PROGRAMA Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030.

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 2026-2030

1. Índice.

Contenido

1. Índice.

2. Señalamiento del origen de los recursos del programa.

3. Siglas y acrónimos.

4. Fundamento normativo.

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo.

6. Objetivos.

6.1. Relevancia del objetivo 1: Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias.

6.2. Relevancia del objetivo 2: Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión.

6.3. Relevancia del objetivo 3: Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.

6.4. Relevancia del objetivo 4: Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios.

6.5. Vinculación de los objetivos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030.

7. Estrategias y líneas de acción.

8. Indicadores y metas.

9. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa.

2. Señalamiento del origen de los recursos del programa.

La totalidad de las acciones que se consideran en el programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo.

3. Siglas y acrónimos.

ATDT: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar.

CECOSAMA: Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

CIJ: Centros de Integración Juvenil

CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo

CONAPO: Consejo Nacional de Población.

CONASAMA: Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CULTURA: Secretaría de Cultura

DEFENSA: Secretaría de la Defensa Nacional

ENSP 2024-2030: Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.

ENSU: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud

IMSS Bienestar: Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

LP: Ley de Planeación.

NNA: Niñas, niños y adolescentes.

PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

PNPSVD 2026-2030 o Programa: Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030.

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEP: Secretaría de Educación Pública

SALUD: Secretaría de Salud

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

SNSP: Servicio Nacional de Salud Pública

SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

SPV: Subsecretaría de Prevención de las Violencias.

TURISMO: Secretaría de Turismo

TRABAJO: Secretaría de Trabajo y Previsión Social

4. Fundamento normativo.

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD 2026-2030) se expide con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, en el que los programas de la Administración Pública Federal deberán sujetarse obligatoriamente al Plan Nacional de Desarrollo (PND 2025-2030).

De conformidad con el artículo 1o. de la CPEUM, que prohíbe toda forma de discriminación, y el artículo 2o., que reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural, el presente programa incorpora transversalmente la perspectiva de derechos humanos, la interculturalidad, y la igualdad sustantiva de género, en apego también a la normatividad programática y presupuestaria vigente.

Asimismo, se reconoce que el Estado mexicano ha contraído compromisos internacionales que inciden directamente en el enfoque del presente programa, tales como: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En el ámbito legal, el programa se sustenta en los artículos 2o., 9o., 12, 16 fracciones IV y VIII, 26 y 29 de la Ley de Planeación (LP), que disponen la obligación de diseñar programas bajo criterios de congruencia con el PND 2025-2030, inclusión de enfoques de perspectiva de género y perspectiva intercultural, y alineación a las prioridades nacionales en materia de bienestar, paz y desarrollo sostenible. En este sentido, el artículo 9o. de la LP señala que las dependencias deben planear y conducir sus actividades bajo dichos enfoques, a fin de cumplir la obligación del Estado de garantizar un desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible.

En congruencia con ello, el programa tiene su fundamento sustantivo en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, particularmente en sus artículos 2 y 3 que definen la prevención social de la violencia y la delincuencia como un conjunto de políticas, programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la violencia y la delincuencia, así como a combatir sus causas estructurales y contextuales. Esta ley establece principios rectores como el respeto irrestricto a los derechos humanos, la integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad y la transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, el artículo 30 Bis, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la atribución de dirigir la política de prevención social de las violencias y ejecutar, en el marco de sus atribuciones, las políticas, programas y acciones.

De forma específica, el PNPSVD 2026-2030 se elabora como un instrumento especial derivado del Anexo I del PND 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025, donde se establece expresamente su desarrollo como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Finalmente, se establece que la SSPC es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del presente programa, en el marco de sus atribuciones conferidas por la legislación vigente y en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo.

5.1 Panorama general del problema público.

La seguridad pública es una responsabilidad esencial del Estado mexicano y un componente fundamental para garantizar el bienestar y el ejercicio de los derechos de la población. De acuerdo con el PND 2025-2030 y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 (ENSP 2024-2030) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2025, en las últimas décadas, el país ha enfrentado una creciente complejidad en las expresiones de violencia,(1) las cuales ya no pueden abordarse únicamente desde una perspectiva punitiva. Si bien, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia es indispensable, por sí solo no basta para revertir las condiciones estructurales que originan la violencia, la delincuencia y la fragmentación social.

El PND 2025-2030 identifica esta problemática y plantea una estrategia de seguridad basada en dos pilares complementarios: por un lado, el fortalecimiento institucional en seguridad y justicia, y por otro, la transformación de las condiciones sociales que propician el delito. En este marco, la ENSP 2024-2030 establece como una de sus prioridades el Eje 1: Atención a las Causas, enfocado en intervenir estructuralmente en los factores que alimentan la violencia y generar condiciones sostenibles de paz. Como parte de este eje, se crea la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, instancia encargada de coordinar la implementación del PNPSVD.

El PNPSVD 2026-2030 forma parte de la política pública nacional en materia de prevención y actúa como un instrumento operativo para desplegar intervenciones integrales en los territorios más afectados. Su enfoque es territorial, interinstitucional y centrado en derechos humanos, con especial atención a las comunidades que enfrentan altos niveles de incidencia delictiva, exclusión, marginación y conflictividad social.

México enfrenta diversos factores que agravan las violencias cotidianas en el ámbito local. Entre ellos destacan el deterioro del espacio público y el abandono institucional, que generan entornos propicios para la comisión de delitos, debilitan la presencia del Estado y favorecen el control social ejercido por grupos delictivos. Las zonas más afectadas suelen caracterizarse por altos niveles de criminalidad, condiciones estructurales de vulnerabilidad y limitada capacidad de respuesta institucional. En estos espacios, el aislamiento, el miedo y la desconfianza hacia las autoridades tienden a profundizarse, erosionando el tejido comunitario.

Por otra parte, muchas expresiones de violencia no son visibles ni denunciadas. En múltiples comunidades, la exclusión social, los factores psicosociales y la baja disponibilidad de canales efectivos de atención institucional dificultan la identificación temprana de situaciones críticas. Esto afecta especialmente a grupos históricamente discriminados, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad o en situación de adicciones, quienes viven en contextos de riesgo constante sin una respuesta preventiva ni articulada.

A ello se suma la persistencia de brechas de desigualdad que limitan el acceso a derechos fundamentales en amplios sectores de la población, sobre todo en zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas. La carencia de servicios básicos como salud, educación, empleo digno, cultura o justicia agrava la exclusión social y alimenta ciclos de violencia, desesperanza y falta de perspectivas de futuro, en particular para las juventudes.

En contextos marcados por la violencia, la impunidad y la ruptura del tejido social, la participación ciudadana se encuentra debilitada y los mecanismos de organización comunitaria son escasos o ineficaces. Esto obstaculiza la generación de soluciones colectivas, así como la construcción de entornos seguros y corresponsables. Las personas en procesos de reinserción social y las comunidades más afectadas enfrentan estigmatización, aislamiento y abandono institucional, lo que limita su integración y refuerza la exclusión.

El PNPSVD 2026-2030 parte del reconocimiento de que la violencia es un fenómeno complejo y multifactorial, estrechamente vinculado a procesos de exclusión, fragmentación social y debilidad institucional. A partir de este diagnóstico, el programa identifica cuatro grandes problemáticas que requieren atención prioritaria:

En primer lugar, las personas que habitan en zonas con alta incidencia delictiva enfrentan entornos urbanos deteriorados y con escasa presencia institucional, lo que incrementa su exposición a situaciones de violencia e inseguridad. Derivado de esta problemática, el programa establece el Objetivo 1: Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias, con el fin de intervenir de manera focalizada en los territorios donde la ausencia del Estado, el deterioro urbano y el control social ejercido por grupos delictivos generan mayores riesgos para la población.

En segundo término, las comunidades con altos niveles de exclusión conviven con factores de riesgo psicosocial y formas de violencia que permanecen invisibles o sin denuncia, dificultando la intervención oportuna de las instituciones. A partir de esta problemática, se define el Objetivo 2: Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión, orientado a fortalecer los mecanismos de identificación temprana, atención oportuna y articulación institucional para intervenir en violencias que permanecen invisibles o sin respuesta adecuada.

En tercer lugar, las personas que viven en condiciones de pobreza, marginación o rezago educativo enfrentan barreras para acceder a servicios, programas y oportunidades de desarrollo, perpetuando entornos que favorecen la reproducción del ciclo de la violencia. Como respuesta a esta problemática estructural, se plantea el Objetivo 3: Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, mediante acciones que garanticen el acceso progresivo a derechos sociales, oportunidades de desarrollo y servicios básicos que permitan disminuir los factores que alimentan los ciclos de violencia.

Finalmente, las personas y comunidades afectadas por la violencia o en procesos de reinserción social viven en contextos de desarticulación, baja participación ciudadana y fragmentación comunitaria, lo cual limita su integración y debilita la permanencia de las intervenciones públicas. Derivado de este contexto, se establece el Objetivo 4: Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios, con la finalidad de fortalecer el tejido comunitario, promover la corresponsabilidad social y facilitar procesos de integración que consoliden entornos más seguros y cohesionados.

Estas problemáticas configuran un entorno adverso para el ejercicio de los derechos fundamentales y para la construcción de paz. El diseño del PNPSVD 2026-2030 parte del reconocimiento de que no es posible avanzar en un modelo de seguridad sin justicia social. El enfoque de prevención social de la violencia, enmarcado en el Humanismo Mexicano y en los principios del Segundo Piso de la Transformación, busca transitar de políticas reactivo punitivas hacia estrategias comunitarias, sostenibles y basadas en derechos.

5.2. Causas estructurales y contextuales de las violencias y la delincuencia.

La violencia en México presenta una multicausalidad asociada con factores estructurales, comunitarios e individuales que, de acuerdo con diversos diagnósticos institucionales, interactúan generando condiciones que favorecen su reproducción. Estas causas, acumuladas y persistentes, han moldeado territorios marcados por la exclusión, la desigualdad, el abandono institucional y la impunidad, impactando de manera desproporcionada a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Desde una perspectiva estructural, la pobreza multidimensional constituye un factor asociado a la exposición de distintitas formas de violencias. Aunque en los últimos años se han registrado reducciones en sus niveles, los desafíos persisten, especialmente en los sectores históricamente marginados. De acuerdo con la medición oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024, 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional, mientras que 7.0 millones enfrentaban pobreza extrema. Esto representa una disminución de 8.3 millones de personas en pobreza general y de 2.1 millones en pobreza extrema respecto a 2022.(2)

Gráfica 1. Población en situación de pobreza extrema por entidad federativa, 2024 (miles de personas)

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Medición multidimensional de la pobreza 2024. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/

No obstante, estos avances no han modificado de manera sustantiva las brechas estructurales existentes. Las condiciones de rezago son más acentuadas en comunidades indígenas y rurales, donde las carencias en salud, educación, servicios básicos y seguridad social son más pronunciadas. Las niñas, niños, adolescentes (NNA), personas con discapacidad y mujeres en situación de jefatura de hogar presentan niveles elevados de privación multidimensional, conforme a los indicadores sociales que muestran la continuidad de desigualdades que inciden en el ejercicio efectivo de diversos derechos.(3)

La desigualdad educativa constituye otro componente estructural relevante. De acuerdo con cifras del INEGI, el promedio de escolaridad nacional es de 9.7 años, equivalente a secundaria completa.(4) En contextos de alta marginación, este promedio es considerablemente menor, lo que se asocia a mayor dificultad para acceder a empleos formales, incremento en la precarización laboral y restricción en el ejercicio pleno de derechos.

Estas condiciones estructurales se relacionan con fenómenos psicosociales que afectan principalmente a adolescentes y jóvenes. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) 2023, el consumo de sustancias psicoactivas en México muestra una alta concentración en la población joven, particularmente en el uso de estimulantes como el cristal, cuya presencia ha incrementado en los últimos años tanto como droga de inicio como de impacto. Asimismo, la demanda de tratamiento por consumo de sustancias se concentra en este grupo poblacional, lo que refleja la persistencia de factores de riesgo asociados al uso problemático de drogas.(5) La disponibilidad limitada de servicios de salud mental accesibles y culturalmente adecuados, contribuye a que una parte de esta población permanezca sin atención institucional.

El entorno comunitario constituye otro factor estructural de relevancia. La disponibilidad limitada de espacios de convivencia seguros, el desuso del espacio público, la precariedad en los servicios urbanos y la escasa presencia institucional han configurado territorios donde la violencia se normaliza, se invisibiliza o encuentra condiciones propicias para su reproducción.

Esta situación se refleja en los niveles de percepción ciudadana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, el 75.6 % de la población de 18 años y más considera que vivir en su entidad federativa es inseguro; el 64.7 % se siente insegura en su municipio o demarcación territorial, y el 40.5 % en su colonia o localidad.(6)

Gráfica 2. Porcentaje de población de 18 años y más que considera inseguro vivir en su entidad federativa, 2012-2025

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf

En términos generales, las mujeres reportan una percepción de inseguridad significativamente mayor que los hombres, tanto en espacios públicos como privados. Esto refleja no solo una mayor exposición a determinadas violencias, sino también profundas desigualdades en el acceso a condiciones mínimas de seguridad, movilidad y bienestar.

De acuerdo con la evidencia disponible, los elevados niveles de percepción de inseguridad pueden incidir en el uso del espacio público y en la participación comunitaria, particularmente en contextos urbanos con mayor incidencia delictiva.

Gráfica 3. Porcentaje de población de 18 años y más que manifiesta sentirse insegura en espacios públicos y privados, por sexo, 2025

A nivel comunitario, diversos diagnósticos identifican que la participación ciudadana, la cohesión social y la confianza institucional pueden incidir en la construcción de soluciones colectivas.(7) Las políticas públicas, en muchos casos, han privilegiado respuestas reactivas y centralizadas,(8) sin incorporar las voces ni el conocimiento territorial de las comunidades. La ausencia del Estado en zonas de alto riesgo no solo implica falta de servicios, sino también debilidad institucional y pérdida de legitimidad, lo que favorece la expansión de redes informales de control y violencia.

La seguridad es reconocida en diversos enfoques de derechos humanos como un derecho habilitador que contribuye al ejercicio de otros derechos fundamentales. En contextos donde se registran altos niveles de violencia o percepción de inseguridad, las personas pueden enfrentar obstáculos para acceder plenamente a la educación, la salud, una vida libre de violencias y un desarrollo integral. En este sentido, la prevención social de las violencias con enfoque territorial, psicosocial e interinstitucional, constituye un componente relevante para promover condiciones de paz, justicia e igualdad.

Este programa, desde su diseño, reconoce que atender las causas estructurales de la violencia no es una opción, sino una necesidad para construir un país más justo, solidario y seguro. Parte del reconocimiento de que los factores que propician la violencia son multidimensionales, intergeneracionales y acumulativos, y requieren respuestas integrales que coloquen a las personas, comunidades y territorios en el centro de la política pública.

5.3. Análisis de datos: magnitud, distribución y tendencias de la violencia.

Durante los últimos quince años, México ha experimentado una evolución compleja en sus indicadores de incidencia delictiva. Aunque algunos delitos han comenzado a estabilizarse o incluso muestran tendencias a la baja en años recientes, la incidencia delictiva sigue siendo alta y diversa.

Gráfica 4. Tendencia de la incidencia delictiva de delitos seleccionados del fuero común en México, 2015-2024

Fuente: Nota. Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Tabuladores de incidencia delictiva del fuero común. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva

Entre los delitos con mayor prevalencia, destacan el fraude, con una tasa de 7,574 casos por cada 100 mil habitantes; el robo o asalto en calle o transporte público, con 6,003; y la extorsión, con 5,971. Estos tres delitos concentraron el 21.7 %, 17.2 % y 17.1 % del total de casos, respectivamente, lo que evidencia su impacto generalizado en la población.(9)

Gráfica 5. Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes y distribución porcentual de los delitos, según tipo, México, 2023-2024

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf

En el caso del homicidio doloso, uno de los delitos más graves y visibilizados, se observa una alta concentración territorial:

· De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el promedio diario de homicidio doloso pasó de un promedio diario de 86.9 a 52.4 víctimas, equivalente a 34 homicidios menos al día, con una reducción del 40 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional.(10)

· Para 2025, ocho entidades federativas concentraban el 54% de los casos registrados a nivel nacional. Estas entidades son: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Sonora. Esta distribución territorial no es aleatoria: responde a factores estructurales, presencia de economías ilegales, conflictos intergrupales y debilidad institucional en ciertas zonas.(11)

Gráfica 6. Víctimas de homicidio doloso por entidad federativa en México, 2025

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Datos abiertos de incidencia delictiva. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva

La violencia feminicida continúa siendo una de las expresiones más extremas de la violencia de género en México. De acuerdo con datos del SESNSP, de enero a diciembre de 2025 se registraron 696 feminicidios a nivel nacional. Esta cifra da cuenta de la persistencia de un fenómeno estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en distintos contextos del país. El Estado de Sinaloa concentró el 10 % del total de víctimas, posicionándose como la entidad con mayor número de casos durante este periodo. Esta situación refleja la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y justicia con perspectiva de género en los territorios más afectados.(12)

Gráfica 7. Número de víctimas de feminicidio por entidad federativa en México, 2025

Entre los distintos tipos de violencia que afectan a la población, la violencia familiar continúa siendo uno de los fenómenos más reportados y de mayor impacto en la vida cotidiana, especialmente para mujeres, niñas, niños y personas en situación de dependencia. De enero a marzo de 2025, se registraron 129,394 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia familiar en todo el país. Este fenómeno presenta una clara concentración territorial: cinco entidades federativas concentran el 42.2 % del total de estos casos. La Ciudad de México encabeza la lista con 11.6 %, seguida por Guanajuato (10.9 %), Sonora (7.3 %), Jalisco (6.3 %) y Coahuila (6.1 %).(13) Estos datos reflejan no solo la prevalencia de la violencia en el ámbito doméstico, sino también los retos persistentes en materia de prevención, atención y protección institucional para las víctimas.

Gráfica 8. Número de llamadas de emergencia al 9-1-1 relacionadas con violencia familiar por entidad federativa en México, 2025

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Estadística
Nacional del Número de Atención de Llamadas de Emergencia 911. https://www.gob.mx/911/documentos/estadistica-nacional-del-numero-
de-atencion-de-llamadas-de-emergencia-9-1-1-111029?idiom=es

También es relevante el fenómeno de la cifra oculta. En 2024, de los 33.5 millones de delitos estimados, sólo el 9.6 % fue denunciado, una proporción incluso menor a la reportada en 2023 (10.4 %). De estas denuncias, sólo en el 70.5 % de los casos el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación. Esto implica que el 93.2 % de los delitos no fue investigado, lo que refleja un grave problema de acceso a la justicia y confianza institucional. Las principales razones para no denunciar fueron la pérdida de tiempo (34.6 %) y la desconfianza en la autoridad (14.0 %).(14)

Gráfica 9. Porcentaje de delitos denunciados ante el Ministerio Público con y sin apertura de carpeta de investigación en México, 2012-2024

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2025). Reporte de resultados Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf

De acuerdo con la ENVIPE 2025, a nivel nacional el 64.2 % de las personas de 18 años y más considera la inseguridad como su principal preocupación, esta cifra se ubica muy por encima de otros temas como la salud (34.5 %), el aumento de precios (31.9 %) y la escasez de agua (29.8 %), lo que evidencia la centralidad del tema en la vida cotidiana de la ciudadanía.(15)

Gráfica 10. Principales problemas que generan preocupación en la población de 18 años y más en México, 2025 (porcentaje)

Esta percepción no solo se manifiesta en la opinión pública, sino que tiene efectos concretos en las rutinas y libertades personales. Según la misma encuesta, en 2024 una proporción significativa de la población dejó de realizar ciertas actividades por temor a ser víctima de un delito: 62.6 % evitó permitir que sus hijos menores salieran, 46.4 % dejó de salir de noche, 44.9 % evitó usar joyas, 44.7 % dejó de llevar dinero en efectivo, 33.0 % dejó de tomar taxi, 32.0 % evitó salir a caminar, 30.5 % redujo visitas a familiares o amistades, y 27.1 % evitó portar tarjetas bancarias.(16)

Gráfica 11. Porcentaje de población de 18 años y más que dejó de realizar actividades cotidianas por temor a ser víctima de delito en México, 2025

Estas decisiones, motivadas por el miedo, muestran cómo la inseguridad limita el uso del espacio público y el ejercicio pleno de derechos cotidianos como la movilidad, la recreación o la convivencia social.

Respecto a los espacios donde la población adulta manifestó sentirse más insegura, destacan aquellos asociados con la vida urbana cotidiana. Los cajeros automáticos en la vía pública fueron señalados por el 73.5 % de la población como espacios de alto riesgo, seguidos por el transporte público (65.1 %), las carreteras (62.9 %), la calle (62.0 %), los bancos (60.7 %) y los mercados (50.3 %). Estos datos no sólo ilustran los niveles de inseguridad percibida, sino también los espacios donde las personas restringen su presencia o modifican su comportamiento por temor.(17)

Gráfica 12. Porcentaje de población de 18 años y más que se siente insegura en distintos espacios públicos o privados en México, 2025

Las violencias también se expresan en el entorno más cercano de las personas. Según la ENVIPE 2025, una parte importante de la población identifica conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda: el 63.8 % observa consumo de alcohol en la calle, el 52.1 % consumo de drogas, el 43.0 % robos o asaltos frecuentes, y el 37.0 % venta de droga. También se registran disparos frecuentes (34 %), pandillerismo (26.5 %), homicidios (23.7 %) y venta ilegal de alcohol (21.1 %).

Gráfica 13. Porcentaje de población de 18 años y más que identifica conductas delictivas o antisociales en espacios públicos en México, 2025

A pesar de la gravedad de este panorama, los datos revelan que las violencias no afectan a todas las personas por igual. Diversos grupos poblacionales enfrentan niveles diferenciados de riesgo y victimización,(18) especialmente las mujeres quienes enfrentan mayores niveles de violencia a lo largo de su vida,(19) personas indígenas y con discapacidad. Estas condiciones de vulnerabilidad se agravan cuando dichos grupos se encuentran en contextos con altos niveles de marginación y limitada presencia institucional, lo que restringe su acceso a servicios de seguridad, justicia y atención social, incrementando su exposición a la violencia y reduciendo su capacidad de respuesta.

5.4. Un nuevo enfoque preventivo para la paz con justicia social.

La política de prevención social de la violencia y la delincuencia del Gobierno de México, parte de un cambio de paradigma: asume que la seguridad no puede reducirse al control del delito, sino que debe garantizarse mediante el respeto a los derechos humanos, la reducción de desigualdades y la reconstrucción del tejido social. Por ello, el PNPSVD 2026-2030 tiene como objetivo generar entornos más seguros, incluyentes y justos, a través de acciones que atienden las causas estructurales de la violencia, fortalecen la participación ciudadana y promueven la cultura de paz.

Para materializar sus objetivos, este programa incorpora siete enfoques transversales que orientan la intervención institucional:

· Atención a las causas estructurales: Se reconoce que la seguridad no puede abordarse desde la reacción, sino mediante la transformación de las condiciones que originan la violencia: desigualdad, exclusión, impunidad y falta de oportunidades.

· Participación ciudadana: Se impulsa la participación de comunidades y actores sociales mediante espacios de diálogo, formación y colaboración, reconociendo su papel clave en la prevención.

· Reducción de la vulnerabilidad: Se focaliza en territorios con altos niveles de exclusión e incidencia delictiva, donde los factores de riesgo afectan de forma desproporcionada a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

· Cultura de paz: Se promueve la convivencia pacífica mediante actividades culturales, deportivas y comunitarias que fortalezcan el sentido de pertenencia y la cohesión social.

· Enfoque integral: Se articulan esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y sociedad civil para garantizar respuestas interinstitucionales coordinadas.

· Acciones multisectoriales: Se vinculan las estrategias de prevención con políticas de bienestar, salud, educación, empleo y acceso a servicios básicos.

· Evaluación y seguimiento: El programa establece mecanismos permanentes para monitorear los avances, evaluar la efectividad de las intervenciones y rendir cuentas.

Además, el PNPSVD 2026-2030 incorpora un enfoque de derechos humanos, con el objetivo de garantizar condiciones para el ejercicio efectivo de derechos como la educación, la salud, el trabajo y la vivienda. Promueve la organización comunitaria para la solución pacífica de conflictos, y busca restablecer la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

5.5. Cuatro ámbitos de intervención.

El PNPSVD 2026-2030 se articula en torno a cuatro ámbitos de prevención, de acuerdo con la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia:

1. Prevención social: Dirigida a personas y grupos en situación de riesgo, mediante programas que fomenten el desarrollo personal y comunitario, y promuevan entornos libres de violencia.

2. Prevención comunitaria: Enfocada en la reconstrucción del tejido social, a través de la participación vecinal, la recuperación del espacio público y la colaboración con autoridades locales.

3. Prevención situacional: Busca reducir las oportunidades para la comisión de delitos mediante el mejoramiento del entorno urbano y social.

4. Prevención psicosocial: Orientada a mitigar el impacto de contextos adversos (como violencia intrafamiliar o de género), mediante el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, redes de apoyo y servicios psicosociales.

5.6. Un modelo preventivo con visión de Estado.

El diseño del programa toma en cuenta estándares internacionales en materia de seguridad humana y seguridad ciudadana, superando visiones reactivas y punitivas. Avanza hacia un modelo preventivo centrado en el bienestar integral, la equidad y la participación social. En este sentido, se articula con programas prioritarios como "Jóvenes Construyendo el Futuro", "Sembrando Vida", "Jóvenes Escribiendo el Futuro" y "Becas para el Bienestar", entre otros.

Este enfoque parte del reconocimiento de factores de riesgo y de protección que inciden en la generación o prevención de violencias. A través del siguiente esquema, se identifican las condiciones que deben transformarse para construir entornos seguros, equitativos y resilientes:

Tabla 1. Síntesis de causas, factores de riesgo y factores de protección asociados a la violencia

Causas de la violencia	Objetivos
1. Pobreza.	1. Ingresos estables.
2. Desigualdad.	2. Oportunidades justas.
3. Falta de acceso a oportunidades de desarrollo o servicios básicos.	3. Oportunidades de desarrollo y acceso a servicios básicos.
4. Impunidad.	4. Justicia.
5. Corrupción.	5. Legalidad.
6. Falta de acceso a la justicia.	6. Estado de derecho.
7. Violencia Intrafamiliar.	7. Armonía familiar.
8. Abuso de sustancias.	8. Consumo controlado de sustancias o abstinencia.
9. Normalización de la violencia.	9. Sin violencia.
Factores de riesgo	Factores de protección
1. Marginación y exclusión social.	1. Igualdad de oportunidades.
2. Escasas oportunidades laborales, informalidad y desocupación.	2. Tasas bajas de desempleo y desocupación.
3. Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.	3. Espacios públicos suficientes y en condiciones óptimas.
4. Relaciones familiares deterioradas.	4. Ambiente familiar armónico.
5. Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente.	5. Capital social fuerte.
6. Violencia que genera el narcomenudeo	6. Convivencia armónica.
7. Consumo y abuso de drogas legales e ilegales.	7. Atención a usuarios de drogas desde una perspectiva de salud pública.
8. Reproducción de roles y estereotipos que fomentan la violencia de género.	8. Normas sociales que promuevan la equidad de género.
9. Embarazo temprano.	9. Educación sexual oportuna y garantía del derecho a la salud sexual y reproductiva.
10. Debilidad institucional para atender a víctimas de violencia de género.	10. Instituciones suficientes y adecuadas para la atención de la violencia de género.
11. Abandono escolar.	11. Eficiencia terminal en escuelas.
12. Inteligencia emocional debilitada.	12. Promoción y fortalecimiento de habilidades psicosociales.
13. Uso de tecnología y redes sociales por NNA sin supervisión de personas adultas.	13. Promoción de la ciberseguridad y el control parental en la tecnología.
14. Marco jurídico insuficiente para prevenir y sancionar los crímenes de odio con motivo de orientación sexual o identidad de género.	14. Marco jurídico suficiente para prevenir y sancionar los crímenes de odio.
15. Entornos de ilegalidad.	15. Cultura de la legalidad.
16. Discriminación estructural.	16. Cumplimiento del marco legal y sanción de actos de discriminación.

Fuente: Elaboración propia con base en literatura sobre factores de riesgo y protección asociados a la violencia (World Health Organization [WHO], 2010; United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2015).

5.7. Contribución al Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

El PNPSVD 2026-2030 se encuentra alineado con el PND 2025-2030 y el Programa Sectorial de la SSPC, al contribuir con:

· La reversión del deterioro de la seguridad pública en regiones prioritarias;

· La prevención de violencias estructurales y específicas (como la feminicida o las violencias que afectan a las juventudes);

· El fortalecimiento de políticas preventivas con participación ciudadana y articulación intergubernamental, y

· La promoción de una cultura de paz basada en el respeto a los derechos humanos.

En consonancia con los principios del Humanismo Mexicano, el programa parte de que el desarrollo no puede medirse solo en términos económicos, sino a través del bienestar de las personas, la dignidad del trabajo, la equidad de género, la protección de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y el acceso efectivo a derechos fundamentales.

5.8. Visión a largo plazo: Hacia un México en paz, justo y resiliente.

México atraviesa una coyuntura histórica para transformar de fondo su enfoque de seguridad pública. El reto es claro: superar un modelo reactivo, fragmentado y centrado en la contención, para dar paso a un paradigma integral, preventivo y con justicia social como horizonte. La paz duradera no puede imponerse; se construye desde abajo, desde las comunidades, con participación, equidad y derechos garantizados.

El PNPSVD 2026-2030 parte de la convicción de que la auténtica seguridad se logra cuando las personas tienen acceso efectivo a oportunidades de vida digna: educación, empleo, salud mental, cultura, vivienda y un entorno seguro. Esto requiere políticas públicas estructurales, sostenidas y con enfoque territorial.

Las nuevas estrategias de prevención representan un giro de fondo se pasa de confrontar solamente los efectos a atender las causas profundas que la originan: desigualdad, exclusión, impunidad, abandono institucional. A través de esta visión, se busca facilitar el acceso a servicios, programas y derechos de manera eficiente, articulada y con pertinencia cultural.

Si esta línea de acción se mantiene y se consolida, para 2030 se habrán ampliado significativamente las intervenciones en municipios con mayores niveles de violencia, llevando desarrollo social donde antes hubo omisión, y reduciendo las condiciones que facilitan la violencia y el delito.

El impacto será visible en la vida cotidiana de las personas. Mejorar el entorno, ofrecer oportunidades y reconstruir vínculos comunitarios, permitirá revertir los ciclos de violencia que hoy marcan a millones. La estrategia tiene un enfoque particular en las juventudes, especialmente aquellas que han crecido expuestas o inmersas en contextos violentos. A través de becas educativas, programas de capacitación y vinculación laboral, se construye un futuro con sentido, pertenencia y dignidad.

Estas acciones también impulsan la participación ciudadana desde lo local, fomentan el liderazgo juvenil y fortalecen el diálogo entre actores sociales. En 2030, se espera que la calidad de vida de las comunidades mejore visiblemente, gracias al desarrollo personal y colectivo, la formación de habilidades y el acceso real a alternativas de vida alejadas de las violencias.

La mirada a 2040 proyecta un país donde la paz se construye desde la raíz, con comunidades resilientes, sistemas educativos que promuevan la cultura de paz, políticas públicas con enfoque de derechos humanos y una justicia restaurativa, empática y cercana a las personas. La violencia estructural y social se habrá reducido sustancialmente, gracias a la inversión sostenida en desarrollo, salud mental, equidad y fortalecimiento del tejido social.

Programas como "Sí al Desarme, Sí a la Paz" o "Reconecta con la Paz" ayudarán a resolver conflictos sin violencia y permitirán que personas jóvenes en conflicto con la ley se reincorporen como agentes de transformación comunitaria.

Porque la violencia no es espontánea: surge de condiciones estructurales como la desigualdad, la exclusión y la fragmentación social. Atender sus causas no es solo una estrategia, es un compromiso de Estado con el futuro de México. Prevenir es reconstruir y reconstruir es dignificar la vida en cada rincón del país.

6. Objetivos.

Para alcanzar su propósito general, el PNPSVD 2026-2030 establece cuatro objetivos que orientan sus estrategias, líneas de acción e intervenciones territoriales. Estos objetivos responden a los principales desafíos identificados en el diagnóstico y articulan acciones interinstitucionales enfocadas en la transformación de entornos, el fortalecimiento comunitario y la atención integral a las causas estructurales de la violencia. A continuación, se presentan los objetivos estratégicos del programa:

Objetivos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030

1. Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias.

2. Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión.

3. Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.

4. Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios.

En la última década, México ha logrado un desarrollo sostenido en diversos ámbitos económicos, políticos y sociales; sin embargo, dicho avance ha sido desigual. No todas las zonas del país han alcanzado las condiciones mínimas para el desarrollo integral de sus comunidades. Más allá de lo económico, estas carencias incluyen factores sociales y territoriales que complejizan el panorama, especialmente en regiones con altos niveles de violencia y criminalidad.

Un factor determinante es el abandono institucional, entendido como la desatención y falta de inversión efectiva por parte de los tres niveles de gobierno, a pesar de que muchos programas sociales están diseñados para atender a las personas en zonas de marginación y rezago.(20) Este abandono se refleja en la ausencia de servicios básicos, infraestructura deficiente y una limitada presencia institucional sostenida.

Como manifestación visible, el deterioro del espacio público se convierte en constante: espacios degradados, sin mantenimiento ni apropiación comunitaria, que contrastan con aquellos donde el espacio público funciona como motor de desarrollo. A esto se suman causas estructurales como la falta de coordinación entre dependencias, la discontinuidad por ciclos políticos, la escasa planeación y la ejecución ineficiente de recursos. Estas condiciones agravan procesos sociales como la marginación, la pobreza, la fragmentación del tejido social y la percepción de inseguridad que inhibe el uso comunitario del espacio público, limita el desarrollo local y debilita la cohesión social.(21)

En este contexto, el PND 2025-2030 establece que la construcción de la paz debe alcanzarse mediante una estrategia integral de seguridad pública, centrada en la prevención, la inteligencia y la coordinación interinstitucional. Subraya que no basta con perseguir el delito: es necesario transformar las condiciones estructurales que lo generan. En línea con esta visión, el Objetivo 1 del PNPSVD 2026-2030 se articula directamente con el Eje 1 Atención a las Causas de la ENSP 2024-2030. Prioriza tres líneas de acción: la recuperación del espacio público, la intervención en zonas urbanas deterioradas y la reconstrucción de entornos comunitarios marcados por el abandono institucional. Este eje reconoce que intervenir el entorno físico y social mediante mejoramiento urbano, planeación participativa y dignificación de espacios colectivos es esencial para reconstruir el tejido social y restablecer la presencia del Estado en los territorios. Así, el PNPSVD 2026-2030 propone estrategias concretas para identificar, intervenir y activar espacios públicos en zonas prioritarias como parte de una política integral de construcción de paz y justicia social desde lo local.

La evidencia cuantitativa confirma la urgencia de intervenir en el entorno urbano como parte de una estrategia de prevención social de las violencias. En el segundo trimestre de 2025, el 63.2% de la población de 18 años y más en 91 zonas urbanas del país consideró inseguro vivir en su ciudad, cifra que representa un aumento frente al año anterior.(22) Esta percepción fue significativamente mayor en el ámbito estatal (75.6%) que a nivel de colonia (40.5%) y mostró un claro sesgo de género: el 68.5% de las mujeres se sintieron inseguras, frente al 56.7% de los hombres. Además, algunos territorios registran niveles críticos de percepción de inseguridad, como Culiacán Rosales, Ecatepec, Uruapan, Tapachula y Ciudad Obregón, donde más del 88% de la población considera inseguro su entorno.(23) Aunque el promedio diario de homicidios dolosos muestra una reducción entre septiembre de 2024 y junio de 2025, estos indicadores no reflejan la complejidad del fenómeno.

La persistencia de entornos deteriorados, sin servicios adecuados ni presencia institucional, alimenta esta percepción, limita el uso colectivo del espacio público y socava la cohesión social, perpetuando el círculo de exclusión y violencia. Por ello, el Objetivo 1 del PNPSVD 2026-2030 plantea una intervención territorial focalizada, diagnósticos participativos, acciones de mejoramiento urbano, rehabilitación física de espacios, activación comunitaria y mecanismos de participación como el tequio (Martínez Luna, 2013).(24) Asimismo, contempla la inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad como actores clave en estos procesos. Estas acciones no solo dignifican el entorno, sino que fortalecen la apropiación social, previenen dinámicas violentas y construyen condiciones sostenibles de paz desde el territorio.

La relevancia del Objetivo 2 del PNPSVD 2026-2030 radica en el reconocimiento de que la violencia no surge de manera aislada ni espontánea, sino como resultado de una red compleja de condiciones estructurales, individuales y comunitarias que aumentan la probabilidad de que una persona sea víctima o perpetradora. Los factores de riesgo vinculados a la violencia operan a múltiples niveles: individual, familiar, comunitario y social. En el plano individual, influyen antecedentes de agresión a temprana edad, dificultades en el control de impulsos, escasa capacidad para la resolución pacífica de conflictos y el uso problemático de sustancias psicoactivas.

De acuerdo con el informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México (2024), el 38 % de las juventudes en situación de exclusión presenta indicios de consumo problemático de sustancias, mientras que el 26% ha experimentado ansiedad o depresión de forma recurrente sin haber recibido atención profesional, lo que evidencia la necesidad de servicios de salud mental accesibles y culturalmente adecuados para mitigar riesgos tempranos. Además, la presencia de trastornos neuropsiquiátricos no atendidos, como impulsividad severa, trastornos de conducta o déficit de atención, puede limitar el juicio y aumentar la probabilidad de involucrarse en situaciones de violencia.(25)

El entorno familiar constituye otro eje fundamental para la reproducción de factores de riesgo. La exposición constante a violencia doméstica, en cualquiera de sus formas, junto con la carencia de límites, la negligencia o dinámicas familiares inestables, genera condiciones que normalizan la violencia desde edades tempranas.(26) Estos aprendizajes suelen trasladarse a los espacios comunitarios, especialmente en contextos donde se perpetúan estereotipos de género y prácticas discriminatorias, y donde la ausencia de mecanismos efectivos de contención social favorece la reproducción de la agresión.

En estas condiciones, las NNA se encuentran particularmente expuestos a consecuencias físicas y emocionales, deterioro cognitivo, dificultades socioemocionales y mayor probabilidad de abandono escolar o de reproducir patrones violentos en la adolescencia y la vida adulta.(27) A su vez, la violencia deja huellas en el territorio: deteriora servicios, inhibe el desarrollo económico, limita la convivencia comunitaria y reduce el acceso efectivo a derechos básicos como salud y educación. Por tanto, atender estos factores es clave para romper el ciclo de reproducción de la violencia y generar condiciones duraderas de paz.

La evidencia cuantitativa refuerza esta urgencia. Si bien en 2025 se ha reportado una ligera disminución en los homicidios promedio diarios, persisten tasas críticas en entidades como Colima, Guanajuato, Morelos, Baja California y Quintana Roo. Además, los delitos cometidos contra NNA aumentaron 4.8% entre enero y marzo de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, con un total de 9,529 incidentes registrados.(28) Estos datos reflejan no solo la continuidad de los riesgos, sino también los rezagos acumulados en la prevención.

En los territorios más afectados, las personas enfrentan niveles elevados de violencia cotidiana que no siempre son visibles o denunciados. La violencia intrafamiliar, sexual, comunitaria y las afectaciones psicosociales suelen permanecer ocultas debido a barreras como la desconfianza institucional, la naturalización de la violencia o la ausencia de mecanismos de identificación temprana.

La ENVIPE 2025 estimó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos, pero solo 9.6 % se denunció, una proporción incluso menor que en 2023 (10.4 %). De ese 9.6 %, únicamente 70.5 % derivó en carpeta de investigación. En términos reales, esto significa que el 93.2 % de los delitos no fue investigado y que, dentro de las carpetas que sí se abrieron, el 79.9 % no obtuvo ninguna conclusión.

Las principales razones para no denunciar; como la percepción de que es una pérdida de tiempo (34.6 %), la desconfianza en la autoridad (14 %) o el miedo a la persona agresora (6.1 %), confirman la magnitud del reto para lograr que la violencia no visible entre en el radar institucional.(29) Las diferencias por sexo también revelan asimetrías estructurales: los hombres aluden con mayor frecuencia a la pérdida de tiempo, mientras que las mujeres señalan motivos relacionados con desconfianza, temor o revictimización, lo que evidencia la necesidad de un enfoque diferenciado.(30)

Gráfica 14. Tendencia del porcentaje de delitos denunciados en México, 2018-2024

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025

En muchos territorios con alta marginación y exclusión, la violencia se acompaña de la precarización de servicios públicos, la degradación de la infraestructura escolar y sanitaria y un retraimiento institucional que profundiza la desigualdad.

Esto genera una doble exclusión territorial, marcada por servicios insuficientes y falta de espacios públicos seguros; e institucional, caracterizada por una débil capacidad de respuesta, escasez de servicios especializados y ausencia de mecanismos preventivos que actúen antes de que los riesgos se traduzcan en daños irreversibles. En estos espacios, las mujeres y las niñas enfrentan riesgos particularmente elevados de violencia sexual, violencia feminicida y trata con fines de explotación. Asimismo, la combinación de estrés psicosocial, consumo problemático de sustancias, ansiedad, depresión y falta de redes de apoyo incrementa la probabilidad de involucrarse en dinámicas violentas. Estos factores también se asocian con embarazos adolescentes, abandono escolar y reclutamiento por grupos delictivos.

Estas condiciones subrayan la pertinencia del objetivo 2, cuyo propósito es intervenir de manera directa y temprana en los factores psicosociales, familiares y comunitarios que mantienen ocultas o normalizadas muchas formas de violencia. La evidencia demuestra que actuar sobre estos factores, antes de que escalen a daños mayores, es indispensable para identificar violencias no denunciadas, fortalecer mecanismos comunitarios de protección y evitar su reproducción intergeneracional.

Este objetivo se alinea con el Segundo Piso de la Transformación y el PND 2025-2030 al priorizar la atención a personas en situación de vulnerabilidad y la reconstrucción de entornos protectores. Busca no sólo responder a la violencia, sino transformar las condiciones que la generan mediante estrategias territoriales y de cercanía comunitaria.

La relevancia del tercer objetivo del PNPSVD 2026-2030 reside en la necesidad de transformar un modelo histórico de desigualdad que ha marginado a amplios sectores de la población, generando territorios donde la carencia de derechos y servicios básicos se traduce en entornos propensos a la violencia, la descomposición social y la desconfianza institucional.

Las grandes brechas de desigualdad que persisten en México han impactado profundamente la vida cotidiana de millones de personas. Esta exclusión se manifiesta en la falta de oportunidades laborales, educativas y culturales, en la precariedad de los servicios públicos, y en el debilitamiento de los lazos comunitarios. Factores como la violencia familiar, los conflictos comunitarios, la marginación, la discriminación, el consumo de sustancias en personas jóvenes, la violencia de género o contra NNA, y la ruptura de la cohesión social configuran escenarios de alta vulnerabilidad que aumentan el riesgo de que estas comunidades se conviertan en entornos donde la violencia se normaliza.

El abordaje de este fenómeno exige un cambio de paradigma pasar de una visión reactiva y focalizada a una estrategia integral que promueva la inclusión social como condición indispensable para la seguridad y la paz. Esto implica reconocer la corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía en la reconstrucción del tejido social y en la construcción de entornos seguros, justos y con acceso equitativo a derechos y servicios.

En términos cuantitativos, los datos muestran una realidad compleja. Si bien el 29.6% de la población vive en pobreza multidimensional -el nivel más bajo históricamente registrado según INEGI-, persisten 38.5 millones de personas en esta situación. La pobreza extrema afecta a 7 millones. En el segundo trimestre de 2025, el 35.1% de la población tenía ingresos laborales insuficientes para adquirir la canasta alimentaria, lo que evidencia la fragilidad del acceso a condiciones básicas de bienestar.(31)

La exclusión social también se refleja en otras dimensiones: 48.2% de la población carece de seguridad social, 44.5 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, y más de 24 millones presentan rezago educativo. A ello se suma una limitada movilidad social: 73 de cada 100 personas nacidas en hogares pobres permanecen en esa condición a lo largo de su vida.(32) Las brechas regionales agudizan estas desigualdades, siendo los estados del sur, como Chiapas y Guerrero, los más afectados por la pobreza y la exclusión estructural.

Este modelo de desarrollo desigual tiene raíces históricas. Desde mediados del siglo XX, el Estado priorizó el crecimiento económico en determinadas zonas del país, dejando a muchas otras regiones fuera del acceso a empleo, servicios y bienestar.

La falta de acceso a derechos como salud, vivienda, educación, empleo digno o cultura; ha provocado que, en muchas comunidades, la violencia se perciba como parte inevitable de la vida cotidiana para algunas juventudes, representando la única forma de pertenencia o supervivencia ante un entorno de carencias, particularmente entre adolescentes y jóvenes.

En este marco, el objetivo 3 contribuye directamente a la consolidación del segundo piso de la transformación, al articularse con los principios del PND 2025-2030. Este documento establece que el Estado tiene la obligación de promover el bienestar a partir del respeto y garantía de derechos, de manera universal y progresiva. Para ello, plantea ampliar la red de protección social, fortalecer el sistema educativo y garantizar el acceso a servicios básicos sin intermediarios.

También reconoce la importancia del deporte, la cultura, la salud y la educación como pilares del desarrollo integral, especialmente para NNA. El modelo de bienestar con enfoque humanista implica eliminar barreras estructurales que perpetúan la pobreza y crear condiciones para que todas las personas, sin importar su origen o condición, puedan desarrollarse plenamente.

De acuerdo con las atribuciones de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, referidas en el artículo 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fracciones I, III y X que a la letra dicen:

I. Proponer políticas, programas y estrategias integrales que atiendan las causas estructurales y sociales de la violencia para su prevención;

III. Coordinar la elaboración de las políticas, programas, estrategias y acciones en materia de prevención de las violencias, para su aplicación en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública;

X. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones y autoridades de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de Ciudad de México, para la implementación de los programas, estrategias y acciones de prevención de las violencias.

Las estrategias vinculadas a este objetivo apuntan a generar cambios estructurales que rompan con el círculo de exclusión y violencia. Esto requiere un enfoque multisectorial que involucre a distintas instituciones, niveles de gobierno y actores comunitarios. Las acciones deben partir del territorio y diseñarse con perspectiva social, reconociendo que el delito tiene múltiples causas que deben ser enfrentadas con múltiples soluciones.

Atender las condiciones estructurales de exclusión es una apuesta no solo por la justicia social, sino también por la seguridad pública. En este sentido, el Objetivo 3 representa un eje esencial del modelo preventivo: transformar las condiciones que generan violencia desde sus raíces, con estrategias que promuevan el desarrollo, la participación, la cohesión social y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Este objetivo responde a uno de los desafíos más profundos del país: la ruptura del tejido social, es decir, la pérdida de vínculos, normas y valores que sostienen la convivencia pacífica y la solidaridad entre personas, familias y comunidades.

Este deterioro no solo se traduce en pobreza material, sino también en carencias afectivas, educativas, de salud, de seguridad, de participación y de sentido de pertenencia. Las causas que lo originan son múltiples y complejas: desigualdad estructural, exclusión social, consumo excesivo de bienes materiales como forma de validación, discriminación, violencia generalizada y falta de confianza en las instituciones.

En contextos de alta violencia, esta fractura comunitaria se agudiza. La desconfianza, el miedo y la impunidad desalientan la organización vecinal, debilitan la participación social y fomentan la indiferencia. La discriminación (por razón de género, etnia, orientación sexual u origen) agrava la fragmentación social. Por su parte, la desconfianza hacia las instituciones de seguridad y justicia contribuye a la impunidad y al abandono institucional, erosionando aún más la cohesión comunitaria.

Este entorno tiene un efecto especialmente devastador para las juventudes. Muchas personas jóvenes, sin acceso a oportunidades, educación o acompañamiento, se enfrentan a contextos de exclusión que pueden derivar en conductas delictivas. A lo largo de 2023, los casos de adolescentes en conflicto con la ley aumentaron más de 40% en dos años. La mayoría (77.5%) son hombres.(33) Aunque el sistema de justicia para adolescentes tiene como fin la reinserción social, las medidas privativas de libertad siguen siendo frecuentes.

La reinserción, por tanto, es un desafío urgente que debe abordarse con enfoque restaurativo, priorizando la salud mental, el acompañamiento comunitario, la inclusión productiva y la eliminación del estigma. Las personas jóvenes que egresan del sistema de justicia requieren apoyo integral para reconstruir sus proyectos de vida, recuperar su lugar en la comunidad y acceder a una segunda oportunidad.

Desde el modelo de desarrollo planteado en el segundo piso de la transformación, revertir el deterioro social es una condición indispensable para consolidar una sociedad justa, cohesionada y en paz. El PND 2025-2030 reconoce que la prevención es tan importante como la sanción, y que la seguridad auténtica se construye desde la comunidad, fortaleciendo la confianza, la organización y el sentido de pertenencia.

El fortalecimiento de instituciones de seguridad con enfoque de derechos humanos, la reconstrucción del tejido social, la promoción de liderazgos comunitarios y la participación ciudadana activa son pilares de esta estrategia. Las acciones impulsadas por los tres niveles de gobierno deben priorizar lo local, fomentando redes vecinales, actividades comunitarias, espacios públicos seguros y procesos de reconciliación social.

De manera particular, las políticas deben enfocarse en los territorios más afectados, donde el deterioro es evidente y donde aún existe potencial para transformar el entorno. Promover la justicia restaurativa, brindar opciones a las juventudes, reconocer el daño y reparar el tejido roto son pasos indispensables para construir comunidades más fuertes, resilientes y comprometidas con la paz.

Revertir el deterioro social no es solo una meta programática: es un mandato ético y político. Es recuperar la posibilidad de vivir sin miedo, de confiar en las instituciones, de convivir en entornos seguros, y de pertenecer a una comunidad que cuida, acompaña y protege a todas las personas, especialmente a quienes más lo necesitan.

6.5. Vinculación de los objetivos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030.

Los objetivos del PNPSVD 2026-2030 se encuentran plenamente alineados con los ejes, principios y prioridades del PND 2025-2030, en particular con el modelo de bienestar y justicia social que sustenta el Segundo Piso de la Transformación. Cada objetivo responde a problemáticas estructurales identificadas en el diagnóstico nacional, y contribuye a cerrar brechas de desigualdad, fortalecer el tejido social y garantizar el ejercicio efectivo de derechos en los territorios más afectados por la violencia.

Esta vinculación asegura la coherencia programática del Programa y orienta su implementación conforme al sistema nacional de planeación democrática.

Objetivos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030	Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030
1. Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias.	1.1 y 1.5	1.1.1, 1.1.2, 1.5.4 y 1.1.7
2. Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión.	1.2, 1.5 y T1.4	1.2.1, 1.5.4, T1.4.1 y T1.4.2
3. Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.	1.2, 1.5, 2.1 y T1.4	1.2.1, 1.5.4, 2.1.3, T1.4.1 y T1.4.2
4. Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios.	1.1, 1.2, 1.5 y T1.4	1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.5.4 y T1.4.1

7. Estrategias y líneas de acción.

Las estrategias y líneas de acción del PNPSVD 2026-2030 constituyen los medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos del presente instrumento. Su diseño parte de un enfoque territorial, interinstitucional y participativo, orientado a atender las causas estructurales y contextuales de la violencia desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad sustantiva, interculturalidad y construcción de paz.

Cada estrategia plantea un conjunto de intervenciones integrales y articuladas que se despliegan en los territorios identificados como prioritarios, mientras que las líneas de acción detallan las actividades específicas que permitirán su implementación efectiva, con criterios de pertinencia, coherencia y sostenibilidad.

Objetivo 1. Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias.

Estrategia 1.1. Implementar procesos de identificación y análisis territorial participativo en zonas prioritarias para articular intervenciones interinstitucionales que respondan al deterioro del espacio público y abandono institucional.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.1.1 Identificar los territorios prioritarios de intervención con base en niveles de incidencia delictiva, condiciones de deterioro urbano y presencia de factores estructurales de vulnerabilidad social.	SSPC ATDT
1.1.2 Establecer convenios de coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno para la planeación conjunta de intervenciones en las zonas identificadas como prioritarias.	SSPC
1.1.3 Elaborar diagnósticos participativos de espacios públicos deteriorados en zonas prioritarias a partir de información generada por fuentes locales, cédulas de casa por casa y registros comunitarios.	SSPC
1.1.4 Desarrollar un sistema institucional de georreferenciación para gestionar la información territorial obtenida mediante cédulas diagnósticas en zonas prioritarias.	SSPC

Estrategia 1.2. Desarrollar intervenciones integrales de recuperación y activación del espacio público en zonas prioritarias para revertir condiciones de riesgo, abandono y exclusión que facilitan la violencia y el delito.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.2.1 Diseñar planes de intervención básicos para espacios públicos deteriorados en zonas prioritarias a partir de recorridos técnicos, registro de condiciones físicas, identificación de necesidades y diálogo comunitario.	SSPC
1.2.2 Fomentar esquemas de participación social basados en prácticas comunitarias como el tequio para la recuperación, limpieza y mantenimiento de espacios públicos en zonas prioritarias, en coordinación con autoridades locales.	SSPC
1.2.3 Ejecutar acciones de rehabilitación física y mejoramiento urbano en espacios públicos con infraestructura dañada, en coordinación con autoridades locales y participación comunitaria.	SSPC
1.2.4 Promover actividades educativas, culturales y deportivas de forma periódica en espacios recuperados para fomentar su uso comunitario mediante jornadas territoriales.	SSPC CONADE CULTURA CONAFE INDEPORTE(34) IMJUVE SNDIF SEP
1.2.5 Integrar a jóvenes en situación de vulnerabilidad como apoyo operativo en acciones institucionales de rehabilitación y activación de espacios públicos en zonas prioritarias.	SSPC

Objetivo 2. Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión.

Estrategia 2.1. Desarrollar acciones de orientación, sensibilización y canalización dirigidas a personas y grupos en contextos de exclusión social para contribuir a la detección oportuna de riesgos psicosociales y violencias no denunciadas.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
2.1.1 Realizar tamizajes comunitarios para identificar factores de riesgo psicosocial y violencias no denunciadas mediante visitas domiciliarias, entrevistas directas y acompañamiento territorial.	SSPC
2.1.2 Implementar brigadas de atención comunitaria en zonas prioritarias integradas por personal local y promotores comunitarios para la detección y canalización de casos de violencia y abandono institucional.	SSPC
2.1.3 Establecer rutas de canalización y acompañamiento interinstitucional hacia servicios de salud mental, atención jurídica, seguridad o asistencia social para víctimas de violencia o personas en situación de riesgo.	SSPC SNSP IMSS Bienestar SNDIF SALUD CONASAMA) CECOSAMA
2.1.4 Implementar acciones de prevención de consumo de sustancias e identificación y canalización a servicios de atención especializada para personas que lo requieran.	SSPC, CIJ(35) SALUD CONASAMA CECOSAMA
2.1.5 Proponer a promotores comunitarios, autoridades locales y personal operativo su incorporación en estrategias de prevención de violencias invisibilizadas y atención psicosocial de primer contacto con enfoque de derechos humanos.	SSPC

Estrategia 2.2. Fomentar la participación comunitaria en acciones de corresponsabilidad ciudadana para reducir la normalización de la violencia y promover entornos seguros en comunidades con alta exposición a riesgos sociales.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
2.2.1 Realizar sesiones informativas y pláticas escolares sobre la prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en comunidades con alta exposición a riesgos psicosociales.	SSPC SNDIF
2.2.2. Diseñar materiales de difusión físicos y digitales accesibles para informar sobre señales de violencia, factores de riesgo y canales institucionales de atención en contextos de exclusión.	SSPC
2.2.3 Impulsar campañas comunitarias orientadas a la visibilización de violencias normalizadas, la denuncia segura y el acceso a servicios de atención institucional.	SSPC
2.2.4 Diseñar, aprobar y publicar el lineamiento operativo y el tabulador de compensaciones del programa de Desarme Voluntario para estandarizar criterios de implementación en zonas prioritarias.	SSPC
2.2.5 Implementar campañas de desarme voluntario de artefactos explosivos en zonas con alta incidencia de violencia mediante módulos comunitarios temporales de desarme.	SSPC DEFENSA

Objetivo 3. Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad .

Estrategia 3.1. Acercar servicios públicos, programas sociales y oportunidades a comunidades vulnerables para reducir las condiciones de exclusión y desigualdad estructural.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.1.1 Instalar ferias de servicios interinstitucionales en comunidades vulnerables que integren atención médica, alimentaria, social, educativa, cultural, capacitación para el trabajo, de acceso a la justicia.	SSPC CONAFE CONAVI CNBBBJ FINABIEN INFONAVIT IMSS INPI INEA IMJUVE LECHE SNSP SADER BIENESTAR SEDATU SEP TURISMO TRABAJO SNSP SNDIF
3.1.2 Coordinar la instalación de módulos de atención ciudadana en municipios prioritarios que permitan canalizar solicitudes y facilitar el acceso a programas sociales y acciones institucionales.	SSPC BIENESTAR
3.1.3 Realizar recorridos casa por casa en zonas con alta exclusión para aplicar cuestionarios de detección de necesidades, vinculación y seguimiento a personas vulnerables.	SSPC
3.1.4 Vincular a las personas identificadas en los recorridos domiciliarios con servicios de salud, programas sociales y acciones institucionales de atención.	SSPC
3.1.5 Brindar atención inmediata a personas en situaciones emergentes que pongan en riesgo su vida o integridad física, mediante intervenciones especializadas.	SSPC

Estrategia 3.2. Promover procesos de inclusión social y económica en comunidades con rezago estructural para ampliar el acceso a derechos, empleos y oportunidades de desarrollo en grupos prioritarios.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.2.1 Vincular a jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad a servicios de asesoría financiera, programas de capacitación o empleo mediante convenios con instituciones públicas.	SSPC TRABAJO FINABIEN SADER
3.2.2 Promover el acceso educativo de personas con mayor rezago escolar a través de jornadas de inscripción, asesoría, vinculación y seguimiento con instituciones educativas.	SSPC CONAFE CNBBBJ INEA SEP
3.2.3 Implementar acciones afirmativas dirigidas a personas indígenas, con discapacidad o en situación de calle u otras condiciones de vulnerabilidad para facilitar su inclusión en programas sociales.	SSPC BIENESTAR INPI
3.2.4 Establecer mecanismos de seguimiento que verifiquen la atención efectiva de las personas canalizadas a servicios, programas sociales o acciones institucionales por parte de otras dependencias.	SSPC

Objetivo 4. Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios.

Estrategia 4.1. Restablecer el tejido social en comunidades afectadas por la violencia mediante procesos de activación comunitaria y acciones colectivas orientadas a fortalecer la confianza, la solidaridad y la cohesión social.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
4.1.1 Implementar procesos de acompañamiento comunitario en territorios prioritarios, mediante equipos interdisciplinarios que fortalezcan la confianza, el reconocimiento colectivo y la cohesión social.	SSPC
4.1.2 Desarrollar actividades artísticas, deportivas y de fomento a la cultura en espacios públicos, mediante encuentros comunitarios para fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia.	SSPC CONADE INDEPORTE(36) CULTURA IMJUVE
4.1.3 Conformar redes de prevención y apoyo comunitario mediante la articulación de actores locales, organizaciones sociales y liderazgos comunitarios.	SSPC
4.1.4 Impulsar procesos de reconstrucción del tejido social mediante prácticas restaurativas y círculos de diálogo en comunidades afectadas por la violencia.	SSPC
4.1.5 Desarrollar acciones comunitarias de contención emocional, reconocimiento colectivo y recuperación psicosocial en comunidades con afectaciones por violencia.	SSPC

Estrategia 4.2. Fortalecer la participación ciudadana en territorios prioritarios para consolidar procesos comunitarios de organización, liderazgo y corresponsabilidad colectiva que aseguren la sostenibilidad de las acciones de prevención.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
4.2.1 Establecer mecanismos de participación ciudadana en comunidades con indicios de deterioro del tejido social mediante comités vecinales, círculos de diálogo y espacios de deliberación colectiva.	SSPC
4.2.2 Formar personas jóvenes promotoras en las comunidades con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género que impulsen procesos de permanencia de la estrategia	SSPC
4.2.3 Coordinar actividades recreativas y de servicio en territorios prioritarios mediante acciones comunitarias que refuercen la presencia institucional y la continuidad de la estrategia.	SSPC CONADE INDEPORTE(37) IMJUVE CULTURA
4.2.4 Establecer esquemas participativos de seguimiento comunitario para monitorear la implementación de acciones, fortalecer la corresponsabilidad ciudadana y retroalimentar las intervenciones en territorio	SSPC

Estrategia 4.3. Implementar procesos integrales de acompañamiento para personas jóvenes en conflicto con la ley, a fin de prevenir la reincidencia y favorecer su reintegración social en comunidades afectadas por la violencia.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
4.3.1 Realizar diagnósticos integrales de riesgo y vulnerabilidad psicosocial a personas jóvenes en conflicto con la ley, mediante entrevistas y trabajo en campo.	SSPC
4.3.2 Brindar acompañamiento psicosocial individual y familiar a personas jóvenes en proceso de reintegración social, mediante planes personalizados, contención emocional y seguimiento territorial.	SSPC
4.3.3 Vincular a personas jóvenes primodelicuentes en conflicto con la ley a servicios educativos, formativos y de empleabilidad mediante redes locales y convenios interinstitucionales.	SSPC
4.3.4 Promover la participación comunitaria de personas jóvenes en proceso de reinserción social mediante actividades culturales, deportivas y de servicio social con enfoque restaurativo.	SSPC
4.3.5 Fortalecer la articulación institucional entre sistemas de justicia, seguridad y desarrollo social que favorezcan el acceso a servicios, derechos y oportunidades a juventudes en situación de riesgo.	SSPC

8. Indicadores y metas.

El presente apartado establece los indicadores asociados a cada uno de los objetivos prioritarios, con el propósito de dar seguimiento, evaluar avances y verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del PNPSVD 2026-2030.

Los indicadores fueron seleccionados conforme a los lineamientos del Sistema de Planeación Democrática, incorporan criterios de claridad, relevancia, periodicidad y viabilidad, y permiten monitorear tanto los resultados esperados como los efectos de las intervenciones en los territorios prioritarios. Asimismo, se busca garantizar la trazabilidad de los objetivos del Programa con las prioridades establecidas en el PND 2025-2030 y con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024- 2030.

Indicador 1.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de la población de 18 años y más que percibe inseguridad en su colonia o localidad.

Objetivo

Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión
de delitos en zonas prioritarias.

Definición o
descripción

Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que perciben a su colonia o localidad como inseguro. Este indicador permitirá
conocer si los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional y la recuperación de espacios públicos seguros se ven reflejados en
una mayor percepción de seguridad.

Derecho asociado

Derecho a la seguridad

Nivel de
desagregación

Geográfica: Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Septiembre

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de los
datos

Marzo y abril

Tendencia esperada

Descendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana. (SPV)

Método de cálculo

(Percepción de inseguridad pública en colonia o localidad / Población de 18 años y más) * 100

Observaciones

Percepción de inseguridad: Es la impresión que tiene la población sobre la situación de inseguridad, construida con base en su
experiencia personal y la vulnerabilidad que percibe de ser víctima del delito. Las categorías conceptuales necesarias para medir el
fenómeno son sensación de inseguridad por temor al delito; atestiguación de conductas antisociales y delictivas; prevención y
protección ante el delito; y cohesión social.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Percepción de seguridad pública en colonia
o localidad

Valor variable 1

37,813,258

Fuente de
información
variable 1

ENVIPE (INEGI)

Nombre variable 2

Población de 18 años y más

Valor variable 2

94,037,600

Fuente de
información
variable 2

ENVIPE (INEGI)

Sustitución en
método de cálculo

(37,813,258 / 94,037,600) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

40.2

Año

2024

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

36.4

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

50.1

50.6

48.7

41.9

42.1

39.9

40.2

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

37.36

36.80

36.52

36.51

36.4

Indicador 2.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de delitos denunciados ante el Ministerio Público o fiscalía estatal.

Objetivo

Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a
factores psicosociales y contextos de exclusión

Definición o
descripción

Mide el total de los delitos denunciados ante el Ministerio Público o Fiscalía Estatal y conocer la cifra negra

Este indicador permitirá conocer si los esfuerzos dirigidos a la atención de los factores de violencia en la comunidad, así como
reducir la vulnerabilidad se ven reflejados en una mayor captación de denuncias de los delitos.

Derecho asociado

Derecho a la seguridad

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la información

Septiembre

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de los
datos

Enero - diciembre

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de reportar el
avance

Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana. (SPV)

Método de cálculo

(Delitos denunciados / Delitos ocurridos) * 100

Observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Delitos denunciados

Valor variable 1

3,204,620

Fuente de información
variable 1

ENVIPE (INEGI)

Nombre variable 2

Delitos ocurridos

Valor variable 2

33,450,221

Fuente de información
variable 2

ENVIPE (INEGI)

Sustitución en
método de cálculo

(3,204,620/ 33,450,221) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

9.6

Año

2024

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

10.4

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

10.6

10.1

10.9

10.4

9.6

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

9.86

9.99

10.12

10.25

10.4

Indicador 3.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de la población que conoce sobre acciones de prevención de violencia y/o la delincuencia.

Objetivo

Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia
en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad

Definición o
descripción

Mide el porcentaje de la población que conocen sobre acciones de prevención de violencia y/o la delincuencia implementadas en el
municipio o localidad para mejorar la seguridad pública

Derecho asociado

Derecho a la seguridad

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia
de medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Septiembre

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de
los datos

Marzo y abril

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
(SPV)

Método de cálculo

(Conocimiento de las acciones realizadas en el municipio o localidad / Población de 18 años y más) * 100

Observaciones

A partir de la edición 2023 de la ENVIPE, se incorporó la acción a la Sección V Desempeño Institucional del cuestionario:
"actividades o programas para prevenir la violencia y/o la delincuencia". Por lo anterior para los años 2018-2021 No está Disponible
dicha información.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Población que conoce
sobre acciones de
prevención de violencia

Valor variable 1

27,217,967

Fuente de información
variable 1

ENVIPE (INEGI)

Nombre variable 2

Población de 18 años y más

Valor variable 2

95,795,780

Fuente de información
variable 2

ENVIPE (INEGI)

Sustitución en
método de cálculo

(27,217,967 / 95,795,780) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

28.4

Año

2024

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

28.1

28.4

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

Indicador 4.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

Porcentaje de jóvenes primo delincuentes pertenecientes al programa Reconecta con la Paz reincidentes1

Objetivo

Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en
situación de reinserción social, en territorios prioritarios.

Definición o
descripción

Este indicador mide la tasa de reincidencia delictiva de los jóvenes que han sido atendidos por el programa "Reconecta con la Paz"

Derecho asociado

Derecho a la seguridad

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia
de medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Marzo

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de
los datos

Enero diciembre

Tendencia esperada

Descendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
(SPV)

Método de cálculo

(Total de personas que reinciden en actividades delictivas que fueron parte del programa Reconecta con la Paz/Total de jóvenes que
recibieron atención por parte del Programa Reconecta con la paz) *100

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Total de personas que reinciden en
actividades delictivas que fueron parte
del programa Reconecta con la Paz

Valor variable 1

Fuente de información
variable 1

Fiscalía General o su
equivalente en los estados

Nombre variable 2

Total de jóvenes que recibieron
atención por parte del Programa
Reconecta con la paz

Valor variable 2

100

Fuente de información
variable 2

Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal

Sustitución en
método de cálculo

(10/100)* 100 = 10

Observaciones

Es una estrategia integral, que busca disminuir la reincidencia delictiva en jóvenes de 18 a 35 años que cometieron delitos menores.
Para los años 2018 al 2023, No se tenía implementado el programa reconecta con la Paz.

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

Año

2024

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

9. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa.

Las dependencias y entidades que se enlistan a continuación colaboran en la implementación de las acciones contempladas en el PNPSVD 2026-2030:

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones

Centros de Integración Juvenil

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones

Consejo Nacional de Fomento Educativo

Consejo Nacional de Vivienda

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Financiera para el Bienestar

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Instituto Mexicano de la Juventud

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Instituto del Deporte

Leche para el Bienestar

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Secretaría de Bienestar

Secretaría de Cultura

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Salud

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Turismo

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Sistema Nacional de Seguridad Pública

_____________________________

1 Para los efectos del presente programa se define a la violencia como el uso deliberado del poder o de la fuerza física, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición incluye las diversas manifestaciones de la violencia como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras. World Health Organization (WHO). (2002). World report on violence and health: Summary. https://www.who.int/publications/i/item/9241545615

2 INEGI. (2025). Medición de la pobreza multidimensional en México, 2025. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_08.pdf

3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2025). Estudio sobre el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México.

https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/Estudio_derechos_NNA.pdf

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.). Escolaridad. Cuéntame de México. https://cuentame.inegi.org.mx/explora/poblacion/escolaridad/

5 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología. (2024). Informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) 2023. Gobierno de México.

https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/info_sisvea/informes_sisvea_2023.pdf

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025

7 Díaz Aldret, A. (2017). Participación ciudadana en la gestión y en las políticas públicas. Gestión y Política Pública, 26(2), 341-379. https://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v26n2/1405-1079-gpp-26-02-00341.pdf

8 Gómez Díaz de León, C. (2024). Políticas públicas de seguridad pública: Entre la prevención y la reacción. Estudios de la Seguridad Ciudadana, 10(7), 1-21. https://revista.ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2024/12/1-Politicas-publicas-de-seguridad-publica.pdf

9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf

10 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Base de datos de incidencia delictiva del fuero común 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1008570/CNSP-Delitos-2025_feb26.pdf

11 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Base de datos de incidencia delictiva del fuero común 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1008570/CNSP-Delitos-2025_feb26.pdf

12 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Base de datos de incidencia delictiva del fuero común 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1008570/CNSP-Delitos-2025_feb26.pdf

13 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Base de datos de incidencia delictiva del fuero común 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1008570/CNSP-Delitos-2025_feb26.pdf

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf

15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf

16 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025

17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf

18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf

19 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021: Principales resultados. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463907190.pdf

20 Labbé Céspedes, G., & Ruiz-Tagle, J. (2017). Abandono institucional en los márgenes de Santiago de Chile: El caso de la población Santo Tomás, La Pintana. En XII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. https://cdsa.aacademica.org/000-022/432.pdf

21 Carmona Ramírez, K. (2015). Espacio público como elemento generador de inclusión y cohesión social en la ciudad contemporánea latinoamericana. SIIU: Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. https://revistes.upc.edu/index.php/SIIU/article/view/6148

22 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025b). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025, primer trimestre. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2025_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf

23 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025b). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025, primer trimestre. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2025_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf

24 Martínez Luna, J. (2013). Eso que llaman comunalidad. Secretaría de Cultura / CONACULTA.

25 Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMI). (2024). Informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México 2024. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/923815/INFORME_PAxS_2024.pdf

26 Klevens, J., Ports, K. A., & Mercy, J. A. (2024). Global prevalence of childhood exposure to physical and/or emotional domestic violence. Journal of Family Violence. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10913340/

27 McNeal, B. A., & Villareal, S. E. (2024). Childhood exposure to family violence, residential instability, and delinquency. Journal of Research in Crime and Delinquency. https://doi.org/10.1177/00224278241280903

28 Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). (2025). Delitos contra niñas, niños y adolescentes en México (a marzo de 2025). https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/04/22/delitos-contra-ninas-ninos-y-adolescentes-en-mexico-a-marzo-de-2025/

29 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025

30 Ídem

31 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Comunicado de prensa 118/25 sobre la medición de la pobreza multidimensional en México, 2024. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_08.pdf

32 Monroy-Gómez-Franco, L. Á., & Vélez Grajales, R. (2025). Informe de movilidad social en México 2025: la persistencia de la desigualdad de oportunidades. Centro de Estudios Espinosa Iglesias. https://ceey.org.mx/informe-de-movilidad-social-en-mexico-2025/

33 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Estadísticas sobre personas adolescentes en conflicto con la ley (EPACOL) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/especiales/EPACOL_RR.pdf

34 Participación en el ámbito de su competencia en la ejecución de las líneas de acción donde se mencione, en los términos que se establezca en el convenio que al efecto se celebre, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación.

35 Participación en el ámbito de su competencia en la ejecución de las líneas de acción donde se mencione, en los términos que se establezca en el convenio que al efecto se celebre, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación.

36 Participación en el ámbito de su competencia en la ejecución de las líneas de acción donde se mencione, en los términos que se establezca en el convenio que al efecto se celebre, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación.

37 Participación en el ámbito de su competencia en la ejecución de las líneas de acción donde se mencione, en los términos que se establezca en el convenio que al efecto se celebre, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación.