PROGRAMA Nacional de Derechos Humanos 2026-2030.
PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2026-2030
1. Índice
1. Índice
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
3. Siglas y acrónimos
4. Fundamento normativo
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
6. Objetivos
6.1 Relevancia del objetivo 1: Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México.
6.2 Relevancia del objetivo 2: Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población.
6.3 Relevancia del objetivo 3: Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos en México.
6.4 Relevancia del objetivo 4: Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México.
6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030
7. Estrategias y líneas de acción
8. Indicadores y metas
9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa
2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo.
3. Siglas y acrónimos
AGRICULTURA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
APF: Administración Pública Federal
BIENESTAR: Secretaría del Bienestar
BUEN GOBIERNO: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
COMUNICACIONES: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CoVAJ: Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa
CoVEH: Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CULTURA: Secretaría de Cultura
DEFENSA: Secretaría de la Defensa Nacional
DESARROLLO TERRITORIAL: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
DGPPDH: Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos
ECONOMÍA: Secretaría de Economía
EDUCACIÓN: Secretaría de Educación Pública
ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación
ENERGÍA: Secretaría de Energía
FGR: Fiscalía General de la República
GOBERNACIÓN: Secretaría de Gobernación
HACIENDA: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
IMSS-Bienestar: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
LGBTTTIQ+: Siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexual, travesti intersexuales y queer
MARINA: Secretaría de Marina
MEDIO AMBIENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MUJERES: Secretaría de las Mujeres
TOTPCID: Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes
PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
PNDH 2026-2030 / Programa: Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030
RELACIONES EXTERIORES: Secretaría de Relaciones Exteriores
SALUD: Secretaría de Salud
SEGURIDAD: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
SDHPM: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
SSDHPM: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
TRABAJO: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
TURISMO: Secretaría de Turismo
4. Fundamento normativo
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 (PNDH 2026-2030) es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 (PND 2025-2030), cuya elaboración se enmarca en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en los artículos 22 y 26 de la Ley de Planeación y en lo señalado en el Anexo I: Sistema Nacional de Planeación Democrática del PND 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025. Su objetivo es garantizar que las acciones del Estado mexicano se conduzcan conforme a una política de derechos humanos que dé coherencia, dirección y eficacia a los esfuerzos institucionales, presupuestarios y normativos en la materia.
La elaboración del PNDH 2026-2030 tiene como fundamento el artículo 1o. de la CPEUM, donde se establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos tanto en la CPEUM como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. El artículo 2o. constitucional reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y establece que deben diseñarse políticas públicas con enfoque intercultural y perspectiva de género, considerando la composición pluricultural del país. Este mandato se traduce en una obligación de incorporar estos enfoques en la planeación, programación y presupuestación de los programas y acciones públicas, lo que constituye un eje transversal del PNDH 2026-2030.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 27 fracción VII, otorga a la Secretaría de Gobernación la atribución de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar, en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, la promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto.
A su vez, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece en su artículo 46, fracción II, que la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos (DGPPDH) es la instancia responsable de definir las estrategias y acciones para consolidar una política de Estado transversal en materia de derechos humanos.
En el plano internacional, México ha asumido diversos compromisos mediante la firma y ratificación de tratados y convenciones en materia de derechos humanos, entre los que destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En congruencia con la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, el PNDH 2026-2030 reafirma el compromiso del Estado mexicano de establecer un documento rector de política pública que fortalezca la promoción y protección de los derechos humanos en el país.
En suma, el PNDH 2026-2030 constituye un instrumento jurídico y político de alcance nacional, sustentado en el mandato constitucional, el marco legal vigente y los compromisos internacionales del Gobierno de México. Su elaboración responde a la necesidad de consolidar una política de Estado en derechos humanos, con mecanismos efectivos de implementación, evaluación y seguimiento, orientados a la transformación estructural de las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia. La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PNDH 2026-2030.
5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
El PNDH 2026-2030 se sustenta en los principios del Humanismo Mexicano,(1) entendidos como la base que orienta la acción del Estado hacia la dignidad y el bienestar de todas las personas. Dichos principios parten de la convicción de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; rechazan de manera categórica el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier otra forma de discriminación; impulsan la igualdad sustantiva como condición indispensable para el ejercicio pleno de los derechos; y reconocen que la libertad es esencia de la democracia.
Con este fundamento, el PNDH 2026-2030 no solo define objetivos y estrategias, sino que consolida una visión integral en la que los derechos humanos se colocan como eje rector de la política pública, garantizando un desarrollo nacional justo, incluyente y respetuoso de la diversidad social y cultural de México.
El PNDH 2026-2030 contempla el Objetivo 1. Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México, para atender el problema público de la desconexión entre el gobierno y la población generado durante el periodo neoliberal, con el propósito de transformar el enfoque institucional mediante el cual se analizan y atienden los asuntos públicos. La justicia social requiere abordar estructuralmente las causas de la pobreza, la violencia y la discriminación a través de políticas públicas con enfoque de derechos y vocación universal, que prioricen a los sectores históricamente marginados.
El modelo de atención a las causas impulsado por los gobiernos de la transformación logró disminuir la pobreza en México. Entre el año 2018 y 2024, 13.4 millones de personas superaron la pobreza y 1.7 millones salieron de la pobreza extrema de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).(2) Lo anterior también se refleja en el rediseño de los programas sociales, para convertirse en instrumentos efectivos en la garantía de derechos. Un ejemplo de ello es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, reconocida hoy como un derecho.
En cuanto a la pobreza, aunque persisten desafíos, cada vez más mexicanas y mexicanos en zonas históricamente marginadas, como las rurales e indígenas, avanzan gracias a esfuerzos permanentes para mejorar sus condiciones de vida. Continuar con esta labor requiere sumar esfuerzos e inversión en infraestructura, acceso a servicios básicos, fortalecimiento del desarrollo local y, sobre todo, la sensibilidad de un gobierno consciente de que no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre.
No obstante, es importante destacar que la desigualdad también se redujo significativamente entre 2018 y 2024 que, medido a través del coeficiente de Gini, pasó de 0.426 a 0.391.(3) Lo anterior resulta relevante, porque la desigualdad refleja la diferencia entre los ingresos de las personas más ricas y pobres, así como uno de los principales temas de la agenda pública del país: la coexistencia de pobreza en el campo con la pobreza masiva en zonas urbanas, ambas con profundas implicaciones en el acceso a derechos, seguridad y oportunidades de desarrollo.
Los avances en salud y educación también han sido fundamentales para garantizar el bienestar y la equidad. El fortalecimiento de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) ha permitido ampliar la cobertura y calidad de la atención primaria, especialmente en comunidades rurales y marginadas. En el ámbito educativo, la tasa de alfabetización de las personas entre 15 y 24 años alcanzó el 99.2% en 2024,(4) y actualmente se brinda un apoyo económico a estudiantes menores de edad inscritos en escuelas públicas de nivel secundaria para garantizar el acceso a la educación básica gracias a la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina Gutiérrez", enfocada en niños, niñas y adolescentes.
En materia de seguridad, el país ha adoptado una estrategia centrada en la prevención y en el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios.
De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el promedio diario de homicidio doloso pasó de 86.9 a 52.4 víctimas, equivalente a 34 homicidios menos al día. De octubre a diciembre de 2025 se detuvo a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron más de 318 toneladas de droga. En Morelos, entre 2024 y 2025, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 26 por ciento y el feminicidio 28.6 por ciento.(5)
Estos resultados han tenido un impacto directo en la reducción de la violencia, reflejado en una tendencia sostenida a la baja en los homicidios dolosos, la coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales ha sido determinante para debilitar las estructuras criminales y construir la paz.
Estos resultados no serían posibles sin atender las causas que generan la desigualdad, a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que de 2019 a 2025 incorporó a más de 3 millones 423 mil jóvenes,(6) lo que permite alejarlos de contextos de exclusión mediante oportunidades laborales y de formación.
Referente a las libertades políticas, cabe resaltar la política de no represión y no criminalización de la protesta social, y en consecuencia la defensa del derecho a la protesta, que ha realizado la Secretaría de Gobernación (GOBERNACIÓN) desde octubre de 2024 en la Agenda Nacional de Derechos Humanos con las personas titulares de las secretarías de gobierno de las entidades federativas en donde se ha dado difusión y seguimiento al protocolo tipo de atención a la protesta pacífica.
Hay algunos retos estructurales que es necesario atender, por ejemplo, hay que continuar con el fortalecimiento de la legitimidad institucional, particularmente a nivel local, ya que este fenómeno impide el acceso equitativo a derechos y servicios. De ahí la importancia de la atención enfocada en la mejora de la confianza ciudadana en las instituciones de gobierno y en la promoción de la participación ciudadana.
Asimismo, la discriminación estructural limita el desarrollo de mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, así como comunidades LGBTTTIQ+. Estas barreras impiden el ejercicio pleno de los derechos y requieren políticas públicas interseccionales, que reconozcan y atiendan la complejidad de las desigualdades. El acceso a la justicia, por ejemplo, no debe depender del origen étnico, el género, la condición socioeconómica o el lugar de residencia. Aunque el Índice Global de Impunidad muestra una mejora, al pasar de 69.21% en 2017(7) a 46.19% en 2024,(8) persisten desafíos importantes para garantizar la justicia efectiva para todas las personas.
El camino recorrido hasta ahora confirma que los Principios del Humanismo Mexicano han dado resultados concretos. Por ello, continuaremos con la consolidación de un país justo, equitativo y en paz, profundizando en la atención a las causas, en cerrar brechas persistentes y en fortalecer las capacidades institucionales del Estado. El avance es real, pero la transformación exige continuidad, evaluación constante y voluntad para enfrentar los retos que aún persisten, de modo que se continúe construyendo un gobierno sensible, empático y humanista al servicio del pueblo de México.
Esta transformación demanda una coordinación efectiva entre múltiples actores del Estado mexicano, destacando a GOBERNACIÓN, Secretaría del Bienestar (BIENESTAR), IMSS-Bienestar, así como las entidades federativas y los gobiernos municipales. También es esencial la colaboración con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil que promueven la inclusión y la defensa de los derechos humanos. Esta articulación interinstitucional permitirá monitorear el impacto de las políticas, ajustarlas cuando sea necesario y garantizar que respondan a las necesidades de las poblaciones más afectadas.
Se requiere una respuesta intersectorial e interinstitucional. La atención a la pobreza, la desigualdad y la exclusión no puede ser responsabilidad de una sola dependencia o nivel de gobierno. Por el contrario, es indispensable una cooperación activa entre los sectores de salud, educación, trabajo, justicia, seguridad, bienestar y de todas las instituciones y dependencias de la Administración Pública Federal (APF). Además, será clave la vinculación con el Poder Legislativo para fortalecer marcos normativos que promuevan la inclusión y garanticen justicia.
El Objetivo 2. Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población, orienta las acciones del PNDH 2026-2030 hacia la transformación estructural de los factores que perpetúan la violencia, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades. Este enfoque permite dirigir estratégicamente los esfuerzos estructurales hacia la prevención y atención integral de dichas causas, generando cambios reales en la construcción de un país libre de violencia.
Durante los gobiernos neoliberales, México enfrentó un modelo de desarrollo excluyente que profundizó desigualdades estructurales, fragmentó a la sociedad y negó derechos fundamentales a millones de personas. La pobreza, la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo fueron normalizados, mientras los derechos sociales se usaban para mantener relaciones clientelares a cambio de lealtad política. Este contexto abonó a la generación del problema público que atiende este objetivo del PNDH 2026-2030: presencia de violencia estructural en algunas regiones del país, resultado de desigualdades estructurales, la falta de oportunidades y la ausencia de mecanismos efectivos para la justicia social durante el periodo neoliberal.
Frente a este legado, la política de transformación marcó un cambio de paradigma: los programas sociales dejaron de ser asistenciales para convertirse en derechos constitucionales, universales y no condicionados. Este enfoque humanista busca garantizar el bienestar de la población y atender las causas estructurales que propician la violencia, especialmente en los territorios históricamente marginados.
Con este panorama, los programas sociales han sido claves para avanzar en justicia social y disminuir la violencia. Un ejemplo es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha beneficiado a más de 3.4 millones de jóvenes(9) y ha alcanzado 2 mil 471 municipios,(10) y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores son pilares de un modelo con mayor bienestar social. La política de atención a las causas se complementa con acciones en el ámbito comunitario, como la estrategia de Constructores de Paz, que busca construir la paz y un mejor entorno comunitario, a través del trabajo directo con actores locales y redes vecinales.
Otro de los retos estructurales más persistentes es el rezago educativo. Aunque la tasa de alfabetización aumentó, persisten brechas, especialmente en poblaciones indígenas y zonas rurales. Las becas educativas, como las otorgadas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, y los programas de infraestructura escolar han contribuido a mejorar el acceso educativo, pero la calidad, la permanencia y la inclusión tienen metas por alcanzar y consolidar. Estas carencias reducen las oportunidades de vida y aumentan el riesgo de vinculación de las juventudes a dinámicas delictivas o precarias, por lo que se requiere seguir generando acciones que combatan este rezago social.
Las desigualdades en el ámbito de la salud se manifiestan en la persistencia de brechas territoriales. El fortalecimiento de la infraestructura de salud busca abordar estas disparidades. La distancia a los centros de atención médica es un factor que ha limitado la prevención y el tratamiento de enfermedades, lo que pudiera impactar la calidad de vida de la población.
El acceso desigual al trabajo digno también representa una causa estructural de exclusión y precariedad. No obstante, en diciembre de 2025 la población ocupada alcanzó los 59.8 millones de personas, uno de los niveles de ocupación más altos de los últimos años, no obstante, la informalidad laboral es un reto que atender (INEGI, 2025).(11)
Asimismo, la brecha digital continúa ampliando las desigualdades existentes, especialmente en un contexto de creciente digitalización de los servicios y la vida cotidiana. Aunque el uso de internet aumentó a 78.6%(12) en 2022 y se registran avances en cobertura, las competencias digitales tienen un importante margen de crecimiento, ya que solo 31.3% de las personas cuenta con habilidades básicas, 24.6% con habilidades estándar y apenas 6.4% con habilidades avanzadas.(13)
Esto limita el acceso a servicios públicos digitales, oportunidades de empleo y participación ciudadana, especialmente en zonas rurales y comunidades aisladas. La falta de conectividad y de habilidades digitales impide a muchas personas ejercer plenamente sus derechos en un entorno cada vez más tecnificado.
Para atender las causas que originan la violencia, es necesario consolidar una política de Estado que garantice continuidad, articulación territorial y coordinación entre los tres niveles de gobierno. Las respuestas sectoriales no bastan: se requiere una acción interinstitucional articulada.
México ha avanzado en la atención de las causas, lo que se refleja en la reducción de la pobreza, mejoras en seguridad y ampliación de derechos sociales, pero aún existen retos para lograr que la población viva con bienestar y dignidad. Consolidar esta transformación requiere reconocer lo alcanzado, pero, sobre todo, redoblar esfuerzos en zonas prioritarias.
El Objetivo 3. Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México, tiene como propósito atender, desde un enfoque estructural, la crisis sistémica que en el pasado enfrentó México en materia de derechos humanos, caracterizada por la persistencia de violaciones graves, la impunidad institucionalizada y la negación del acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
Históricamente, organismos nacionales e internacionales han documentado y denunciado violaciones a derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual cometida por agentes del Estado y represión de la protesta social.
Casos emblemáticos como la masacre de Tlatelolco en 1968, la "Guerra Sucia" en los años 70 y 80, la represión de Atenco en 2006 y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, dejaron una herida en la sociedad, donde el Estado fue incapaz de garantizar verdad, justicia y garantías de no repetición.
Esta situación se agravó en 2006 con la llamada "guerra contra el narcotráfico", que militarizó la seguridad pública y generó un incremento exponencial en las violaciones de derechos humanos, especialmente en el número de personas desaparecidas, ejecuciones arbitrarias y actos de tortura, muchas veces perpetrados con la participación directa o indirecta de agentes del Estado.
Ante este contexto, el gobierno de la Cuarta Transformación asumió, desde su inicio en diciembre de 2018, el compromiso ineludible de colocar a los derechos humanos en el centro de la acción del Estado. Reconociendo la magnitud de la crisis y la deuda histórica con las víctimas, se estableció como prioridad atender las violaciones graves a derechos humanos del pasado y del presente, con una política basada en la verdad y la justicia.
Las desapariciones forzadas y la violencia política que enfrentó México en el pasado han dejado huellas profundas que requieren atención. Estos fenómenos afectaron a generaciones, pusieron a prueba la convivencia comunitaria y generaron desafíos importantes en la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Sobre todo, impactó a familiares de personas desaparecidas y víctimas de violencia estatal, muchas veces pertenecientes a comunidades en situación de vulnerabilidad como pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mujeres buscadoras, jóvenes y personas en situación de pobreza. Superar esta deuda histórica implica fortalecer la rendición de cuentas, consolidar los sistemas de justicia y garantizar mecanismos eficaces de búsqueda y verdad, así como las medidas de no repetición y la reparación del daño.
En este contexto, la construcción de paz se vuelve fundamental ya que implica generar condiciones para el reconocimiento de las víctimas, y la creación de entornos donde la dignidad y los derechos humanos sean garantizados de manera plena.
Por ello, los gobiernos de la Cuarta Transformación han impulsado de manera decidida la cultura de paz a través de modelos de justicia transicional, participación ciudadana y la recuperación de la confianza en las autoridades. Estas acciones son esenciales para afrontar los desafíos en materia de violaciones graves de derechos humanos, violencia, inseguridad, desconfianza institucional, impunidad, desaparición forzada, violencia institucional y rezago en la búsqueda y en la atención a víctimas y familiares de víctimas de conflictos pasados.
Otro tema que ha merecido atención prioritaria es la lucha de las familias por encontrar a sus seres queridos desaparecidos, una lucha por la justicia, la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Por ello, el Gobierno de México trabaja para fortalecer los mecanismos de búsqueda, garantizar la rendición de cuentas y consolidar un sistema de justicia al servicio del pueblo.
En este contexto, los avances en materia de justicia y derechos humanos -como la identificación de personas desaparecidas, el uso de nuevas tecnologías para la búsqueda y la creación de redes nacionales de buscadoras- deben ser considerados como un proceso continuo que requiere compromiso político, recursos suficientes y participación de todos los sectores. Solo así será posible lograr una paz duradera basada en la verdad, la memoria y la justicia.
Otro de los temas urgentes y sensibles en la agenda de derechos humanos es la búsqueda de personas desaparecidas. No se trata únicamente de una violación grave a derechos fundamentales, sino de una herida abierta que causa un profundo dolor en las familias y un impacto devastador en la sociedad.
En este sentido la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a todas las dependencias del Gobierno a atender como una prioridad de Estado el problema de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
Siguiendo dicha instrucción, desde GOBERNACIÓN se han llevado a cabo diversas mesas de diálogo con familias, colectivos de familiares centradas en la agenda de búsqueda de personas desaparecidas, expertos en defensa de derechos humanos, organismos autónomos protectores de derechos humanos, académicos y organismos internacionales. Estos espacios de escucha y construcción colectiva, permitieron abordar puntos coyunturales como la búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos e información, bienestar y la prevención. A lo largo de las mesas celebradas durante abril y mayo de 2025, se contó con la participación de autoridades y representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, con el propósito de colocar a las familias en el centro de toda acción, y avanzar conjuntamente hacia una política de Estado con rostro humano.
En este contexto las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población impulsadas por la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, fortalecen la respuesta institucional ante los casos de desapariciones en México.(14)
Entre las propuestas más relevantes se encuentran la Clave Única de Registro de Población biométrica, la Alerta Nacional de Búsqueda de personas, la creación de la Plataforma Única de Identidad; el establecimiento de la Base Nacional de Carpetas de Investigación; el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, y las nuevas obligaciones para personas servidoras públicas y particulares.
Estas reformas no solo aspiran a mejorar las herramientas y procedimientos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, sino también establecer un sistema más coordinado y eficiente que garantice la protección de los derechos humanos y la justicia para las víctimas y sus familias.
Un ejemplo del trabajo realizado por el Gobierno de México para la memoria y justicia es la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como la implementación del Plan Especial de Reparación y Compensación y el Registro Nacional de Víctimas de la "Guerra Sucia". A través de la CoVEH se han realizado levantamientos de 831 testimonios de personas de 20 entidades federativas y se ha hecho registro documental en 87 acervos,(15) también se han hecho inspecciones de instalaciones militares para realizar investigaciones relevantes.
La CoVEH se integró por cinco mecanismos: 1. Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, 2. Comité para el Impulso a la Justicia. 3. Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 4. Programa Especial de Reparación Integral y Compensación, y 5. Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición.
Es cierto que, durante décadas, ningún gobierno había abordado de manera seria y comprometida el tema de la reparación, la memoria y la justicia para las víctimas de la llamada "Guerra Sucia". Por primera vez, con la creación de la CoVEH y la implementación del Plan Especial de Reparación y Compensación; dirigido a víctimas de violaciones a derechos humanos, especialmente en casos de graves violaciones cometidas por el Estado o autoridades, se avanza en un acto de justicia histórica que reconoce el dolor de las personas que fueron silenciadas y perseguidas.
Asimismo, la CoVAJ implementa un modelo integral de atención con un enfoque centrado en las víctimas. A través de esta acción, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) transformó la dinámica de las instituciones de la APF, al establecer una coordinación interinstitucional que contribuye a la creación de medidas encaminadas a garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en el proceso de acceso a la justicia relacionado en cada caso.
El caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la exigencia nacional por verdad, justicia y no repetición ante las graves violaciones a derechos humanos. Frente a este desafío histórico, GOBERNACIÓN asume con responsabilidad su papel en el esclarecimiento de los hechos y en la garantía de que nunca más se utilice la fuerza del Estado para reprimir a quienes ejercen sus derechos. En este marco, la CoVAJ tiene como propósito fundamental, identificar las acciones que derivaron en la agresión y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como contribuir a brindar respuestas claras a las familias y a la sociedad.
Los esfuerzos de la CoVAJ se desarrollan a partir de cinco ejes estratégicos: búsqueda en campo, fortalecimiento del proceso de identificación humana, acceso a la verdad y justicia, trabajo en los procesos de extradiciones, y la ruptura del pacto de silencio criminal. De manera paralela, se realizará un nuevo análisis de la información contenida en los expedientes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa y de la propia CoVAJ con apoyo de nuevas tecnologías para abrir líneas que conduzcan a la obtención de datos e indicios clave para la investigación.
Con ello, se busca que, hacia el 2030, la CoVAJ se consolide como un precedente para la construcción de mecanismos extraordinarios de atención integral a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la memoria.
Por otro lado, el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual Cometida contra las mujeres se fortaleció con las reformas impulsadas en el presente sexenio, ya que actualmente cuenta con la participación de la Secretaría de las Mujeres (MUJERES), creada en 2025, la cual fortalecerá los trabajos e impulsará el cumplimiento de los objetivos de este organismo, para lograr que toda mujer ejerza su derecho a una vida libre de violencias.
Es de la mayor relevancia para el Estado mexicano consolidar políticas públicas que garanticen la no repetición, fortalezcan la memoria histórica, perfeccionen los mecanismos de justicia y promuevan la construcción de una sociedad pacífica. La transformación institucional debe orientarse a consolidar un modelo de paz que no sea solo ausencia de conflicto, sino presencia activa de derechos, justicia y bienestar para todas las personas, especialmente para quienes más han sufrido.
Además, México ha registrado avances relevantes en la promoción de la igualdad y en el reconocimiento de derechos históricamente negados a diversos grupos en situación de discriminación. Estos logros han sido posibles gracias a la participación social activa y a la transformación de la agenda pública en favor de la equidad. Sin embargo, persisten condiciones estructurales de desigualdad y exclusión que requieren de una respuesta institucional decidida.
En este contexto el Objetivo 4. Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México busca consolidar y ampliar los esfuerzos existentes mediante políticas públicas con enfoque interseccional y de derechos humanos, para atender el problema público de la persistencia de barreras institucionales y sociales que impiden que grupos de población en situación de vulnerabilidad accedan a las mismas oportunidades y derechos que el resto de la población.
Uno de los logros más significativos en lo que va del sexenio en materia de igualdad sustantiva, es la erradicación de la brecha salarial y protección contra la violencia de género, a partir de las reformas propuestas a la CPEUM para modificar los artículos 4o., 21, 41, 73, 116 y 123. Estas acciones, además de enmarcarse en un contexto histórico en donde por primera vez en México hay una mujer Presidenta, significan un mensaje claro sobre la relevancia de la igualdad de género para este segundo piso de la transformación.
De forma especial, la reforma al artículo 4o. de la CPEUM representa un avance en la lucha por la igualdad sustantiva ya que parte de reconocer que la igualdad entre mujeres y hombres ante la ley no corrige las desigualdades estructurales. Con lo anterior, se logra establecer que el Estado mexicano debe intervenir de forma activa en la eliminación de las barreras estructurales para combatir las desigualdades materiales que afectan a las mujeres en todas las áreas donde se desenvuelven día con día.
También resulta relevante destacar la reforma al artículo 21 de la CPEUM, que incorpora la perspectiva de género como uno de los principios rectores de las instituciones de seguridad pública. Asimismo, la reforma al artículo 41 constitucional establece el principio de paridad de género en los cargos de la administración pública tanto en las entidades federativas como en los municipios. Por su parte, la reforma al artículo 73 de la CPEUM amplía las facultades del Gobierno Federal para conocer de delitos del fuero común relacionados con las violencias de género. A su vez, la modificación al artículo 116 obliga a que las constituciones estatales garanticen la procuración de justicia con enfoque de género. Finalmente, la reforma al artículo 123 establece que a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin importar el género ni la nacionalidad.
Estos cambios proporcionan aportes importantes en un país donde las mujeres enfrentan segregación y violencia en todos los espacios, desde el acoso hasta la violencia psicoemocional, familiar, física, patrimonial, económica, sexual, vicaria y feminicida. Por ello vale la pena reconocer que esta realidad tiene muchas aristas sobre las cuales se debe seguir trabajando con el objetivo de eliminar todo tipo de desigualdad y violencia de género, así como lograr una igualdad sustantiva completa.
En cuanto a la lucha contra la discriminación, se ha logrado visibilizar la discriminación estructural y las narrativas de odio que sustentan las falsas creencias y prejuicios en el país. Una muestra de este compromiso son los trabajos territoriales que ha realizado el Gobierno de México a través de la estrategia Territorios por la igualdad, donde se ha atendido de manera interseccional a 20 grupos identificados como más vulnerados socialmente.
A través de este trabajo se han escuchado las realidades de grupos históricamente discriminados, en municipios de 22 estados, para generar acciones en su beneficio.(16) También se han atendido las realidades de contextos específicos con la intención de desmantelar prácticas excluyentes percibidas por estas poblaciones. De este modo, la estrategia permite visibilizar y conocer de primera mano las intersecciones por las que atraviesan las poblaciones, así es posible tomar en cuenta las consideraciones necesarias para realizar el ejercicio completo de derechos humanos de todas las personas.
Nuestro país es parte del principal corredor migratorio del mundo, enfrentando múltiples retos en la gestión de la movilidad humana. Como país de origen, tránsito, destino y retorno, requiere mecanismos de coordinación internacional para asegurar una migración ordenada y con enfoque de derechos humanos.
El Gobierno de México ha priorizado el respeto a los derechos de las personas migrantes, asegurando una atención integral a través del fortalecimiento de la gestión migratoria, promoviendo acuerdos de cooperación internacional; la ampliación de servicios de asistencia y protección consular, garantizando documentación, asesoría legal y apoyo en casos de vulnerabilidad, y el reconocimiento de la contribución de las personas en movilidad a sus comunidades de destino y al desarrollo económico tanto del país de llegada, como del que recibe sus remesas.
La política migratoria debe equilibrar la seguridad con la protección de los derechos humanos, asegurando condiciones dignas para las personas en movilidad. Para ello, se fortalecerá la infraestructura y capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la atención, y de las personas con necesidades de protección internacional garantizando una gestión humanitaria y eficiente.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 reveló que una cuarta parte (23.7%) de la población de 18 años y más, declaró haber experimentado discriminación por al menos un motivo de los siguientes: tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social o lugar donde vive, creencias religiosas, edad, sexo, orientación sexual, etnicidad, condición de discapacidad, enfermedad, opiniones políticas, estado civil, situación de pareja o situación familiar.(17)
Ante este escenario, el compromiso del Gobierno de México es continuar trabajando para reducir las desigualdades en el acceso a los derechos y libertades fundamentales. Para ello será indispensable fortalecer las políticas de igualdad sustantiva e inclusión y de mejorar la capacitación de las personas servidoras públicas en todos los órdenes de gobierno, con el fin de garantizar que todas las personas, sin distinción, puedan ejercer plenamente sus derechos. Este esfuerzo requiere la coordinación transversal de los sectores educativo, social, económico, de salud, justicia y seguridad, y se consolidará a través de mecanismos interinstitucionales de seguimiento y evaluación. La articulación entre estos sectores es fundamental para responder de manera efectiva a un problema público que, por su complejidad, no puede ser abordado desde un solo frente.
Vinculación con los anexos transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación
Dada la naturaleza transversal del PNDH 2026-2030, sus objetivos y estrategias abarcan y se vinculan directamente con la mayoría de los grupos considerados en los anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación. Este análisis, centrado en la atención a las causas estructurales de la desigualdad, la violencia y la discriminación, permite enfocar la planeación nacional en el desarrollo humano, impactando directamente la asignación de recursos y la implementación de políticas para la población en su conjunto. Mediante sus objetivos no solo buscan atender la pobreza, la desigualdad y la violencia, sino que lo hacen desde un enfoque humanista y de derechos humanos que prioriza a los grupos históricamente excluidos.
El Objetivo 1 busca un gobierno empático que, al combatir la desconexión con la ciudadanía y promover un enfoque de derechos, canaliza recursos hacia la igualdad entre mujeres y hombres (Anexo 13), la atención a personas en situación de vulnerabilidad (Anexo 14) y el desarrollo de los jóvenes (Anexo 17). Por su parte, el Objetivo 2, al abordar las causas estructurales de la violencia, como el rezago educativo y la informalidad laboral, se relaciona con las erogaciones para la atención de niñas, niños y adolescentes (Anexo 18) y entre otras actividades, la promoción de proyectos productivos (Anexo 19), además de vincularse con las acciones para el desarrollo rural sustentable (Anexo 11).
El Objetivo 3 se centra en la construcción de paz y justicia, donde el uso de nuevas tecnologías y la consolidación de capacidades institucionales para la búsqueda y atención a víctimas se liga con el Programa de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Anexo 12) y la atención a grupos vulnerables (Anexo 14). Finalmente, el Objetivo 4 promueve la igualdad sustantiva y la no discriminación, lo que impacta las erogaciones para la consolidación de una sociedad de cuidados (Anexo 31), la atención a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas (Anexo 10), y la adaptación y mitigación al cambio climático (Anexo 16), al reconocer la vulnerabilidad de las poblaciones frente a los fenómenos ambientales.
De esta manera, el PNDH 2026-2030 no es un programa aislado, sino un instrumento fundamental de planeación nacional que articula y orienta la inversión pública hacia la construcción de un país más justo, equitativo y en paz.
Visión de largo plazo
El Gobierno de México asume hacia el año 2030, consolidar un país en el que la igualdad sustantiva y la no discriminación sea una realidad palpable para todas las personas, por lo que se requiere continuar con las estrategias realizadas por el Gobierno de México en materia de derechos humanos. Esto implica sentar las bases de un nuevo pacto social fundado en el respeto a la dignidad humana, la reparación histórica hacia los pueblos discriminados, y la garantía plena de los derechos en todos los territorios. El horizonte de este programa no es únicamente el sexenio presente, sino el desarrollo de políticas transformadoras en la conquista de derechos, que perduren en el tiempo y aseguren justicia intergeneracional.
La visión a 20 años, derivado de la implementación del PNDH 2026-2030, es la consolidación de un Estado garante de derechos, comprometido con la universalización del bienestar y la dignidad humana, con instituciones públicas fuertes y transformadas, que sean sensibles, accesibles y cercanas a las personas, especialmente con quienes históricamente han sido excluidas. Con ello, para 2045, se tendrá un país más justo, solidario y democrático, en el que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos y vivir con dignidad y libertad.
Para garantizar los derechos humanos en México y consolidar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 concentrará los esfuerzos del gobierno en cuatro áreas prioritarias.
Objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 |
1.- Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México. |
| 2.- Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población. |
| 3.- Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México. |
| 4.- Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México. |
6.1 Relevancia del Objetivo 1: Consolidar un gobierno empático y humanista, sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México. Por décadas, los gobiernos neoliberales dejaron a un lado a la población, gobernaron con opacidad, sin tomarlos en cuenta y sin generar mecanismos para informar de forma oportuna sobre los temas que más le preocupaban. Los gobiernos de la Cuarta Transformación, al contrario, impulsan espacios y mecanismos abiertos de participación social a fin de involucrar al pueblo en los asuntos públicos para mejorar sus comunidades y su entorno.
La participación ciudadana parte del reconocimiento de que el pueblo de México posee una sabiduría que le permite comprender cuáles son las problemáticas que más le afectan, y que entiende cuáles son los caminos hacia las soluciones. Por ello, en reconocimiento a esa sabiduría, el presente Gobierno impulsa estrategias y mecanismos para incorporar la participación de las y los ciudadanos. El resultado ha sido el fortalecimiento de la gobernanza mediante la atención a las demandas de la población y el fomento de una sociedad más participativa e informada.
Los gobiernos de la Cuarta Transformación se basan en los Principios del Humanismo Mexicano, que establecen que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por ello, resalta la importancia de promover espacios de liderazgo y decisión para que los grupos en situación de vulnerabilidad se integren a la cultura democrática del país.
No obstante, para que estos Principios se traduzcan en una democracia incluyente y participativa, resulta indispensable reconocer las brechas estructurales que aún limitan el ejercicio pleno de los derechos, entre estas se considera la discriminación histórica de minorías y grupos vulnerables como los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a los que por cientos de años se les han coartado sus derechos humanos y el acceso a servicios básicos. La persistencia de desigualdades económicas y de género en el ámbito laboral evidencia que, aunque se han impulsado mecanismos de participación y liderazgo para grupos en situación de vulnerabilidad, aún existen áreas de oportunidad.
Sabemos que, la desigualdad económica y de género continúa reflejándose en los ingresos laborales. En el tercer trimestre de 2025, los hombres percibieron ingresos 19.88% superiores (ocho mil 137.40 pesos) a los de las mujeres (seis mil 519.53 pesos), y quienes laboran en el sector informal ganaron en promedio la mitad (cinco mil 237.34 pesos) respecto al sector formal (10 mil 573.62 pesos), evidenciando un mercado de trabajo con aspectos por mejorar en las condiciones laborales.(18)
En este sentido, el presente objetivo cuenta con acciones para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación social y comunitaria. Para ello, se promoverán mecanismos de acuerdos y consensos, así como el intercambio y la sistematización de buenas prácticas en las materias de participación ciudadana, cohesión social y cultura de paz.
En el gobierno actual se respetan todas las libertades: de expresión, prensa, reunión, movilización, credo, entre otras. Se respetan los derechos humanos y nunca se usa la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Se respeta la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad.
Esto parte del reconocimiento de que, en las sociedades democráticas, las transformaciones sociales y políticas se han dado a partir y como consecuencia del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, manifestación y asociación, ya que estos promueven y protegen diversas formas de demandar el ejercicio y garantía de otros derechos sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, así como de expresar la opinión por parte de grupos históricamente discriminados.
Asimismo, parte del entendimiento que la libertad de expresión es un derecho humano que deriva del artículo 6o. de la CPEUM el cual establece que: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado".
Los gobiernos de la Cuarta Transformación parten de un movimiento nacional, por tanto, entienden que, ante todo, se debe reconocer que las protestas tienen su origen en la búsqueda de soluciones a problemáticas que afectan a la población, y que son uno de los medios que permite a las personas y a los grupos participar de forma significativa en la vida política, económica, social y cultural de la sociedad. Que, derivado de ello, las autoridades tienen la obligación de atender sus demandas, a través de los medios y recursos con los que se cuente, de forma tal que se garanticen y respeten sus derechos humanos.
6.2 Relevancia del Objetivo 2: Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población. Para el Gobierno de México, las personas son una prioridad porque una de las principales causas que generan la violencia es el abandono de la población en situación de vulnerabilidad, lo que les orilla a tener modos de vida alejados de la legalidad.
En México, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, señala que 2018 a 2024, la tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes tuvo una disminución de 14.62%, al pasar de una tasa de 28,269 víctimas por cada 100 mil habitantes a 24,135, en el periodo referido.(19)
Por ello se busca consolidar las estrategias integrales focalizadas que permitan atender a las familias, mediante la continuidad de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, con los que se brindan alternativas que ofrecen una perspectiva de vida diferente. Con las políticas públicas del Gobierno de México, se impulsa el bienestar de la población, mediante la implementación de programas sociales, sobre todo, aquellos que van dirigidos a la población vulnerable. Con un enfoque nuevo, la paz se construye a partir de permanecer en el territorio, en las comunidades, para identificar las problemáticas que enfrentan las familias, e incorporar a sus integrantes a los distintos programas y servicios del Gobierno Federal.
La atención a las causas se realiza en todo el país, de manera especial en las colonias de municipios prioritarios con mayor incidencia delictiva y rezago, por lo que la estrategia avanza en 12 entidades federativas, en beneficio de 3.1 millones de personas, brindado más de 4.8 millones de atenciones en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Colima y Jalisco.(20)
Se brinda un seguimiento casa por casa, en atención médica, educación, oportunidades de empleo y se implementan las Ferias de Paz acercando a la población servicios, programas, apoyos, salud, deporte y cultura. Se atiende con una perspectiva regionalizada, de esta manera, las estrategias no son las mismas para las entidades federativas.
Finalmente, se impulsan campañas preventivas a nivel nacional para la prevención del consumo de drogas, mediante trípticos y carteles en cada colonia, así como pláticas con vecinas y vecinos. 6.3 Relevancia del Objetivo 3: Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México. La desaparición forzada constituye una violación grave a los derechos humanos, que involucra una pluralidad de conductas delictivas y que vulnera los derechos tanto de la persona afectada, como de sus familiares, personas cercanas, y de la sociedad en conjunto.
En México, durante el periodo conocido como la "Guerra Sucia", la desaparición forzada de personas fue cometida por agentes del Estado. En la actualidad la comisión de este delito ha mutado, ya que principalmente se encuentra vinculado a la delincuencia organizada y es cometido por particulares. Por décadas, las denuncias de personas desaparecidas por la "Guerra Sucia" se iniciaron por secuestro, abuso de autoridad u otros delitos que prescribían, es decir, que no permitían su sanción por el transcurso del tiempo. En 2024 el Gobierno de México reclasificó delitos cometidos en dicho periodo, la Fiscalía General de la República (FGR), con el acompañamiento de GOBERNACIÓN, llevó a cabo la traslación de tipos penales para investigar. Se identificaron y regionalizaron 244 expedientes a fin de comprender las circunstancias en las que ocurrieron los delitos, la mayoría de los casos se concentran en Guerrero (48.8%), seguido por Ciudad de México (15.1%), Sinaloa (9.4%) y Jalisco (6.1%).(21)
Al cierre del informe 2024 de la CoVEH, el Registro Nacional de Víctimas contó con un total de 2,619 víctimas inscritas por hechos derivados de este periodo, de las cuales 632 (24.1%) son víctimas directas y 1,987 (75.8%) son indirectas.(22)
En este sentido, existe la necesidad de fortalecer las medidas para la determinación del paradero de las personas desaparecidas, las cuales deben partir de la presunción de vida, hasta llegar a un resultado determinante sobre la situación de la víctima, impulsando las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas y no localizadas. Asimismo, es indispensable la participación de los familiares y víctimas indirectas de este delito en la formulación de políticas, programas y acciones en su beneficio.
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas requiere del fortalecimiento en su coordinación, su cobertura y la calidad de servicios. Para ello, es importante impulsar la profesionalización del personal, la investigación sobre víctimas y la modernización de los procesos de planeación y evaluación de políticas de atención. Para el Gobierno de México atender a las personas sobrevivientes, víctimas directas, víctimas indirectas, familiares y colectivos del oscuro periodo de violencia política conocido como "Guerra Sucia" ha sido prioridad desde el primer día, estar del lado de las víctimas con un enfoque de derechos humanos, sancionar a las personas responsables y que se esclarezcan los hechos. Esta es una consigna para trabajar por la verdad y la justicia, pero sobre todo por la memoria y la no repetición.
Por otra parte, se integran Comités de Paz para garantizar en las colonias y comunidades la permanencia y continuidad de esta estrategia. A través de ellos se mantiene la presencia del Gobierno de México. La construcción de una paz duradera se ha fundamentado en una amplia coordinación interinstitucional, que articula los esfuerzos de dependencias de los tres órdenes de gobierno para intervenir de manera integral en territorios prioritarios de estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Tabasco, Sonora y Zacatecas.(23)
Este esfuerzo responde al objetivo de atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de las personas, lo que permite que estas acciones incidan de manera directa en el bienestar de la población, al reducir los factores de riesgo, fortalecer la cohesión comunitaria y promover entornos más seguros y justos para todos.
Como parte de esta estrategia, en otro eje, se trabaja en las 32 Mesas de Paz estatales y 266 regionales, que llevan a cabo Jornadas de Paz en todo el país. Y en una acción coordinada, dependencias federales, estatales y municipales atienden de manera integral a la comunidad con servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del IMSS-Bienestar, de Salud y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y la estrategia de medicamentos gratuitos, que tienen una alta demanda, así como las asesorías jurídicas de las diferentes instancias del Gobierno de México(24).
Continúa también la acción Sí al Desarme, Sí a la Paz, con la que se ha promovido el desarme voluntario entre la población, con la entrega de más de 2 mil(25) armas de diversos calibres intercambiadas. Por otro lado, para frenar los ciclos de violencia, la estrategia gubernamental prioriza la reinserción social, ofreciendo a las personas en conflicto con la ley las herramientas necesarias para rediseñar su proyecto de vida y volver a su comunidad.
6.4 Relevancia del Objetivo 4: Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México. Los gobiernos de la Cuarta Transformación condenan las distintas manifestaciones de la desigualdad y la discriminación que por varias generaciones perpetuaron los gobiernos neoliberales, con desigualdades marcadas por una minoría favorecida y una amplia mayoría de personas y grupos sociales en injusta marginación y exclusión en el disfrute de los derechos humanos, del bienestar y de la paz.
La ENADIS 2022 reveló que una cuarta parte (23.7%) de la población de 18 años y más en México reportó haber sido discriminada, cifra que aumenta en grupos específicos como la población LGBTTTIQ+ (37.3%), personas con discapacidad (33.8%) y migrantes (28.8%)(26). Atender esta problemática mediante políticas públicas de inclusión laboral, acceso equitativo a servicios de salud y educación, campañas de sensibilización y fortalecimiento de mecanismos de denuncia permite reducir las brechas de desigualdad, ampliar las oportunidades de movilidad social y garantizar que grupos históricamente excluidos ejerzan sus derechos, lo que se traduce en mayor bienestar y cohesión social. En México se atienden las desigualdades históricas en múltiples formas de discriminación estructural hacia mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, y personas LGBTTTIQ+, entre otras poblaciones.
Se trata de poblaciones y grupos sociales a los que se trató de manera denigrante, con racismo, xenofobia, clasismo, machismo, misoginia, homofobia, lesbofobia y transfobia o el capacitismo. En el trasfondo estaban los prejuicios y estereotipos que contribuyeron a ampliar las brechas sociales y económicas.
Por ello, la guía es el respeto a la CPEUM que garantiza el derecho de todas las personas a vivir en una sociedad justa, igualitaria y segura, sin distinción de género, orientación sexual, raza, creencias o condición social. El Gobierno de México, respeta la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual, y rechaza cualquier tipo de discriminación como el clasismo, racismo y machismo.
Frente a este panorama, asegurar la igualdad sustantiva y la no discriminación no es solo un principio ético, sino una acción concreta de justicia social. Las reformas constitucionales impulsadas durante esta etapa de transformación demuestran un compromiso firme del Estado mexicano con la eliminación de las desigualdades estructurales, particularmente aquellas que afectan a mujeres, pueblos originarios, personas con discapacidad, migrantes, y comunidades históricamente discriminadas.
La intención es consolidar un nuevo modelo de gobernanza basado en los derechos humanos, la equidad y el reconocimiento pleno de la dignidad de todas las personas. 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 El PND 2025-2030 y el PNDH 2026-2030 mantienen una estrecha vinculación al compartir principios y objetivos orientados a la construcción de un gobierno empático y humanista, la atención a las causas estructurales de la violencia, la búsqueda de la paz mediante la verdad y la justicia, así como la garantía de la igualdad sustantiva y la no discriminación, se constituyen en ejes articuladores que permiten un desarrollo nacional integral, sostenible y con pleno respeto a los derechos humanos.
| Objetivos del Programa Nacional de Derechos
Humanos 2026-2030
| Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo 2025 - 2030
| Estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo 2025 - 2030
|
| 1. Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México. | Objetivos 1.1, 1.2 | Estrategias 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.2.1 |
| 2. Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población. | Objetivos 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 2.7, 3.2, 3.8 | Estrategias 1.2.1, 1.5.4, 2.1.1, 2.1.6, 2.1.9, 2.3.1, 2.3.4, 2.7.3, 3.2.4, 3.8.1 |
| 3. Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México. | Objetivos 1.2, 1.5, T1.5 | Estrategias 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.5.6, T1.5.3 |
| 4. Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México. | Objetivos 1.1, 1.2, T1.3, T1.5, T3.2 | Estrategias 1.1.6, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, T1.3.1, T1.5.1, T3.2.3 |
7. Estrategias y líneas de acción Para consolidar un Gobierno sensible, empático y humanista, que coloque a la dignidad humana en el centro de las políticas públicas, hay que atender de raíz las causas estructurales que generan la violencia, así como trabajar de manera coordinada con diversas instituciones del Estado para garantizar los derechos y libertades de todas las personas, asegurando así condiciones de justicia social y promoviendo una paz duradera basada en la verdad y la justicia.
Además, se refrenda el compromiso con la igualdad sustantiva y la no discriminación como principios rectores de la acción gubernamental. Para dar cumplimiento a este enfoque, este PNDH 2026-2030 establece objetivos, estrategias y líneas de acción concretas que orientan el quehacer institucional hacia la garantía y protección integral de los derechos del pueblo de México.
Objetivo 1. Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México. Estrategia 1.1 Promover el ejercicio de la libre expresión, la protesta social y la manifestación de las ideas como mecanismos de participación democrática, para fortalecer una sociedad activa, plural y respetuosa de los derechos y libertades fundamentales.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 1.1.1 Fomentar las competencias de las personas servidoras públicas encargadas de atender las protestas sociales, mediante capacitaciones que privilegien el diálogo con base en el respeto a los derechos humanos. | GOBERNACIÓN, COMUNICACIONES, IMSS, MARINA,
SEGURIDAD
|
1.1.2 Impulsar la eliminación de las sanciones administrativas o penales contra la libertad de expresión, mediante reformas a las leyes locales. | GOBERNACIÓN
|
| 1.1.3 Promover los derechos a la protesta y la libre expresión, a través de un protocolo de actuación ante manifestaciones sociales. | GOBERNACIÓN, COMUNICACIONES, IMSS, SEGURIDAD
|
| 1.1.4 Generar estadísticas y acciones de mejora por parte de las autoridades durante la atención y gestión de protestas públicas, mediante el monitoreo, documentación y evaluación de su actuar. | GOBERNACIÓN, IMSS, SEGURIDAD
|
| 1.1.5 Fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos mediante un análisis diferenciado, con perspectiva intercultural y de género. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD
|
Estrategia 1.2 Promover espacios de diálogo y construcción colectiva entre gobierno y sociedad, para fortalecer una convivencia democrática basada en la justicia, la igualdad y el respeto a las libertades.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 1.2.1 Identificar necesidades y propuestas en materia de justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos, mediante la realización de mesas de diálogo regionales entre autoridades y comunidades. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MUJERES, SALUD, IMSS-
BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL,
ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS, MEDIO
AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO,
TURISMO, CULTURA, CONAPRED, MARINA, SNDIF, ISSSTE
|
| 1.2.2 Facilitar los procesos de mediación y resolución pacífica de conflictos sociales, mediante cursos, guías y asesoramientos que fortalezcan las capacidades institucionales de respuesta. | GOBERNACIÓN, CONAPRED, INPI, IMSS
|
| 1.2.3 Priorizar la opinión colectiva de la población que habita territorios marginados histórica y estructuralmente, a través de mecanismos de consulta con un enfoque de derechos humanos e interculturales en proyectos vinculados con sus comunidades, en concordancia con la normatividad aplicable. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, INPI, BIENESTAR, MUJERES,
SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO
TERRITORIAL, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS,
MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN
GOBIERNO, TURISMO, CULTURA, CONAPRED
|
| 1.2.4 Promover la cultura del diálogo, la tolerancia y la resolución no violenta de diferencias, por medio de campañas educativas, talleres comunitarios y materiales de difusión. | GOBERNACIÓN, SALUD, CONAPRED
|
| 1.2.5 Fortalecer la participación ciudadana, mediante la atención directa a demandas urgentes y la mediación de conflictos que requieran la intervención gubernamental. | GOBERNACIÓN, COMUNICACIONES, EDUCACIÓN, SALUD |
Estrategia 1.3 Impulsar políticas públicas con sentido humanista que garanticen el respeto a los derechos humanos, las libertades y el trato igualitario, de todas las personas, para combatir cualquier forma de discriminación.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 1.3.1 Fomentar la incorporación del enfoque de derechos humanos y no discriminación en las políticas públicas y programas de forma transversal, a través del diseño e implementación de manuales, desarrollo de capacitaciones y asesorías técnicas. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI,
BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR,
EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO,
HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF,
IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA,
COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, TURISMO, CULTURA,
CEAV, CONAPRED
|
| 1.3.2 Fortalecer las capacidades institucionales en materia de derechos humanos dentro de todas las dependencias del gobierno, mediante acciones de profesionalización. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA, INPI, BIENESTAR,
MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN,
DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA,
ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS, ISSSTE,
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA,
COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA
|
| 1.3.3 Establecer mecanismos de denuncia y atención de actos de discriminación, a través de canales institucionales accesibles, eficaces y seguros. | GOBERNACIÓN, CONAPRED, SALUD, ISSSTE
|
Estrategia 1.4. Promover la creación de protocolos para la atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad con base en los derechos humanos, las libertades, y la no discriminación.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 1.4.1 Atender a grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, a través del diseño de protocolos con enfoque diferenciado. | GOBERNACIÓN, CONAPRED, INPI, BIENESTAR, MUJERES,
EDUCACIÓN, SALUD, IMSS, ISSSTE
|
| 1.4.2 Fortalecer la coordinación interinstitucional en la APF, mediante la elaboración e implementación de protocolos y estudios enfocados en los derechos humanos. | GOBERNACIÓN, SALUD, IMSS
|
| 1.4.3 Promover la participación de la ciudadanía en la identificación de problemáticas sociales y toma de decisiones para el desarrollo de sus entornos, a través de la formulación e implementación de protocolos con enfoque participativo. | GOBERNACIÓN, COMUNICACIONES, TURISMO
|
Estrategia 1.5 Consolidar estrategias y acciones con un enfoque humanista y transformador, que promueva que todas las instituciones actúen con respeto, empatía y compromiso con la dignidad de las personas para una política de Estado transversal en materia de derechos humanos.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 1.5.1 Impulsar la inclusión del enfoque de derechos humanos como eje transversal en los planes y programas de desarrollo federal, estatal y municipal, mediante la realización de consultas, foros y estudios. | GOBERNACIÓN, SALUD
|
| 1.5.2 Fortalecer la actuación coordinada de los tres niveles de gobierno bajo principios comunes de respeto a la dignidad humana, mediante el fortalecimiento de la articulación interinstitucional e intergubernamental. | GOBERNACIÓN, SALUD, TURISMO
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| 1.5.3 Impulsar una cultura interinstitucional basada en el trato digno, el lenguaje incluyente y el respeto a la diversidad en todos los niveles de gobierno, a través de capacitaciones a personas servidoras públicas. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI,
BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR,
EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO,
HACIENDA, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE,
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA,
COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED
|
| 1.5.4 Promover una cultura de protección y respeto de los derechos humanos en el ámbito de la actividad empresarial, mediante acciones e instrumentos de política pública en el territorio nacional. | ECONOMÍA, SALUD
|
Estrategia 1.6 Impulsar la formación y sensibilización de las personas servidoras públicas, con enfoque en derechos humanos, equidad y trato digno, para garantizar una atención empática, respetuosa y sin distinciones a toda la población.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
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| 1.6.1 Impulsar en el servicio público la formación en derechos humanos, ética pública, empatía y trato digno, desde una perspectiva humanista, mediante acciones de sensibilización y profesionalización. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI,
BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR,
EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO,
HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF,
IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA,
COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED
|
| 1.6.2 Integrar contenidos sobre justicia social, inclusión y servicio al pueblo en la formación de las personas servidoras públicas, por medio de procesos de inducción y profesionalización que fortalezcan la conciencia social y el compromiso con los derechos humanos. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI,
BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR,
AGRICULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, COMUNICACIONES,
CONAPRED, CULTURA, DESARROLLO TERRITORIAL,
ECONOMÍA, EDUCACIÓN, ENERGÍA, HACIENDA, IMSS, ISSSTE,
MEDIO AMBIENTE, TRABAJO, TURISMO, RELACIONES
EXTERIORES
|
| 1.6.3 Mejorar los protocolos de atención y promover el trato digno a personas en situación de vulnerabilidad, por medio de capacitaciones a las personas servidoras públicas. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI,
BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR,
EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO,
HACIENDA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, RELACIONES
EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV,
CONAPRED
|
| 1.6.4 Sensibilizar a las personas servidoras públicas sobre mecanismos claros para reportar actos discriminatorios, mediante la difusión de códigos de conducta y otros documentos en la materia. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA, INPI, BIENESTAR,
MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN,
DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, RELACIONES EXTERIORES,
SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE,
ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED
|
Objetivo 2. Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población. Estrategia 2.1 Reducir progresivamente las causas estructurales de la violencia, como la corrupción, el racismo, el clasismo y el patriarcado, con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 2.1.1 Promover la justicia social en territorios históricamente excluidos, mediante acciones que coadyuven en el acceso a salud, educación, vivienda y empleo digno. | BIENESTAR, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN,
DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO
|
| 2.1.2 Impulsar el ejercicio de los derechos de los grupos de atención prioritaria, mediante mecanismos que permitan su representación en cargos públicos y espacios de decisión. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA, INPI, MUJERES, IMSS-
BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL,
TRABAJO, HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES,
IMSS, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN
GOBIERNO, TURISMO, CULTURA, CONAPRED
|
| 2.1.3 Fomentar la economía social y solidaria, mediante el acceso prioritario a créditos para comunidades vulnerables y proyectos liderados por mujeres y juventudes. | ECONOMÍA, MUJERES, TURISMO, BIENESTAR, SALUD
|
| 2.1.4 Fomentar la educación inclusiva, mediante la incorporación de contenidos sobre igualdad, diversidad, antirracismo, género y derechos humanos en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. | EDUCACIÓN, SALUD
|
Estrategia 2.2 Fortalecer el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para que la política de derechos humanos responda al interés y necesidades del pueblo.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 2.2.1 Construir la agenda de derechos humanos, población y migración, mediante la implementación de mesas de diálogo, consulta y seguimiento. | GOBERNACIÓN, SALUD
|
| 2.2.2 Fortalecer el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para construir políticas públicas de derechos humanos que respondan a los intereses y necesidades del pueblo, a través de la implementación y fortalecimiento de mecanismos participativos desde la APF. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA INPI, MUJERES, SALUD,
IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL,
TRABAJO, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS,
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA,
COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, TURISMO, CULTURA,
CEAV, CONAPRED
|
| 2.2.3 Colaborar en el diseño de espacios accesibles para que los jóvenes participen en actividades creativas y deportivas, mediante la difusión de programas de arte, cultura y deporte en las comunidades en situación de vulnerabilidad. | GOBERNACIÓN, CULTURA
|
| 2.2.4 Aumentar las oportunidades de empleo y formación, mediante acciones que promuevan la integración social, el sentido de pertenencia y la construcción de habilidades. | BIENESTAR, TRABAJO, CULTURA
|
| 2.2.5 Promover acciones de atención prioritaria mediante capacitaciones y formación técnica, en las zonas más afectadas por la violencia. | GOBERNACIÓN
|
| 2.2.6 Promover el derecho equitativo a la vivienda adecuada, mediante acciones que permitan su acceso a grupos históricamente discriminados. | DESARROLLO TERRITORIAL, SALUD
|
| 2.2.7 Reforzar el desarrollo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de la implementación de mecanismos de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. | GOBERNACIÓN, SALUD
|
Objetivo 3. Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México. Estrategia 3.1 Fortalecer la política de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas para prevenir la violación a otros derechos.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 3.1.1 Adoptar medidas de atención integral a víctimas y familiares, mediante protocolos de actuación, resguardo físico, orientación jurídica y mecanismos de protección. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, CEAV
|
| 3.1.2 Impulsar la localización de personas desaparecidas y no localizadas a nivel federal y estatal, mediante acciones de búsqueda en campo y gabinete. | GOBERNACIÓN
|
| 3.1.3 Eficientar el seguimiento de las acciones de búsqueda, mediante el fortalecimiento de los sistemas de información, la coordinación interinstitucional y el monitoreo continuo de casos, para apoyar la localización de personas desaparecidas. | GOBERNACIÓN
|
| 3.1.4 Optimizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a través de la actualización periódica, interoperabilidad de sistemas y depuración de datos que fortalezcan las acciones de búsqueda. | GOBERNACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL
|
| 3.1.5 Establecer mecanismos para la recolección de datos sobre personas desaparecidas, mediante formatos homologados, coordinación interinstitucional y validación con autoridades competentes. | GOBERNACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL
|
| 3.1.6. Mejorar el uso estratégico de la información para la búsqueda de personas, a través de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de capacidades técnicas, en coordinación con instancias competentes. | GOBERNACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL
|
| 3.1.7 Fortalecer la capacidad técnica y científica del equipo multidisciplinario del Centro Nacional de Identificación Humana, mediante programas de capacitación y actualización continua. | GOBERNACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL
|
| 3.1.8 Desarrollar los sistemas necesarios para la interoperabilidad de bases de datos para la consulta de información de personas desaparecidas y no localizadas que permitan realizar acciones de búsqueda mediante herramientas tecnológicas estandarizadas. | GOBERNACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL
|
| 3.1.9 Ampliar las capacidades de consulta y, en su caso, intercambio de información necesaria para la búsqueda e identificación humana de personas desaparecidas y no localizadas, a través de la firma de convenios de colaboración y coordinación con instituciones públicas y privadas. | GOBERNACIÓN
|
| 3.1.10 Impulsar la homologación de protocolos de investigación y de búsqueda con perspectiva de género en casos de mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas en las entidades federativas, a través de la coordinación con autoridades competentes. | GOBERNACIÓN
|
Estrategia 3.2 Reforzar la comunicación y acompañamiento a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, para construir respuestas conjuntas que promuevan la justicia social.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 3.2.1 Promover el diálogo y la escucha con familiares de víctimas y colectivos, mediante mesas de diálogo que permitan fortalecer las acciones de búsqueda en campo y gabinete. | GOBERNACIÓN, CEAV
|
| 3.2.2 Determinar, ejecutar y coordinar acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, mediante operativos de campo y gabinete en todo el territorio nacional. | GOBERNACIÓN
|
3.2.3 Proponer reformas al marco normativo en materia de búsqueda de personas, mediante la realización de mesas de trabajo con familiares y colectivos. | GOBERNACIÓN
|
| 3.2.4 Fortalecer la protección integral a víctimas de violaciones a derechos humanos, mediante protocolos de atención y canalización. | GOBERNACIÓN, CEAV, EDUCACIÓN, SALUD
|
| 3.2.5 Promover la atención a víctimas de violaciones graves de derechos humanos, mediante la coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la APF, los gobiernos locales, la FGR y las fiscalías de las entidades federativas. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI,
MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, TRABAJO,
ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS, ISSSTE, MEDIO
AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CULTURA, CEAV
|
Estrategia 3.3 Implementar acciones integrales para garantizar el acceso a la verdad y justicia para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos mediante la participación de víctimas, memoria y no repetición.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 3.3.1 Promover el acceso a la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, mediante acciones de investigación y búsqueda. | GOBERNACIÓN
|
| 3.3.2 Promover el acceso a la justicia en los casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, a través de mecanismos para la verdad y memoria. | GOBERNACIÓN, SALUD
|
| 3.3.3 Colaborar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la FGR y fiscalías locales, mediante la generación e implementación de estrategias contra la trata de personas, Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes (TOTPCID) y violaciones graves a los derechos humanos. | GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD, TURISMO
|
| 3.3.4 Prevenir la trata de personas, la TOTPCID, mediante la implementación de programas de capacitación y campañas de información en esta materia. | GOBERNACIÓN, COMUNICACIONES, MUJERES, SALUD,
TURISMO
|
| 3.3.5 Fortalecer las acciones de atención, asistencia y protección a víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos, mediante la colaboración con las autoridades competentes. | GOBERNACIÓN, CEAV, EDUCACIÓN, SALUD
|
| 3.3.6 Prevenir violaciones a los derechos humanos, mediante la implementación de campañas sobre trata de personas que estén dirigidas a población en situación de vulnerabilidad. | GOBERNACIÓN, SALUD
|
| 3.3.7 Fortalecer la coordinación interinstitucional, la prevención de violaciones de derechos humanos, así como los mecanismos de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante acciones normativas, operativas y de seguimiento que garanticen atención integral a víctimas. | GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, ISSSTE
|
| 3.3.8 Cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales en las que se determine responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos, a través de la coordinación con las dependencias y entidades de la APF y las autoridades competentes. | GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, SALUD
|
Estrategia 3.4 Fortalecer la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para el diseño e implementación de políticas y programas que impulsen la construcción de paz.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 3.4.1 Instrumentar las políticas, programas y acciones tendientes a la pacificación del país, a través de las mesas de paz estatales y regionales, así como supervisar su implementación. | GOBERNACIÓN
|
| 3.4.2 Fortalecer la operación de las mesas de paz estatales y regionales, a través del diseño e instrumentación de mecanismos de vinculación y coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. | GOBERNACIÓN
|
| 3.4.3 Consolidar la obtención, sistematización y uso estratégico de la información que generen las mesas de paz, mediante la colaboración interinstitucional. | GOBERNACIÓN, SALUD
|
| 3.4.4 Promover la construcción de paz, a través de la coordinación, participación y colaboración con la APF, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la CDMX, sectores sociales, privado, académico y especialistas nacionales e internacionales. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA, INPI, MUJERES, SALUD,
IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL,
HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS,
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA,
COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, TURISMO, CULTURA,
CONAPRED
|
| 3.4.5 Monitorear el desempeño de las mesas de paz, mediante visitas periódicas a las Secretarías Técnicas estatales y regionales. | GOBERNACIÓN
|
Estrategia 3.5 Implementar acciones que promuevan la inclusión, cohesión y prevención social para fortalecer la construcción de paz y la legalidad en el territorio nacional.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 3.5.1 Diseñar e implementar políticas de prevención social, cultura de paz y la legalidad, mediante el diálogo, consulta y la participación ciudadana | GOBERNACIÓN, BIENESTAR
|
| 3.5.2 Fortalecer la política de construcción de paz, mediante modelos de análisis e interpretación de los fenómenos de violencia social en las entidades federativas, en los municipios y en las demarcaciones territoriales. | GOBERNACIÓN, BIENESTAR
|
| 3.5.3 Promover estrategias de prevención social y construcción de paz, mediante acciones articuladas entre órdenes de gobierno. | GOBERNACIÓN, BIENESTAR, SALUD
|
| 3.5.4 Contribuir en la estrategia integral de prevención social y construcción de paz, a través de la creación de entornos seguros y contextos comunitarios en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. | GOBERNACIÓN, BIENESTAR
|
| 3.5.5 Fortalecer y generar capacidades en materia de prevención social y construcción de paz en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, así como en diferentes actores sociales y religiosos, a través de la creación de espacios de formación y capacitación. | GOBERNACIÓN, BIENESTAR
|
Estrategia 3.6 Implementar políticas y acciones para la reinserción social de las personas privadas de la libertad que hayan cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad.
| | Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 3.6.1 Contribuir con las dependencias responsables para fomentar la adopción de normas mínimas sobre la reconciliación social, a través de la reinserción social de las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad. | GOBERNACIÓN
|
| 3.6.2 Coadyuvar con las dependencias responsables para mejorar los procesos de reinserción social para las personas liberadas, externadas y sus familiares, mediante la construcción de planes o programas en esta materia. | GOBERNACIÓN
|
| 3.6.3 Contribuir con las dependencias responsables para promover la reinserción social de las personas tras el cumplimiento de una sanción penal, mediante el diseño e implementación de programas de capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. | GOBERNACIÓN, MUJERES,
|
| 3.6.4 Contribuir con las dependencias responsables para facilitar la reintegración de adolescentes en conflicto con la ley, a través de mecanismos de reinserción social. | GOBERNACIÓN
|
| 3.6.5 Contribuir con las dependencias responsables para promover el acceso a la justicia en los casos de amnistía, mediante acciones de orientación jurídica a la población privada de su libertad que cumpla con los criterios de ley. | GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD
|
Objetivo 4. Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México. Estrategia 4.1 Impulsar acciones y políticas integrales y transversales para la APF que garanticen la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 4.1.1 Promover la igualdad laboral y no discriminación en los centros de trabajo, mediante campañas de sensibilización. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI,
BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR,
EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO,
HACIENDA, ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL,
RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE,
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA,
COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED
|
| 4.1.2 Impulsar acciones para la igualdad salarial y de prestaciones, mediante acciones afirmativas en centros laborales. | GOBERNACIÓN, BIENESTAR, CONAPRED, TRABAJO,
MUJERES, SALUD
|
| 4.1.3. Impulsar salas de lactancia, horarios flexibles y licencias de paternidad, mediante lineamientos normativos y acuerdos institucionales, que sean acordes con la política nacional de cuidados. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI,
BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR,
EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO,
HACIENDA, ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL,
RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE,
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA,
COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED
|
| 4.1.4 Generar mecanismos para prevenir y sancionar la discriminación y violencia laboral, por razones de género, mediante protocolos de actuación y canales de denuncia | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA, INPI, BIENESTAR,
MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN,
DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA,
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, RELACIONES EXTERIORES,
SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE,
ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED
|
| 4.1.5. Impulsar un sistema nacional de cuidados, mediante la coordinación interinstitucional y normativas que garanticen derechos de cuidado | MUJERES, BIENESTAR, SNDIF, IMSS, ECONOMÍA, SALUD
|
| 4.1.6 Impulsar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, mediante mecanismos de implementación gradual. | GOBERNACIÓN, TRABAJO, BIENESTAR, SALUD
|
Estrategia 4.2 Promover el derecho a la igualdad y no discriminación para proteger los derechos de las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 4.2.1 Promover el derecho de las personas con discapacidad a tener una vida independiente, mediante su inclusión y participación en la comunidad. | BIENESTAR, EDUCACIÓN, SALUD, IMSS, MUJERES, ISSSTE,
CONAPRED, ECONOMÍA
|
| 4.2.2 Impulsar el acceso en condiciones de igualdad a servicios, apoyos y créditos gubernamentales para personas con discapacidad, mediante acciones de orientación y vinculación. | AGRICULTURA, GOBERNACIÓN, CONAPRED, HACIENDA
|
| 4.2.3 Promover el acceso a la educación inclusiva y de calidad para personas con discapacidad, mediante ajustes razonables y condiciones de accesibilidad. | GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN CONAPRED
|
| 4.2.4. Promover acciones afirmativas y ajustes razonables para la inclusión laboral de personas con discapacidad, mediante programas de sensibilización y cumplimiento normativo. | BIENESTAR, GOBERNACIÓN, CONAPRED, TRABAJO, SALUD
|
| 4.2.5. Promover acciones con enfoque de derechos humanos y no discriminación, para la inclusión de personas adultas mayores, mediante campañas y programas existentes. | GOBERNACIÓN, MARINA, BIENESTAR, MUJERES, SALUD,
IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL,
TRABAJO, HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES,
SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE,
ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, TURISMO,
CULTURA, CONAPRED
|
| 4.2.6 Prevenir la estigmatización y la violencia motivada por orientación sexual, identidad o expresión de género y las características sexuales, mediante acciones de sensibilización y capacitación de las personas servidoras públicas. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI,
BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR,
EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO,
HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF,
IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA,
COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CONAPRED
|
Estrategia 4.3 Realizar acciones de prevención efectivas que brinden información, educación y comunicación para disminuir prácticas discriminatorias en la sociedad.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 4.3.1 Visibilizar prácticas racistas, clasistas, patriarcales y discriminatorias normalizadas, para su erradicación, mediante campañas públicas masivas y materiales accesibles, con enfoque diferenciado. | GOBERNACIÓN, CONAPRED, COMUNICACIONES, ISSSTE,
MUJERES, SALUD
|
| 4.3.2 Impulsar acciones normativas e institucionales para la prevención, erradicación y no repetición de la discriminación, mediante la coordinación interinstitucional. | GOBERNACIÓN, CONAPRED, EDUCACIÓN, SALUD, ISSSTE
|
| 4.3.3 Combatir prácticas discriminatorias hacia personas que forman parte de los grupos históricamente discriminados, mediante la promoción de políticas y acciones que contrarresten narrativas de exclusión. | GOBERNACIÓN, CONAPRED, EDUCACIÓN, IMSS, ECONOMÍA,
SALUD, IMSS-BIENESTAR
|
| 4.3.4 Sensibilizar sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, mediante la capacitación de las personas servidoras públicas. | GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI,
BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR,
EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO,
HACIENDA, ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL,
RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE,
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA,
COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED
|
| 4.3.5 Impulsar la igualdad, diversidad, antirracismo, género y derechos humanos. en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, mediante la incorporación de contenidos educativos en la materia. | EDUCACIÓN, MUJERES, SALUD
|
Estrategia 4.4 Implementar una política migratoria integral, que privilegie el enfoque de derechos humanos, para promover una movilidad ordenada, segura y regular.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 4.4.1 Impulsar una política pública de movilidad humana segura, ordenada y regular, que incluya la tramitación y atención de solicitudes de asilo y refugio, mediante la gestión migratoria eficiente con pleno respeto a los derechos humanos. | GOBERNACIÓN, SALUD
|
| 4.4.2 Proteger los derechos de todas las personas en contexto de movilidad, mediante acciones de protección integral, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad. | GOBERNACIÓN, SALUD
|
| 4.4.3 Atender a las personas migrantes mexicanas que regresan de Estados Unidos de América, mediante la implementación de acciones integrales. | GOBERNACIÓN
|
| 4.4.4 Brindar protección integral a las personas solicitantes, refugiadas o con protección complementaria, mediante acciones institucionales coordinadas. | GOBERNACIÓN
|
| 4.4.5 Atender necesidades emergentes, brindar asesoría y facilitar trámites y documentación a personas en contexto de movilidad, mediante la implementación de acciones gubernamentales. | GOBERNACIÓN, SALUD
|
Estrategia 4.5 Consolidar políticas, estrategias y acciones de acercamiento con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para asegurar el respeto a sus derechos.
| Línea de acción
| Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea
de acción (instituciones coordinadas)
|
| 4.5.1 Fomentar el reconocimiento, respeto e implementación efectiva de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante la armonización del marco legal e institucional en los tres órdenes de gobierno. | GOBERNACIÓN, BIENESTAR, CONAPRED, INPI, SALUD
|
| 4.5.2 Impulsar la ejecución de acciones de los Planes de Justicia en regiones indígenas y afromexicanas, mediante la coordinación con autoridades locales y tradicionales. | GOBERNACIÓN, INPI, BIENESTAR
|
| 4.5.3 Promover la resolución de conflictos en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante mecanismos de diálogo, mediación y coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno. | GOBERNACIÓN, INPI, SALUD, BIENESTAR
|
| 4.5.4 Promover el ejercicio político de las mujeres indígenas y afromexicanas, mediante mecanismos que propicien y consoliden su participación e inclusión en los espacios públicos de decisión y en la vida comunitaria. | GOBERNACIÓN, INPI, MUJERES, BIENESTAR, TURISMO,
SALUD
|
| 4.5.5 Fortalecer el cumplimiento de los preceptos constitucionales, leyes, tratados y normas internacionales en la materia, mediante acciones de promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. | GOBERNACIÓN, BIENESTAR, EDUCACIÓN, SALUD
|
Con la finalidad de dar seguimiento y conocer los avances y resultados de la implementación del PNDH 2026-2030, este apartado presenta los indicadores de cada objetivo, que permiten registrar los cambios derivados de las acciones implementadas en los objetivos.
Indicador 1.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| Porcentaje promedio de la población que confía en el gobierno y en las comisiones de derechos humanos.
|
| Objetivo
| Objetivo 1. Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en
México.
|
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje promedio de la población que confía en el gobierno y sus instituciones, así como en las comisiones de derechos
humanos, como un reflejo de la cercanía y confianza en el respecto de los derechos humanos y libertades el territorio nacional.
|
| Derecho asociado
| Todos los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y los tratados internacionales de conformidad con el artículo 1o.
constitucional.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Marzo del año siguiente a su recolección
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de
los datos
| 30 de octubre al 15 de diciembre de 2023
|
| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| GOBERNACIÓN - DGPPDH
|
| Método de cálculo
| Donde: PPC: Porcentaje promedio de la población que confía en el gobierno y en las comisiones de derechos humanos PCG: Porcentaje de la población que confía en el gobierno y sus instituciones PCCDH: Porcentaje de la población que confía en las comisiones de derechos humanos |
| Observaciones
| -
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| PCG: Porcentaje de la
población que confía en el
gobierno y sus instituciones
| Valor variable
1
| 59.07%
| Fuente de
información
variable 1
| INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG).
2023
|
| Nombre variable 2
| PCCDH: Porcentaje de la
población que confía en las
comisiones de derechos
humanos
| Valor variable
2
| 59.71%
| Fuente de
información
variable 2
| INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG).
2023
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 59.39
| Corresponde al dato de la ENCIG 2023 (INEGI). El valor para 2025 no se encuentra
aún disponible al momento de dictaminación del PNDH.
|
| Año
| 2023
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 61.00
| El resultado más cercano previo al año 2030 será la edición 2029 de la ENCIG.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| NA
| 39.09
| NA
| 53.96
| NA
| 59.39
| NA
| N/D
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| NA
| 60.05
| NA
| 61.00
| NA
|
Indicador 2.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 2.1 Variación porcentual de los homicidios dolosos respecto de 2018.
|
| Objetivo
| Objetivo 2. Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población.
|
| Definición o
descripción
| Mide la variación porcentual de los homicidios dolosos a nivel nacional respecto de 2018.
|
| Derecho asociado
| Derecho a la seguridad pública establecido en el artículo 21 de la CPEUM.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Enero
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de los
datos
| Enero - Diciembre
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable
de reportar el avance
| GOBERNACIÓN - DGPPDH
|
| Método de cálculo
| Donde: HOM = Variación porcentual de los homicidios dolosos respecto de 2018 HOMn = Presuntos homicidios dolosos en el año n HOM2018 = Presuntos homicidios dolosos en el año 2018 |
| Observaciones
| |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Presuntos homicidios
dolosos en el año 2025
| Valor variable 1
| 19,974
| Fuente de
información variable
1
| Incidencia delictiva,
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
|
| Nombre variable 1
| Presuntos homicidios
dolosos en el año 2018
| Valor variable 1
| 29,092
| Fuente de
información variable
1
| Incidencia delictiva,
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| -31.34
| La información relativa a la serie histórica del indicador y la proyección de metas se realizó conforme a los datos consultados el 20 de enero de 2026 en la página: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published. Conforme a lo reportado por el SESNSP, los datos corresponden al corte realizado el 31 de diciembre de 2025. Cabe señalar que estos valores están sujetos a modificaciones posteriores que puedan realizar las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, mismas que serán comunicadas oportunamente al SESNSP. |
| Año
| 2025
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| -33.03
| La meta se establece conforme al Programa Sectorial de Seguridad y Protección
Ciudadana 2025-2030, considerando la tendencia descendente observada en los
dos años anteriores a la línea base del PSSPC (2024). Bajo este contexto, se
proyectan metas anuales con una reducción de 0.5 puntos porcentuales en la
incidencia de homicidios dolosos.
|
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| NA
| 1.40
| -0.87
| -2.79
| -9.63
| -13.01
| -12.47
| -31.34
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| -31.68
| -32.02
| -32.36
| -32.70
| -33.03
|
Indicador 3.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 3.1 Índice de Paz México.
|
| Objetivo
| Objetivo 3. Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos
en México.
|
| Definición o
descripción
| Es una medición de la paz en México, considera la paz negativa entendida como "la usencia de violencia o del miedo a la violencia".
|
| Derecho asociado
| Derecho a la seguridad pública y derecho a la justicia establecidos en los artículos 17 y 21 de la CPEUM, respectivamente.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de medición
| Anual
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Junio del siguiente año
|
| Unidad de medida
| Índice
| Periodo de recolección
de los datos
| Enero-Diciembre
|
| Tendencia esperada
| Descendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| GOBERNACIÓN - DGPPDH
|
| Método de cálculo
| Donde:
IPM: Índice de Paz México
HO: Homicidio
DV: Delitos con violencia
DA: Delitos cometidos con armas de fuego
MV: Miedo a la violencia
CO: Crímenes de la delincuencia organizada
|
| Observaciones
| Los ponderadores son fijados por la fuente y pueden llegar a ser modificados. Se utilizan las cifras, ponderadores y la serie
disponibles en la edición 2025 del índice de Paz.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE.
|
| Nombre variable 1
| Homicidio
| Valor variable 1
| 2.402
| Fuente de
información
variable 1
| Índice de Paz México, Institute for
Economics & Peace, 2025.
|
| Nombre variable 2
| Delitos con violencia
| Valor variable 2
| 3.292
| Fuente de
información
variable 2
| Índice de Paz México, Institute for
Economics & Peace, 2025.
|
| Nombre variable 3
| Delitos cometidos con
armas de fuego
| Valor variable 3
| 2.722
| Fuente de
información
variable 3
| Índice de Paz México, Institute for
Economics & Peace, 2025.
|
| Nombre variable 4
| Miedo a la violencia
| Valor variable 4
| 4.264
| Fuente de
información
variable 4
| Índice de Paz México, Institute for
Economics & Peace, 2025.
|
| Nombre variable 5
| Crímenes de la
delincuencia
organizada
| Valor variable 5
| 2.871
| Fuente de
información
variable 5
| Índice de Paz México, Institute for
Economics & Peace, 2025.
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 2.938
| Un índice más bajo significa mayor paz. Los resultados presentados consideran la
metodología y cálculos presentados por la fuente en el Índice de Paz 2025.
A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que
se establece como línea base la información correspondiente a 2024.
|
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 2.880
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| 3.054
| 3.140
| 3.024
| 3.010
| 3.000
| 2.960
| 2.938
| N/D
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 2.920
| 2.910
| 2.900
| 2.890
| 2.880
|
Indicador 4.1
| ELEMENTOS DEL INDICADOR
|
| Nombre
| 4. 1 Porcentaje promedio de población en situación de vulnerabilidad con al menos una carencia social.
|
| Objetivo
| Objetivo 4. Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en
México.
|
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje promedio de población con al menos una característica relacionada con grupos y personas en situación de
vulnerabilidad y que presentan al menos una carencia social.
|
| Derecho asociado
| El derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 1º constitucional, que reconoce los derechos humanos de todas
las personas en México.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Acumulado o
periódico
| Periódico
| Disponibilidad de la
información
| Diciembre
|
| Unidad de medida
| Porcentaje
| Periodo de recolección de
los datos
| Enero-Diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Descendente
| Unidad responsable de
reportar el avance
| GOBERNACIÓN - DGPPDH
|
| Método de cálculo
| Donde:
PPSVCS: Porcentaje promedio ponderado de la población en situación de vulnerabilidad con al menos una carencia social
PPSV: Suma de los porcentajes ponderados de la población en situación de vulnerabilidad con al menos una carencia social con
ponderación
PSV: Ponderadores de población en situación de vulnerabilidad
M: Mujeres
HLI: Personas hablantes de lenguas indígenas
PCD: Personas con discapacidad
PM18: Personas menores de 18 años
PM65: Personas de 65 años y más
|
| Observaciones
| La población en situación de vulnerabilidad es la que pertenece al menos a uno de los siguientes grupos: mujeres, niñas, niños y
adolescentes (menores de 18 años), personas mayores (65 años y más), personas con discapacidad y personas hablantes de lenguas
indígenas. Las carencias sociales son: rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y
espacios de la vivienda; servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Se considera el porcentaje de
población perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad que presenta al menos una carencia social. Los ponderadores son
calculados de acuerdo con la proporción de la población total que representa cada grupo en situación de vulnerabilidad respecto de la
población total nacional.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
|
| Nombre variable 1
| Suma de los porcentajes
ponderados de la población
en situación de vulnerabilidad
con al menos una carencia
social
| Valor variable 1
| 6699.60
| Fuente de
información
variable 1
| INEGI. Pobreza multidimensional, 2024.
Cálculos con base en la información de
la ENIGH 2024, utilizando la
metodología del CONEVAL.
|
| Nombre variable 2
| Ponderadores de la población
en situación de vulnerabilidad
con al menos una carencia
social
| Valor variable 2
| 103.65
| Fuente de
información
variable 2
| INEGI. Pobreza multidimensional, 2024.
Cálculos con base en la información de
la ENIGH 2024, utilizando la
metodología del CONEVAL.
|
| Sustitución en
método de cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 64.64
| Los ponderadores de los grupos de población en situación de vulnerabilidad deben ajustarse al
total de la población nacional para el año correspondiente a cada medición.
A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025 ya que el indicador es
bienal, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024.
|
| Año
| 2024
|
| Meta 2030
| Nota sobre la meta 2030
|
| 60
| |
| SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
|
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
|
| ND
| NA
| 70.69
| NA
| 68.84
| NA
| 64.64
| NA
|
| METAS
|
| 2026
| 2027
| 2028
| 2029
| 2030
|
| 63.00
| NA
| 61.50
| NA
| 60.00
|
9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Bienestar
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Economía
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Energía
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de las Mujeres
Secretaría de Marina
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Turismo
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
______________________________
1 El Humanismo Mexicano es un modelo de desarrollo ético, político y social que rige la planeación nacional, cuya prioridad absoluta es el bienestar de los sectores históricamente vulnerados bajo el principio rector: "Por el bien de todos, primero los pobres Para más información se sugiere revisar el PND 2025-2030, el cual puede ser consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/plan-nacional-de-desarrollo-2025-2030-391771; también se sugiere consultar el siguiente enlace: Gobierno de México. (2024). 10 principios del #HumanismoMexicano. [Video]. Consultado el 14 de enero de 2026. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zT00cImOSdA
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Pobreza Multidimensional (PM) [Conjunto de datos]. (Indicadores de pobreza, Cuadro 1). Consultado el 3 de marzo de 2026. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados
3 El coeficiente Gini mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. Nota Técnica. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/ Consultado el 14 de enero de 2026.
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Catálogo nacional de Indicadores. [Conjunto de datos]. Consultado el 3 de marzo de 2026. https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6000000010&gen=134&d=n
5 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (2026). Comunicado 07 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/sspc/prensa/estrategia-nacional-de-seguridad-disminuyen-40-los-homicidios-dolosos-diciembre-de-2025-registra-el-nivel-mas-bajo-en-una-decada
6 Gobierno de México, Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 17 de noviembre de 2025. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-17-de-noviembre-de-2025.
7 Le Clercq Ortega, J. A., y Rodríguez Sánchez Lara, G. (Coordinadores.). (2017). Dimensiones de la impunidad global. Índice Global de Impunidad 2017 (IGI-2017). P.9. Consultado el 3 de marzo de 2026. https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_esp.pdf
8 Le Clercq, Juan Antonio; Cháidez, Azucena (Coordinadores). Índice Global de Impunidad 2024. Midiendo el alcance de la impunidad global. p. 28 Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.udlap.mx/APII/files/indices/IGI-global-2024-UDLAP.pdf .
9 Gobierno de México, Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 17 de noviembre de 2025. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-17-de-noviembre-de-2025.
10 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Comunicado El 59% de los Jóvenes Construyendo el Futuro fueron de sectores históricamente vulnerables. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/stps/prensa/el-59-de-los-jovenes-construyendo-el-futuro-fueron-de-sectores-historicamente-vulnerables.
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Boletín de indicador 97/26, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), p.1. Consultado el 2 de marzo de 2026. https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enoe/enoe2026_02.pdf
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Estadísticas a propósito del día mundial del internet, p. 1. Consultado el 14 de enero de 2026. https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_DMInternet.pdf
13 Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2024). Diagnóstico del estado que guarda el Internet en México 2024, p. 38. Consultado el 3 de marzo de 2026. https://www.ift.org.mx/sites/default/files/diagnosticos_v09122024.pdf
14 Dichas reformas pueden consultarse en el Decreto por el que se fortalecen los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752331&fecha=18/03/2025#gsc.tab=0,
15 Secretaria de Gobernación. (2023). Boletín Comisión en materia de violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 a 1990 presenta informe de avances. Consultado el 3 de marzo de 2026. https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-comision-en-materia-de-violaciones-graves-a-los-derechos-humanos-entre-1965-a-1990-informe-de-avances.
16 Registros administrativos internos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Comunicado de prensa núm. 275/23, p.2. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENADIS/ENADIS_Nal22.pdf
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Boletín de Indicador 670/25, p. 4. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pl/pl2025_11.pdf
19 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (ENVIPE) Septiembre 2025, p. 8. Consultada el 14 de enero de 2026 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf
20 Secretaría de Gobernación. (2026). Comunicado 001. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/segob/prensa/mas-de-3-millones-de-personas-beneficiadas-con-la-estrategia-de-atencion-a-las-causas
21 Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. 2024. Informe Final 2024. Resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la Comisión. PP. 61-63. Consultado el 14 de enero de 2026 https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/work/models/ComisionVerdadyJusticia/Documentos/Informe2024/20240909_Informe_COVEH.pdf
22 Ídem, p. 85.
23 Gobierno de México. Primer Informe de Gobierno, Presidenta Claudia Sheinbaum 2024-2025. pp. 64-65. Consultado el 14 de enero de 2025. https://www.informegobierno.gob.mx/usercontent/68b4162a4d926-1IG-INFORME-INTEGRADO-FINAL_26_08_2025
24 Para mayor detalle consultar https://www.gob.mx/segob/prensa/atencion-a-las-causas-prioridad-del-gobierno-de-mexico?idiom=es
25 Gobierno de México. Primer Informe de Gobierno, Presidenta Claudia Sheinbaum 2024-2025. p. XVIII. Consultado el 14 de enero de 2025. https://www.informegobierno.gob.mx/usercontent/68b4162a4d926-1IG-INFORME-INTEGRADO-FINAL_26_08_2025 .
26 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Comunicado de prensa núm. 275/23, p.3, gráfica 1. Consultada el 14 de enero de 2026 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf
