impacta directamente en la calidad de vida, la cohesión social y las oportunidades de desarrollo individual y colectivo. Cada objetivo, estrategia y línea de acción busca construir no solamente espacios físicos, sino las bases materiales para el bienestar integral, promoviendo comunidades más justas, inclusivas y sostenibles.
El PNV 2026-2030 tiene como objetivo asegurar el acceso a una vivienda adecuada, priorizando la equidad social, el desarrollo y la prosperidad compartida en diferentes territorios. En su formulación, se consideran los compromisos internacionales adquiridos a partir de 2015, año en que México como estado miembro de las Naciones Unidas, respaldó los 17 Objetivos comunes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También, se busca la promoción y ejecución de acciones para lograr el desarrollo a través de la Nueva Agenda Urbana, la cual abarca cuatro dimensiones de sostenibilidad para el desarrollo urbano: social, económico, ambiental y espacial.
En un contexto de incertidumbre económica global, México enfrenta el reto de fortalecer su desarrollo interno para mitigar los efectos adversos en su entorno económico. En este sentido, resulta fundamental impulsar políticas orientadas a mejorar las condiciones de vivienda de toda la población, y con especial cuidado para aquella en situación de vulnerabilidad (SV).
El Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) se presenta como una estrategia clave, al generar un efecto multiplicador que impacta positivamente diversos sectores de la economía -tanto públicos como privados-, promoviendo la creación de empleos y contribuyendo de manera significativa al crecimiento del PIB nacional y fundamentalmente mejorando las condiciones de vida de la población.
Estamos ante un punto de inflexión histórico. Un momento donde reafirmamos que la vivienda no es un fin en sí misma, sino el eje del territorio donde se tejen los sueños colectivos de un México más justo, equitativo y diverso.
Edna Elena Vega Rangel
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
3. Señalamiento del origen de los recursos del programa La totalidad de las acciones que se consideran en el programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal correspondiente.
BANXICO: Banco de México
BDP: Billones de Pesos
BIENESTAR: Secretaría del Bienestar
CDPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
CDMX: Ciudad de México
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CNDGMYDT: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX
CNDHF: Censo Nacional de Derechos Humanos Federal
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CSVM: Cuenta Satélite de Vivienda en México
DUDH: Declaración Universal de los Derechos Humanos
DHVA: Derecho Humano a la Vivienda Adecuada
EBDH: Enfoque Basado en Derechos Humanos
ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación
ENDD: Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de INEGI
ENSAFI: Encuesta Nacional sobre Salud Financiera
ENOT: Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial
ENSUELO: Estrategia Nacional de Gestión de Suelo
ENVI: Encuesta Nacional de Vivienda
FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
FINABIEN: Financiera para el Bienestar
FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GIRD: Gestión Integral de Riesgos de Desastres
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
INSUS: Instituto Nacional del Suelo Sustentable
ITDP: Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
LGAHOTDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
LGBTIQ+: Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer, y otras identidades y orientaciones sexuales englobadas en el signo "+"
MDP: Millones de pesos
MML: Metodología de Marco Lógico
NA: No aplica
NAU: Nueva Agenda Urbana
ND: No disponible
ONAVI: Organismos Nacionales de Vivienda (CONAVI, INFONAVIT, SHF, FOVISSSTE)
ONU: Organización de las Naciones Unidas
ONU Hábitat: Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
PIB: Producto Interno Bruto
PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030
PNV 2026-2030: Programa Nacional de Vivienda 2026-2030
PNR: Programa Nacional de Reconstrucción
PoNV: Política Nacional de Vivienda
PSV: Producción Social de Vivienda
PVB: Programa de Vivienda para el Bienestar
PVS: Programa de Vivienda Social
PyGSH: Producción y Gestión Social del Hábitat
RAN: Registro Agrario Nacional
RH: Rezago Habitacional
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SHF: Sociedad Hipotecaria Federal
SITU: Sistema de Información Territorial y Urbano
SCNM: Sistema de Cuentas Nacionales de México
SCV: Seguro de Crédito a la Vivienda
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SNIIV: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda
SNV: Sistema Nacional de Vivienda
SV: Situación de Vulnerabilidad(1)
El marco jurídico del PNV 2026-2030 se erige sobre un sólido fundamento constitucional y legal que reconoce la vivienda como un derecho humano fundamental y un elemento estratégico para el desarrollo nacional. La CPEUM establece las bases esenciales de esta política pública, el artículo 4o. consagra el DHVA, trasladando esta aspiración hacia un mandato de acción gubernamental. Este principio se complementa con el artículo 123, que establece la responsabilidad empresarial de contribuir al financiamiento habitacional, creando un sistema de corresponsabilidad social en la garantía del derecho a la vivienda, incorporando a los sectores social y privado, así como a los gobiernos estatales y municipales.
Asimismo, en términos del artículo 115 de la CPEUM, los municipios -como órdenes de gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propio- participan en la garantía del DHVA. La Ley de Vivienda, en los artículos 7o. (fracción 1) y 8o., desarrolla este mandato constitucional y establece al programa como un instrumento rector que contempla a la vivienda como una herramienta estratégica para el desarrollo social, económico y territorial.
En su artículo 7o., fracción I, la Ley de Vivienda especifica que la programación del sector público en esta materia se establecerá en el Programa Nacional de Vivienda, señalando en su artículo 8o. fracciones de la I a la XVIII el contenido del mismo y en el artículo 9o., determina con precisión que el programa será formulado por la SEDATU, aprobado mediante decreto presidencial y sometido a un proceso permanente de control y evaluación. En este sentido, la SEDATU es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del presente sexenio.
Asimismo, la Ley de Vivienda destaca en su artículo 15 que las atribuciones en materia de vivienda que tiene el Ejecutivo Federal serán ejercidas por la SEDATU, la CONAVI y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, según el ámbito de competencia que ésta y otras leyes les confieran, facultando a la SEDATU en su artículo 16 para formular, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la PoNV y el PNV 2026-2030 en materia.
La Ley de Planeación complementa este marco, estableciendo que la planeación nacional debe ser integral, sustentable y orientada al desarrollo armónico del país.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 41, ratifica las facultades de la SEDATU para formular políticas de vivienda, reconociéndola como parte de un ecosistema urbano más complejo. Este programa se enmarca también por leyes complementarias que integran dimensiones adicionales como la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Expropiación y la Ley General de Protección Civil. Estas normas vinculan la política de vivienda hacia un concepto integral de hábitat.
En el ámbito internacional, múltiples instrumentos de derechos humanos refuerzan también este marco normativo. La DUDH, el PIDESC, la Observación General No. 4 de las Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Discriminación Racial, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Nueva Agenda Urbana (NAU), establecen principios universales que orientan la política habitacional.
Leyes sectoriales como la del INFONAVIT, la del ISSSTE y la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal completan este marco, regulando los mecanismos de financiamiento y crédito para el acceso a vivienda, a través de diferentes ONAVI.
Asimismo, la Ley de Vivienda crea la CONAVI como la institución del gobierno federal encargada de instrumentar la política de vivienda, en conjunto con la SEDATU, priorizando la atención a la población en SV. Finalmente, el decreto de creación del INSUS en 2016 representa un hito en la regularización y gestión del suelo habitacional, consolidando un enfoque integral de la política de vivienda. Este marco normativo configura el PNV 2026-2030 como un instrumento de transformación social, que reconoce la vivienda como un derecho fundamental y un elemento estratégico para el desarrollo nacional.
6. Política Habitacional para el Bienestar Considerando los elementos de diagnóstico del problema, para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, como se mencionó, el marco es una Política Habitacional para el Bienestar, donde los siete componentes del derecho a la vivienda son el pilar fundamental y donde el desarrollo es entendido como el nivel que les permite cubrir o satisfacer de acuerdo con sus posibilidades, sus principales necesidades. Con base en principios de justicia y aplicación de los derechos humanos, con lo cual, el Estado adquiere un papel central al satisfacer necesidades básicas que posibilitan una vida digna y plena (Guzmán, 2023). En el PNV 2026-2030 del Primer Piso de la Cuarta Transformación; por primera vez, un instrumento de planeación nacional reconoció oficialmente los componentes de una vivienda adecuada, conforme a la extensión descrita en la Observación General No. 4 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU, 1991):
a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Parte deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección, consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.
b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todas las personas beneficiarias del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.
c) Asequibilidad. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Parte deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los Estados Parte deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados Parte deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.
d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda (OMS, 1990) preparados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que consideran la vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas.
e) Accesibilidad. La vivienda adecuada debe ser accesible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Parte, el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho.
f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.
g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar porque no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos.
Este cambio de paradigma requirió de un abordaje diverso. Con ello se sentaron las bases para sumar esfuerzos en la materia, misma que se reflejó en efectos positivos con la reducción del RH en México.
Desde la perspectiva de la asignación de recursos para satisfacer las necesidades básicas, la política social, como parte de la política pública, adquiere una connotación elemental para el desarrollo y el bienestar. La política social es entonces una herramienta que emplea el Estado para impulsar el desarrollo y abatir la pobreza, mediante la asignación de recursos para atender las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios públicos; así como para la generación de fuentes de empleo con salarios dignos, bajo un principio para la atención a la población en SV.
En ese sentido, el PNV 2026-2030 se articula en torno a una idea integral del Bienestar que comprende tres dimensiones: la primera, como Bienestar Social, concibiendo la vivienda como un ecosistema dinámico que va más allá de lo físico. Se presenta como un instrumento estratégico para generar condiciones integrales que permitan a las personas desarrollar sus proyectos de vida con dignidad y seguridad, impulsando la garantía de este derecho para integrar comunidades y reducir las desigualdades territoriales.
La segunda, es la perspectiva del Bienestar Económico, la vivienda es vista como un potente catalizador de empleo, dinamismo regional e inclusión económica. Este enfoque reconoce que la vivienda trasciende su dimensión física para convertirse en un motor de desarrollo económico, generando efectos multiplicadores. La construcción de vivienda impulsa sectores como la industria de materiales, servicios de construcción, manufactura, transporte y tecnologías asociadas, contribuyendo a la generación de empleos directos e indirectos y al fortalecimiento de las economías locales y regionales.
No obstante, no se pierde de vista que la atención de la vivienda debe ser fundamentalmente desde una perspectiva social, pero amplía su comprensión al reconocer el papel fundamental de la vivienda en el encadenamiento productivo. Cada intervención de vivienda representa no solo un espacio para vivir, sino una oportunidad de desarrollo económico que puede dinamizar mercados locales, fomentar la innovación y contribuir a reducir brechas de desigualdad económica.
La tercera, desde el Bienestar Integral, se busca construir estrategias que promuevan la salud, educación, seguridad y desarrollo personal y colectivo, potenciando el desarrollo humano y fortaleciendo el respeto desde la vivencia de las comunidades.
Desde esta óptica, la PoNV debe concebirse como un instrumento integral que trasciende la mera provisión de espacios habitacionales. Su objetivo fundamental es crear entornos que contribuyan al desarrollo pleno de las personas y comunidades, articulando de manera armónica las dimensiones social, económica e integral del bienestar, desde los siguientes principios fundamentales:
- Derecho a una vivienda adecuada. Abandonar la idea de la vivienda como producto y reconocerla como un derecho que garantiza seguridad, privacidad, salud, accesibilidad, asequibilidad y una ubicación adecuada con acceso a servicios y oportunidades.
- Bienestar integral. Considerar las dimensiones físicas, sociales, económicas, culturales y emocionales del bienestar al diseñar e implementar las políticas habitacionales.
- Equidad y justicia social. Priorizar el acceso a la vivienda para los grupos históricamente excluidos y reducir las desigualdades en el acceso a la vivienda y a los servicios urbanos.
- Sustentabilidad. Promover la construcción y gestión de viviendas y entornos urbanos que sean ambientalmente responsables, resilientes al cambio climático y eficientes en el uso de recursos.
- Participación ciudadana. Involucrar a las personas habitantes y a las comunidades en la toma de decisiones sobre las políticas y proyectos habitacionales que les afectan.
- Perspectiva de género e interseccional. Considerar las necesidades específicas de las mujeres, personas con identidades de género diversas, grupos en situación de vulnerabilidad o en los que concurran diversas características y condiciones que, sistemática y estructuralmente, las coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad para el ejercicio pleno de sus derechos de acceso y diseño de la vivienda y sus entornos; así como incorporar mecanismos para identificar y cuestionar prácticas de discriminación y desigualdad, y promover cambios orientados a la igualdad sustantiva de género que permitan disminuir las brechas de desigualdad (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2018; CONAPRED, 2025).
- Intersectorialidad. Articular la PoNV con otras políticas públicas relacionadas con el territorio, la salud, la educación, el empleo, el transporte, la seguridad y el desarrollo social.
De acuerdo con los compromisos presidenciales 48, 49 y 50 para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, la República con acceso a vivienda, tiene como objetivo establecerse dentro de un modelo de ordenamiento territorial en el que la vivienda adecuada sea el centro de la planificación del territorio (Gobierno de México, 2024a).
Esto implica promover la producción de vivienda económica, desacelerar el encarecimiento del suelo, agilizar los procesos burocráticos asociados a la construcción de vivienda popular, reducir la especulación inmobiliaria, contribuir en la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios públicos, prevención de desalojos forzosos y mejorar los sistemas de información sobre el mercado de vivienda y el cumplimiento normativo en operaciones inmobiliarias.
7. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo En la elaboración del diagnóstico se aplicó la MML(2) para analizar dimensiones económicas, sociales, territoriales, ambientales, normativas e institucionales, a fin de identificar las causas estructurales que afectan el acceso a la vivienda adecuada en México. Como resultado, se identificó el siguiente problema:
La población mexicana en situación de vulnerabilidad enfrenta obstáculos estructurales que limitan su acceso a mecanismos de atención habitacional, restringiendo el ejercicio de su derecho a una vivienda adecuada y sostenible.
Si bien, el PNV 2026-2030 constituye una política pública integral dirigida a garantizar el DHVA para toda la población mexicana, se reconoce la necesidad de implementar un enfoque que priorice la atención a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, como punto de partida para el logro de una cobertura universal.
Los datos del SNIIV (SEDATU, 2025) muestran una caída en la construcción de vivienda: de 62,503 unidades en 2018 a sólo 39,668 en 2024; mientras que las viviendas para personas de menores ingresos cayeron de 39,387 a 16,502 en el mismo periodo. La vivienda social pasó de representar 63.0% en 2018 a sólo 41.1% en 2024. Esto encarece las opciones disponibles, especialmente en zonas urbanas.
El crecimiento urbano sin planificación ha generado asentamientos irregulares, carentes de servicios y ubicados en zonas de riesgo, dificultando la vida diaria. Esto resalta la urgencia de fortalecer a las instituciones para garantizar acceso equitativo a vivienda adecuada.
De acuerdo con proyecciones de la CONAVI y con base en las tendencias demográficas actuales, se estimó que en 2025 existía una necesidad de 504,263 viviendas como resultado de la formación de nuevos hogares. De no atenderse, esta cifra podría incrementar a 549,512 para 2030 (CONAVI, 2023a). Además, existen 8.3 millones de viviendas en condiciones de RH, de las cuales 1,552,104 requieren ser sustituidas (CONAVI, 2025a). Esta situación refleja un déficit estructural en el acceso a una vivienda y hábitat adecuados, con implicaciones que trascienden los indicadores cuantitativos y afectan el ejercicio pleno de derechos.
El diagnóstico muestra que los grupos históricamente excluidos enfrentan mayores limitaciones en materia habitacional, pues tienen obstáculos adicionales, que van desde la discriminación para acceder a empleos formales y bien remunerados, así como dificultades para formalizar el acceso a una vivienda en renta, y la ausencia de un diseño urbano que considere sus necesidades específicas.
En el país persiste un problema significativo relacionado con la calidad del parque habitacional. De acuerdo con la ENIGH 2024, se estima que 14,696,829 viviendas presentan algún tipo de deficiencia o la combinación de estas: 7.3 millones por el uso de materiales inadecuados, 11.9 millones por precariedad en los espacios y 5.2 millones por contar con servicios insuficientes. Estas carencias exponen a millones de personas a condiciones de habitabilidad precarias, que limitan su seguridad y restringen su desarrollo integral.
Por ello, es necesario transformar las causas estructurales, creando mecanismos que atiendan las diferentes necesidades de la población, en especial para quienes menos tienen. El DHVA es el cimiento para el acceso a un nivel de vida adecuado, tal como lo establecen la DUDH (ONU, 1948) y el PIDESC (ONU, 1966). Este derecho no se limita a tener un techo, sino que incluye condiciones básicas que garanticen dignidad, seguridad y calidad de vida.
El diagnóstico se estructura presentando un análisis de la problemática habitacional en México desde múltiples dimensiones. Identifica las causas que limitan el acceso a una vivienda adecuada, comenzando con la revisión de la articulación institucional en materia, los cambios demográficos, las condiciones del mercado habitacional, las opciones del financiamiento, en especial para la población en SV, observando las brechas sociales y las limitaciones normativas para el acceso al DHVA, así como para el ordenamiento territorial y la gestión del suelo.
Coordinación Interinstitucional en la planeación y ejecución de la PoNV
Se identifica que la política de vivienda enfrenta limitaciones en la articulación interinstitucional entre los órdenes de gobierno, los ONAVI y los sectores social y privado, para gestionar y alcanzar metas comunes. Esta situación ha generado duplicidad de acciones, dispersión de recursos y limita la implementación eficaz de las políticas públicas en la materia. Para atender esta problemática se propone en este programa como primer objetivo fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, los ONAVI y los sectores social y privado.
La coordinación interinstitucional de vivienda representa uno de los principales desafíos en el contexto nacional, pues las transformaciones sociales, demográficas y económicas han incidido directamente tanto en la demanda como en las restricciones actuales para la oferta y el acceso a una vivienda.
Esta fragmentación ha llevado a que cada ONAVI gestione sus propios mecanismos para alcanzar los objetivos en materia de vivienda, quedando limitada la capacidad del Estado para planear, regular, financiar, administrar y evaluar de manera integral la política habitacional, a pesar de que la SEDATU cuenta con atribuciones claras para coordinar las políticas en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda.
Aunque los ONAVI y el INSUS han sido clave en impulsar apoyos, créditos y regularización de vivienda, aún falta mejorar el diseño y seguimiento de estas acciones y asegurar que la atención sea culturalmente adecuada para las comunidades, reconociendo la diversidad de necesidades habitacionales, y priorizando a los grupos históricamente excluidos. Es necesario que todos los organismos y gobiernos locales trabajen juntos, con una mejor coordinación y una estrategia nacional común.
Solo sumando esfuerzos desde distintos sectores y considerando los retos locales, podremos garantizar que más personas accedan a una vivienda adecuada en todo México; contemplando mecanismos específicos de atención para todos los segmentos poblacionales.
A continuación, se presentan los principales resultados y posibilidades de acción de cada organismo; así como actividades desarrolladas por actores locales en materia y ejemplos de proyectos de atención interinstitucionales.
a) INFONAVIT: Durante el sexenio anterior se implementó una transformación estratégica en el financiamiento habitacional, otorgando 2.87 millones de créditos y generando una derrama económica superior a 1.1 Billones de Pesos (BDP). Con una visión más amplia, logró diversificar las modalidades de atención a la población mediante productos como Mejoravit Renueva, Mejoravit Repara y ConstruYO, consolidando 978 mil acciones de mejora, ampliación o construcción progresiva.
Como innovación financiera, el programa "Responsabilidad Compartida" convirtió más de 1.3 millones de créditos de Veces de Salario Mínimo (VSM) a pesos, proporcionando estabilidad financiera a las familias. Adicionalmente, las reformas a la Ley del INFONAVIT en 2020 representaron un punto de inflexión al ampliar el derecho al crédito más allá de la relación laboral activa y establecer criterios de elegibilidad territorial que garantizan que las viviendas financiadas se localicen en zonas con conectividad y servicios.
En materia de inclusión financiera, se eliminaron comisiones, se introdujeron tasas de interés diferenciadas y se reestructuró la política de cobranza social, eliminando la judicialización masiva de adeudos. El programa de cancelación de hipotecas para bajos ingresos se fortaleció, resolviendo más de 123 mil casos entre 2022 y 2024.
El Cuadro 1(3) detalla la diversificación de productos de crédito de INFONAVIT, evidenciando un esfuerzo estratégico por atender no solo la demanda de vivienda nueva, sino también las necesidades de mejoramiento del parque habitacional existente y el fomento de la autoproducción.
Aunque el INFONAVIT eliminó barreras para acceder a financiamiento, aún enfrenta retos para apoyar a quienes menos ganan, pues la falta de vivienda social accesible y bien ubicada también ha limitado este proceso. Además, la complejidad de los trámites hace difícil que muchas personas entiendan y usen los productos disponibles. Otro problema fuerte es el alto número de créditos impagables, más de cuatro millones, sobre todo los otorgados en VSM, que requieren nuevas soluciones y también hay rezagos en la entrega de escrituras y la liberación de hipotecas, con más de 80 mil casos pendientes (INFONAVIT, 2023).
De cara a estos retos, INFONAVIT seguirá siendo el principal otorgante de créditos para vivienda en México, con 7 de cada 10 créditos del mercado y hasta 8 de cada 10 para personas de bajos ingresos. En este sexenio, el INFONAVIT planea otorgar más de 2 millones de créditos, principalmente para mejorar viviendas, y construir 1 millón 200 mil viviendas a través de su empresa filial Infonavit Constructora, S.A. de C.V., recuperando también esta capacidad y la de ofrecer esquemas de renta social. Además, de continuar fortaleciendo opciones de financiamiento accesible para comprar, construir o mejorar vivienda o terrenos, impulsará mecanismos para regularizar, liberar escrituras y terminar deudas, protegiendo así el patrimonio familiar.
b) CONAVI: Entre 2018 y 2024, se centró en garantizar el DHVA priorizando a la población más vulnerable con más de 473 mil acciones de vivienda a través de programas como el PVS y PNR, 65.5% de los subsidios otorgados fueron para mujeres y cerca de 26% se dirigieron a zonas rurales. Se enfocaron en quienes no tienen acceso a créditos tradicionales, eliminando intermediarios y operando bajo un enfoque interseccional y de derechos.
Se dio prioridad a estados con alto rezago como Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Se apoyaron proyectos federales como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Felipe Ángeles, respetando tradiciones y conocimientos de las comunidades y pueblos indígenas. La CONAVI brindó asistencia técnica y se atendieron afectaciones por sismos y también por la crisis del COVID-19, entregando subsidios principalmente para mejorar viviendas. Estas acciones incluyeron ecotecnias que ayudaron a ahorrar agua (16%), luz (35%), gas (4%) y leña (28%) para su población beneficiaria(4).
Aun cuando la CONAVI dirigió sus esfuerzos hacia la atención directa de grupos en SV mediante subsidios para la autoproducción y reubicación de viviendas, en el camino enfrentó barreras estructurales que dificultaron una mayor cobertura territorial, tales como la baja disponibilidad de suelo en ubicaciones estratégicas y la complejidad en la operación de proyectos en contextos rurales y comunidades indígenas, así como por la limitación en el diseño de mecanismos financieros disponibles para operar directamente con la población.
En el actual sexenio, la CONAVI planea construir 500 mil viviendas nuevas a lo largo del país para quienes no tienen seguridad social, ni ingresos suficientes, otorgando créditos con tasa 0% y mezclando subsidios y financiamiento. Un 20% de estas viviendas serán para renta dirigida a jóvenes. Las viviendas estarán en zonas con servicios, lo que mejorará la calidad de vida de la población, ayudando a reducir el déficit habitacional, fortaleciendo el patrimonio, dando más oportunidades a personas vulnerables y generando nuevas comunidades (Gobierno de México, 2024b).
c) FOVISSSTE: Entregó 265,669 créditos para vivienda entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, con una inversión de 208,322 MDP(5). Para ampliar el acceso y aprovechar mejor los recursos, se creó el programa "FOVISSSTE para Todos", que combina dinero público y privado, facilitando también la compra de vivienda usada. Además, se cambió el sistema de puntaje por uno de inscripción continua, lo que evitó obstáculos y ayudó a que los trámites fueran más ágiles.
Actualmente, para calcular cuánto puede pagar cada derechohabiente, se usa un modelo que toma en cuenta la situación financiera de cada persona. Se mejoró el proceso con notarios, se firmaron acuerdos de responsabilidad y se redujo el atraso en documentos en más de 72%. También se pusieron en marcha programas para ayudar a quienes tienen problemas con sus pagos, logrando recuperar 1,508 MDP (un 158% más que en el sexenio anterior). Finalmente, el programa de quitas por ajuste de la UMA benefició a más de 800,000 personas acreditadas.
El FOVISSSTE otorgó créditos para mejorar y ampliar viviendas por $2,126.77 MDP y apoyó a mujeres trabajadoras, además como se comentó, se adaptaron los créditos según el salario. Finalmente, se financiaron 125,437 viviendas nuevas con enfoque sustentable.
A pesar de estos avances, el FOVISSSTE aún enfrenta problemas respecto de los créditos otorgados en comparación con la demanda, falta de vivienda social y trámites complejos. Los costos para construir y las tasas de interés se han incrementado, y aun cuando el FOVISSSTE ha intentado mejorar sus productos y procesos, se necesitan cambios más profundos, cuyo desarrollo ya se ha iniciado.
Para el actual sexenio, el FOVISSSTE planea continuar con el otorgamiento de más créditos a personas trabajadoras del estado, y sumará 100 mil viviendas al PVB; priorizando a quienes ganan menos, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, personas mayores y población indígena. Además, fortalecerá programas como "Construyes tu Casa", "FOVISSSTE para Todos" y "Raíces", que apoyan la construcción de vivienda social y arraigo en la comunidad.
El FOVISSSTE mejorará sus créditos y procesos para que sean más fáciles, transparentes y digitales. Además, ayudará a evitar la especulación y dará asesoría técnica a quienes construyan o mejoren su vivienda, asegurándose de que sean seguras y eficientes. Así, busca apoyar a más personas para que tengan una vivienda adecuada y sostenible, y seguirá impulsando un desarrollo justo.
d) SHF: Este organismo, impulsó el financiamiento de vivienda entre 2019 y 2024, otorgando 63,351 MDP en créditos puente a través de 112,159 acciones y 183,068 millones en garantías y créditos hipotecarios con 172,088 acciones(6). Actualmente, también apoya la autoconstrucción y da créditos directos para construir o mejorar las viviendas, haciendo más accesible el financiamiento para la población. Su papel pasó de ser solo un respaldo al sector de la vivienda, a ser un actor clave en el acceso a financiamiento para diferentes grupos de población.
Entre 2019 y 2024, se lograron 346,457 acciones de vivienda gracias a programas de Banca Social, Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) y Garantía SHF, apoyando principalmente a quienes tienen más dificultades para conseguir una vivienda. De este total, 213,875 acciones (61.70%) fueron para mujeres, usando herramientas para asegurar la igualdad de género en los créditos (Cuadro 2).
Además, la SHF impulsó proyectos que ayudan al medio ambiente, logrando que 94,452 personas tuvieran viviendas más eficientes y evaluando 23,613 viviendas en 31 estados. Así se evitó la emisión de 841,663.12 toneladas de CO2, en línea con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
En este sexenio, SHF continuará siendo una pieza clave que puede apoyar tanto a bancos como a quienes desarrollan viviendas, y se enfoca en que más personas accedan a una vivienda adecuada, sobre todo en el segmento social. Para 2026, planea continuar con el impulso del financiamiento. Además, está alineando sus apoyos para que más personas puedan financiar viviendas sustentables y de calidad; impulsando alianzas con gobiernos locales para facilitar el acceso a créditos, adaptando sus programas según las necesidades de cada región. Así, contribuirá a transformar el sistema de vivienda en México, buscando que los créditos sean más justos, accesibles y sostenibles.
e) INSUS: Entre 2019 y 2024, se enfocó en regularizar asentamientos y dar certeza jurídica a miles de familias, entregando cerca de 80 mil escrituras. De estas, 70% fueron para personas en situación de marginación o rezago social; 57.4% para mujeres jefas de familia, 5.4% para población indígena y 3.6% para personas con discapacidad(7). Además, 4% de quienes recibieron escrituras habían sufrido intentos de desalojo. En este periodo, el INSUS también incorporó 867 asentamientos aptos para regularización en 386 municipios del país (DOF, 2025b).
Regularizó 35,524 asentamientos mediante su programa presupuestario S-213. Ha trabajado en proyectos importantes como el Tren Interoceánico y Santa María Huatulco, y en estrategias para planear mejor las ciudades y evitar que el suelo se encarezca injustamente. Adicionalmente, impulsaron la planeación territorial y estrategias de zonificación inclusiva a través de la ENSUELO, y desarrollaron mecanismos innovadores para evitar la especulación, como el "Derecho de Construcción por Proximidad". Es importante destacar que el instituto ha logrado también alianzas importantes para colaborar con organizaciones sociales para detectar y atender asentamientos irregulares.
Sin embargo, aunque hay avances importantes en materia; en 2020 el INEGI identificó aún 9,180 asentamientos irregulares, y se considera que no hay un registro nacional completo. Además, sólo 20% de los municipios cuentan con sistemas para vigilar y evitar nuevas invasiones de terrenos. El detalle de sus principales alcances se puede revisar en el Cuadro 3.
El INSUS, junto con los diferentes órdenes de gobierno, tiene retos para asegurar que más personas tengan certeza sobre su vivienda, porque las normas actuales hacen difícil regularizar terrenos rápidamente y falta aún mucho por hacer para concretar la gestión del suelo disponible y apto para vivienda social. Además, de que se depende de la coordinación con autoridades locales y de procesos complicados, lo que retrasa resultados.
Durante este sexenio, el INSUS buscará llegar a un millón de regularizaciones, sobre todo en zonas marginadas, para que más familias tengan escrituras y acceso a servicios. También contribuirá con la gestión de suelo asequible, apto y bien localizado, priorizando a quienes más lo necesitan y evitando que crezcan los asentamientos irregulares.
f) Programas de vivienda en gobiernos municipales: Entre los programas sociales municipales, la vivienda ocupa el tercer lugar, con 1,088 programas registrados por CONEVAL en 2022; los cuales sumaron el mayor presupuesto entre los derechos sociales, con 3,410.8 MDP. En el análisis se observó que, si bien reciben apoyo estatal y federal, persisten desafíos de coordinación que limitan su efectividad para atender a la población objetivo. El detalle de estas limitaciones se revisa de forma más amplia en las mediciones del déficit habitacional nacional, en el siguiente apartado. En ese sentido, es importante que el trabajo de la Federación en materia se realice desde una planeación con objetivos y metas comunes, en beneficio de la población.
g) Retos manifestados desde la sociedad civil: En junio de 2024, diversos actores en la CDMX elaboraron el manifiesto "Retos y propuestas para atender el Rezago Habitacional a través de la producción social de vivienda" (Comité Producción Social de Vivienda Asistida et al., 2024). El documento señala como tema principal, el alto porcentaje de viviendas que se construyen sin financiamiento ni acompañamiento técnico, lo cual afecta su calidad y seguridad, en detrimento de la cohesión de las comunidades.
La propuesta central, consideró entre otros temas, que si bien hubo avances en materia para el reconocimiento e impulso de la autoproducción, y de la producción social de vivienda en el primer piso de la cuarta transformación, es vital consolidar los mecanismos de coordinación nacional, para involucrar a los diferentes sectores y también a los diferentes niveles de gobierno, para comprender a la vivienda como un proceso social progresivo, e impulsar un Sistema Nacional de Capacitación y priorizar a las familias en la toma de decisiones sobre su entorno.
h) Actuación reactiva desde la coordinación federal en afectaciones por desastres: En el último sexenio, el gobierno de México ha destinado una importante inversión en vivienda, sobre todo tras desastres. El PNR coordinó apoyos interinstitucionales para reconstrucción de viviendas, escuelas y edificios patrimoniales, con el trabajo en conjunto de SEDATU, de las secretarias de Salud, Educación y Cultura, y de los gobiernos estatales y municipales, así como de las entidades afectadas por los sismos de 2017 y 2018.
Entre 2019 y 2023, el PNR reconstruyó 62,865 viviendas en 889 municipios, con una inversión de 10,155 MDP. Se rehabilitaron 172 hospitales y centros de salud con más de 4,000 MDP, se rescataron 5,534 escuelas con 9,000 millones y se restauraron 2,724 templos y edificios históricos con 9,800 millones (SEDATU, 2024c). El programa puso especial atención en la población en SV: 52% de los subsidios fueron para mujeres, 38.59% para personas mayores, 33.86% para población indígena y 8.18% para personas con discapacidad. Se generaron 260,628 empleos directos y 94,299 indirectos, se instalaron 17,753 ecotecnias y se rehabilitaron 457 viviendas históricas. El programa también promovió la autoproducción de viviendas, las técnicas constructivas tradicionales e impulsó la asistencia técnica.
i) Otros ejemplos de atención interinstitucional exitosos en caso de desastres fueron: El implementado a través del PVS tras el sismo del 7 de septiembre de 2021, de magnitud 7.1 con epicentro en Guerrero, que dejó aproximadamente 15,000 personas damnificadas y más de 7,800 viviendas dañadas en 40 municipios, incluyendo la región de La Montaña, una de las zonas con mayor rezago del país. La estrategia de atención realizada por la CONAVI incluyó materiales y técnicas tradicionales como el adobe reforzado para viviendas seguras y culturalmente adecuadas.
Después de desastres recientes, varias instituciones han trabajado juntas para apoyar a las personas afectadas. Por ejemplo, tras el sismo de Guerrero en 2021, que dejó 15,000 damnificados y dañó más de 7,800 viviendas en 40 municipios, se usaron técnicas y materiales tradicionales para reconstruir viviendas seguras, desde la CONAVI. En el sismo de Michoacán y Colima en 2022, se realizaron visitas, talleres y acompañamiento técnico y legal para ayudar a quienes perdieron su vivienda, logrando que muchas personas en SV tengan ahora un hogar adecuado.
En el caso del huracán Otis en 2023, que afectó hasta 274,000 viviendas en Acapulco y Coyuca de Benítez, bajo la coordinación de la Secretaría de Bienestar el gobierno federal asignó 61,313 MDP al plan de atención, de los cuales 10,471 millones fueron para apoyar viviendas, limpieza y entrega de enseres domésticos. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP], 2023).
En las últimas décadas, frente al cambio climático, la población se ve cada día más expuesta a la pérdida de sus viviendas, y de su vida; por lo que, es vital continuar con una colaboración entre diferentes sectores e instituciones, tanto para la prevención como para la atención a quienes se vean afectados por ello.
De manera general, los elementos revisados en este apartado evidencian que, si bien ha habido avances en materia, los retos para el diseño y la ejecución de la PoNV aún son amplios, y se relacionan con la falta de articulación, administración y gestión entre el sector público, privado, social y los diferentes niveles de gobierno, lo que ha generado respuestas limitadas.
Para comprenderlo mejor, en los siguientes apartados, se pueden revisar a detalle los efectos de esta fragmentación, en la oferta de suelo y vivienda asequible en áreas de interés social, así como en los términos legales y normativas para dotar al Estado de mayor capacidad de actuación, fortaleciendo el ecosistema institucional con financiamiento público y en conjunto entre niveles de gobierno, y en diálogo con los diferentes sectores.
Superar estas deficiencias, compromete a que la problemática se observe tanto desde los recursos destinados para su atención, como desde la coordinación del Estado, como elemento clave para lograr transformar la realidad de millones de hogares en México, y que también sirva como motor del desarrollo económico desde una prosperidad compartida, atendiendo así las grandes brechas entre las diferentes regiones del país, las cuales perpetúan las desigualdades sociales y territoriales, manteniendo la irregularidad en la tenencia de la vivienda, afectando también el derecho a la salud de las personas y debilitando la cohesión de las comunidades.
Déficit y rezago habitacional
Uno de los problemas principales identificados es que el acceso a una vivienda adecuada para familias con bajos ingresos se ve limitado por restricciones económicas, escasas alternativas de financiamiento y desigualdades regionales en la producción habitacional. Estas condiciones sumadas a cambios demográficos y barreras estructurales mantienen el déficit habitacional que afecta principalmente a la población en SV social.
Entre 2019 y 2024, las acciones que corresponden a las distintas modalidades de mejoramiento de vivienda superaron las 200 mil cada año, con un total acumulado de más de 1.7 millones de acciones. Esto representó un financiamiento público por más de 70 mil MDP por parte de los ONAVI.
De las acciones en este periodo, 74.4% (1.3 millones de acciones) se destinó a esquemas de cofinanciamiento y subsidios, mientras que 25.6% restante (449 mil acciones) se otorgaron mediante crédito individual. El INFONAVIT concentró más de 50% de las acciones de mejoramiento, seguido por la CONAVI con 23%, SHF con 18.8% y el FOVISSSTE con 0.01% (SEDATU, SNIIV 2025).
Por otro lado, la CSVM 2023 reportó que el financiamiento otorgado por los OREVI en la modalidad de mejoramiento, ampliación y rehabilitación fue superior a los 6 mil MDP constantes de 2018. Esto representa 22.7% del crédito público destinado a financiamiento para mejoramientos de vivienda. Con la finalidad de atender esta problemática, se plantea como segundo objetivo reducir el déficit habitacional que afecta a la población con bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad social, para que pueda acceder a una vivienda adecuada.
En cuanto a las trayectorias familiares y nuevas demandas habitacionales, los cambios en la estructura y dinámica de los hogares plantean retos diferenciados para la política de vivienda. En México vivimos 126 millones de personas (51.2% mujeres y 48.8% hombres), con la mitad menor de 30 años y donde 8 de cada 10 personas (78.6%) viven en ciudades (INEGI, 2020a). Las proyecciones del CONAPO indican que en 2030 seremos 138 millones de personas, con más de la mitad (52.7%) mayor de 30 años.
Por su parte, de acuerdo con estimaciones propias con base en la ENIGH 2024, se muestra que existen cambios significativos en las familias mexicanas: pasando de 38.8 millones de hogares (aumento de 12.9% desde 2018) con un tamaño promedio reducido de 3.6 integrantes en 2018 a 3.4 en 2024. Dos de cada tres hogares son nucleares (padres e hijos), mientras que uno de cada tres es compuesto, unipersonal o de corresidentes. La composición por grupos de edad también cambió, las personas menores a 15 años disminuyeron en 8.1%, y las personas mayores de 65 años aumentaron en 30.9% en comparación con 2018. En promedio 2.2 personas generan ingresos por hogar.
Estos cambios están relacionados con la caída en la tasa global de fecundidad, estimada por INEGI a través de la ENDD (INEGI, 2023), indicando que pasó de 2.21 hijos por mujer en 2014 a 1.60 en 2023. Si bien estas tendencias reflejan una transformación a nivel nacional, su magnitud y ritmo varían entre las entidades federativas; por ejemplo, en la CDMX es de 0.96, Estado de México de 1.45, mientras que en Chiapas es de 2.39 y Zacatecas de 2.32.
Por otro lado, las limitaciones del mercado laboral se reflejan en una alta tasa de informalidad, de 54.8%, que equivalen a 32.8 millones de personas en esta condición (INEGI, 2025a); lo que limita el acceso de esta población a financiamiento para créditos formales y contratos de renta estables.
Asimismo, se observó que el ingreso promedio trimestral para los hogares del primer decil fue de 16,795 pesos(8) (INEGI,2024e). El gasto corriente promedio trimestral en vivienda y servicios alcanzó 4,346 pesos, con variaciones significativas: hogares urbanos destinan 5,006 pesos (9.6% de su gasto) y rurales 1,781 pesos (5.8% de su gasto). Estos patrones revelan que la oferta de vivienda debe responder a la transformación de la composición social, con diversas modalidades de habitar y producir vivienda. Además, este contexto requiere el análisis del mercado habitacional (producción social y privada, autoproducción y financiamiento) para identificar puntos donde las políticas públicas puedan incidir efectivamente.
De igual forma, revisar la oferta y la demanda, los apoyos que existen y las limitaciones financieras ayuda a entender cómo influyen los factores económicos, sociales y del territorio en la posibilidad de que los hogares de bajos ingresos accedan a este derecho. Las condiciones de las viviendas, el acceso a los servicios básicos y la calidad del entorno, son el reflejo de la materialización de estas problemáticas estructurales y brechas territoriales.
Para comprender mejor esta problemática, y proponer acciones para su atención, se cuenta con al menos cuatro instrumentos que permiten dimensionar estas brechas: el déficit habitacional, el RH, el déficit cualitativo de vivienda y la carencia por acceso a servicios básicos.
a) Déficit habitacional: Es un concepto que comprende para su medición tanto el RH como la necesidad de vivienda. Para 2024 se estimaron 8,855,733 hogares en esta condición, lo que equivale a 22.8% del total del país (Mapa 1). Este porcentaje representa una disminución respecto a 2022, cuando alcanzaba 25.5%. La reducción se explica principalmente por la caída del rezago habitacional, que pasó de 9,154,126 a 8,507,353 hogares; es decir, una disminución de 646,773 hogares (véase Gráfico 1).
Desde una perspectiva poblacional, 51.8% de las personas que habitan en hogares con déficit son mujeres, de las cuales 49.5% son jóvenes y 13.9% adultas mayores. Asimismo, entre las mujeres que viven en hogares con déficit habitacional, 38.0% se autoadscribe como indígena, 3.5% como afrodescendiente y 8.0% reporta alguna discapacidad(9).
b) RH: Esta metodología es propuesta por la CONAVI y considera aspectos como la presencia de materiales precarios en techos, pisos o muros, el hacinamiento y/o la ausencia de servicios sanitarios adecuados. Se trata de una medición técnica que visibiliza deficiencias materiales en la vivienda construida.
A nivel nacional, la CONAVI (2025a) en su publicación "Actualización del Cálculo del Rezago Habitacional 2024", identificó que 21.9% del total del parque habitacional nacional, se encuentra en esta condición y en ellas habitan 30,450,295 personas (23.4% de la población). Es importante observar que la proporción de viviendas en RH disminuyó de 24.3% en 2022 a 21.9% en 2024, al igual que la de hogares (de 24.4% a 21.9%). Esto es relevante dado el aumento del parque habitacional, lo que indica una mejora en calidad y cobertura de las acciones realizadas en materia de vivienda.
Con respecto a la antigüedad de las viviendas en RH, en 2024 casi 4 de cada 10 fueron construidas hace al menos 30 años (39.6%), alrededor de 22.6% tienen una antigüedad de entre 11 y 20 años y 14.5% de entre 6 y 10 años. Sólo 4.0% de las viviendas en RH son de reciente creación (hasta 1 año de antigüedad). En el Cuadro 4 se observa la evolución del RH por región y entidad de 2018 a 2024.
De acuerdo con los criterios de priorización para intervenciones habitacionales de la CONAVI (2025a), se estima que 6,235,701 viviendas en condición de RH-equivalentes a 74.4% del total- podrían superar esta condición mediante acciones de mejoramiento. Asimismo, 593,740 viviendas requieren intervenciones de ampliación o reemplazo. No obstante, se identifica que 1,552,104 viviendas (18.5%) presentan condiciones que las hacen no recuperables, por lo que demandan ser sustituidas en su totalidad. Vale la pena observar que, 89.7% de las viviendas autoconstruidas que se encuentran en condiciones de RH, se edificaron con recursos propios de acuerdo con el documento "Características de las viviendas en rezago habitacional 2024".
c) Déficit cualitativo: La medición del déficit cualitativo de vivienda, introducido por la CONAVI, es una herramienta complementaria que incorpora dimensiones adicionales como la falta de seguridad en la tenencia, el acceso efectivo a servicios básicos (agua, drenaje, electricidad), el hacinamiento y la calidad de los materiales de construcción.
En cuanto a las condiciones físicas, de acuerdo con la ENIGH 2024, se identificaron 932,790 viviendas con pisos de tierra, 6.68 millones con techos de baja calidad y 1.42 millones con muros deficientes. Además, 1.67 millones de viviendas carecen de drenaje adecuado, 1.25 millones no tienen acceso a agua entubada y 107 mil no cuentan con energía eléctrica que puede ser de un servicio público, una planta particular, panel solar o cualquier otra fuente, lo que representa una desigualdad en el acceso a servicios básicos indispensables.
Por último, la carencia por acceso a servicios básicos, identificada ahora por el INEGI(10) como una de las seis carencias sociales, considera que estos servicios afectan las condiciones sanitarias y las actividades que los residentes de la vivienda pueden desarrollar. Se presenta cuando hay dificultades en el acceso al agua entubada, energía eléctrica o drenaje, o cuando se utiliza leña o carbón para cocinar sin una chimenea.
Desde la óptica del DHVA, el acceso y la calidad de los servicios en las viviendas es un componente central, que impacta en el acceso de otros derechos, como es la salud. De acuerdo con la información de la ENIGH 2024, el acceso a los servicios básicos por entidad federativa, contienen los siguientes resultados:
· Carencia de energía eléctrica: Aunque a nivel nacional sólo 0.28% de las viviendas carecen de energía eléctrica, persisten desigualdades importantes entre las entidades federativas. Los estados con mayor rezago son Nayarit (1.49%), Chihuahua (0.79%) y Durango (0.76%), todos con cifras significativamente superiores al promedio nacional (estimaciones con base en INEGI, ENIGH 2024).
· Carencia de agua entubada: 3.25% de los hogares en México carece de agua entubada; la obtienen de pozos, ríos, lagos, pipas o por acarreo. Guerrero (11.25%), Oaxaca (8.36%), Chiapas (8.05%) y Tabasco (6.86%), son los más afectados, donde muchas familias dependen de fuentes alternativas para abastecerse, lo que implica riesgos para la salud y calidad de vida (ENIGH, 2024).
· Carencia de tubería de drenaje: 3.12% de las viviendas carece de estas instalaciones, lo que puede provocar contaminación y riesgos sanitarios mediante el desagüe directo a cuerpos de agua, barrancas o grietas. Destacan negativamente Oaxaca (15.08%), San Luis Potosí (8.26%), Guerrero (8.42%) y Veracruz (7.30%), donde entre 7 y 15 de cada 100 viviendas aún no cuentan con conexión con algún sistema de saneamiento o tratamiento de aguas residuales. En algunos casos, aunque haya acceso a agua, la falta de drenaje adecuado agrava las condiciones de insalubridad. (ENIGH, 2024).
· Viviendas con múltiples carencias. A nivel nacional, 0.08% carece de electricidad, agua y drenaje, lo que indica un rezago extremo, especialmente en Nayarit, Chihuahua, Durango, Michoacán y Sonora. Además, 5.63% presenta al menos una carencia en servicios básicos, con mayor incidencia en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí y Chiapas. 0.93% tiene dos o más carencias, destacando nuevamente Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Chiapas y Michoacán, véase Cuadro 5.
Ahora bien, en términos de la oferta de soluciones a las carencias descritas, es importante observar que el mercado de la vivienda en México es un entramado complejo que ha cambiado con el tiempo. Su evolución responde a factores demográficos, sociales, culturales, económicos, institucionales y de política pública, lo que muchas veces genera tensiones entre el crecimiento económico y las distintas formas en que se produce la vivienda. Frente a este escenario, como se ha comentado, los ONAVI han ampliado su catálogo de financiamientos para atender una mayor diversidad de necesidades y realidades socioeconómicas. Con ello se ha buscado dar más opciones a las familias y responder mejor a las diferentes demandas de la población.
A continuación, se presentan los principales datos sobre cómo se producen y habitan las viviendas en México, con el fin de expresar mejor los retos y oportunidades que enfrenta este sector, comprendiendo también las diferencias en el desarrollo regional.
a) Autoproducción y PSV. De acuerdo con la Ley de Vivienda, la autoproducción implica que los usuarios gestionan y construyen sus viviendas individual o colectivamente, ya sea directamente o mediante terceros. Por otro lado, la PSV se realiza sin fines de lucro para atender principalmente a población de bajos ingresos, sin capacidad de adquirir una vivienda nueva en el mercado, utilizando métodos autogestivos y solidarios que priorizan el valor de uso. Ambas se diferencian de la producción privada por su enfoque y por la participación directa de quiénes ocuparán las viviendas.
La autoproducción ha generado 57.3% del parque habitacional, equivalente a aproximadamente 20.2 millones de viviendas (INEGI, 2020b). Esta modalidad muestra una distribución territorial diversa, con una marcada concentración en estados del Sureste como Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala, donde más de 80% de las viviendas son autoproducidas, en contraste con estados como Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila y Chihuahua, donde el porcentaje oscila entre 31.6% y 34.2%.
La autoproducción representa cerca de 46.3% del sector vivienda y contribuye aproximadamente con 2.71% del PIB nacional, aunque enfrenta desafíos significativos en términos de financiamiento y calidad. Asimismo, la PSV se ha consolidado a lo largo del presente siglo con la colaboración del sector social y académico, así como con la intervención de los órdenes de gobierno, y se impulsó de forma general a través de los programas presupuestarios de la CONAVI, en especial en el sexenio anterior.
b) Vivienda en renta. Representa un componente crítico del mercado habitacional, caracterizado por una baja tasa nacional (16.4%) en comparación con las viviendas propias pagadas (57.1%) o prestadas (14.2%) y propias pagándose (10.7%), con una importancia creciente en contextos urbanos dinámicos (INEGI, 2020b). Por su parte, el motivo principal de renta es el no tener acceso a crédito o a recursos (51.4%), seguido de facilidad de poder mudarse (22%).
Las entidades con mayor desarrollo demográfico, como México (13%), CDMX (12.7%) y Jalisco (10.5%), muestran una concentración mayor de viviendas en renta, por factores como la alta densidad poblacional y la dinámica laboral y estudiantil que generan una mayor demanda de vivienda temporal, con el riesgo en la seguridad de la tenencia debido a la ausencia de contratos. Asimismo, la Encuesta Nacional de Vivienda (INEGI, 2020b) mostró diferencias estatales: Guerrero (76.0%), Tamaulipas (71.0%) y Tabasco (67.6%) tenían altos porcentajes de contratos, mientras que Querétaro (24.8%), San Luis Potosí (26.0%) y CDMX (34.6%) presentaban proporciones menores.
c) Producción privada de vivienda: Es aquella producción destinada al mercado. El Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) en su manual de Fuentes y Metodologías (INEGI, 2018), especifica que el sector vivienda comprende tanto la producción de bienes y servicios de mercado, como aquellos considerados como no de mercado y la producción para uso final propio. La producción de mercado de vivienda abarca los bienes y servicios que los productores ofrecen a los hogares. La producción de no mercado incluye a organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales que participan en la vivienda. Por último, la producción para uso final son los productos que las unidades productivas conservan para su propio uso.
El Gráfico 2 presenta el valor bruto de la producción del sector de vivienda dividido por tipos, es decir: producción de mercado, producción para uso final propio y producción de no mercado. A lo largo de diez años, más de la mitad del valor bruto de la producción de vivienda corresponde a la producción para uso final propio y su valor se ha incrementado en 6% en dicho periodo, la producción de mercado de la vivienda en el mismo periodo pasó de representar 45% en 2014 a representar 40% en 2024.
Mientras que, en el Gráfico 3 se puede observar el porcentaje de viviendas construidas que fueron adquiridas. Aunque este indicador constituye una aproximación a las viviendas producidas de manera privada, es más preciso al distinguir cuando se adquirió vivienda nueva. En los estados del Sureste se observa una muy baja participación de la producción privada de vivienda: en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco la adquisición de viviendas nuevas no rebasa 6.4%. Por el contrario, en Nuevo León, 1 de cada 2 viviendas se adquirieron nuevas, y en Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Baja California la proporción es alrededor de un tercio del parque habitacional.
d) Adquisición, insuficiencia de ingresos y obstáculos financieros. La reducción de la vivienda social ha reflejado una desconexión entre el mercado habitacional y las necesidades reales de la población. En un contexto donde más de 14 millones de viviendas presentan déficit cualitativo y el déficit cuantitativo supera 500,000 unidades (CONAVI, 2024d), la caída en la construcción de vivienda asequible representa un riesgo significativo para garantizar el DHVA.
Una forma de analizar el mercado habitacional y financiero es a través del Índice SHF de Precios de la Vivienda. Este índice, ajustado por inflación y con ponderaciones fijas, permite evaluar precios, asequibilidad y tendencias regionales en vivienda nueva y usada, ofreciendo una aproximación a la dinámica del mercado inmobiliario.
El índice ha mantenido un crecimiento constante desde 2015 hasta casi triplicarse en el tercer trimestre de 2025 (SHF, 2025a), reflejando la fortaleza del mercado inmobiliario. Incluso durante la crisis de la pandemia de 2020, el índice mostró resiliencia, con una leve desaceleración a 5.2 como se puede observar en el Gráfico 4. Sin embargo, esta tendencia al alza, aunque positiva para el mercado, reduce la asequibilidad de la vivienda.
Entre 2016 y 2022, el precio promedio de la vivienda creció 58.4%, mientras que el ingreso laboral sólo aumentó 14.3% (ENIGH 2018 y 2024). Esta brecha ha limitado el acceso a una vivienda en hogares de ingresos bajos y medios. Este desajuste ha derivado en que aproximadamente 20.5% de los hogares que pagan renta o hipoteca destinen más de 30% de su ingreso a este concepto, lo que se considera un sobrecosto habitacional.
Es importante señalar que, el acceso a una vivienda asequible no implica necesariamente que sea económica, sino que el costo de habitar en ella debe ser proporcional al ingreso del hogar y adecuado al contexto regional, sin comprometer su capacidad para cubrir otras necesidades básicas. Incluso los hogares con mayores ingresos enfrentan dificultades similares, lo cual refleja que el sobrecosto de las viviendas es una problemática general. Esto se relaciona, por un lado, con la escasa mejora en los ingresos laborales, especialmente entre los hogares no afiliados, ya que, a pesar de los incrementos al salario mínimo, estos no han sido suficientes para compensar el aumento del valor de la vivienda.
De acuerdo, también con la información del índice de SHF, al tercer trimestre de 2025, el precio medio de la vivienda se estima en 1.86 MDP, con una distribución desigual: 25% corresponde a un valor máximo de 782 mil pesos, 50% 1.2 MDP y 75% hasta 2.2 MDP. Esta brecha de más de 1.4 MDP entre cuartiles revela desafíos de acceso para quienes no cuentan con la capacidad de compra.
Además, los hogares no afiliados al INFONAVIT o el FOVISSSTE enfrentan condiciones de mayor exclusión. En el primer quintil de ingreso, 49.9% de estos hogares destina más de 30% de su ingreso al pago de vivienda, mientras que entre los afiliados la proporción es de 37.0%. Esta brecha se acentúa en los demás quintiles, donde los hogares no afiliados registran niveles consistentemente más altos de sobrecosto (Gráfico 5). Entre 2015 y 2025, la vivienda nueva aumentó más de precio (135.7%) que la usada (119.6%), reflejando mayor demanda y costos de construcción. Casas y condominios mostraron una apreciación similar desde 2020, por necesidades distintas como trabajo desde casa y urbanización.
Por otro lado, con información del SNIIV, se ha analizado que el financiamiento habitacional en México experimentó una disminución en las últimas décadas, pasando de 2,009,531 unidades en 2008 a una estimación de 881,470 unidades para 2024. Los ONAVI, principales financiadores con 44.8% del total del periodo, han concentrado su intervención, en trabajadores con seguridad social, quedando fuera más de 54% de la población ocupada que se desempeña en la informalidad. Esta información puede ser revisada a detalle en su evolución en el Gráfico 6.
Según datos de la ENSAFI 2023, las principales barreras financieras que enfrentan las personas para adquirir o concluir el pago de una vivienda corresponden, a la falta o dificultad de ahorro (43.2%), la limitada disponibilidad de oportunidades laborales o la percepción de un ingreso insuficiente (30.1%), así como a la existencia de deudas pendientes (8.0%).
En un análisis realizado por la CONAVI en 2024 "Asequibilidad de la vivienda en el contexto de la salud financiera", con base en los datos de la ENSAFI, de las viviendas donde habita la persona propietaria, 18.2% están completamente pagadas, un total de 30,297 créditos de vivienda se dejaron de pagar; mientras que la situación para 68.7% no está especificada. En el caso de 12.9% de estas viviendas, que suman 3.3 millones, se continúan realizando pagos de crédito o préstamo; de las cuales, en 689,952 se reportaron con atrasos (CONAVI, 2024b).
En el mismo estudio se muestra que, 25.3% de la población mayor de 18 años, equivalente a 19.5 millones de personas, reporta intranquilidad relacionada con la vivienda por temas financieros, sólo superada por la preocupación por gastos inesperados de salud. Esta situación compromete la libertad financiera de los hogares, forzándolos a sacrificar gastos no esenciales como entretenimiento (88.4%), ropa y calzado (72.0%), e incluso medicinas (49.3%) para cubrir los costos de la vivienda. La principal meta financiera a nivel nacional es comprar o terminar de pagar una vivienda (21.6%), y los estados con mayor concentración de personas con esta meta son: México (11.7%), Jalisco (9.0%), la CDMX (8.0%) y Nuevo León (5.9%).
En este panorama, las personas con menos ingresos son quienes más complicaciones enfrentan para conseguir una vivienda accesible(11): en el grupo más bajo de ingresos, 46.1% gasta más de 30% de lo que gana en la vivienda, mientras que en el grupo más alto sólo es 15.2% (Gráfico 7). Esto demuestra que el problema de la vivienda afecta más a quienes ganan menos, especialmente en las ciudades grandes donde vive más gente y las viviendas son más caras.
La oferta de créditos para la adquisición de vivienda se compone por créditos otorgados por el INFONAVIT y FOVISSSTE, los de la banca comercial y los otros organismos públicos. Desde 2016, la colocación de créditos para vivienda ha mostrado una tendencia a la baja, de acuerdo con diversos reportes de BANXICO, esta disminución se ha visto influenciada por varios factores, entre ellos, un entorno económico marcado por la incertidumbre y una desaceleración en la actividad productiva. Los conflictos internacionales y la pandemia de COVID-19 han generado incertidumbre económica y mayor cautela familiar al tomar decisiones financieras, lo que ha reducido la demanda de créditos hipotecarios en los últimos años.
Según BANXICO, entre abril de 2023 y marzo de 2024 se otorgaron 452,800 créditos para vivienda; INFONAVIT y FOVISSSTE concentraron 76.2%, la banca comercial 22.7% y otros organismos públicos 1.1%. Del total de 467,200 MDP otorgados, INFONAVIT y FOVISSSTE representaron 50.2%, la banca comercial 49.3% y otros organismos, 0.5%. El saldo de la banca comercial fue de 1.35 MDP, representando 22.3% del financiamiento al sector privado no financiero, con un crecimiento anual real de 4.2%, 99.9% de los créditos se otorgaron en pesos y a tasa fija. Por tipo de vivienda, la distribución para el periodo ha sido la siguiente: 20.5% social, 42.9% media y 36.6% residencial. La mayoría tuvo aforos de 80% o menos, lo que indica mayor aportación inicial y menores tasas de interés.
Por otro lado, durante el periodo 2019-2024, México enfrentó un entorno económico complejo y en constante cambio, influenciado por factores tanto internos como externos, que generaron transformaciones estructurales que impactaron directamente en diversos sectores económicos, incluyendo el de la vivienda. De acuerdo con la información del SCNM, de INEGI, el sector de la construcción se mantuvo como sector clave de la economía nacional, representando entre 6.0% y 6.4% del PIB a lo largo del sexenio. No obstante, la forma en que este sector contribuye a la economía varió acorde las regiones del país, mostrando diferencias y dinámicas locales que reflejan realidades económicas diversas.
En el documento "Conociendo la industria de la construcción y los servicios de apoyo a la construcción" del INEGI; este sector ha experimentado cambios importantes entre 2018 y 2024, con un aumento acumulado de 43.9% en los costos de materiales, maquinaria y salarios. Desde la perspectiva regional, en 2024, la región Centro destacó como el principal motor económico, aportando 38.4% al PIB nacional y 1.8% al PIB específico del sector. Le sigue la región Norte; con 25.4% del PIB nacional y 1.4% del PIB sectorial y la región Centro Norte con 19.9% y 1.1% respectivamente. Por su parte, la región Sur, aunque representa sólo 16.3% del PIB nacional, tuvo una participación destacada en la construcción, con un 1.7%.
La vivienda tiene un papel muy importante dentro del sector de la construcción y, dentro de su valor económico la edificación es el componente principal. Este crecimiento ha sido impulsado sobre todo por el trabajo especializado en la industria. Además, la autoproducción aumentó su peso relativo en la edificación al pasar de 74.1% a 79.9% en los últimos 10 años.
Según datos de la CSVM, las actividades relacionadas con la vivienda generaron 2,252,801 empleos durante 2024, lo que equivale a 5.5% de los puestos de trabajo en todo el país. (INEGI, 2025b) De manera constante, el sector vivienda aporta más de 5.0% del PIB, aunque la pandemia provocó una caída de 12.0% de 2019 a 2020; lo que llevó a que su contribución económica alcanzará los niveles más bajos en 2022 y 2023.
La construcción de vivienda también tiene un efecto multiplicador muy fuerte en la economía, impulsa 261 subramas, como son el transporte de gas, construcción de vías, minería y servicios públicos (INEGI, 2020). Además, su producción activa 248 subramas más, especialmente en la fabricación de cemento, acero y productos derivados del petróleo.
Esto evidencia que la vivienda, además de su carácter de derecho humano, constituye un sector estratégico para la economía nacional al generar empleo, dinamizar cadenas productivas y estimular la innovación tecnológica y financiera. Por cada peso que se invierte en la construcción residencial (unifamiliar, multifamiliar) se generan 1.52 pesos de crecimiento en el PIB. Es decir, si se invierten 10 MDP se traduce en una derrama de 15.2 MDP(12).
En este marco, la PoNV debe posicionarse también como una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico regional y nacional. Para la presente administración, a través del PVB, el Gobierno de México planea la construcción de 1.8 millones de viviendas, 1.8 millones de mejoramientos y 1 millón de escrituras durante el sexenio, dirigidas a atender a la población en SV. Este esfuerzo implica una inversión pública acumulada de aproximadamente 752 mil MDP, lo que se traduce en una derrama económica estimada de 1.1 BDP a nivel nacional y 94.4 mil MDP en las economías locales, es decir, 0.5 % del PIB anual, conforme a las estimaciones de la SEDATU.
Además del beneficio social, se espera un efecto multiplicador en la economía, impulsando sectores estratégicos como el cemento y el concreto (32.6 mil MDP), hierro y acero (26.6 mil MDP) y la infraestructura básica (20.4 mil MDP). En términos de empleo, el PVB tiene el potencial de generar más de 9.6 millones de empleos directos y 14.4 millones de empleos indirectos, contribuyendo a la recuperación del empleo, la activación del consumo interno y la reducción de desigualdades sociales y territoriales.
Finalmente, y en relación con las siguientes problemáticas a describir, vale la pena mencionar que, las disparidades regionales y el rezago de la oferta frente a la demanda requieren de una política pública de alcance amplio, que fortalezca las opciones de financiamiento con apoyo de todos los sectores y los niveles de gobierno, para desarrollar los recursos necesarios para dotar de infraestructura, transporte, salud y seguridad a las nuevas viviendas. El objetivo es garantizar que estos servicios sean accesibles para toda la población como un derecho protegido, y no solo para quienes pueden pagarlos.
Brechas sociales y normativas para el acceso al DHVA
Se identifica que, aunque el marco jurídico nacional ha avanzado, persisten vacíos y diferencias entre legislaciones estatales y locales, además de una limitada alineación con estándares internacionales de derechos humanos en materia. Estas brechas dificultan la planeación con enfoque de derechos, la protección contra desalojos forzosos y la garantía de una tenencia, lo que reduce la eficiencia institucional para asegurar el acceso universal y equitativo a la vivienda adecuada. Para atender esta problemática se propone como tercer objetivo impulsar la armonización de los marcos normativos para incorporar enfoques de derechos humanos, sostenibilidad y perspectiva de género.
Comprender el acceso a la vivienda desde un enfoque de derechos humanos, implica entender las desigualdades sociales y cómo estas afectan al acceso a este derecho, es decir, partir desde una visión interseccional (SEDATU, 2025b)(13), así como observar las limitaciones institucionales para su cumplimiento en los diferentes niveles de gobierno y en la corresponsabilidad con otros sectores. Factores como el ingreso, género, edad, origen étnico, discapacidad y orientación sexual inciden en la capacidad de las personas para obtener, conservar o mejorar una vivienda.
Las causas de estas diferencias radican tanto en las oportunidades de acceso a empleos formales; como a dinámicas sociales que generan discriminación. Para comprender estas brechas se pueden identificar algunos datos por cada grupo de población, los cuales se detallan a continuación, y se pueden revisar también desde los elementos de la vivienda adecuada en el Cuadro 6.
En el país hay 30.2 millones de personas indígenas y 3.6 millones afrodescendientes (ENIGH,2024). En 2024, 37.3% de las personas indígenas vivían en viviendas con RH y 24.3% tenían problemas de calidad y espacio (INEGI, 2024f; CONAVI, 2025c). Además, 88.4% de este grupo presentaba al menos una carencia social y 55.1% tres o más. Respecto a la tenencia, 43.7% de las mujeres indígenas jefas de hogar en vivienda propia no tenían escrituras o estaban a nombre de otra persona (CONAVI, 2025b). La población afrodescendiente también se enfrenta a brechas por discriminación, la ENADIS de 2022 indica que 24.3% de la población manifestó no estar dispuesta a rentar una habitación a una persona afrodescendiente (INEGI, 2023).
Por otro lado, las personas jóvenes también tienen dificultades para acceder a una vivienda adecuada; en 2024, había 31 millones de personas de entre 15 y 29 años, de los cuales casi la mitad trabajaba en empleos precarios, y con salarios bajos (INEGI, 2024b). De casi tres millones de jóvenes jefes de hogar, un cuarto vivía en RH y más de 61.3% no tenía escrituras o la propiedad estaba a nombre de otra persona. Además, de que se ha reportado, que la falta de financiamiento es el principal obstáculo para comprar viviendas (CONAVI, 2024b), y la situación es más complicada para jóvenes con discapacidad (27.0% en rezago si viven solos) o indígenas (37.9% en rezago, con 77.5% cocinando con leña sin chimenea) (CONAVI, 2025b).
En el caso de las mujeres en México encuentran también diferentes barreras para acceder y mantener una vivienda. De los hogares encabezados por mujeres, la mayoría son personas viudas, separadas o divorciadas (INEGI, 2020a). En zonas de pobreza, ellas ganan hasta 25 pesos menos por hora que los hombres (CONEVAL, 2024), y además dedican el triple de tiempo al trabajo doméstico sin paga, especialmente si faltan servicios básicos (ENIGH, 2024d).
Un tercio de las jefas de hogar no tiene escrituras o la vivienda está a nombre de alguien más; sólo 4.0% accede a créditos laborales y casi 80% no cuenta con seguridad social. En 2024, 91.1% de las viviendas con RH tenía al menos una mujer como habitante (ENIGH, 2024). La falta de servicios básicos también recae desproporcionadamente en ellas, ya que dedican 7.9 horas semanales al acarreo de agua o leña, en comparación con las 5.8 horas que destinan los hombres (INEGI, 2023).
Las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras para acceder a una vivienda adecuada. De los 9.5 millones de personas con discapacidad en el país, 27.1% vive en condiciones de RH (2.5 millones de personas) (CONAVI, 2025c). Su limitada participación en el mercado laboral (40.6% frente a 68% de personas sin discapacidad) y los bajos niveles educativos generan dependencia económica. Además, 5.9 millones de viviendas requieren adaptaciones como rampas, pasamanos, baños accesibles y puertas anchas (INEGI, 2020b). La CDPD destaca la obligación del Estado de garantizar viviendas con diseño universal y ajustes razonables.
En México, viven alrededor de 19.6 millones de personas mayores de 60 años. De ellas, 22.0% enfrenta RH, es decir, no cuentan con condiciones adecuadas para vivir (CONAVI, 2025c). Aunque la mayoría, 83.4%, tiene vivienda propia, casi 39.4% de quienes viven en zonas rurales no tienen escrituras o la propiedad está registrada a nombre de alguien más. Cuando las personas envejecen, sus ingresos suelen disminuir, lo cual dificulta conservar o mejorar su vivienda; por ejemplo, cerca de 18.9% destina al menos 30% de lo que gana cada mes solo para pagar la renta (ENIGH, 2024).
Asegurar el derecho a la vivienda en la vejez requiere la implementación de medidas de accesibilidad y diseño universal, tales como rampas, barras de apoyo y suelos antideslizantes. Además, es fundamental que la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la producción de vivienda social facilite la creación de redes de apoyo comunitarias.
Por otro lado, la población LGBTIQ+ enfrenta discriminación por prejuicios culturales, agravada por la falta de datos específicos en encuestas y censos nacionales que limita su visibilidad estadística. La ENADIS 2022, revela que más de un tercio de la población no alquilaría una habitación a personas homosexuales o trans. Esta discriminación, que frecuentemente inicia en entornos familiares, obliga a esta población a distanciarse de sus redes de apoyo inmediatas.
Además, el enfoque de derechos humanos en el PNV 2026-2030 reconoce que una vivienda adecuada no es solo una construcción, sino también parte de la identidad y la historia de las comunidades; es decir, es también parte de un reconocimiento cultural. Es fundamental recuperar los conocimientos ancestrales, y prácticas comunitarias de los pueblos originarios y afromexicanos en técnicas de construcción, como el bajareque y el adobe, que han sido perfeccionadas durante siglos para adaptarse al clima y al entorno. Con ello, se fortalece la autonomía de las comunidades y respeta su derecho a decidir y a no ser discriminadas. Así, la PoNV se convierte en una herramienta de justicia social y de reconocimiento del valioso patrimonio cultural de México.
Las desigualdades y barreras sociales afectan más a quienes tienen menos oportunidades; factores como edad, presencia de niños en el hogar, migración, educación, origen étnico, discapacidad e ingresos influyen en el acceso a vivienda adecuada (CONAVI, 2023b). Menores niveles educativos, residencia en comunidades pequeñas, ingresos bajos o falta de acceso a créditos incrementan significativamente el riesgo de vivir en RH. Por ejemplo, las personas con educación primaria tienen hasta 4 veces más riesgo de vivir en RH, mientras quienes viven en localidades pequeñas o ganan menos de cinco UMAs enfrentan casi 3 veces más riesgo (Gráfico 8).
La seguridad de la tenencia es otro componente de la vivienda adecuada, que debe de ser observado con especial atención, pues otorga protección frente a cualquier situación que ponga en riesgo la posesión de su vivienda, brindando mayor seguridad frente a desalojos arbitrarios o que los derechos de los habitantes sean cuestionados o vulnerados; su ausencia desprotege a las personas. Además, la vivienda constituye uno de los principales activos de la población mexicana, lo que la convierte en una herramienta de protección frente a alguna emergencia (CONEVAL, 2024a).
De acuerdo con la ENIGH 2024 para ese año había cerca de 26.8 millones de viviendas propias en el país, de las cuales 65.3% tenían escrituras a nombre de la persona propietaria, 7.3% a nombre de otra persona, 26.2% no contaba con escrituras y 1.3% no sabía. 38.8% del total de viviendas sin escrituras se ubicaban principalmente en las localidades menores a los 2,500 habitantes.
Por otro lado, en 2020 había 2.6 millones de viviendas particulares habitadas rentadas y que no contaban con un contrato de arrendamiento vigente, representando 46.0% de las viviendas rentadas. Las viviendas prestadas y las viviendas intestadas son otros tipos de tenencia que se encuentran en SV.
De las 17.4 millones de viviendas con escrituras, 56.9% pertenecían a hombres y 41.5% a mujeres (INEGI, 2020b). Esta brecha se hace más grande en localidades rurales, donde 64.1% de los propietarios son hombres y 34.0% son mujeres. Las mujeres indígenas son quienes gozan de menor propiedad o copropiedad legal, representando tan sólo 12.4 % (CONEVAL, 2024a). Por otro lado, 35.0% de las personas con discapacidad que viven solas no cuentan con escrituras o están a nombre de una persona distinta (CONAVI, 2025b).
En este sentido, el camino institucional para que el Estado garantice el acceso a este derecho, aún cuenta con áreas de oportunidad importantes, y es necesario incorporar, reconocer y disponer de elementos normativos que consoliden su protección. Como ejemplo; las leyes estatales de vivienda muestran avances importantes, pero todavía requieren actualizaciones para alinearse con los estándares actuales. Las 32 entidades, la mayoría aún conservan el término "vivienda digna y decorosa", mientras que sólo 14 han incorporado el concepto de "vivienda adecuada", que es el reconocido en la CPEUM y en los marcos internacionales de derechos humanos. Además, solo 21 leyes contemplan el arrendamiento y 23 incluyen la obligación de elaborar un Programa Estatal de Vivienda.
Si bien la Ley de Vivienda establece la participación municipal en la formulación de directrices de la PoNV, su presencia y participación formal adolece de un espacio institucional específico que garantice una incidencia efectiva. Esta ausencia genera una desconexión entre la planeación federal y las realidades territoriales produciendo limitantes en la gestión de los gobiernos locales, a pesar de que la Ley de Planeación faculta al Ejecutivo Federal para acordar procedimientos de coordinación entre órdenes de gobierno (Ley de Planeación, artículo 34).
Como se ha comentado, el considerar a la vivienda como un derecho humano, implica el reconocimiento de los siete elementos de una vivienda adecuada; por ello es vital observar también las limitaciones en materia de desarrollo urbano de los gobiernos locales, quienes pueden prevenir a través de la implementación de acciones de planeación y desarrollo urbano, que las ciudades que se consoliden en los siguientes años, cuenten con las mejores condiciones para el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada y desde luego, al derecho a la ciudad.
De acuerdo con la información compartida por los 2,469 municipios que atendieron el CNDGMYDT(14) (INEGI 2023a) en acciones de desarrollo urbano(15), 45.98% de los municipios (1,138) realizan una o más, mientras que 53.78% (1,331) no realiza ninguna. Oaxaca es la entidad con menos municipios implementándolas, mientras que Jalisco y Aguascalientes son las entidades con mayor proporción de municipios que las realizan. El detalle de estos resultados en porcentajes de implementación a nivel entidad federativa, pueden ser consultados en el Cuadro 7.
Ninguna de las acciones delineadas por el censo alcanzó un porcentaje de aplicación mayor a 30%, esto es, la sumatoria de todos los municipios que reportaron implementar cada acción, en ningún caso superó los 823 municipios; pocos reportaron implementar acciones de ciudad compacta como definir polígonos prioritarios, aprovechar baldíos, incorporar vivienda vertical, reutilizar edificios deteriorados o gestionar fideicomisos para redensificación; ninguna superó 10% de adopción.
En contraste, las acciones reportadas con mayor frecuencia para impulsar el desarrollo urbano bajo el esquema de ciudad compacta fueron: la rehabilitación y mejoramiento para la dotación y ubicación de áreas verdes y equipamientos (652 municipios, 26.41%); la asignación de usos de suelo y destinos compatibles, promoviendo usos de suelo mixtos (476 municipios, 19.28%); y la creación, ampliación o consolidación de la red peatonal, la red ciclista y transporte público masivo (379 municipios, 15.35%) Cuadro 8.
En lo que respecta a la inclusión de vivienda vertical en nuevos desarrollos, sólo 199 de los municipios incluidos en el censo reportan emplear este tipo de acción, lo que equivale a 8.1% del total. En los estados de Yucatán, Guerrero y Baja California Sur, sólo 1 municipio de cada entidad reportó emplear esta estrategia. Las entidades federativas donde más municipios reportaron hacer uso de esta estrategia son México y Jalisco con 21 y 20 municipios respectivamente, lo que apenas representan 18.4% y 16% de la totalidad de los municipios de cada una de esas entidades (INEGI, 2023a).
El 19.28% de los municipios en el censo (476) reportan impulsar usos de suelo mixtos. México y Jalisco destacan por cantidad de municipios que aplican esta estrategia, mientras que Aguascalientes, Quintana Roo y Guanajuato tienen la mayor proporción respecto al total de municipios estatales.
Por otro lado, en el mismo censo se incluye la revisión de criterios de consolidación urbana contemplados en alguna política o estrategia de construcción de vivienda en las instituciones con actividad territorial, en donde se consideran elementos esenciales: Acceso a los habitantes a equipamiento urbano, servicios de infraestructura, servicios básicos, empleo y movilidad, con los siguientes resultados: Los estados con mayor número de municipios -como Oaxaca (568), Veracruz (212) y Puebla (217)- concentran altos porcentajes en varios criterios, pero con fuertes asimetrías internas. Por ejemplo, Oaxaca destaca en movilidad (27.7%) pero con rezagos importantes en empleo (1.7%). Esto refleja que la cantidad de municipios no necesariamente implica una implementación equilibrada de estrategias urbanas.
Algunos estados muestran fortalezas sectoriales, pero limitaciones estructurales: Veracruz muestra porcentajes mayores en casi todos los rubros (más de 9% en servicios básicos, empleo e infraestructura), lo que sugiere esfuerzos amplios, aunque dispersos, en consolidación urbana. Yucatán resalta en empleo (11.5%) y movilidad (9%), lo que indica una política más orientada al dinamismo laboral y conectividad, pero con menor avance en servicios básicos (6%). Puebla refleja un balance relativamente alto en todos los indicadores, aunque con mayor peso en infraestructura y servicios básicos.
Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit o Quintana Roo presentan porcentajes menores a 1% en varios criterios, lo cual indica escasa incorporación de lineamientos de consolidación urbana en sus municipios.
A nivel nacional, la movilidad suele presentar porcentajes más bajos frente a servicios básicos o infraestructura. Salvo el caso excepcional de Oaxaca, que concentra más de una cuarta parte del indicador, la mayoría de los estados se ubican por debajo de 5%. Algo similar ocurre con el empleo, donde sólo Yucatán y Veracruz muestran avances significativos. Esto refleja que los municipios tienden a priorizar servicios básicos e infraestructura, dejando rezagados los criterios que favorecen la integración socioeconómica y la reducción de la dispersión urbana.
Otra de las áreas de oportunidad en materia corresponde al intercambio interinstitucional de información territorial, el cual muestra que 43.68% de los municipios no tienen intercambio con gobiernos estatales ni federales, 33.74% sí lo hacen con ambos, 16.12% sólo con el estatal y 6.46% sólo con el federal (INEGI, 2023a). De las instituciones de nivel federal en materia territorial, SEDATU, el Registro Agrario Nacional e INSUS son las dependencias con las que más municipios reportan intercambio de información.
Si bien los resultados de las decisiones y prácticas de cada municipio deberían de corresponder a sus necesidades específicas; es importante destacar las necesidades de un desarrollo de conocimientos y capacidades para la toma de decisiones de los gobiernos locales, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, con la finalidad de anticipar las tendencias hacia la concentración en zonas urbanas de la población, en especial ante las nuevas dinámicas y retos en materia de vivienda.
Aunque en muchos municipios ya se han hecho mejoras en infraestructura y servicios básicos, hay diferencias grandes entre los estados y faltan avances importantes en temas como transporte, empleo y coordinación entre autoridades.
En algunas ciudades, especialmente turísticas o con alto valor patrimonial, la llegada de nuevos grupos ha desplazado a la población originaria. Este fenómeno se ha intensificado por nuevas dinámicas urbanas y requiere un análisis más profundo. La gentrificación, financiarización y la turistificación han transformado el mercado de vivienda en ciudades mexicanas, beneficiando a personas con mayor poder adquisitivo y desplazando a hogares de menores ingresos hacia zonas periféricas, lo que reduce su acceso a servicios y oportunidades.
El fenómeno es más marcado en áreas centrales con predominio de viviendas en renta, como en la CDMX, donde se ha incrementado el costo de las rentas, la incidencia de desalojos y el desplazamiento de población residente. Destinos turísticos, como San Miguel de Allende, muestran altas tasas de renta turística en viviendas del centro. Estas dinámicas aumentan desigualdades urbanas y crean enclaves privilegiados. Desde este complejo panorama, es importante que la PoNV, considere una visión interseccional, que contempla la diversidad cultural, lingüística y territorial, así como las brechas estructurales que se reflejan en los marcos normativos, de los diferentes niveles de gobierno, para el acceso y la protección plena del DHVA.
Expansión Urbana
Se identifica que la expansión urbana desordenada y de baja densidad, en la que el crecimiento superficial excede al crecimiento poblacional, ha generado urbanización de suelo agrícola, pérdida de valor ambiental, segregación socioespacial y aumento del gasto municipal en servicios. Este proceso ha acentuado las desigualdades regionales, explotado recursos naturales y provocado la degradación de ecosistemas, con impactos negativos en las dinámicas económicas, sociales e institucionales del desarrollo en México.
Para atender esta problemática se propone como cuarto objetivo impulsar un ordenamiento territorial justo y sostenible bajo principios de equidad y justicia, a fin de garantizar a la población el acceso efectivo a una vivienda adecuada.
De acuerdo con la ENOT, México ha experimentado una transformación territorial que revela contradicciones en su modelo de desarrollo urbano (SEDATU, 2020a). El país cuenta con 1.96 millones de km², de los cuales sólo 1.2% corresponde a asentamientos humanos, mientras que 98.8% son zonas agrícolas, naturales y cuerpos de agua. Se estructura en 32 entidades, 2,478 municipios y más de 179,000 localidades, lo que exige una planeación multiescalar, coordinada y diferenciada (INEGI, 2024a).
La PoNV desvinculada de una visión integral del territorio, contribuyó a este proceso, como ejemplo, hasta 2018, se estimó que sólo 8.0% de las más de 2.2 millones de viviendas construidas entre 2014 y 2017 con financiamiento de los ONAVI estuvieron localizadas en zonas urbanas plenamente consolidadas, mientras que las demás se ubicaron en zonas periurbanas, desconectadas de fuentes de empleo, equipamiento, servicios urbanos y redes de transporte (SEDATU, 2021).
En este sentido, como ya se ha comentado, las ciudades mexicanas se han expandido con grandes bloques de asentamientos humanos irregulares y aún sin acceso a servicios, en los que muchas personas viven sin escrituras: el INSUS calcula que hay 7.5 millones de lotes sin regularización, lo que afecta a más de 20 millones de personas. Sólo 869 municipios (35%) tienen predios registrados en el Registro Público (INEGI, 2023a). Urbanizar en zonas periféricas cuesta entre 4 y 8 veces más (INSUS, 2020), y casi 20% de estos lugares tiene alta marginación (INSUS, 2025).
Estos datos reflejan una problemática estructural agravada por la limitada capacidad de planeación municipal. Con información de la SEDATU, se resalta que: Sólo 30.6% de los municipios tienen Programa Municipal de Ordenamiento Territorial vigente, 60% de estos programas fueron elaborados hace más de 10 años, y sólo 29 de 92 zonas metropolitanas tienen programa de ordenamiento aprobado (DOF, 2025a).
Las limitaciones en el desarrollo de instrumentos de planeación exponen a las comunidades que son vulnerables ante desastres naturales y problemas ambientales. Estos sucesos provocan daños materiales, pérdidas humanas y afectan nuestra calidad de vida, economía y cultura, tanto para las personas como para los gobiernos. Según el INEGI, en México hay más de 14,000 asentamientos ubicados en zonas de riesgo, y el INSUS calcula que 29% de estos lugares pueden sufrir deslaves o inundaciones (DOF, 2025b). Esto ha causado cientos de muertes y miles de viviendas dañadas.
La ocurrencia de estos desastres se asocia con la ausencia de planeación integral y con deficiencias en los procesos de ordenamiento urbano. Por eso, es fundamental que todas las personas y autoridades participen en acciones de prevención y Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD), con la finalidad de construir comunidades más seguras y sustentables.
El crecimiento desordenado de las ciudades ha incidido en la movilidad urbana y en el medio ambiente. Actualmente, 0.81% de la población de 3 años y más que asiste a la escuela, y 2.57% de quienes acuden a su lugar de trabajo, pasan más de dos horas al día en traslados (INEGI, 2020). La inversión en transporte público es baja (sólo 14% en 2017, según el ITDP) incrementando la dependencia del transporte privado y la emisión de contaminantes. Existe también falta de coordinación entre gobiernos: sólo 17 de 70 comisiones metropolitanas funcionan bien, muchos municipios no saben sus responsabilidades en zonas compartidas, y varios programas federales no trabajan juntos con los locales (SEDATU, 2024).
Sin embargo, los gobiernos municipales, quienes son los principales responsables del desarrollo urbano, enfrentan limitaciones estructurales. Sólo 33% cuenta con un plan de desarrollo urbano, 11% tiene programa de regularización de tenencia de tierra y 21% posee Atlas de Riesgos (INEGI, 2023). Estas limitaciones se atribuyen a cortos periodos de gestión, restricciones institucionales y falta de conocimiento de criterios oficiales de planeación.
Estas problemáticas evidencian la importancia de incorporar un enfoque integral que articule el acceso a la vivienda, desarrollo urbano compacto, movilidad sostenible, salud pública y sostenibilidad ambiental. El ordenamiento territorial en México debe transformarse con una visión amplia y participativa para reducir desigualdades, haciendo de la vivienda adecuada un eje del territorio. Una operación coordinada entre los actores del SNV, lo cual es clave para reducir desigualdades y fomentar prácticas urbanas sustentables.
La ENOT ya ha impulsado a que el Estado mexicano asuma un papel central en la gestión territorial y urbana, asegurando que las decisiones sobre el uso del territorio prioricen el interés colectivo por encima de las dinámicas del mercado; las acciones para su cumplimiento, y su interrelación con el PNV 2026-2030, deberán de ser ejes para consolidar el objetivo central planteado para este apartado.
Visión de largo plazo
Para 2030 el gobierno del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, busca que la mayoría de la población, en especial los grupos en SV tengan acceso a una vivienda adecuada, reduciendo el déficit habitacional y mejorando la calidad y los materiales. Se plantea aumentar la producción de vivienda accesible para todos los niveles de ingreso. Hacia 2055, la visión es lograr que la vivienda sea clave para el desarrollo sostenible, la igualdad y la inclusión:
- Acceso universal: El acceso a vivienda adecuada estará garantizado para toda persona, independientemente de su ingreso o condición. La vivienda fomentará la cohesión social.
- Desarrollo urbano sostenible: Las ciudades serán más compactas y equitativas, con viviendas integradas a servicios y planeación territorial participativa que prevenga asentamientos irregulares y proteja el ambiente.
- Coordinación institucional: Habrá una sólida organización intersectorial y participación ciudadana efectiva en políticas de vivienda, con marcos normativos actualizados.
- Financiamiento inclusivo: Instituciones públicas, privadas y sociales desarrollarán mecanismos flexibles que respondan a diversas necesidades y modalidades de vivienda.
- Reducción de disparidades: Se cerrarán brechas regionales históricas, sobre todo en el sur, mediante inversiones y políticas adecuadas al contexto local.
Esta visión reconoce la vivienda adecuada como pilar del bienestar y la equidad. Para alcanzar esta visión, se han planteado la necesidad de impulsar los siguientes Proyectos Prioritarios relacionados para garantizar el acceso a la vivienda adecuada, y la eficiencia energética, con especial atención a la población en SV, descritos en las Ilustraciones 1 y 2.
- Vivienda para el Bienestar. El Compromiso 48, República con acceso a vivienda, contempló inicialmente la construcción de 1 millón de viviendas, meta que a la fecha de elaboración del presente se amplió a 1.8 millones, además de 1.8 millones de apoyos y créditos para mejoramiento. El Compromiso 49 impulsa la escrituración de 1 millón de viviendas y lotes. Ambos se realizan mediante la coordinación de SEDATU, CONAVI, INSUS, FOVISSSTE, SHF e INFONAVIT, junto con gobiernos estatales y municipales.
Como se ha comentado, para cumplir estas metas se distribuyó la construcción de viviendas entre las instituciones: 500 mil para CONAVI, 1 millón 200 mil para INFONAVIT, 100 mil para FOVISSSTE, y aunque no se contabilice dentro de la meta del PVB, se entregarán por parte de SHF 100 mil créditos para facilitar la construcción de vivienda. El Compromiso 50 se vincula al Plan Integral para el Oriente del Estado de México, que forma parte del Programa de Mejoramiento Urbano. El PVB busca atender a personas tradicionalmente excluidas de los esquemas de financiamiento, como mujeres jefas de hogar, jóvenes, personas indígenas, con discapacidad o sin seguridad social. Se prioriza a los hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos, a través de esquemas de vivienda nueva, renta con opción a compra y regularización.
A diferencia de modelos previos centrados solamente en la lógica financiera, este programa coloca en el centro el DHVA y la atención social y territorial. Incorpora criterios basados en los siete elementos de la vivienda adecuada, articulando acciones con políticas urbanas, de bienestar y de desarrollo territorial.
· Energía y sustentabilidad: El Compromiso 72 establece la instalación de paneles solares en viviendas del norte del país, promoviendo la autosuficiencia energética y la transición hacia energías limpias adaptadas al contexto regional.
· Plan México. Busca impulsar la prosperidad compartida y consolidar a México como potencia económica sostenible. Incluye: Industrialización con inclusión y sustitución de importaciones en sectores estratégicos; crecimiento económico con bienestar y reducción de desigualdades; educación y ciencia como motores de desarrollo; inversión territorial con parques industriales, Polos de Bienestar y un plan con trenes de pasajeros y carga; transformación digital y simplificación administrativa; sostenibilidad ambiental y seguridad hídrica, incluyendo energías renovables y tecnificación del riego; seguridad y certeza jurídica para la inversión. (Presidencia de la República, 2025a).
· Plan Integral para el Oriente del Estado de México. Atiende zonas con rezago social y déficit de servicios públicos. Contempla: Infraestructura básica rehabilitación de agua potable, drenaje, pavimentación y luminarias; vivienda apoyos directos de $40,000 a más de 100 mil familias, regularización de predios y congelamiento de deudas hipotecarias; movilidad: extensión del Trolebús Elevado y nuevos sistemas como Cablebús. (Presidencia de la República, 2025b).
· Zonas de Paz. Mejora la calidad de vida en comunidades en SV mediante acciones de distintas dependencias del gobierno federal a lo largo del territorio nacional.
· Trenes de pasajeros. La construcción de nueva infraestructura de transporte busca integrar regiones, impulsar el desarrollo económico y fomentar la planeación urbana sostenible, acompañada de soluciones habitacionales.
· Retorno Humanitario. Facilita la reintegración de personas migrantes con acceso a vivienda adecuada y certeza jurídica. Se priorizan entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Michoacán de Ocampo y México.
· Reconstrucción por Huracán John. Busca reubicar familias en zonas de alto riesgo y reconstruir viviendas dañadas. Ya se han iniciado obras de reconstrucción en lote propio y se avanza en la identificación y expropiación de predios viables.
· Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río. Mejora las condiciones de vida en la región del río Balsas, priorizando municipios con necesidad urgente de vivienda nueva. Su implementación se divide en planeación, diagnóstico territorial y ejecución de obras.
· Jornaleros Agrícolas. Programa para mejorar la vida de jornaleros mediante regularización de tierra y acceso a créditos de vivienda nueva o mejoramiento, con coordinación institucional. Reconoce la precariedad habitacional y busca entornos seguros y legales para su inclusión social y laboral.
· Planes de Justicia. Atienden demandas históricas de comunidades indígenas con acciones de restitución de tierras y apoyos para mejoramiento de vivienda.
Contribución desde el PNV 2026-2030 al modelo de desarrollo del Segundo piso de la Cuarta Transformación planteado en el PND 2025-2030
El PNV 2026-2030 se basa en el "Segundo Piso de la Cuarta Transformación" del PND 2025-2030 y considera la vivienda como un derecho humano y eje para reorganizar el territorio con justicia social y sostenibilidad. El objetivo es garantizar viviendas adecuadas para todas las personas, promoviendo igualdad y arraigo comunitario, así como una planeación urbana ordenada y recuperación de espacios.
Este programa busca modificar leyes y normas para facilitar el acceso a viviendas asequibles, conectadas a servicios, empleo e infraestructura, según principios de no discriminación, accesibilidad y equidad. Propone revisar normativas, actualizar criterios técnicos y de financiamiento, y mejorar la coordinación institucional con participación ciudadana. La PoNV debe usar criterios flexibles y acciones integrales para que grupos en SV accedan a financiamiento y protección legal en cualquier contexto.
8. Participación y consulta ciudadana La SEDATU, reconociendo el artículo 26 constitucional, organizó tres foros de consulta participativa (CDMX, Mérida, La Paz) para el PNV 2026-2030, en el marco de la Agenda Territorial Participativa. Estos encuentros abordaron ordenamiento territorial, vivienda adecuada, movilidad, espacios públicos y desarrollo agrario, enfatizando la diversidad territorial.
El primer encuentro, en la zona centro se llevó a cabo el 9 de mayo de 2025 en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente, en la región sur, el Foro se realizó el 22 de mayo de 2025 en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, ubicado en la ciudad de Mérida. Finalmente, en la región norte, la sede fue el Centro de Convenciones La Paz, en la ciudad de La Paz, estado de Baja California Sur, donde el encuentro tuvo lugar el 5 de junio de 2025. (SEDATU, 2025a).
Las consultas participativas organizadas por la SEDATU para la elaboración del PNV 2026-2030, reunieron a diversos sectores para discutir los diferentes temas. Se recibieron propuestas de los sectores público, académico, social y privado, ampliando el alcance de la consulta. Los foros resaltaron la necesidad de una perspectiva interseccional que considere condiciones culturales, climáticas, familiares y territoriales, vinculando la vivienda al hábitat, suelo, servicios y vida comunitaria, y cuestionando nociones tradicionales de habitabilidad, así como la necesidad de coordinación interinstitucional, financiamiento inclusivo, enfoque de derechos humanos y ordenamiento territorial justo.
Cada sector aportó sus perspectivas sobre los retos y soluciones, coincidiendo en la urgencia de una política de vivienda más justa, sostenible y participativa, el detalle de las aportaciones puede ser consultado en el Cuadro 9.
Considerando que el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 4o. de la CPEUM y en diversos instrumentos internacionales vinculantes, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11o.) y la Observación General No. 4 del Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; este reconocimiento implica que la obligación del Estado trasciende la mera provisión de un techo; debe promover, respetar, proteger y garantizar las condiciones necesarias para que toda persona acceda a un espacio seguro, digno, con servicios básicos, y vinculado al desarrollo social, económico y ambiental del territorio.
La PoNV, por lo tanto, debe adoptar un enfoque de bienestar que aborde tanto la disposición de un mayor y mejor parque habitacional, como la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación y la adecuación cultural.
La vivienda es un componente esencial para el bienestar y el desarrollo humano, y su garantía es indispensable para la cohesión social y la reducción de las desigualdades.
Si bien, en materia de financiamiento; durante el sexenio anterior se registraron avances, iniciando con un cambio de enfoque; y también con la articulación de acciones desde la coordinación de la SEDATU con los ONAVI como fueron la suspensión de juicios masivos y de desalojos de vivienda; todo ello alineado con los mandatos presidenciales lo cual permitió visibilizar diferentes necesidades y formas de producir vivienda.
No obstante, persiste la necesidad de consolidar mecanismos de gobernanza coordinada con los distintos órdenes de gobierno, lo que permitiría generar intervenciones integrales, para impulsar mecanismos que garanticen el acceso efectivo a la vivienda a todos los sectores poblacionales. En este sentido, el PVB constituye un ejemplo de articulación de objetivos y metas nacionales comunes.
El análisis de la dimensión normativa expone que no existe una integración, lo cual se representa en la ausencia de un enfoque basado en derechos humanos. La limitada actualización de los reglamentos de construcción o del código de edificación de vivienda y la falta de obligaciones claras generan un marco regulatorio que no reconoce la diversidad de necesidades habitacionales.
El ordenamiento territorial, así como las brechas entre las capacidades de los gobiernos locales, se constituyen como otra causa crítica. Las limitaciones en la planificación territorial, la deficiente regularización del suelo, el crecimiento urbano desordenado y la ocupación de zonas de alto riesgo configuran un escenario que vulnera especialmente a las poblaciones de menores recursos. La expansión de asentamientos informales y la falta de planificación efectiva impiden el acceso a suelo urbano seguro y servicios básicos.
Las dimensiones ambientales revelan otra capa de complejidad: ausencia de mecanismos de construcción ecológicos, falta de incentivos para la sustentabilidad y desigualdad en la aplicación de normativas ambientales, generan un modelo habitacional que no considera la relación entre hábitat y medio ambiente.
El alto costo del suelo y de las viviendas, la insuficiente diversidad de mecanismos de financiamiento y la baja rentabilidad para el sector privado en vivienda social generan un mercado habitacional excluyente. La falta de financiamiento accesible y la ausencia de regulación en la fijación de precios afectan a quienes más necesitan de una vivienda adecuada; adicionalmente la ausencia de espacios de cuidado y reconocimiento de la diversidad limita el ejercicio de este derecho, por lo que se establecen los siguientes objetivos:
| Objetivos del Programa Nacional de Vivienda 2026-2030
|
| 1.- Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, los ONAVI y los sectores social y privado. |
| 2.- Reducir el déficit habitacional que afecta a la población con bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad social, para que pueda acceder a una vivienda adecuada. |
| 3.- Impulsar la armonización de los marcos normativos para incorporar enfoques de derechos humanos, sostenibilidad y perspectiva de género. |
| 4.- Impulsar un ordenamiento territorial justo y sostenible bajo principios de equidad y justicia, a fin de garantizar a la población el acceso efectivo a una vivienda adecuada. |
9.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, los ONAVI y los sectores social y privado. Las acciones planteadas en este objetivo responden a problemáticas identificadas en el diagnóstico, particularmente en lo relativo a la limitada coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y sectores involucrados en el desarrollo de vivienda. El análisis de la situación actual revela que gran parte de los retos derivan de la falta de comunicación interinstitucional, de la ausencia de sistemas de información compartidos y de la escasa coherencia en las acciones implementadas.
En el sexenio anterior se impulsaron estrategias nacionales orientadas a mejorar la atención de la población considerando sus contextos específicos, como el desarrollo de productos financieros para la autoproducción y mejora de vivienda. Estas acciones se diseñaron y ejecutaron conforme a los objetivos institucionales de cada ONAVI; sin embargo, persiste el reto de priorizar la atención hacia los grupos poblacionales con mayores desventajas.
Históricamente, algunos sectores de la población no han podido asegurar la tenencia de sus viviendas debido a la imposibilidad de cubrir los créditos, lo que ha impedido la liquidación de las deudas. Ello evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de vivienda y de revertir las condiciones en que el mercado definía la producción habitacional de manera masiva, en ubicaciones inadecuadas, a precios elevados y sin mecanismos claros de orientación y protección para los derechohabientes.
En 2010, INEGI cuantificó por primera vez las viviendas deshabitadas en México, diferenciándolas de las de uso temporal y vacacional. De un total de 35,617,724 viviendas particulares, 4,997,806 (14%) estaban deshabitadas y 2,012,350 (6%) eran de uso temporal, lo que resultó en un 20% del parque habitacional desocupado. Para 2020, la cifra de viviendas deshabitadas aumentó en 23.2% en comparación con 2010, alcanzando 6,155,682 unidades (INEGI, 2020a). Las viviendas abandonadas, a diferencia de las deshabitadas, son aquellas en las que el deudor perdió tanto el crédito del INFONAVIT como la propiedad, aunque su definición legal sigue siendo compleja.
Frente a estos desafíos, es indispensable fortalecer la coordinación entre los ONAVI, el INSUS y los gobiernos locales, así como promover la investigación aplicada y el diseño de intervenciones específicas. En este sentido, las acciones del objetivo 1 se orientan a implementar mecanismos institucionales coordinados y a consolidar alianzas intersectoriales con el fin de reducir la fragmentación en la atención de los problemas de vivienda. Esto permitirá mejorar la eficiencia y efectividad de las intervenciones y fomentar el intercambio de información clave para la toma de decisiones.
El objetivo también implica el compromiso de los tres órdenes de gobierno para garantizar la disponibilidad de suelo adecuado, bien ubicado y con acceso a servicios y oportunidades, en el marco de la construcción de nuevas comunidades. Asimismo, se contempla el establecimiento de un sistema nacional unificado de información sobre demanda y oferta de vivienda, con el propósito de superar la carencia de datos confiables y accesibles que ha limitado la planificación estratégica.
Dentro de estas acciones se incluyen mecanismos de investigación y diseño de intervenciones específicas, como la recuperación de viviendas problematizadas y el apoyo a viviendas en zonas de riesgo, lo cual contribuye a atender áreas críticas que afectan directamente el bienestar de las personas. Estas medidas se suman a otras estrategias nacionales en curso, como la política de vivienda social impulsada por el Gobierno Federal desde un enfoque de bienestar, que se acompaña de un aumento representativo en el presupuesto asignado. Entre 2018 y 2023, la política de vivienda en México evolucionó mediante la expansión de programas y el crecimiento presupuestal destinado a su atención.
En este contexto, el PVB busca coadyuvar en el acceso a una vivienda adecuada para los sectores más vulnerables de la población. Durante el sexenio, se estima una inversión superior a 1.09 BDP, que generará una derrama económica aproximada de 1.1 BDP. El programa pretende fomentar la inclusión social, el arraigo comunitario, la equidad territorial y la generación de empleos, y se articula con otras estrategias del gobierno federal para ampliar su alcance, con énfasis en regiones con altos niveles de rezago social.
Un ejemplo adicional lo constituyen las reformas a la Ley del INFONAVIT. Estas reformas, desde una perspectiva institucional, fortalecen la función social del instituto y representan una modificación de gran alcance en la PoNV. Sus componentes esenciales incluyen la supresión de intermediarios, la atribución directa para la construcción de vivienda asequible y la instrumentación de un esquema de arrendamiento social con opción a compra. En lugar de limitarse a facilitar créditos en un mercado expuesto a la especulación, el INFONAVIT ahora interviene directamente en la oferta habitacional, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de vivienda asequible y mitigar los efectos de la especulación inmobiliaria.
Finalmente, es importante destacar que el presupuesto federal destinado a la vivienda ha experimentado un incremento del 200.4% entre 2018 y 2025, lo que posiciona la política de vivienda como una prioridad nacional. La tendencia al alza en el presupuesto ejecutado frente al aprobado, observada desde 2020, ha permitido consolidar marcos operativos y financieros y dar respuesta a coyunturas de emergencia, como la crisis sanitaria, además de impulsar nuevas directrices de política pública como la expansión de programas sociales de vivienda. Véase Gráfico 9.
9.2 Relevancia del objetivo 2: Reducir el déficit habitacional que afecta a la población con bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad social, para que pueda acceder a una vivienda adecuada. La atención de las problemáticas identificadas en el diagnóstico se relaciona con el limitado acceso a financiamiento adecuado para los sectores de bajos ingresos, la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales y la insostenibilidad de viviendas y asentamientos humanos. A ello se suma un déficit acumulado de vivienda derivado de la baja producción de vivienda social asequible. Desde 2015 se observa una caída sostenida en la producción de este tipo de vivienda, situación agravada por la insuficiencia de oferta dirigida a los hogares con menos ingresos (INFONAVIT, 2025).
Los ONAVI enfrentan retos importantes en materia de financiamiento, especialmente por la generación de créditos impagables. En 2024, el FOVISSSTE reportó $45,543 MDP en cartera con riesgo y una morosidad del 9.4%. Aunque se creó una reserva de $3,006 MDP para reestructuras, los resultados han sido limitados(16).
Por su parte, el INFONAVIT busca apoyar a 4 millones de personas afectadas por créditos difíciles de pagar mediante estrategias que eviten la pérdida de sus viviendas. El reto es aplicar estas medidas de manera justa y efectiva, sin comprometer la estabilidad institucional. Otra dimensión que, requiere de atención, está vinculada al DHVA es la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de los hogares adquiridos a través de créditos. Se estima que aún existen viviendas adquiridas entre 1972 y 2007 mediante créditos del INFONAVIT que no cuentan con título de propiedad regularizado (INFONAVIT, 2025). Este rezago, histórico y estructural, no solo limita el acceso formal a la vivienda, sino también reduce el desarrollo patrimonial y la movilidad social de millones de familias.
La inadecuación de los productos de crédito frente a las condiciones de mercado y a las necesidades de los grupos constituye otro reto importante. Pese a la implementación de nuevos esquemas y mecanismos, el FOVISSSTE no ha respondido suficientemente a las necesidades de quienes tienen ingresos más bajos. Los montos de financiamiento prácticamente no han cambiado, lo que frente al incremento en el valor de la vivienda reduce la capacidad adquisitiva real de la población.
En este mismo sentido, los créditos otorgados por el INFONAVIT y FOVISSSTE antes de 2019 generaban una carga excesiva para los derechohabientes debido a altas tasas de interés y a esquemas que incrementaban los saldos calculados en unidades de medida indexadas a la inflación. Por ello resulta necesario revisar las condiciones de estos créditos y promover soluciones ágiles como disminución de tasas, el congelamiento de saldos, quitas, reestructuras, condonación de intereses.
La SHF reporta que, entre 2019 y 2024, el 45.7% de las acciones financiadas se concentraron en estados con muy baja y baja inclusión financiera, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero(17). Sin embargo, persisten barreras para que este financiamiento se traduzca en acceso real a vivienda adecuada en dichas entidades. El reto es asegurar que los créditos inducidos y las garantías otorgadas beneficien directamente a las familias en SV, evitando la intermediación que privilegian los mercados más rentables. Para lograrlo, La inclusión financiera, en este contexto, debe acompañarse de mecanismos de acompañamiento técnico, educación financiera y vinculación con desarrolladores locales, especialmente en regiones indígenas y rurales.
Actualmente, el RH representa el 21.9% de las viviendas en México, lo que significa una disminución de 5.4 puntos porcentuales entre 2019 y 2024 (CONAVI, 2025a). Este avance evidencia progresos, pero también la necesidad de impulsar más opciones de vivienda sustentable, especialmente para la población de menores ingresos, ello requiere esquemas de asistencia técnica, subsidios y sensibilización sobre los beneficios económicos y ambientales de la vivienda sustentable.
Estos desafíos demandan una acción estratégica, coordinada y con alto contenido social por parte de los ONAVI, articulada con el nuevo mandato de construir un sistema de vivienda con orientación social que materialice el DHVA en México. Las estrategias bajo este objetivo incluyen el impulso de esquemas de financiamiento para jóvenes, mujeres y grupos vulnerables, así como la promoción de mecanismos intergubernamentales que garanticen vivienda asequible en zonas con infraestructura. Estas medidas buscan cerrar brechas históricas en el acceso a la vivienda adecuada, particularmente entre la población derechohabiente que percibe menos de dos salarios mínimos y que ha enfrentado mayores dificultades para ejercer este derecho.
En este marco, se considera necesario fortalecer a la SHF como la institución encargada de facilitar el financiamiento sustentable e integrar criterios de sostenibilidad ambiental y participación comunitaria a los programas de vivienda, además de dar continuidad a la estrategia de autoproducción. Este esquema permite ampliar el acceso a la vivienda con o sin apoyo gubernamental. Para ello es fundamental consolidar el financiamiento de los ONAVI en esta modalidad, respondiendo tanto a la realidad social como a los compromisos del sexenio, que priorizan nuevas construcciones y mejoramiento de las viviendas existentes.
Las líneas de acción propuestas, como incrementar la participación de los ONAVI en el financiamiento, regular los intereses excesivos y promover esquemas de autoproducción asistida, son relevantes para mitigar las barreras económicas que enfrentan los hogares de bajos ingresos, y otros grupos en SV. Asimismo, el desarrollo de programas de renta social y la generación de mecanismos para la donación de suelo posibilitan un entorno más equitativo y accesible para estas poblaciones.
Finalmente, un factor clave para la implementación es el fortalecimiento institucional de los ONAVI. El aumento de los recursos financieros debe traducirse en mayores capacidades operativas y en la reestructura institucional necesaria para garantizar el cumplimiento de las acciones previstas en este objetivo.
9.3 Relevancia del objetivo 3: Impulsar la armonización de los marcos normativos para incorporar enfoques de derechos humanos, sostenibilidad y perspectiva de género. Este objetivo busca abordar las problemáticas identificadas en el diagnóstico relacionadas con la necesidad de armonizar los marcos legales y de actuación para garantizar el acceso a una vivienda adecuada, reforzando la protección y el acceso de la población que es afectada de forma diferenciada.
El diagnóstico identificó que la legislación y la actuación de los distintos niveles de gobierno y sectores vinculados con la vivienda se han desarrollado con enfoques poco integrales e inconsistentes, lo que ha generado desigualdades en el acceso a una vivienda adecuada, particularmente entre los grupos en SV.
En México, el ejercicio en derechos humanos continúa enfrentando importantes desafíos, particularmente a personas históricamente excluidas: migrantes, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, población LGBTIQ+, personas mayores y damnificadas por desastres.
A pesar del marco normativo que los garantiza, su cumplimiento es aún desigual. En materia de vivienda, la CNDH ha identificado una serie de incumplimientos recurrentes que vulneran el DHVA, reconocida por instrumentos internacionales como el PIDESC y por la CPEUM en su artículo 4o.
Las principales demandas que atiende la CNDH se relacionan con la falta de seguridad jurídica en la tenencia, la ausencia de escrituras aun tras la liquidación de créditos hipotecarios, desalojos arbitrarios y el incumplimiento del Estado en brindar soluciones habitacionales a personas damnificadas por desastres socioambientales.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos, el derecho a la seguridad jurídica es el segundo más vulnerado con 16,736 casos; seguido por el derecho a la igualdad (2,243), a la orientación (365), a la propiedad o posesión (97) y al derecho específico a la vivienda (11) (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2025).
La magnitud de estas problemáticas se refleja en que, de acuerdo con la ENIGH 2024, el 26.2% de las viviendas propias o en proceso de pago carecen de escrituras, lo que limita el derecho a la seguridad en la tenencia. Aunado a esto, del total de viviendas del país (38.3 millones), 2.15% se encuentran intestadas o en litigio (ENIGH, 2024), en este sentido la CDMX es la entidad federativa con mayor porcentaje de viviendas intestadas o en litigio, con 120,915 viviendas en ese estado (14.65% del total) (ENIGH, 2024).
Esto expone a las familias a juicios, conflictos legales e incluso pérdida de su patrimonio, acentuando la desigualdad habitacional. En la CDMX, por ejemplo, los movimientos sociales han denunciado el incremento de desalojos forzosos y la gentrificación. En relación, la CDMX es la entidad federativa con mayor porcentaje de viviendas intestadas o en litigio, con 120,915 viviendas en ese estado (14.65% del total) (ENIGH, 2024).
Las limitaciones para el acceso al DHVA se agrava frente a fenómenos naturales y sociales. En 2023, los desastres dejaron daños y pérdidas por 88,910 MDP -equivalentes al 0.3% del PIB en ese año- y provocaron 984 muertes, un incremento de 98% respecto a 2022 (CENAPRED, 2023). Los fenómenos hidrometeorológicos fueron responsables del 52.2% de los decesos, mientras que los eventos de origen socio-organizativo concentraron el 34.5%. Más recientemente, tras el paso del huracán John en 2024, se levantó un censo en 66 municipios que documentó 153,723 hogares afectados, de los cuales 143,484 correspondieron a Guerrero -con 64,930 en Acapulco- y 10,239 a Oaxaca. (Bienestar, 2024).
Estos datos evidencian que, aunque el derecho a la vivienda se reconoce como una categoría autónoma, su ejercicio se encuentra intrínsecamente vinculado a otros derechos, de manera que su vulneración suele estar relacionada con la afectación de estos.
El objetivo 3 y sus líneas de acción responden a estas problemáticas desde diferentes frentes. En primera instancia, se suscribe dentro de una garantía de derechos humanos: la armonización de marcos normativos es esencial para garantizar el reconocimiento y cumplimiento del DHVA, fortaleciendo la base legal y operativa para atender a las personas en SV.
Asimismo, se hace énfasis en la atención a grupos vulnerables; incluyendo la implementación de criterios diferenciados y el diseño de mecanismos específicos, como la condonación de deudas hipotecarias impagables, las cuales abordan las barreras que enfrentan sectores marginados en el acceso equitativo a la vivienda.
La protección contra desplazamientos es otra estrategia fundamental. Las acciones enfocadas en la regularización del suelo y en la prevención de desalojos forzosos refuerzan la seguridad jurídica para las comunidades, especialmente en zonas con alto riesgo de desplazamiento.
En conjunto, esto apoyará a la sostenibilidad y cohesión social al priorizar la protección y regularización de quienes enfrentan vulnerabilidades específicas, lo cual representa un paso crucial para la construcción de un sistema de vivienda más justo, equitativo y alineado con los principios de derechos humanos, respondiendo directamente a las problemáticas identificadas en el diagnóstico del PNV 2026-2030.
9.4 Relevancia del objetivo 4: Impulsar un ordenamiento territorial justo y sostenible bajo principios de equidad y justicia, a fin de garantizar a la población el acceso efectivo a una vivienda adecuada. Este objetivo busca promover un ordenamiento territorial que garantice un crecimiento urbano y rural basado en principios de equidad, resiliencia y derechos humanos. Esto se logrará mediante la participación social y la regulación efectiva del uso del suelo, asegurando que toda la población tenga acceso a una vivienda adecuada.
La vivienda está anclada a su contexto físico y, por ello, está inmersa en las dinámicas sociales y ambientales del territorio en el cual está emplazada. En otras palabras, una vivienda va más allá de las "cuatro paredes", ya que muchos de los factores que definen a una vivienda como "adecuada" se relacionan con las condiciones materiales del entorno en el que se encuentra. Es por ello que, una vivienda no puede ser adecuada si, por ejemplo, se encuentra en una zona de riesgo, no dispone de los servicios públicos necesarios para garantizar la salud de los habitantes, o su entorno no ofrece oportunidades de empleo y educación.
De ahí que cobran tanta importancia los instrumentos de ordenamiento territorial y la gestión integral del suelo. Sin embargo, para 2022, 44.32% del total de los municipios en México no contaba con ningún tipo de instrumento de planeación territorial (INEGI, 2023). Esto, aparte de expresar un déficit importante de instrumentos de ordenamiento territorial, se traduce en diversas consecuencias en el territorio.
Una de ellas es la falta de acceso a suelo bien ubicado, lo que empuja a los habitantes urbanos a localizar sus viviendas en zonas de riesgo, en las cuales, para 2022, se localizaban 14,417 asentamientos humanos (INEGI, 2023). La carencia de servicios básicos es otra consecuencia importante. Todo esto contribuye a procesos de segregación socioespacial y RH, al tiempo que erosiona el papel del Estado en la rectoría del desarrollo urbano (ENSUELO, 2023).
El crecimiento urbano disperso, desordenado y con baja densidad, que se ha desarrollado principalmente en suelo informal o irregular, responde también a un incremento especulativo del valor del suelo, el cual privilegia la lógica de mercado sobre el bienestar colectivo. El precio de un terreno para vivienda resulta inalcanzable para amplios sectores sociales: para quienes ganan hasta tres salarios mínimos, adquirir un lote implica destinar el ingreso de 10 años, y para quienes ganan hasta dos salarios mínimos, el plazo se extiende a 85 años (ENSUELO, 2023, p. 6).
Por ende, es necesario desarrollar instrumentos flexibles que reconecten el valor del suelo con su función social, para una gestión territorial más equitativa y sustentable. Para ello, se requiere fortalecer significativamente las capacidades institucionales.
El diagnóstico reconoce como un reto la falta de capacidades técnicas, financieras y jurídicas en los gobiernos estatales y municipales para el ordenamiento territorial y la gestión de suelo. Además, existen riesgos vinculados con la falta de normatividad actualizada, la inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y la falta de coordinación intergubernamental.
En las estrategias de este objetivo, se busca actualizar y armonizar los instrumentos de ordenamiento ecológico y urbano, con un enfoque transdisciplinar y que considere la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, integrando perspectivas de sostenibilidad ambiental, justicia social y participación comunitaria.
Con ello, se busca fortalecer a las instituciones y la capacidad de los gobiernos locales para una gestión territorial sustentable y enfocada en derechos humanos, que logre incrementar la oferta de suelo bien localizado para la vivienda, atendiendo a las problemáticas identificadas por quienes habitan estos territorios.
Reducción de desigualdades: Al establecer principios de equidad en la planeación territorial, se contribuirá directamente a disminuir las desigualdades en el acceso a vivienda adecuada, especialmente en zonas marginadas.
Fortalecimiento de la resiliencia: Mediante la regulación del uso del suelo y la integración de principios ambientales, se reducirá el riesgo de afectaciones por desastres naturales y se promoverá la sostenibilidad de los entornos habitables.
Participación social: La planeación participativa dará voz a las comunidades afectadas y garantizará que las decisiones tomadas reflejen las necesidades y prioridades locales, fomentando la cohesión social.
Protección legal: La armonización de instrumentos normativos reforzará la seguridad jurídica para las comunidades y la regulación del suelo, previniendo desalojos ilegales forzosos y promoviendo la regularización del suelo.
El impacto del objetivo será transformador, ya que no solo responde a las problemáticas identificadas en el diagnóstico, sino que también establece un marco para el desarrollo sostenible y la cohesión social en los próximos años. Al garantizar que las comunidades vulnerables sean priorizadas en el ordenamiento territorial, se avanza hacia un sistema más justo y equitativo en el ámbito de la vivienda.
9.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda 2026 - 2030 En congruencia con los objetivos, estrategias y metas del PND 2025-2030, la SEDATU ha asumido el compromiso de atender los problemas públicos en materia de vivienda desde una perspectiva integral, en la que el desarrollo, el bienestar y la justicia social constituyan ejes rectores de la transformación nacional. Se reconoce que el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental y un pilar para el desarrollo social, económico y ambiental del país.
| Objetivos del Programa Nacional de Vivienda 2026 -
2030
| Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo 2025 - 2030
| Estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo 2025 - 2030
|
| 1. Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, los ONAVI y los sectores social y privado. | Objetivos 1.1, 2.9, 2.10, 4.4, T2.4, T3.6 del Plan | Estrategias 1.1.1, 1.1.4, 1.1.7, 2.9.2, 2.9.4, 2.9.5, 2.10.4, 4.4.3, T2.4.4, T2.4.5, T3.6.2, T3.6.3 del Plan |
| 2. Reducir el déficit habitacional que afecta a la población con bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad social, para que pueda acceder a una vivienda adecuada. | Objetivos 2.1, 2.2, 2.9, 4.3, 4.4, T1.1, T3.6 del Plan | Estrategias 2.1.2, 2.1.6, 2.2.3, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.5, 4.3.2, 4.4.2, T1.1.1, T1.1.2, T.1.1.3, T1.1.4, T3.6.2, T3.6.3 del Plan |
| 3. Impulsar la armonización de los marcos normativos para incorporar enfoques de derechos humanos, sostenibilidad y perspectiva de género. | Objetivos 1.1, 1.2, 2.9, T1.1, T3.1, T3.2, T3.3, T3.5, T3.6 del Plan | Estrategias 1.1.1, 1.1.2, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, T1.1.3, T3.1.2, T3.2.2, T3.2.3, T3.3.1, T3.5.1, T3.6.2, T3.6.3 del Plan |
| 4. Impulsar un ordenamiento territorial justo y sostenible bajo principios de equidad y justicia, a fin de garantizar el acceso de la población a una vivienda adecuada. | Objetivos 1.1, 2.9, 2.10, T.3 | Estrategias 1.1.1, 1.1.4, 1.1.7, 2.9.1, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3. 2.10.4, T.3.2.1, T.3.3.2 |
Anexos Transversales PEF-PIPP
| Anexo
| S177
Programa de
Vivienda
Social
CONAVI
| P033 Articulación
de la política
nacional de
vivienda
SEDATU
| S213
Programa para
Regularizar
asentamientos
Humanos
INSUS
| P034
Política de
ordenamiento
agrario, territorial y
urbano
SEDATU
|
| Anexo 10 Erogaciones para la implementación del
Desarrollo Integral, Intercultural y Sostenible de los
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
| *
| | *
| *
|
| Anexo 11 Programa Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable
| | | *
| *
|
| Anexo 12 Programa de Humanidades, Ciencias,
Tecnologías e Innovación
| | | | |
| Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres
| *
| *
| | |
| Anexo 14 Recursos para la Atención de Grupos
Vulnerables
| *
| | | |
| Anexo 15 Estrategia Nacional de Transición
Energética
| | | | |
| Anexo 16 Recursos para la Adaptación y Mitigación
de los Efectos del Cambio Climático
| | | | |
| Anexo 17 Erogaciones para el Desarrollo de los
Jóvenes
| *
| | | |
| Anexo 18 Recursos para la Atención de Niñas, Niños
y Adolescentes
| *
| | | |
| Anexo 19 Acciones para la Prevención del Delito,
Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios
Públicos y Promoción de Proyectos Productivos
| | | | |
| Anexo 30 Prevención, Detección, Investigación y
Sanción de Hechos de Corrupción
| | | | |
| Anexo 31 Consolidación de una Sociedad de
Cuidados
| | | | |
10. Estrategias y líneas de acción El PNV 2026-2030 se diseñó para mejorar las condiciones habitacionales de las familias mexicanas, colocando en el centro el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada. Las estrategias de cada objetivo atienden diversas dimensiones: garantizar la accesibilidad y seguridad de la vivienda, fortalecer el marco legal y la planeación territorial para un uso justo del suelo, impulsar alternativas de financiamiento y producción acordes con las tradiciones y culturas comunitarias; y promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible. Con ello, se busca ampliar el acceso a viviendas bien ubicadas, con servicios y oportunidades que favorezcan una vida digna.
En congruencia con el PND 2025 - 2030, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025 - 2030 establece la orientación de las políticas de los sectores territorial, agrario y urbano del Gobierno Federal. El PNV 2026-2030 contribuye directamente al cumplimiento de dichas prioridades, como se detalla a continuación:
| Objetivos del Programa Nacional de
Vivienda 2026-2030
| Objetivos del Programa Sectorial de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2025 - 2030
| Estrategias del Programa Sectorial de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2025 - 2030
|
| 1. Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, los ONAVI y los sectores social y privado. | Objetivo 4. Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a las personas, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información | Estrategia 4.3 Instrumentar procesos de coordinación intra e intergubernamentales para impulsar las políticas territoriales, agrarias y de vivienda |
| 2. Reducir el déficit habitacional que afecta a la población con bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad social, para que pueda acceder a una vivienda adecuada. | Objetivo 3. Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo. | Estrategia 3.1 Coordinar la implementación de acciones e impulso al financiamiento de vivienda adecuada en el territorio nacional, aumentando la diversidad de opciones para toda la población para disminuir el déficit habitacional |
| 3. Impulsar la armonización de los marcos normativos para incorporar enfoques de derechos humanos, sostenibilidad y perspectiva de género. | Objetivo 3. Incrementar el acceso de la población mexicana a una vivienda adecuada que contribuya con su pleno desarrollo. Objetivo 2. Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental | Estrategia 3.5 Consolidar el reconocimiento del derecho humano a una vivienda adecuada a través de la promoción de la armonización normativa para la protección de este derecho para poblaciones vulnerables Estrategia 2.2 Promover la transversalización de los derechos humanos, la participación social, la perspectiva de género e inclusión, la gestión integral de riesgos y el enfoque de cuenca y acuífero en las políticas e instrumentos de ordenamiento territorial |
| 4. Impulsar un ordenamiento territorial justo y sostenible bajo principios de equidad y justicia, a fin de garantizar a la población el acceso efectivo a una vivienda adecuada. | Objetivo 2. Contribuir a la prosperidad de territorios y comunidades, impulsando el ejercicio de derechos, la conservación ambiental y la equidad en el desarrollo mediante políticas integradas de ordenamiento territorial y coordinación intergubernamental | Estrategia 2.1 Impulsar acciones de planeación territorial con enfoque de sistema socioecológico entre las autoridades federales y locales de distintas escalas para garantizar el aprovechamiento de los territorios y la justicia espacial Estrategia 2.4 Promover mecanismos para la gestión del suelo asequible que prioricen su función de bienestar social para la población y equilibrio ambiental Estrategia 2.5 Fortalecer las capacidades adaptativas de los asentamientos humanos ante el cambio climático, a través del ordenamiento territorial, coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, los sectores social y privado; la academia y la población |
El objetivo 1 se relaciona con la realización de la estrategia 4.3 Instrumentar procesos de coordinación intra e intergubernamentales para impulsar las políticas territoriales, agrarias y de vivienda, en la medida en que generará espacios y mecanismos específicos donde los diferentes actores del sector público federal, estatal y municipal colaboren, y acuerden acciones coherentes e integradas entre sí para el desarrollo de la política habitacional.
El objetivo 2 contribuye directamente a la estrategia 3.1 Coordinar la implementación de acciones e impulso al financiamiento de vivienda adecuada en el territorio nacional, aumentando la diversidad de opciones para toda la población para disminuir el déficit habitacional, puesto que consiste en el desarrollo de los mecanismos de financiamiento específicos para la población con menores ingresos y en SV social para la disminución del déficit habitacional, a través de la acción de los ONAVI.
El objetivo 3 se vincula con la estrategia 3.5 Consolidar el reconocimiento del derecho humano a una vivienda adecuada a través de la promoción de la armonización normativa para la protección de este derecho para poblaciones vulnerables, ya que buscará incorporar el enfoque basado en derechos humanos en los instrumentos normativos y operativos que sirven de fundamento para la acción pública en materia de vivienda, de todas las autoridades en los diferentes niveles e instituciones de gobierno, con la intención de que todas las personas estén protegidas en el pleno ejercicio de su derecho a la vivienda mediante un marco regulatorio uniforme y centrado en derechos.
El objetivo 4 contribuye al cumplimiento de la estrategia 2.1 Impulsar acciones de planeación territorial con enfoque de sistema socioecológico entre las autoridades federales y locales de distintas escalas para garantizar el aprovechamiento de los territorios y la justicia espacial.
Asimismo, aporta al logro de la estrategia 2.4 Promover mecanismos para la gestión del suelo asequible que prioricen su función de bienestar social para la población y equilibrio ambiental, mediante la promoción de mecanismos de regulación del suelo para vivienda que permitan aprovechar el territorio y promover un desarrollo equitativo.
Por último, con la Estrategia 2.5 Fortalecer las capacidades adaptativas de los asentamientos humanos ante el cambio climático, a través del ordenamiento territorial, coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, los sectores social y privado; la academia y la población, con la finalidad de vincular el ordenamiento territorial con las necesidades habitacionales de cada territorio.
Objetivo 1. Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, los ONAVI y los sectores social y privado.
Estrategia 1.1 Implementar mecanismos institucionales coordinados entre órdenes de gobierno para garantizar atención integral a la población.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades
responsables de ejecutar la línea de
acción (instituciones coordinadas)
|
| 1.1.1 Establecer mecanismos de colaboración y coordinación entre ONAVI, dependencias federales, estatales y municipales, mediante la suscripción de convenios e instrumentos para formalizar acuerdos en materia de vivienda y regularización del suelo. | CONAVI
FINABIEN
FOVISSSTE
INFONAVIT
INSUS
SEDATU
SHF
|
| 1.1.2 Establecer mecanismos de coordinación entre SEDATU, ONAVI, INSUS y gobiernos estatales y municipales, mediante estrategias de colaboración y participación que faciliten la atención de la población. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
INSUS
SEDATU
|
| 1.1.3 Fortalecer los mecanismos de comunicación y atención a la población derechohabiente o beneficiaria, mediante el desarrollo de contenidos y materiales de difusión adecuados con lenguaje ciudadano e incluyente. | CONAVI
FOVISSSTE
SEDATU
SHF
|
| 1.1.4 Desarrollar mecanismos para la regularización y escrituración del suelo mediante la coordinación, participación y colaboración interinstitucional. | FOVISSSTE
INSUS
SHF
|
| 1.1.5 Fomentar y fortalecer mecanismos de apoyo para personas cuyas viviendas se encuentran en zonas de riesgo o afectadas por desastres, mediante la revisión y mejora de los instrumentos de respuesta. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 1.1.6 Fortalecer el alcance y el impacto de las determinaciones del CONAVI, mediante la optimización de los procesos de seguimiento para la difusión y vinculación de sus acuerdos | SEDATU
|
| 1.1.7 Impulsar la reactivación de la Comisión Intersecretarial de Vivienda mediante la actualización de la normatividad y de sus mecanismos de operación. | CONAVI
SEDATU
|
Estrategia 1.2 Generar alianzas intersectoriales y con los diferentes actores de la sociedad, para promover estrategias de vivienda adecuada, sustentable y mecanismos de participación ciudadana.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades
responsables de ejecutar la línea de
acción (instituciones coordinadas)
|
| 1.2.1 Intercambiar experiencias en materia de vivienda entre sectores público, social, privado y académico, mediante la entrega del Premio Nacional de Vivienda. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 1.2.2 Medir los resultados de los financiamientos y/o subsidios de vivienda a través del análisis de las transformaciones en los territorios donde se implementan las acciones. | CONAVI
FOVISSSTE
SEDATU
SHF
|
| 1.2.3 Coadyuvar en el análisis y definición de elementos técnicos mediante el fortalecimiento de normativas en materia de vivienda. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 1.2.4 Fortalecer el diálogo inclusivo para la toma de decisiones, mediante la incorporación de mecanismos de participación ciudadana o derechohabiencia. | CONAVI
FOVISSSTE
SEDATU
|
| 1.2.5 Impulsar elementos de protección ambiental y del entorno, mediante el análisis y revisión de mecanismos de atención, en coordinación con actores del SNV. | CONAVI
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 1.2.6 Proporcionar a la población información clara y oportuna sobre los trámites y servicios que ofrecen los ONAVI y el INSUS a través de sus portales oficiales y campañas de comunicación. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
INSUS
SHF
|
Estrategia 1.3 Establecer un sistema de información nacional unificado en materia de vivienda y territorio para identificar zonas prioritarias y riesgos asociados.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades
responsables de ejecutar la línea de
acción (instituciones coordinadas)
|
| 1.3.1 Consolidar el seguimiento de objetivos, metas y acciones de financiamiento, mediante el intercambio de información sobre su impacto en la calidad de vida de la población atendida. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
INSUS
SEDATU
SHF
|
| 1.3.2 Diseñar e implementar indicadores estratégicos de vivienda con enfoque integral y de GIRD, mediante el análisis de objetivos prioritarios del desarrollo nacional, aplicables en zonas urbanas y rurales para su difusión como apoyo para la toma de decisiones. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 1.3.3 Contribuir a la detección de oportunidades de aprovechamiento de suelo mediante la implementación de criterios técnicos que determinen su potencial de desarrollo. | INSUS
|
| 1.3.4 Impulsar la generación y difusión de información sobre los efectos sociales, económicos y ambientales de financiamientos y/o subsidios, mediante su análisis y publicación para apoyar la toma de decisiones. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 1.3.5 Impulsar modelos de administración de información ciudadana digital compartida, mediante la digitalización de los servicios. | FOVISSSTE
SHF
|
| 1.3.6 Impulsar el análisis territorial de información sobre vivienda y sus características, en colaboración con actores académicos y sociales, mediante estudios, investigaciones o proyectos para identificar patrones y áreas prioritarias. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 1.3.7 Contribuir en la identificación de áreas y/o zonas prioritarias para la atención de necesidades de vivienda, mediante análisis territoriales y el uso de información georreferenciada. | SEDATU
INSUS
|
Estrategia 1.4 Impulsar mecanismos de investigación con gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y academia para proponer alternativas que mejoren la toma de decisiones.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 1.4.1 Fomentar la participación interinstitucional con agentes de los diferentes actores públicos, privados, sociales y académicos a través de la investigación, análisis y propuesta de herramientas y procesos técnicos, financieros, normativos, organizativos y culturales en materia territorial. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
INSUS
SEDATU
SHF
|
| 1.4.2 Impulsar el análisis de materiales y sistemas constructivos a nivel regional, mediante convenios de colaboración y otros mecanismos de vinculación con actores de distintos sectores. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 1.4.3 Realizar encuestas en materia de vivienda para generar información estratégica, mediante la colaboración con el INEGI(18). | INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 1.4.4 Impulsar la generación de información sobre vivienda en renta con enfoque social mediante la colaboración con ONAVI, gobiernos locales y actores privados y sociales. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
Estrategia 1.5 Implementar mecanismos para fortalecer capacidades y redes en PSV para fomentar asistencia técnica con enfoque territorial.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 1.5.1 Impulsar la creación de un Sistema Integral de Desarrollo de Capacidades en PSV y en la PyGSH, como un espacio de colaboración, intercambio y fortalecimiento de capacidades públicas, sociales y técnicas, mediante formación transdisciplinaria y coordinación con el SNV. | CONAVI
INSUS
SEDATU
SHF
|
| 1.5.2 Promover la formación de redes locales con la articulación de gobiernos estatales y locales, sociedad civil, sector académico y privado, mediante el Sistema Integral de Desarrollo de Capacidades en PSV. | CONAVI
SEDATU
SHF
|
| 1.5.3 Colaborar en la red del Sistema Integral de Desarrollo de Capacidades en PSV, mediante espacios de diálogo e intercambio de experiencias para analizar y formular propuestas, en coordinación con la SEDATU y los ONAVI. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 1.5.4 Crear un repositorio digital de experiencias en PSV, mediante una herramienta para difundir saberes, prácticas y avances, y fomentar la participación activa de la población. | CONAVI
SEDATU
SHF
|
| 1.5.5 Promover la Asistencia Técnica Integral para impulsar la optimización de recursos, mediante el Sistema Integral de Desarrollo de Capacidades de Producción Social de Vivienda. | FOVISSSTE
SEDATU
SHF
|
| 1.5.6 Realizar encuentros periódicos sobre PSV, mediante foros, mesas de diálogo y reflexiones en diferentes territorios. | CONAVI
INSUS
SEDATU
SHF
|
| 1.5.7 Elaborar una guía metodológica para programas locales de PSV, mediante la colaboración con actores que aporten saberes diversos, considerando distintos contextos territoriales. | SEDATU
SHF
|
| 1.5.8 Promover la adecuación cultural de la vivienda mediante la difusión de técnicas constructivas tradicionales, resaltando sus beneficios sociales, ambientales y económicos. | CONAVI
FOVISSSTE
SEDATU
SHF
|
| 1.5.9 Impulsar el reconocimiento de técnicas constructivas y materiales locales que dignifiquen la vivienda y fortalezcan la integridad territorial, mediante su análisis e implementación progresiva. | CONAVI
FOVISSSTE
SEDATU
SHF
|
Objetivo 2. Reducir el déficit habitacional que afecta a la población con bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad social, para que pueda acceder a una vivienda adecuada.
Estrategia 2.1 Impulsar esquemas de financiamiento y mecanismos de mejora de condiciones de crédito enfocados en jóvenes, mujeres, y grupos en situación de vulnerabilidad social.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 2.1.1 Incrementar la participación de los ONAVI en acciones de financiamiento mediante esquemas y/o subsidios con flexibilidad operativa, que favorezcan la atención de población en situación de vulnerabilidad. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SHF
|
| 2.1.2 Incorporar mecanismos de regulación financiera, mediante las acciones determinadas por cada ONAVI para evitar la acumulación de intereses excesivos y definir esquemas de liquidación. | FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
|
| 2.1.3 Impulsar el diseño de mecanismos de atención, mediante programas y esquemas que prioricen a población de menores ingresos para mejorar las condiciones financieras de créditos existentes. | FOVISSSTE
INFONAVIT
SHF
|
| 2.1.4 Promover subsidios, programas, o esquemas de financiamiento para acciones de vivienda mediante tasas de interés preferenciales o diferenciadas establecidas por los ONAVI. | CONAVI
FINABIEN
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
|
| 2.1.5 Impulsar la renta de vivienda con enfoque social, mediante el desarrollo de programas y esquemas de financiamiento para personas en situación de vulnerabilidad. | CONAVI
FINABIEN
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 2.1.6 Implementar mecanismos de retroalimentación mediante criterios que permitan conocer la satisfacción de la población atendida. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
|
| 2.1.7 Impulsar la mejora en las condiciones de la derechohabiencia a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés preferenciales, congelamiento de saldos y/o mensualidades, aplicación de quitas, y/o el ajuste en los pagos | FOVISSSTE
INFONAVIT
|
Estrategia 2.2 Promover mecanismos entre los diferentes órdenes de gobierno para favorecer el desarrollo de vivienda asequible localizada en zonas con infraestructura y servicios
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 2.2.1 Generar mecanismos de vinculación con gobiernos estatales y municipales para donación de suelo y/o reducción de trámites mediante la formalización de instrumentos de colaboración. | CONAVI
INFONAVIT
SEDATU
|
| 2.2.2 Impulsar alternativas de vivienda asequible mediante asesoría para el fortalecimiento de capacidades de estados y municipios. | CONAVI
INFONAVIT
SEDATU
|
| 2.2.3 Impulsar mecanismos que permitan a las familias conservar sus viviendas mediante el diseño e implementación de esquemas financieros de apoyo para la reestructura y recuperación de créditos vencidos. | FOVISSSTE
|
| 2.2.4 Impulsar el mejoramiento y/o adquisición de vivienda social focalizada en la población en situación de vulnerabilidad y no derechohabiente mediante el fortalecimiento de esquemas flexibles y asequibles. | CONAVI
|
| 2.2.5 Implementar esquemas de vivienda en renta para personas jóvenes mediante el otorgamiento de apoyos específicos accesibles adaptados a sus necesidades y posibilidades. | CONAVI
|
| 2.2.6 Impulsar mecanismos para la recuperación y rehabilitación de viviendas abandonadas y/o problematizadas, mediante la colaboración entre ONAVI, los tres órdenes de gobierno y otros actores. | FOVISSSTE
INFONAVIT
|
Estrategia 2.3 Impulsar mecanismos de financiamiento sustentable para reducir el impacto ambiental negativo asociado a la producción habitacional.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 2.3.1 Promover la colocación de productos financieros que apoyen la sustentabilidad de la vivienda, mediante la definición de criterios de eficiencia energética y mecanismos de desarrollo sustentable. | FOVISSSTE
INFONAVIT
SHF
|
| 2.3.2 Desarrollar elementos de análisis que coadyuven a la evaluación del impacto ambiental de proyectos de desarrollo habitacional, mediante la colaboración intersectorial. | FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
Estrategia 2.4 Consolidar programas de mejoramiento, ampliación y autoproducción/autoconstrucción de vivienda para contribuir a la disminución del rezago habitacional cualitativo.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 2.4.1 Promover acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda adecuada, mediante el fortalecimiento de esquemas existentes para población en situación de vulnerabilidad.(19) | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SHF
|
| 2.4.2 Promover subsidios, programas y esquemas de financiamiento asequible para autoproducción, mediante su diseño e implementación con los ONAVI. | FOVISSSTE
INFONAVIT
SHF
|
| 2.4.3 Contribuir a reducir el rezago en infraestructura social básica, mediante criterios de distribución, planeación y ejecución del FAIS y el seguimiento de los proyectos conforme a la normativa. | BIENESTAR
|
Objetivo 3. Impulsar la armonización de los marcos normativos para incorporar enfoques de derechos humanos, sostenibilidad y perspectiva de género.
Estrategia 3.1 Impulsar la armonización de los marcos normativos federales, estatales y municipales para reconocer el derecho humano a una vivienda adecuada, con perspectiva de interseccionalidad
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 3.1.1 Realizar un análisis de la legislación en materia de vivienda a nivel federal, estatal y municipal, mediante un enfoque transdisciplinar que incorpore criterios de GIRD. | CONAVI
FOVISSSTE
INSUS
SEDATU
|
| 3.1.2 Fomentar mecanismos formales de corresponsabilidad mediante la revisión de instrumentos operativos y/o de organización social de programas y acciones de vivienda, con participación de actores del SNV y la ciudadanía. | SEDATU
SHF
|
| 3.1.3 Generar mecanismos de capacitación y sensibilización en EBDH para autoridades estatales y locales por medio de la colaboración interinstitucional e intersectorial. | CONAVI
SEDATU
|
| 3.1.4 Impulsar la planeación territorial con visión interseccional, mediante la incorporación de criterios específicos en los instrumentos de planeación. | SEDATU
|
| 3.1.5 Prevenir y mitigar la especulación inmobiliaria mediante análisis, difusión y acompañamiento para el desarrollo de capacidades de gobiernos locales y la generación de propuestas de mejoras normativas, en coordinación con actores del SNV. | CONAVI
INFONAVIT
INSUS
SEDATU
SHF
|
| 3.1.6 Promover el reconocimiento de formas de propiedad colectiva, como cooperativas de vivienda, mediante investigación y recopilación de experiencias nacionales e internacionales en conjunto con actores del SNV. | INSUS
SEDATU
SHF
|
| 3.1.7 Impulsar la actualización y mejora de normativa de edificación, mediante la incorporación de elementos de sustentabilidad y habitabilidad. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 3.1.8 Promover el reconocimiento de las diferentes formas de propiedad social y vivienda; mediante el análisis y difusión de los retos a los que se enfrentan las mujeres de los núcleos agrarios. | SEDATU
|
| 3.1.9 Promover la cohesión y el bienestar social, entre las personas residentes de los conjuntos habitacionales, mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana, la organización comunitaria para garantizar la cultura de la paz. | CONAVI
|
Estrategia 3.2 Incorporar criterios normativos diferenciados para personas en situación de vulnerabilidad
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 3.2.1 Impulsar y desarrollar criterios de elegibilidad de los programas y esquemas de financiamiento mediante la incorporación de enfoques diferenciales y territoriales que favorezcan la atención de la población en situación de vulnerabilidad. | CONAVI
FOVISSSTE
INSUS
SHF
|
| 3.2.2 Diseñar y/o fortalecer mecanismos de extinción de la obligación hipotecaria en casos de defunción, invalidez o imposibilidad de pago, mediante procedimientos accesibles, ágiles y transparentes que permitan resolver la situación de las personas atendidas. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
|
| 3.2.3 Promover esquemas o programas de financiamiento con condiciones favorables para población de menores ingresos, mediante la segmentación de tasas de interés. | FOVISSSTE
INFONAVIT
SHF
|
| 3.2.4 Diseñar e implementar mejoras regulatorias para personas sin derechohabiencia y de menores ingresos, mediante esquemas flexibles y con tasa cero de interés. | CONAVI
|
| 3.2.5 Impulsar mejoras en modelos operativos mediante la participación y toma de decisiones de la población atendida, considerando sus contextos, intereses y necesidades. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
|
| 3.2.6 Contribuir a la reducción del rezago habitacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, mediante la publicación de criterios de operación que permitan la entrega directa del financiamiento para acciones sociales básicas.(20) | BIENESTAR
|
Estrategia 3.3 Establecer mecanismos de protección ante desalojos forzosos y desplazamientos con participación de instituciones de derechos humanos
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 3.3.1 Diseñar e implementar mecanismos coordinados para la regularización del suelo destinado a vivienda y/o la prevención de desalojos forzosos, mediante la colaboración intergubernamental e interinstitucional. | INSUS
SEDATU
|
| 3.3.2 Fomentar mecanismos para prevenir desalojos forzosos y desplazamientos mediante el análisis y desarrollo de propuestas en coordinación con actores del SNV. | INFONAVIT
|
| 3.3.3 Reducir la incertidumbre jurídica de personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, especialmente en situación de vulnerabilidad, mediante programas de regularización y escrituración. | INSUS
|
| 3.3.4 Impulsar el diagnóstico y diseño de mecanismos mediante procesos participativos, estudios territoriales con enfoque de GIRD y coordinación interinstitucional con actores del SNV para prevenir y atender desplazamientos por desarrollo urbano y/o desastres. | CONAVI
SEDATU
|
| 3.3.5 Impulsar un diagnóstico y un modelo de medición y monitoreo para el fenómeno de la gentrificación, a través del análisis y generación de información cualitativa, cuantitativa y territorial. | SEDATU
|
| 3.3.6 Impulsar la prevención y mitigación de efectos de la gentrificación, mediante acompañamiento a gobiernos locales y la generación de propuestas de mejoras normativas. | SEDATU
|
| 3.3.7 Impulsar mecanismos que fortalezcan la seguridad de la tenencia en situaciones de pobreza, emergencia o vulnerabilidad extrema, mediante instrumentos legales, apoyos institucionales o esquemas de atención focalizada. | FOVISSSTE
SEDATU
|
| 3.3.8 Impulsar la inclusión de zonas de riesgos en los procesos de planeación de ordenamiento territorial mediante estrategias de atención a la población. | SEDATU
SHF
|
Objetivo 4: Impulsar un ordenamiento territorial justo y sostenible bajo principios de equidad y justicia, a fin de garantizar a la población el acceso efectivo a una vivienda adecuada.
Estrategia 4.1 Impulsar la actualización e integración de instrumentos de ordenamiento ecológico y territorial para fortalecer la sostenibilidad ambiental y la justicia social.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 4.1.1 Impulsar la generación y adopción de lineamientos técnicos para elaborar procesos de planeación de ordenamiento territorial, mediante un enfoque socio ecosistémico en distintas escalas territoriales. | SEDATU
|
| 4.1.2 Mejorar el SITU como plataforma de seguimiento a los ordenamientos territoriales, mediante el fortalecimiento de su capacidad técnica y la actualización de información clave. | SEDATU
|
| 4.1.3 Impulsar la incorporación y delimitación de reservas territoriales, zonas de conservación y crecimiento urbano, mediante procesos de planeación de ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad socioambiental y GIRD. | SEDATU
|
| 4.1.4 Impulsar la identificación y valoración de suelo vacante o subutilizado, mediante la integración de reservas estratégicas para vivienda en atención a solicitudes de Análisis de Aptitud Territorial. | SEDATU
|
Estrategia 4.2 Fomentar el desarrollo de vivienda en entornos compactos, diversos, bien conectados y con adecuada densidad habitacional, para garantizar la movilidad, el acceso a bienes, servicios y oportunidades.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 4.2.1 Impulsar la generación de una guía nacional para el desarrollo de proyectos habitacionales con criterios de ubicación, movilidad, densidad adecuada y accesibilidad, mediante el análisis y concertación intersectorial. | SEDATU
SHF
|
| 4.2.2 Fomentar proyectos de vivienda en suelo apto con equipamiento y sistemas de transporte accesible, seguro, sostenible e inclusivo, mediante el desarrollo de capacidades fiscales, normativas, de gestión y planeación, así como la coordinación con los gobiernos estatales. | CONAVI
INFONAVIT
SEDATU
SHF
|
| 4.2.3 Impulsar la coordinación intersectorial y sectorial para el acceso y dotación de servicios en áreas prioritarias, mediante la participación de los ONAVI, SEDATU y otros actores del SNV. | CONAVI
INFONAVIT
SEDATU
|
| 4.2.4 Impulsar la densificación urbana mediante la implementación de esquemas de vivienda en renta o multifamiliar | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
|
| 4.2.5 Impulsar la identificación de suelo intraurbano con aptitud para uso habitacional y de equipamiento, mediante la colaboración con gobiernos estatales y municipales. | SEDATU
|
| 4.2.6 Impulsar proyectos de reutilización de predios subutilizados mediante su reconversión para proyectos de vivienda y mixtos, mediante procesos de planificación urbana participativa. | FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
|
Estrategia 4.3 Incorporar el riesgo ambiental por el cambio climático como criterio obligatorio para la localización de proyectos de vivienda
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 4.3.1 Impulsar el establecimiento de normativa para integrar evaluaciones de riesgo e impacto ambiental en dictámenes de uso habitacional, mediante colaboración interinstitucional y sectorial con enfoque en GIRD. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
|
| 4.3.2 Integrar insumos clave para la planeación, diseño y seguimiento de programas de vivienda, mediante la incorporación de mapas de riesgo climático y geológico en el SNIIV y SITU. | SEDATU
|
| 4.3.3 Fomentar la atención de la población que sea afectada por riesgos antropogénicos, naturales o cambio climático, mediante la implementación de mecanismos de acción acordes con las atribuciones de los ONAVI y actores participantes. | CONAVI
FOVISSSTE
INFONAVIT
SEDATU
|
| 4.3.4 Promover la atención integral de la población afectada por riesgos sociales o naturales, mediante mecanismos de acción directa que contribuyan a mitigar su vulnerabilidad. | BIENESTAR
|
| 4.3.5 Coordinar estudios de riesgo y microzonificación con gobiernos locales, mediante la colaboración técnica y la alineación con los instrumentos de planeación territorial, como parte del proceso de incorporación de suelo. | INFONAVIT
SEDATU
|
| 4.3.6 Priorizar la regularización de asentamientos siempre que cuenten con dictamen de autoridades locales o medidas de mitigación de riesgo, mediante procesos de análisis y colaboración interinstitucionales, intersectoriales e intergubernamentales. | INSUS
SEDATU
|
Estrategia 4.4 Fortalecer capacidades municipales para implementar instrumentos de gestión de suelo y ordenamiento territorial que promuevan un hábitat incluyente.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables
de ejecutar la línea de acción (instituciones
coordinadas)
|
| 4.4.1 Promover la elaboración y/o actualización de Planes o Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, mediante programas de fortalecimiento institucional y asistencia técnica a gobiernos locales con enfoque participativo. | SEDATU
|
| 4.4.2 Impulsar la formación de personas servidoras públicas locales en temas de gestión del suelo, planeación participativa, autoproducción, construcción de vivienda y normativa urbana mediante procesos de capacitación y colaboración interinstitucional. | INSUS
SEDATU
|
| 4.4.3 Contribuir a la tenencia segura de la vivienda mediante la implementación de programas de regularización y escrituración. | INSUS
|
Indicador 1.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de vivienda nueva producida como resultado de la coordinación interinstitucional a través del Programa de Vivienda para el Bienestar respecto del total nacional de viviendas en la categoría económica y popular |
| Objetivo
| Objetivo 1. Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, los ONAVI y los sectores social y privado. |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de vivienda nueva producida en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar con respecto del total nacional de viviendas construidas en las categorías económica y popular. Participación directa: INFONAVIT, la CONAVI y el FOVISSSTE como instituciones responsables de la construcción de las viviendas. |
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda adecuada, establecido en el Art. 4o. de la CPEUM. |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Enero del año siguiente
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| Enero - Diciembre
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar
el avance
| 15.- SEDATU
515.-Dirección General de Política de Vivienda
|
| Método de cálculo
| PAVPA = AVPM / VPCEP * 100
PAVPA: Porcentaje de vivienda nueva producida o en proceso como resultado de la coordinación interinstitucional a través del PNV 2026-2030 AVPM: Número de viviendas nuevas producidas o en proceso con participación multisectorial bajo el Programa de Vivienda para el Bienestar VPCEP: Número total de viviendas nuevas producidas de la categoría económica y popular |
| Observaciones
| El número total de viviendas nuevas producidas de la categoría económica y popular corresponde a un valor de mercado hasta 200 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Para el numerador se considera las viviendas producidas o en proceso a través de los ONAVI en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar. El denominador contempla el registro de viviendas producidas o en proceso reportadas en el SNIIV de la categoría económica y popular incluyendo las viviendas bajo el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de acciones de vivienda con
participación multisectorial bajo el
Programa de Vivienda para el Bienestar
| Valor variable
1
| 0
| Fuente de
información
variable 1
| SNIIV, SEDATU
|
| Nombre variable 2
| Número total de viviendas producidas de
la categoría económica y popular
| Valor variable
2
| 63,159
| Fuente de
información
variable 2
| SNIIV, SEDATU
|
| Sustitución en
método de cálculo
| PAVPA = 0 / 63,159 * 100
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0
| Para 2024 no se realizaron acciones de vivienda bajo el Programa de Vivienda para el Bienestar. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 53.25
| De acuerdo con proyecciones elaboradas mediante el registro de viviendas de años anteriores, se espera que, en 2030, las viviendas nuevas producidas o en proceso en el marco del PVB representarán más de 50% de la categoría económica y popular |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| 0
| ND
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 52.85
| 52.95
| 53.05
| 53.15
| 53.25
|
Indicador 2.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de hogares con déficit de vivienda a nivel nacional. |
| Objetivo
| Objetivo 2. Reducir el déficit habitacional que afecta a la población con bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad social, para que pueda acceder a una vivienda adecuada. |
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de hogares con déficit tanto cualitativo como cuantitativo de vivienda, a través de la estimación del rezago habitacional y la necesidad de vivienda. |
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda adecuada, establecido en el Art. 4o. de la CPEUM. |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Agosto del siguiente año
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| De agosto a noviembre, de acuerdo con los criterios
del INEGI
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable de reportar
el avance
| 15.- SEDATU
515.-Dirección General de Política de Vivienda
|
| Método de cálculo
| PHDN = ((HNV + HRH) / HN) 100
PHDN = Porcentaje de hogares con déficit de vivienda a nivel nacional HNV: Número de hogares con necesidad de vivienda HRH: Número de hogares en condición de rezago habitacional HN: Número de hogares a nivel nacional |
| Observaciones
| El indicador estima el porcentaje del total de hogares en el país que enfrentan algún tipo de déficit de vivienda, sumando los hogares que necesitan una vivienda nueva (HNV) y los que viven en condiciones inadecuadas (HRH), y dividiendo esa suma entre el total de hogares (HN). |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de hogares con necesidad
de vivienda
| Valor variable
1
| 348,380
| Fuente de
información
variable 1
| ENIGH 2024, INEGI
|
| Nombre variable 2
| Número de hogares en condición
de rezago habitacional
| Valor variable
2
| 8,507,353
| Fuente de
información
variable 2
| ENIGH 2024, INEGI
|
| Nombre de la
variable 3
| Número de hogares a nivel
nacional
| Valor de la
variable 3
| 38,830,230
| Fuente de
información de la
variable 3
| ENIGH 2024, INEGI
|
| Sustitución en
método de cálculo
| PHDN = ((348,380+ 8,507,353) / 38,830,230) * 100= 22.8
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 22.8
| La fuente de información, ENIGH de 2024, fue actualizada el 30 de julio de 2025. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 17.6
| Con base en la tendencia observada en la información disponible sobre vivienda, y considerando las acciones que el Gobierno Federal implementará en esta materia, se prevé una disminución del indicador hacia el año 2030. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| 28.6
| NA
| 26.2
| NA
| 25.5
| NA
| 22.8
| NA
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 21.1
| NA
| 19.3
| NA
| 17.6
|
Indicador 2.2
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje de hogares con ingresos bajos que no cuentan con vivienda propia |
| Objetivo
| Objetivo 2. Reducir el déficit habitacional que afecta a la población con bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad social. para que pueda acceder a una vivienda adecuada. |
| Definición o
descripción
| Mide el cociente entre el número de hogares que perciben un ingreso corriente mensual igual o inferior a cinco veces el valor de la UMA y que no cuentan con vivienda propia, con respecto del número total de hogares. |
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda adecuada, establecido en el Art. 4o. de la CPEUM. |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| Agosto del siguiente año
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| De agosto a noviembre, de acuerdo con los criterios
del INEGI
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable de reportar
el avance
| 15.- SEDATU
515.-Dirección General de Política de Vivienda
|
| Método de cálculo
| PHIBSV = (HIBSV/ TH) 100
PHIBSV = Porcentaje de hogares con ingresos bajos que no cuentan con vivienda propia HIBSV: Número de hogares con ingresos bajos que no cuentan con vivienda propia TH: Número total de hogares |
| Observaciones
| El indicador estima el porcentaje de hogares en vulnerabilidad habitacional por dos dimensiones: económica (ingresos menores o iguales a 5 UMA) y tenencia habitacional (rentada, prestada u otra situación distinta a la propiedad). Un valor bajo indica menor carencia de vivienda adecuada entre la población de bajos ingresos. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Número de hogares con
ingresos bajos que no cuentan
con vivienda propia
| Valor variable
1
| 4,949,664
| Fuente de
información
variable 1
| ENIGH 2024, INEGI
|
| Nombre variable 2
| Número total de hogares
| Valor variable
2
| 38,830,230
| Fuente de
información
variable 2
| ENIGH 2024, INEGI
|
| Sustitución en
método de cálculo
| PHIBSV = (4,949,664 / 38,830,230) 100 = 12.7%
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 12.7
| La fuente de información para el cálculo de la línea base corresponde a la ENIGH de 2024, publicada el 30 de julio de 2025. |
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 10.1
| Con base en la tendencia observada en la información disponible sobre vivienda en la ENIGH, y considerando las acciones que el Gobierno Federal implementará en esta materia, se prevé una disminución del indicador hacia el año 2030. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| 22.0
| NA
| 16.3
| NA
| 14.6
| NA
| 12.7
| NA
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 11.8
| NA
| 10.9
| NA
| 10.1
|
Indicador 3.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Tasa de hechos presuntamente violatorios del derecho a la vivienda adecuada por cada cien mil personas a nivel federal.
|
| Objetivo
| Objetivo 3. Impulsar la armonización de los marcos normativos desarticulados para incorporar enfoques de derechos humanos, sostenibilidad y perspectiva de género. |
| Definición o
descripción
| El indicador mide los hechos presuntamente violatorios del derecho a la vivienda adecuada registrados en expedientes de queja, en relación con la población total. |
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda adecuada, establecido en el Art. 4o. de la CPEUM.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la información
| De acuerdo con la publicación anual de la CNDHF
(INEGI, 2025c)
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de los
datos
| De julio a noviembre, de acuerdo con los criterios del
INEGI
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable de reportar
el avance
| 15.- SEDATU
515.-Dirección General de Política de Vivienda
|
| Método de cálculo
| THPVDVA = (HPVDVA / PMA) * 100,000
THPVDVA: Tasa de hechos presuntamente violatorios del derecho a la vivienda adecuada. HPVDVA: Hechos presuntamente violatorios del derecho a la vivienda adecuada registrados en los expedientes de queja calificados durante el año como presuntamente violatorios por los organismos de protección de derechos humanos. PMA: Población total. |
| Observaciones
| Hechos presuntamente violatorios del derecho a la vivienda adecuada por cada cien mil habitantes.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Hechos presuntamente violatorios del
derecho a la vivienda adecuada
registrados en los expedientes de queja
calificados durante el año como
presuntamente violatorios por los
organismos de protección de derechos
humanos
| Valor variable
1
| 95
| Fuente de
información
variable 1
| CNDHF, INEGI
|
| Nombre variable 2
| Población total
| Valor variable
2
| 129,477,554
| Fuente de
información
variable 2
| Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica
(ENADID), INEGI
|
| Sustitución en
método de cálculo
| THPVDVA = (95 / 129,477,554) * 100,000
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0.07
| La CNDHF de 2024 fue publicada el 17 de diciembre de 2025, sin embargo, el
dato de la ENADID es de 2023 publicado el 22 de mayo de 2024 con una
periodicidad quinquenal.
|
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 0.03
| Con base en la tendencia del número de hechos violatorios del derecho a la vivienda se espera un comportamiento descendente hacia 2030. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| ND
| 0.26
| 0.13
| 0.10
| 0.07
| 0.11
| 0.07
| ND
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 0.06
| 0.05
| 0.04
| 0.04
| 0.03
|
Indicador 4.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Índice ponderado de Implementación de criterios de consolidación urbana en políticas habitacionales |
| Objetivo
| Objetivo 4. Impulsar un ordenamiento territorial justo y sostenible bajo principios de equidad y justicia, a fin de garantizar a la población el acceso efectivo a una vivienda adecuada. |
| Definición o
descripción
| Mide el grado de implementación de intervenciones municipales orientadas a la consolidación urbana, reflejando la articulación entre la planeación urbana y la política de vivienda, evaluando la presencia de criterios clave que fomentan ciudades sostenibles y con mejor calidad de vida. |
| Derecho asociado
| Derecho a la vivienda adecuada, establecido en el Art. 4o. de la CPEUM. |
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Febrero del año siguiente a su recolección
|
| Unidad de medida
| Porcentaje ponderado
| Periodo de recolección de los
datos
| Marzo - Agosto
|
| Tendencia esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de reportar
el avance
| 15.- SEDATU
515.- Dirección General de Política de Vivienda
|
| Método de cálculo
| IICCH = (PMAHEU*0.15) + (PMSI*0.2) + (PMSB*0.25) + (PME*0.15) + (PMM*0.2) + (PMO*0.05)
IICCH: Índice de Implementación de criterios de consolidación urbana en políticas habitacionales PMAHEU: Porcentaje de municipios (PM) que consideraron el acceso a los habitantes a equipamiento urbano PMSI: PM que consideraron servicios de infraestructura PMSB: PM que consideraron los servicios básicos PME: PM que consideraron el empleo PMM: PM que consideraron la movilidad PMO: PM que consideraron otro criterio |
| Observaciones
| El porcentaje de municipios corresponde a aquellos que contemplaron algún criterio de consolidación urbana en alguna política o estrategia en construcción de vivienda nueva con respecto del total de municipios encuestados. Los valores numéricos son los ponderadores de cada criterio. |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Porcentaje de municipios que
consideraron el acceso a los habitantes
a equipamiento urbano
| Valor variable 1
| 29.61
| Fuente de
información
variable 1
| CNDGMYDT de 2023, INEGI
|
| Nombre variable 2
| Porcentaje de municipios que
consideraron los servicios de
infraestructura
| Valor variable 2
| 39.29
| Fuente de
información
variable 2
| CNDGMYDT de 2023, INEGI
|
| Nombre variable 3
| Porcentaje de municipios que
consideraron los servicios básicos
| Valor variable 3
| 47.02
| Fuente de
información
variable 3
| CNDGMYDT de 2023, INEGI
|
| Nombre variable 4
| Porcentaje de municipios que
consideraron el empleo
| Valor variable 4
| 21.18
| Fuente de
información
variable 4
| CNDGMYDT de 2023, INEGI
|
| Nombre variable 5
| Porcentaje de municipios que
consideraron la movilidad
| Valor variable 5
| 34.79
| Fuente de
información
variable 5
| CNDGMYDT de 2023, INEGI
|
| Nombre variable 6
| Porcentaje de municipios que
consideraron otro criterio
| Valor variable 6
| 0.53
| Fuente de
información
variable 6
| CNDGMYDT de 2023, INEGI
|
| Sustitución en
método de cálculo
| IICCH = (29.61 * 0.15) + (39.29 * 0.2) + (47.02 * 0.25) + (21.18 * 0.15) + (34.79 * 0.2) + (0.53 * 0.05)
|
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 34.22
| La fecha de disponibilidad de la información correspondiente a las variables está en función de la publicación de Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNDGMYDT). El Censo de 2023 fue publicado el 28 de febrero de 2024. En censos anteriores a 2019 no se incluía la información para tomar como referencia para elaborar el indicador. |
| Año
| 2023
|
| Meta 2029
| Nota sobre la meta 2030
|
| 41.92
| Con base en la información de las encuestas de 2021 y 2023, se espera una tendencia ascendente para 2029, la cual será publicada en 2030. |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| ND
| 4.48
| NA
| 30.67
| NA
| 34.22
| NA
| ND
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| 39.17
| NA
| 41.92
| NA
|
12. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Comisión Nacional de Vivienda
Financiera para el Bienestar
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Instituto Nacional de Suelo Sustentable
Secretaría del Bienestar
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Sociedad Hipotecaria Federal
13. Fuentes
Arriagada Luco, C. (2003). La dinámica demográfica y el sector habitacional en América Latina. Población y Desarrollo 7171. Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, 217 A (III).
Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 993, p. 3.
Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, p. 3.
Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 21 de diciembre de 1965, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 660, p. 195.
Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 18 de diciembre de 1979, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1249, p. 13.
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14. Anexo 1. Cuadros y Gráficos Cuadro 1. Créditos Formalizados por Línea y Producto, INFONAVIT 2019-2024
| Línea / Producto
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| Total
|
| Línea 2,
adquisición de
vivienda
| 323,773
| 311,944
| 305,290
| 264,772
| 285,955
| 331,402
| 1,823,136
|
| Línea 2, compra
de suelo
(Crediterreno)
| -
| -
| -
| 822
| 3,208
| 5,573
| 9,603
|
| Línea 3,
construcción
(ConstruYO)
| 6,034
| 7,360
| 8,864
| 6,068
| 9,645
| 16,272
| 54,243
|
| Línea 4, mejoras
y ampliación
(Mejoravit)
| 186,085
| 150,643
| 208,279
| 76,785
| 122,903
| 233,439
| 978,134
|
| Línea 5, pago de
pasivos
| 792
| 514
| 572
| 420
| 484
| 1,228
| 4,010
|
Fuente: SEDATU, con información del INFONAVIT y del Sistema Nacional de Información de Vivienda (SNIIV). Datos disponibles en: https://sniiv.sedatu.gob.mx/Cubo/Infonavit
Cuadro 2. Distribución de las Acciones de Financiamiento Realizadas por los ONAVI, 2019-2024
| Distribución
| CONAVI
| FOVISSSTE
| INFONAVIT
| INSUS
| SHF
| Total
|
| H
| Acciones
| 163,419
| 116,958
| 1,838,029
| 15,631
| 117,516
| 2,251,553
|
| Monto
| $13,198.61
| $92,789.82
| $703,402.96
| $197.33
| N/A
| $809,588.73
|
| M
| Acciones
| 288,964
| 153,584
| 1,081,300
| 19,893
| 213,875
| 1,757,616
|
| Monto
| $21,566.36
| $114,707.29
| $393,366.55
| $251.61
| N/A
| $529,891.81
|
| ND
| Acciones
| N/A
| N/A
| 1,567
| N/A
| 15,066
| 16,633
|
| Monto
| N/A
| N/A
| $479.56
| N/A
| $21,016.66
| $21,496.22
|
| Total
| Acciones
| 452,383
| 270,542
| 2,920,896
| 35,524
| 346,457
| 4,025,802
|
| Monto
| $34,764.97
| $207,497.11
| $1,097,249.07
| $448.94
| $21,016.66
| $1,360,976.75
|
H: Hombre - M: Mujer - ND: No disponible
SEDATU, con información del SNIIV. Financiamiento de vivienda.
Disponible en: https://sniiv.sedatu.gob.mx/Reporte/Datos_abiertos
Notas cuadro 2: Información sujeta a cambios a solicitud de los organismos informantes. Las acciones presentadas de INFONAVIT corresponden al origen del crédito. Las acciones de FOVISSSTE se refieren a créditos formalizados. La fecha de consulta para la elaboración de este cuadro corresponde al 09 de septiembre de 2025.
Cuadro 3. INSUS Acciones de Regularización durante el período 2019 - 2024. Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (S-213)
| Acciones
| Tipo de acuerdo
| Género
| Grupo Étnico
| Rangos de edad
|
| Año
| Acciones
realizadas
| Subsidio
| Mujeres
| Hombres
| Auto
identifican
Indígenas
| No se auto
identifican
Indígenas
| 15-29
| 30-44
| 45-59
| 60 y
más
|
| 2019
| 7,014
| 82,766,331
| 3,771
| 3,243
| 439
| 6,575
| 722
| 2,260
| 2,462
| 1,570
|
| 2020
| 6,889
| 82,582,074
| 3,736
| 3,153
| 425
| 6,464
| 677
| 2,260
| 2,573
| 1,379
|
| 2021
| 5,497
| 65,961,065
| 3,170
| 2,327
| 184
| 5,313
| 608
| 1,878
| 1,926
| 1,085
|
| 2022
| 5,092
| 68,729,185
| 2,869
| 2,223
| 122
| 4,970
| 562
| 1,672
| 1,848
| 1,010
|
| 2023
| 5,379
| 72,596,258
| 2,941
| 2,438
| 290
| 5,089
| 536
| 1,633
| 1,978
| 1,232
|
| 2024
| 5,653
| 76,304,462
| 3,406
| 2,247
| 270
| 5,383
| 736
| 1,875
| 1,991
| 1,051
|
| Total
| 35,524
| 448,939,375
| 19,893
| 15,631
| 1,730
| 33,794
| 3,841
| 11,578
| 12,778
| 7,327
|
Fuente: SEDATU, con información del INSUS y del Sistema Nacional de Información de Vivienda (SNIIV).
Datos disponibles en: https://sniiv.sedatu.gob.mx/Cubo/Insus
Cuadro 4. Rezago habitacional a nivel regional, 2018-2024
| Región
| Entidad
| Viviendas con
Rezago 2018
| Viviendas con
Rezago 2024
| Disminución
absoluta
| Disminución relativa
|
| Norte
| Baja California
| 562,019
| 474,035
| -87,984
| -15.7%
|
| Chihuahua
| 471,734
| 441,301
| -30,433
| -6.5%
|
| Coahuila de Zaragoza
| 134,356
| 88,072
| -46,284
| -34.4%
|
| Nuevo León
| 117,313
| 106,370
| -10,943
| -9.3%
|
| Sonora
| 271,592
| 263,290
| -8,302
| -3.1%
|
| Tamaulipas
| 209,589
| 129,401
| -80,188
| -38.3%
|
| Totales Región
Norte
| | 1,766,603
| 1,502,469
| -264,134
| -15.0%
|
| Centro Norte
| Aguascalientes
| 17,974
| 16,755
| -1,219
| -6.8%
|
| Baja California Sur
| 70,463
| 58,987
| -11,476
| -16.3%
|
| Colima
| 71,301
| 54,659
| -16,642
| -23.3%
|
| Durango
| 83,075
| 106,894
| 23,819
| 28.7%
|
| Jalisco
| 282,947
| 196,356
| -86,591
| -30.6%
|
| Michoacán de
Ocampo
| 398,730
| 385,276
| -13,454
| -3.4%
|
| Nayarit
| 94,197
| 80,646
| -13,551
| -14.4%
|
| San Luis Potosí
| 160,280
| 135,358
| -24,922
| -15.5%
|
| Sinaloa
| 85,695
| 78,259
| -7,436
| -8.7%
|
| Zacatecas
| 110,245
| 85,889
| -24,356
| -22.1%
|
| Totales Región
Centro Norte
| | 1,374,907
| 1,199,079
| -175,828
| -12.8%
|
| Centro
| Ciudad de México
| 208,650
| 182,009
| -26,641
| -12.8%
|
| Guanajuato
| 265,317
| 221,803
| -43,514
| -16.4%
|
| Hidalgo
| 202,577
| 157,728
| -44,849
| -22.1%
|
| Morelos
| 142,519
| 114,985
| -27,534
| -19.3%
|
| México
| 772,014
| 533,829
| -238,185
| -30.9%
|
| Puebla
| 402,348
| 403,118
| 770
| 0.2%
|
| Querétaro
| 93,118
| 76,539
| -16,579
| -17.8%
|
| Tlaxcala
| 40,376
| 34,795
| -5,581
| -13.8%
|
| Totales Región
Centro
| | 2,126,919
| 1,724,806
| -402,113
| -18.9%
|
| Sur
| Campeche
| 122,394
| 115,596
| -6,798
| -5.6%
|
| Chiapas
| 931,444
| 1,010,514
| 79,070
| 8.5%
|
| Guerrero
| 534,224
| 484,667
| -49,557
| -9.3%
|
| Oaxaca
| 657,958
| 608,586
| -49,372
| -7.5%
|
| Quintana Roo
| 110,607
| 74,772
| -35,835
| -32.4%
|
| Tabasco
| 451,741
| 472,099
| 20,358
| 4.5%
|
| Veracruz
| 1,222,497
| 1,090,501
| -131,996
| -10.8%
|
| Yucatán
| 110,551
| 98,456
| -12,095
| -10.9%
|
| Totales Región Sur
| | 4,141,416
| 3,955,191
| -186,225
| -4.5%
|
| Total Nacional
| 9,409,845
| 8,381,545
| -1,028,300
| -10.9%
|
SEDATU, con datos de CONAVI (SIESCO) y del Sistema Nacional de Información de Vivienda (SNIIV).
Datos disponibles en:
https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/rezago.aspx
https://sniiv.sedatu.gob.mx/Reporte/Datos_abiertos
Cuadro 5. Carencia de servicios básicos urbanos, 2024
| Entidad federativa
| Viviendas totales
| Sin luz
| Sin agua
entubada
| Sin drenaje
| Sin luz, agua
ni drenaje
| Con al menos
una carencia
| Con al menos
dos carencias
|
| Aguascalientes
| 430,980
| 0.13%
| 0.80%
| 0.50%
| 0.01%
| 1.24%
| 0.19%
|
| Baja California
| 1,188,652
| 0.16%
| 1.26%
| 1.78%
| 0.02%
| 2.66%
| 0.52%
|
| Baja California Sur
| 275,159
| 0.24%
| 6.47%
| 1.22%
| 0.02%
| 7.30%
| 0.61%
|
| Campeche
| 270,527
| 0.48%
| 5.15%
| 2.00%
| 0.09%
| 7.13%
| 0.40%
|
| Coahuila
| 1,010,678
| 0.14%
| 1.36%
| 0.91%
| 0.02%
| 1.98%
| 0.41%
|
| Colima
| 241,824
| 0.18%
| 0.87%
| 0.21%
| 0.00%
| 1.16%
| 0.10%
|
| Chiapas
| 1,527,562
| 0.62%
| 8.05%
| 4.16%
| 0.11%
| 10.47%
| 2.25%
|
| Chihuahua
| 1,216,358
| 0.79%
| 1.42%
| 2.11%
| 0.40%
| 2.78%
| 1.13%
|
| Ciudad de México
| 3,029,724
| 0.004%
| 1.10%
| 0.14%
| 0.00%
| 1.22%
| 0.02%
|
| Durango
| 532,752
| 0.76%
| 1.51%
| 3.58%
| 0.30%
| 4.58%
| 0.96%
|
| Guanajuato
| 1,746,818
| 0.25%
| 1.97%
| 1.76%
| 0.00%
| 3.42%
| 0.57%
|
| Guerrero
| 990,805
| 0.39%
| 11.25%
| 8.42%
| 0.12%
| 17.31%
| 2.63%
|
| Hidalgo
| 964,225
| 0.47%
| 4.37%
| 3.76%
| 0.03%
| 7.47%
| 1.10%
|
| Jalisco
| 2,622,667
| 0.05%
| 0.59%
| 0.44%
| 0.00%
| 0.96%
| 0.12%
|
| Estado de México
| 5,039,462
| 0.15%
| 2.68%
| 2.76%
| 0.02%
| 4.85%
| 0.73%
|
| Michoacán
| 1,407,871
| 0.41%
| 3.70%
| 5.07%
| 0.24%
| 7.04%
| 1.90%
|
| Morelos
| 598,036
| 0.07%
| 4.44%
| 0.79%
| 0.02%
| 4.96%
| 0.32%
|
| Nayarit
| 385,341
| 1.49%
| 2.15%
| 2.48%
| 0.67%
| 3.92%
| 1.53%
|
| Nuevo León
| 1,843,783
| 0.02%
| 0.87%
| 0.90%
| 0.01%
| 1.54%
| 0.25%
|
| Oaxaca
| 1,196,565
| 0.66%
| 8.36%
| 15.08%
| 0.20%
| 20.77%
| 3.14%
|
| Puebla
| 1,865,054
| 0.27%
| 5.91%
| 2.51%
| 0.10%
| 7.53%
| 1.06%
|
| Querétaro
| 741,325
| 0.09%
| 2.95%
| 1.44%
| 0.03%
| 3.89%
| 0.57%
|
| Quintana Roo
| 590,284
| 0.17%
| 1.90%
| 0.69%
| 0.00%
| 2.55%
| 0.21%
|
| San Luis Potosí
| 833,815
| 0.30%
| 5.04%
| 8.26%
| 0.10%
| 10.99%
| 2.51%
|
| Sinaloa
| 939,698
| 0.27%
| 1.48%
| 1.83%
| 0.09%
| 2.88%
| 0.59%
|
| Sonora
| 941,596
| 0.58%
| 1.92%
| 3.77%
| 0.24%
| 5.02%
| 1.01%
|
| Tabasco
| 740,239
| 0.29%
| 6.86%
| 1.61%
| 0.05%
| 7.94%
| 0.76%
|
| Tamaulipas
| 1,107,790
| 0.35%
| 1.47%
| 3.27%
| 0.25%
| 3.94%
| 0.90%
|
| Tlaxcala
| 401,022
| 0.07%
| 0.55%
| 1.70%
| 0.05%
| 2.00%
| 0.27%
|
| Veracruz
| 2,493,877
| 0.30%
| 6.10%
| 7.30%
| 0.04%
| 12.01%
| 1.66%
|
| Yucatán
| 706,464
| 0.45%
| 1.36%
| 4.29%
| 0.13%
| 5.12%
| 0.85%
|
| Zacatecas
| 475,089
| 0.22%
| 1.97%
| 1.71%
| 0.02%
| 3.63%
| 0.25%
|
| Nacional
| 38,356,042
| 0.28%
| 3.25%
| 3.12%
| 0.08%
| 5.63%
| 0.93%
|
Fuente: SEDATU, con datos de INEGI. ENIGH 2024.
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/
Cuadro 6. Desventajas en el goce del derecho humano a una vivienda por grupos sociales vulnerables
| | | | | |
| Mujeres
| Certeza jurídica
| Disponibilidad de servicios
| Ubicación
| Asequibilidad
|
| % de los hogares con
jefatura femenina en
viviendas propias o que se
están pagando que no
cuentan con escrituras o
están a nombre de una
persona distinta*
| % de las mujeres que residen en
una vivienda donde se recibe agua
cada tercer día o con una
frecuencia menor*
| % de mujeres que se tarda
más de una hora en
trasladarse a un hospital en
caso de emergencia*
| % de las mujeres que viven
solas en una vivienda rentada
que destinan más de 30.0%
de sus ingresos al pago de
alquiler*
|
| 33.70%
| 35.40%
| 27.00%
| 29.40%
|
| Personas Indígenas
| Certeza jurídica
| Disponibilidad de servicios
| Ubicación
| Asequibilidad
|
| % de las personas indígenas
jefas de hogar que residen
en una vivienda propia o que
se está pagando, que no
cuentan con escrituras o
están a nombre de otra
persona*
| % de las personas indígenas que
residen en una vivienda donde se
recibe agua cada tercer día o con
una frecuencia menor*
| % de personas indígenas que
se tarda más de una hora en
trasladarse a un hospital en
caso de emergencia*
| % de los hogares con
jefaturas con autoadscripción
indígena que residen en una
vivienda rentada que destinan
más de 30.0% de sus
ingresos al pago de alquiler*
|
| 43.70%
| 44.00%
| 41.30%
| 9.40%
|
| Personas
Afrodescendientes
| Certeza jurídica
| Disponibilidad de servicios
| Ubicación
| Asequibilidad
|
| % de las personas
afromexicanas o
afrodescendientes jefas de
hogar que residen en una
vivienda propia o que se está
pagando, que no cuentan
con escrituras o están a
nombre de otra persona*
| % de las personas afromexicanas o
afrodescendientes que residen en
una vivienda donde se recibe agua
cada tercer día o con una
frecuencia menor*
| % de personas afromexicanas
o afrodescendientes que se
tarda más de una hora en
trasladarse a un hospital en
caso de emergencia*
| % de los hogares con
jefaturas con autoadscripción
afromexicana o
afrodescendiente que residen
en una vivienda rentada que
destinan más de 30.0% de
sus ingresos al pago de
alquiler*
|
| 37.70%
| 37.30%
| 26.80%
| 10.20%
|
| Personas con
Discapacidad
| Certeza jurídica
| Disponibilidad de servicios
| Ubicación
| Asequibilidad
|
| % de las personas con
discapacidad que viven
solas, en una vivienda propia
o que se está pagando, que
no cuentan con escrituras o
están a nombre de una
persona distinta*
| % de las personas con
discapacidad que residen en una
vivienda donde no se dispone de
drenaje conectado a la red pública*
| % de las personas con
discapacidad que se tarda
más de una hora en
trasladarse a un hospital en
caso de emergencia*
| % de las personas con
discapacidad que viven solas
en una vivienda rentada que
destinan más de 30.0% de
sus ingresos al pago de
alquiler*
|
| 35.00%
| 24.50%
| 31.30%
| 28.00%
|
| Personas adultas
mayores
| Certeza jurídica
| Disponibilidad de servicios
| Ubicación
| Asequibilidad
|
| % de las personas adultas
mayores jefas de hogar, en
viviendas propias o que se
están pagando, que no
cuentan con escrituras o
están a nombre de otra
persona*
| % de los hogares con jefaturas de
personas adultas mayores que
residen en una vivienda donde no
se dispone de drenaje conectado a
la red pública*
| % de las personas con 60
años o más que se tarda más
de una hora en trasladarse a
un hospital en caso de
emergencia*
| % de las personas de 60 años
o más que viven solas en una
vivienda rentada que destinan
más de 30.0% de sus
ingresos al pago de alquiler*
|
| 24.80%
| 20.50%
| 27.10%
| 29.70%
|
| Jóvenes
| Certeza jurídica
| Disponibilidad de servicios
| Ubicación
| Asequibilidad
|
| % de los hogares
unipersonales de personas
jóvenes en viviendas propias
o que se están pagando, que
no cuentan con escrituras o
están a nombre de una
persona distinta*
| % de las personas jóvenes que
reside en una vivienda donde se
recibe agua cada tercer día o con
una frecuencia menor*
| % de las personas jóvenes
que se tarda más de una hora
en trasladarse a un hospital
en caso de emergencia*
| % de las personas jóvenes
que viven solas en una
vivienda rentada que destinan
más de 30.0% de sus
ingresos al pago de alquiler*
|
| 61.30%
| 35.20%
| 26.80%
| 21.60%
|
| Mujeres
| Habitabilidad I
| Habitabilidad II
| Accesibilidad
| Adecuación cultural
|
| % de los hogares con
jefatura femenina que
residen en viviendas con
rezago habitacional**
| % mujeres jefas de hogar que vive
en condiciones de hacinamiento*
| % de mujeres jefas de hogar
que indicaron necesidad de:
poner rampas para personas
con discapacidad ***
| % de mujeres jefas de hogar
que considera que su vivienda
se identifica poco o nada con
sus gustos, costumbres y
tradiciones***
|
| 31.30%
| 2.50%
| 12.91%
| 18.29%
|
| Personas Indígenas
| Habitabilidad I
| Habitabilidad II
| Accesibilidad
| Adecuación cultural
|
| % de personas indígenas
que reside en viviendas con
rezago habitacional**
| % de personas indígenas que
residen en viviendas con techo de
lámina metálica o asbesto*
| % de personas indígenas
jefas de hogar que indicaron
necesidad de: poner rampas
para personas con
discapacidad***
| % de personas indígenas
jefas de hogar que considera
que su vivienda se identifica
poco o nada con sus gustos,
costumbres y tradiciones***
|
| 37.30%
| 28.50%
| 16.22%
| 21.68%
|
| Personas
Afromexicanas
| Habitabilidad I
| Habitabilidad II
| Accesibilidad
| Adecuación cultural
|
| % de personas
afromexicanas que reside en
viviendas con rezago
habitacional**
| % de personas afromexicanas que
residen en viviendas con techo de
lámina metálica o asbesto*
| % personas
afrodescendientes con
discapacidad (nota 1) que
tienen un sanitario al que se le
echa agua con cubeta****
| % de personas afromexicanas
que detecta falta de respecto
a sus tradiciones, usos y
costumbres*****
|
| 29.50%
| 20.50%
| 35.93%
| 25.90%
|
| Personas con
Discapacidad
| Habitabilidad I
| Habitabilidad II
| Accesibilidad
| Adecuación cultural
|
| % de las personas con
discapacidad que reside en
viviendas con rezago
habitacional**
| % de personas con discapacidad
que reside en viviendas con techo
de lámina metálica o asbesto*
| % personas con discapacidad
(nota 1) que tienen un
sanitario al que se le echa
agua con cubeta****
| % de personas con
discapacidad jefas de hogar
que considera que su vivienda
se identifica poco o nada con
sus gustos, costumbres y
tradiciones***
|
| 27.10%
| 19.60%
| 26.06%
| 20.38%
|
| Personas adultas
mayores
| Habitabilidad I
| Habitabilidad II
| Accesibilidad
| Adecuación cultural
|
| % de las personas adultas
mayores que reside en
viviendas con rezago
habitacional**
| % de personas adultas mayores
que residen en viviendas con techo
de lámina metálica o asbesto*
| % de personas adultas
mayores jefas de hogar que
indicaron necesidad de:
poner rampas para personas
con discapacidad ***
| % de personas adultas
mayores jefas de hogar que
considera que su vivienda se
identifica poco o nada con sus
gustos, costumbres y
tradiciones***
|
| 22.00%
| 15.90%
| 20.49%
| 13.95%
|
| Jóvenes
| Habitabilidad I
| Habitabilidad II
| Accesibilidad
| Adecuación cultural
|
| % de las personas jóvenes
que residen en viviendas con
rezago habitacional**
| % de las personas jóvenes jefas de
hogar que habita en condiciones de
hacinamiento*
| % de personas jóvenes jefas
de hogar que indicaron
necesidad de: poner rampas
para personas con
discapacidad ***
| % de personas jóvenes jefas
de hogar que considera que
su vivienda se identifica poco
o nada con sus gustos,
costumbres y tradiciones***
|
| 23.70%
| 6.10%
| 10.80%
| 20.18%
|
| Fuentes: SEDATU, con información de diversas fuentes: CONAVI (2025, 2025a), INEGI (ENVI, 2020; ENIGH, 2024; ENADIS, 2024). * Comisión Nacional de Vivienda (2025). Principales características de las viviendas en México. ENIGH 2024. Subdirección de Análisis Estadístico de Vivienda. https://siesco.CONAVI.gob.mx/doc/analisis/2025/Principales_caracter%C3%ADsticas_de_las_viviendas_en_M%C3%A9xico.pdf **(CONAVI, 2025a) Comisión Nacional de Vivienda (2025a) Características de las viviendas en rezago habitacional. ENIGH 2024 https://siesco.CONAVI.gob.mx/doc/analisis/2025/Caracter%C3%ADsticas_de_las_viviendas_en_Rezago_Habitacional_2024.pdf *** Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/envi/2020/#microdatos **** Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ENIGH 2024. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/ ***** Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/ Notas: (1) se tomaron en cuenta las siguientes variables para definir la discapacidad: para ver, para usar brazos, para caminar, para vestirse, para realizar actividades diarias; al considerar que estas fungen como limitantes para la movilidad de las personas en espacios con pisos de tierra (que son frecuentemente superficies irregulares) y en espacios que cuentan con un baño al que se le debe echar agua con una cubeta. |
Cuadro 7. Acciones aplicadas para fomentar el crecimiento urbano mediante la estrategia de ciudad compacta en las instituciones con actividad territorial, por municipio o demarcación territorial según tipo de acción I.
| Entidad
federativa
| Uso del suelo intraurbano
mediante el
aprovechamiento de
predios baldíos o
subutilizados
| Reaprovechamiento de
edificios y lotes en
situación de deterioro
| Rehabilitación
| Promover la adopción
de los Perímetros de
Contención Urbana,
como base para la
delimitación del
crecimiento deseable de
las ciudades
|
| Aguascalientes
| 2.42%
| 2.11%
| 0.92%
| 1.97%
|
| Baja California
| 1.45%
| 1.05%
| 0.61%
| 1.32%
|
| Baja California Sur
| 0.48%
| 0.53%
| 0.31%
| 0.66%
|
| Campeche
| 0.48%
| 0.53%
| 0.77%
| 1.32%
|
| Chiapas
| 4.35%
| 4.74%
| 2.76%
| 3.95%
|
| Chihuahua
| 2.42%
| 4.21%
| 5.37%
| 3.95%
|
| Ciudad de México
| 1.45%
| 0.53%
| 1.23%
| 1.32%
|
| Coahuila de Zaragoza
| 5.80%
| 6.84%
| 3.37%
| 3.95%
|
| Colima
| 2.42%
| 1.05%
| 0.61%
| 0.66%
|
| Durango
| 1.45%
| 2.63%
| 1.38%
| 1.32%
|
| Guanajuato
| 5.80%
| 5.26%
| 3.68%
| 5.26%
|
| Guerrero
| 3.38%
| 4.74%
| 3.83%
| 3.95%
|
| Hidalgo
| 3.86%
| 2.63%
| 2.61%
| 3.95%
|
| Jalisco
| 8.70%
| 10.53%
| 11.50%
| 5.26%
|
| México
| 10.14%
| 6.32%
| 8.44%
| 13.82%
|
| Michoacán de Ocampo
| 3.86%
| 4.74%
| 5.83%
| 5.26%
|
| Morelos
| 2.42%
| 2.11%
| 1.99%
| 1.97%
|
| Nayarit
| 2.42%
| 0.53%
| 1.07%
| 0.00%
|
| Nuevo León
| 2.90%
| 3.16%
| 3.53%
| 0.66%
|
| Oaxaca
| 2.42%
| 3.68%
| 5.67%
| 1.97%
|
| Puebla
| 5.31%
| 4.21%
| 5.83%
| 5.92%
|
| Querétaro
| 0.97%
| 0.53%
| 1.07%
| 1.97%
|
| Quintana Roo
| 0.97%
| 1.05%
| 0.92%
| 1.97%
|
| San Luis Potosí
| 0.97%
| 1.58%
| 2.61%
| 3.29%
|
| Sinaloa
| 1.93%
| 1.58%
| 1.69%
| 5.26%
|
| Sonora
| 5.80%
| 3.16%
| 3.07%
| 3.95%
|
| Tabasco
| 0.48%
| 0.00%
| 1.53%
| 0.66%
|
| Tamaulipas
| 2.42%
| 3.68%
| 2.76%
| 2.63%
|
| Tlaxcala
| 2.90%
| 2.63%
| 4.45%
| 3.95%
|
| Veracruz de Ignacio de la
Llave
| 6.76%
| 9.47%
| 7.21%
| 4.61%
|
| Yucatán
| 0.00%
| 0.53%
| 0.77%
| 0.00%
|
| Zacatecas
| 2.90%
| 3.68%
| 2.61%
| 3.29%
|
| Nacional
| 8.38%
| 7.70%
| 26.41%
| 6.16%
|
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (2023). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2023/#tabulados
Cuadro 8. Acciones aplicadas para fomentar el crecimiento urbano mediante la estrategia de ciudad compacta en las instituciones con actividad territorial, por municipio o demarcación territorial según tipo de acción II.
| Entidad federativa
| Inclusión de
vivienda vertical
en los nuevos
desarrollos
| Crear, ampliar o
consolidar la red
peatonal, la red
ciclista y transporte
público masivo
| Asignar usos de suelo y
destinos compatibles,
promoviendo usos del suelo
mixtos que integren zonas
residenciales, comerciales y
centros de trabajo
| Gestión de
fideicomisos para
la redensificación
| Definición de
polígonos de
desarrollo y
construcción
prioritarios
|
| Aguascalientes
| 2.51%
| 1.32%
| 1.68%
| 2.86%
| 1.64%
|
| Baja California
| 2.01%
| 0.26%
| 0.84%
| 2.86%
| 2.05%
|
| Baja California Sur
| 0.50%
| 0.26%
| 0.42%
| 0.00%
| 0.41%
|
| Campeche
| 1.01%
| 0.79%
| 0.84%
| 0.00%
| 0.82%
|
| Chiapas
| 4.02%
| 3.69%
| 2.94%
| 11.43%
| 3.69%
|
| Chihuahua
| 3.52%
| 6.33%
| 3.57%
| 5.71%
| 2.87%
|
| Ciudad de México
| 2.51%
| 2.11%
| 0.63%
| 2.86%
| 2.05%
|
| Coahuila de Zaragoza
| 3.52%
| 2.37%
| 3.78%
| 5.71%
| 3.69%
|
| Colima
| 1.01%
| 0.79%
| 0.84%
| 0.00%
| 0.41%
|
| Durango
| 2.51%
| 1.58%
| 1.47%
| 0.00%
| 1.23%
|
| Guanajuato
| 7.04%
| 3.96%
| 6.09%
| 2.86%
| 6.15%
|
| Guerrero
| 0.50%
| 4.22%
| 2.94%
| 2.86%
| 2.87%
|
| Hidalgo
| 3.02%
| 2.90%
| 2.10%
| 0.00%
| 3.69%
|
| Jalisco
| 10.05%
| 10.55%
| 8.61%
| 5.71%
| 8.20%
|
| México
| 11.56%
| 10.03%
| 12.39%
| 8.57%
| 13.11%
|
| Michoacán de Ocampo
| 4.02%
| 4.22%
| 4.20%
| 11.43%
| 3.28%
|
| Morelos
| 2.01%
| 2.37%
| 2.31%
| 2.86%
| 2.87%
|
| Nayarit
| 1.01%
| 0.00%
| 1.26%
| 0.00%
| 0.82%
|
| Nuevo León
| 5.53%
| 3.17%
| 4.83%
| 8.57%
| 2.05%
|
| Oaxaca
| 1.01%
| 8.44%
| 1.68%
| 2.86%
| 0.41%
|
| Puebla
| 5.03%
| 6.60%
| 7.56%
| 0.00%
| 8.20%
|
| Querétaro
| 2.51%
| 1.06%
| 1.68%
| 2.86%
| 1.23%
|
| Quintana Roo
| 2.51%
| 1.06%
| 1.47%
| 0.00%
| 1.64%
|
| San Luis Potosí
| 2.01%
| 2.37%
| 2.10%
| 0.00%
| 3.69%
|
| Sinaloa
| 2.01%
| 2.11%
| 2.10%
| 0.00%
| 2.05%
|
| Sonora
| 1.01%
| 2.37%
| 2.52%
| 0.00%
| 4.51%
|
| Tabasco
| 1.51%
| 0.79%
| 1.89%
| 0.00%
| 0.82%
|
| Tamaulipas
| 2.51%
| 2.37%
| 2.73%
| 2.86%
| 2.87%
|
| Tlaxcala
| 2.01%
| 3.43%
| 4.62%
| 2.86%
| 3.28%
|
| Veracruz de Ignacio de la
Llave
| 8.04%
| 5.28%
| 7.77%
| 11.43%
| 6.97%
|
| Yucatán
| 0.50%
| 0.53%
| 0.42%
| 0.00%
| 0.41%
|
| Zacatecas
| 1.51%
| 2.64%
| 1.68%
| 2.86%
| 2.05%
|
| Nacional
| 8.06%
| 15.35%
| 19.28%
| 1.42%
| 9.88%
|
| | | | | | |
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (2023).
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2023/#tabulados
Cuadro 9. Principales contribuciones de los diferentes sectores sociales en los Foros "Agenda Territorial Participativa"
| Las contribuciones de cada sector revelaron perspectivas únicas sobre los desafíos habitacionales
|
| El sector público identificó la fragmentación institucional como un problema central, demandando la necesidad de homologar trámites y mejorar la trazabilidad de proyectos. |
| El sector académico subrayó la urgencia de construir marcos de gobernanza territorial basados en el reconocimiento de diversos actores, cuestionando la sostenibilidad del modelo actual de financiamiento. |
| El sector social denunció la exclusión sistemática de organizaciones comunitarias en el diseño de programas, enfatizando la importancia de reconocer las formas populares de producción de vivienda. |
| El sector privado demandó certidumbre institucional, ventanillas únicas para reducir costos de transacción e incentivos para desarrollar vivienda asequible en zonas bien ubicadas. |
| Las diversas voces convergen en la necesidad de una PoNV más justa, sostenible, territorializada y basada en derechos humanos, que recupere el papel del Estado, fomente la participación social y regenere las capacidades institucionales para un uso democrático del territorio. |
| Derivado de estos encuentros, así como de la respuesta de las personas asistentes de los diferentes sectores, se recibieron también de forma digital propuestas sobre las principales problemáticas de vivienda. |
Fuente: Registros administrativos de la SEDATU.
Gráfico 1. Hogares con déficit habitacional, 2014 - 2024
Fuente: SEDATU, con datos de INEGI. ENIGH 2024.
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/
Gráfico 2. Cuenta de producción de la vivienda, por tipo de producción y sector institucional en México de 2014 a 2024 (valores constantes a precios de 2018 sin alquiler imputado)
Fuente: SEDATU, con datos de INEGI. Cuenta Satélite de Vivienda de México (CSVM). Año base 2018
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/viviendasat/2018/#tabulados
Gráfico 3. Porcentaje de viviendas que fueron adquiridas hechas respecto al parque habitacional, por tipo de vivienda y entidad federativa 2024
Fuente: SEDATU, con datos de INEGI. ENIGH 2024. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/
Gráfico 4. Índice Nacional de Precios de la Vivienda SHF y Tasas de Apreciación (2015-3er trimestre 2025)
Fuente: SEDATU, con datos de la SHF. Datos Abiertos del Índice SHF de Precios de la Vivienda (2025). Disponible en: https://transparencia.shf.gob.mx/sitepages/IndicePV.aspx
Gráfico 5. Hogares por quintiles de ingreso laboral y pago de vivienda, afiliados y no afiliados (Porcentaje)
Fuente: SEDATU, con datos de INEGI. ENIGH 2024.
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/
Gráfico 6. Registro de construcción de viviendas por segmento 2006-2025
Fuente: SEDATU, con datos del SNIIV. Registro de vivienda al 31 de mayo de 2025.
Disponible en: https://sniiv.sedatu.gob.mx/Cubo/Registro
Gráfico 7. Distribución de hogares por quintiles de ingreso y pago de vivienda, 2024
Fuente: SEDATU, con datos de INEGI. ENIGH 2024
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/
Gráfico 8. Razones de probabilidad de habitar en una vivienda en rezago por condición sociodemográfica
Fuente: CONAVI. Factores que inciden en el incumplimiento del ejercicio del derecho a una vivienda adecuada (2023). Disponible en: https://siesco.conavi.gob.mx/doc/analisis/2023/Factores_incidencia.pdf
Nota: Para su interpretación se resta 1 al odds ratio (razón de probabilidad) para interpretarlo como porcentaje de cambio, ya que un OR = 1 indica ausencia de efecto. Por ejemplo, un OR de 1.2 implica un aumento de 20% en las probabilidades relativas.
Gráfico 9. Dinamismo de la asignación presupuestaria a programas de desarrollo social - Vivienda, 2018-2025
Fuente: SEDATU, con datos de CONEVAL. Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Paginas/historico.aspx
Mapa 1. Distribución de hogares con déficit de vivienda en México, 2024
Fuente: SEDATU con datos de INEGI, ENIGH 2024.
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/
Ilustración 1. Principales proyectos prioritarios relacionados con el PNV 2026-2030. P-I
Fuente: SEDATU, con información del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Disponible en: https://www.dof.gob.mx/2025/PRESREP/PND%202025-2030.pdf
Ilustración 2. Principales proyectos prioritarios relacionados con el PNV 2026-2030. P-II
Fuente: SEDATU, con información del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Disponible en: https://www.dof.gob.mx/2025/PRESREP/PND%202025-2030.pdf
_____________________________________
1 Conforme a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) artículo 5o., numeral VI, define que los grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos que, debido a factores estructurales o a su combinación, enfrentan riesgos o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. En ese sentido, también se considerarán preferentemente dentro de esta categoría, aquellos grupos de población mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030: mujeres, personas indígenas y afromexicanas, personas damnificadas, juventudes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y población de la diversidad sexual, y desde luego aquellas en condiciones de pobreza.
2 Además de haberse considerado en su diseño la MML, se consideraron los criterios establecidos en la propuesta metodológica centrada en la Gestión por Resultados para el Desarrollo, detallados en El Enfoque de la Agenda 2030 en Planes y Programas Públicos en México documento emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
3 Los cuadros y gráficos se encuentran en el Anexo 1.
4 Información remitida a la SEDATU por la CONAVI en la etapa de planeación del PNV 2026-2030.
5 Información remitida a la SEDATU por el FOVISSSTE en la etapa de planeación del PNV 2026-2030.
6 Información remitida a la SEDATU por la SHF en la etapa de planeación del PNV 2026-2030.
7 Los porcentajes no son excluyentes ni representan la suma de un total, ya que una misma persona puede pertenecer a más de un grupo en SV.
8 En México, los hogares del primer decil son aquellos que pertenecen a 10% de la población con los ingresos más bajos, según la ENIGH.
9 Cálculos propios de la SEDATU con base en la ENIGH 2024 (INEGI, 2024e).
10 Antes por CONEVAL.
11 Análisis realizado por la SEDATU con base en la ENIGH 2024 (INEGI, 2024e). Es crucial destacar que la asequibilidad de la vivienda adecuada no se limita al costo de adquisición, sino que abarca la totalidad de los gastos soportables. Los pagos de crédito y renta, sumados a los costos de transporte de viviendas sociales distantes, han afectado significativamente a la población de bajos ingresos y a quienes carecen de seguridad social, especialmente en el primer quintil en donde supera la población afectada, de acuerdo con la información de la ENIGH 2024 es el 49%.
12 La estimación fue realizada por SEDATU utilizando la matriz de coeficientes directos e indirectos (matriz de Leontief) derivada de la matriz de insumo-producto de México (INEGI, 2018). Se consideró la rama 2361 Construcción residencia, que aglutina la edificación unifamiliar, multifamiliar y la supervisión de edificación residencia, acorde con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN, 2023). El multiplicador del producto obtenido es de 1.52, lo que indica que, por cada peso de demanda final en construcción residencial, se genera un impacto total de $1.52 en el PIB, incluyendo los efectos de arrastre hacia los sectores proveedores.
13 De acuerdo con las Reglas de Operación 2025 de la CONAVI (SEDATU, 2025b), el enfoque interseccional es una categoría de análisis que permite identificar la confluencia y superposición de múltiples formas de subordinación como el género, la orientación sexual, la identidad de género, la etnia, la religión, el origen nacional, la discapacidad o el nivel socioeconómico. Este enfoque analiza las identidades sociales entrelazadas y sus sistemas de opresión, dominación o exclusión, para reconocer las necesidades diferenciadas de los grupos en situación de vulnerabilidad.
14 2,469, en tanto que cuatro municipios de Guerrero y dos de Oaxaca, no lo hicieron.
15 SHF, 2025a Las acciones consideradas en el censo son: programar las adquisiciones y la oferta de la tierra; evitar la especulación de inmuebles; reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de predios; generar y/o mejorar viviendas para la población de bajos recursos; definir mecanismos para la reubicación y/o regularización de asentamientos humanos irregulares existentes; consensuar el aseguramiento y delimitación física como zona de riesgo no apta para vivienda; garantizar la ejecución de las sanciones a las personas ubicadas en asentamientos humanos irregulares en zonas de riesgos; planear y ejecutar estrategias generales para impulsar las acciones que garanticen un desarrollo urbano sustentable; regularización de la tenencia de la tierra; emisión y/o actualización de planes o programas en la materia, emisión de programas y proyectos en materia de infraestructura; y otras.
16 Información remitida a la SEDATU por el FOVISSSTE en la etapa de planeación del PNV 2026-2030.
17 Información remitida a la SEDATU por la SHF en la etapa de planeación del PNV 2026-2030.
18 Al formar parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), la SEDATU colabora con el INEGI en el marco del Comité Técnico Especializado de Vivienda (CTEV), el cual tiene como objetivo ser la instancia de coordinación interinstitucional donde se identifiquen y desarrollen acciones conjuntas para la captación, integración, producción, procesamiento, sistematización y difusión de la información que sirvan de base para la consolidación del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda rural y urbana, y su vinculación con el SNIEG.
19 Como se observa en el apartado 7. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo, se puede considerar dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad a: mujeres, jóvenes, personas adultas mayores (más de 60 años), personas con discapacidad, población indígena o afromexicana y personas LGBTQI+, entre otros.
20 Como se observa en el apartado 7. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo, se puede considerar dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad a: mujeres, jóvenes, personas adultas mayores (más de 60 años), personas con discapacidad, población indígena o afromexicana y personas LGBTQI+, entre otros.
