PROGRAMA Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030.

PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 2026-2030

1. Índice

2. Señalamiento del origen de los recursos del programa

3. Siglas y acrónimos

4. Fundamento normativo

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

6. Objetivos

6.1 Relevancia del objetivo 1: Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles.

6.2 Relevancia del objetivo 2: Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos.

6.3 Relevancia del objetivo 3: Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia.

6.4 Relevancia del objetivo 4: Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres.

6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030.

7. Estrategias y líneas de acción

8. Indicadores y metas

9. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa

9.1 Instituciones integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres (SNPASEVM)

2. Señalamiento del origen de los recursos del programa

La totalidad de las acciones que se consideran en el programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo.

3. Siglas y acrónimos

APF: Administración Pública Federal

ASF: Auditoría Superior de la Federación

ATDT: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

BANAVIM: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar

CDN: Convención sobre los Derechos del Niño

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

CJM: Centros de Justicia para las Mujeres

CNB: Comisión Nacional de Búsqueda

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CNPJF: Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal

CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

CONAMED: Comisión Nacional de Arbitraje Médico

CONAPO: Consejo Nacional de Población

CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

CONASAMA: Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones

CONATRIB: Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda

Convención de Belém do Pará: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CULTURA: Secretaría de Cultura

ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación

ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares

ENPOL: Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad

ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

FGR: Fiscalía General de la República

GN: Guardia Nacional

IMEF: Instancias para las Mujeres en las Entidades Federativas

IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud

IMME: Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social

IMSS-BIENESTAR: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar

INAES: Instituto Nacional de la Economía Social

INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

INE: Instituto Nacional Electoral

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INM: Instituto Nacional de Migración

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias

LGBTIQ+: Personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales

MAM: Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas

MUJERES: Secretaría de las Mujeres

NNA: Niñas, Niños y Adolescentes

OADPRS: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social

OAJ: Órgano de Administración Judicial

OPLE: Órganos Públicos Locales Electorales

PA: Procuraduría Agraria

PFPNNA: Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

PIPASEVM: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030

PJF: Poder Judicial de la Federación

PNAINNACOF: Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio

PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

SALUD: Secretaría de Salud

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación

SE: Secretaría de Economía

SECTUR: Secretaría de Turismo

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional

SEGOB: Secretaría de Gobernación

SEMAR: Secretaría de Marina

SEP: Secretaría de Educación Pública

SE-SIPINNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

SNPASEVM: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres

SPR: Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores

SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

4. Fundamento normativo

El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres (PIPASEVM), es un programa especial que encuentra su fundamento en los artículos 1o., y 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El primer precepto establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y dispone que las normas en la materia se interpretarán de conformidad con estos instrumentos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de la persona.

Asimismo, la reforma al artículo 4o., de la CPEUM, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024, reforzó el deber fundamental del Estado de proteger a las mujeres, adolescentes, niñas y niños, y garantizar de manera efectiva su derecho a una vida libre de violencias.

Lo anterior constituye la piedra angular para que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, incluyendo la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencias. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

En el marco internacional, de conformidad con el artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales que fomentan la idea de inferioridad de las mujeres respecto de los hombres, con el fin de eliminar los prejuicios y prácticas que perpetúan la discriminación. De igual forma, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), establece en su artículo 7 que los Estados Parte deben adoptar por todos los medios apropiados y sin dilación, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de toda forma de violencia, abuso o explotación, y establece la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para garantizar su protección integral. En este sentido, dicho instrumento refuerza el deber del Estado mexicano de adoptar políticas públicas y acciones coordinadas que atiendan de manera prioritaria las violencias que afectan a niñas y adolescentes, particularmente aquellas vinculadas a la violencia de género y a las formas extremas de violencia contra las mujeres.

En el marco normativo nacional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos. En este contexto, el PIPASEVM incorpora el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, reconociendo que las violencias contra las mujeres impactan de manera diferenciada a niñas y adolescentes, por lo que resulta indispensable articular acciones institucionales que aseguren su protección, atención y acceso efectivo a la justicia.

Por otro lado, el artículo 26, apartado A de la CPEUM, estipula que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal (APF). Al respecto, los artículos 16, fracción IV, y 26 de la Ley de Planeación establecen la obligación de alinear los programas especiales -como es el caso del PIPASEVM- con los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. En este sentido, dicha alineación se enfoca en el Eje Transversal 1: "Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres", el cual determina como prioridad estratégica la construcción de una sociedad igualitaria y libre de violencias.

De conformidad con lo anterior, la eliminación de las violencias contra las mujeres, el cierre de brechas salariales, el acceso a oportunidades laborales y la representación política igualitaria, son ejes fundamentales de las políticas públicas para garantizar condiciones equitativas y seguras para mujeres y niñas. Por lo tanto, corresponde a las dependencias de la APF, coordinar la elaboración y ejecución de los programas especiales que correspondan al ámbito de sus atribuciones.

De acuerdo con el artículo 41, fracciones II y IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Secretaría de las Mujeres es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PIPASEVM.

Asimismo, los artículos 35 y 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias (LGAMVLV) establecen que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán coordinarse para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, cuyo objeto es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales orientadas a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

En este marco, el PIPASEVM constituye el instrumento rector de política pública mediante el cual se articulan acciones con perspectiva de género, enfoque diferencial y de derechos humanos, dirigidas a la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, incluyendo la transformación de patrones socioculturales, la coordinación con las instituciones de procuración e impartición de justicia, la prestación de servicios especializados y gratuitos a las víctimas, el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, la generación de información estadística para la toma de decisiones y el diseño de modelos integrales de atención.

Todas estas acciones deberán implementarse sin discriminación alguna, considerando las condiciones específicas de las mujeres en razón de su edad, etnia, idioma, condición social, de salud, discapacidad, orientación sexual u otras circunstancias, a fin de garantizar el acceso efectivo y equitativo a las políticas públicas en la materia.

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

Las violencias contra las mujeres son la consecuencia de las desigualdades estructurales que reproducen los sistemas sociales, políticos y económicos que oprimen y discriminan. El sistema económico neoliberal profundizó las condiciones de pobreza en la mayor parte del pueblo, afectando principalmente a las mujeres, en quienes además descargó las tareas de cuidados, dentro de un sistema patriarcal que atribuye roles, estereotipos, impone desigualdades de poder y genera relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres.

Estas violencias operan como un mecanismo de regulación de los comportamientos dentro del sistema patriarcal que permea todos los ámbitos de la vida. Se trata de una manifestación extrema de discriminación y exclusión que se ejerce sobre el cuerpo y la integridad de las mujeres.

Ante esta problemática social, la presente administración apunta de manera decisiva por la atención a las causas estructurales de los problemas nacionales, trascendiendo la mera mitigación de sus efectos. Esta visión quedó plasmada en el PND 2025-2030, el cual establece que no puede haber una transformación auténtica y duradera sin justicia de género. Dicho principio conlleva el reconocimiento de que la erradicación de las violencias contra las mujeres es un tema fundamental de políticas públicas.

El Proyecto de Nación del Gobierno de la Transformación tiene como eje principal el Humanismo Mexicano, cuyo principio rector es "Por el bien de todos, primero los pobres", (PND, 2025)(1) que se propone atender las causas que generan la pobreza y la violencia que padecen más de la mitad de la población: las mujeres. La lucha contra la violencia de género es la aplicación concreta de este principio, reconociendo que las mujeres, especialmente las de comunidades marginadas, sufren una doble o triple opresión.

En México se ha logrado avanzar en un marco normativo y en políticas públicas encaminadas a fomentar la justicia social, la igualdad y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, la realidad muestra que las violencias contra las mujeres, siguen estando presentes en todos los ámbitos de la vida.

La LGAMVLV es el instrumento rector que establece los principios, modalidades y tipos de violencias contra las mujeres, así como los mecanismos de política pública para su prevención, atención, sanción y erradicación. De carácter vinculante para los tres órdenes de gobierno, esta Ley mandata la coordinación interinstitucional, hacer frente a las Alertas de Violencia de Género (AVG), la creación de refugios especializados y la implementación de acciones con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, reconociendo las violencias como un obstáculo para el desarrollo nacional.

De acuerdo con la LGAMVLV, los tipos de violencias contra las mujeres son: violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, y a través de interpósita persona; y las modalidades son: violencia en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y docente, en la comunidad, institucional, política, digital y/o mediática y feminicida.

Además de la legislación específica, en México se cuenta con un anexo transversal denominado Anexo 13. "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres", del Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que de 2025 a 2026 tuvo un incremento de 25%.

Como se ha descrito, las violencias contra las mujeres en México constituyen un fenómeno complejo, cuyas manifestaciones impactan diferencialmente según las condiciones de las mujeres. Su persistencia como problema estructural demanda un análisis riguroso basado en evidencia, que permita dimensionar sus alcances y orientar estrategias integrales. A continuación, se presentan datos que ilustran esta realidad.

Prevalencia de la violencia

De acuerdo con las "Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016 - 2050", elaborado por la Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2019),(2) para el año 2050, se estima que la población de mujeres aumente a 51%, mientras que la de los hombres representará el 49%. En consecuencia, se considera que la población de mujeres seguirá siendo mayor respecto a los hombres. Esta preponderancia demográfica exige diseñar políticas públicas y estrategias sociales que atiendan de manera específica las necesidades de las mujeres, reconociendo su centralidad en la estructura poblacional del país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2022) el 36.4% de mujeres de 18 años y más declaró que la delincuencia e inseguridad son los principales problemas que enfrentan las mujeres en México; 28.2% refirió que el principal problema es la violencia contra las mujeres; 12.8% señaló que es el machismo; 9.4% indicó que es la desigualdad entre hombres y mujeres; el 8.1% mencionó que es la falta de oportunidades para encontrar trabajo; mientras que 4.7%(3) señaló las dificultades para combinar la vida familiar y laboral.

Por otro lado, y ante la necesidad de contar con información estadística que permita dimensionar y caracterizar la violencia que viven las mujeres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) coordina la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que ofrece información sobre los distintos ámbitos y es publicada cada cinco años.

Al comparar los datos reportados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016, 2021), se observa un incremento en los porcentajes de violencia contra las mujeres a lo largo de su vida en espacios públicos, entendiendo éstos como los ámbitos comunitarios, escolares y laborales. Es decir, las mujeres enfrentan mayor violencia al salir de su casa.

TABLA 1. COMPARATIVO DE LA PREVALENCIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 2016 Y 2021.

ENDIREH 2016	ENDIREH 2021
38.7% ámbito comunitario	45.6% ámbito comunitario
43.9% ámbito de pareja	39.9% violencia de pareja
26.6% ámbito laboral	27.9% ámbito laboral
25.3% ámbito escolar	32.3% ámbito escolar

Fuente: Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016(4) y 2021.(5)

Los datos arrojados por la encuesta en 2016 y 2021, destacan el incremento de la violencia en el ámbito comunitario, al pasar del 38.7% al 45.6%, lo que representa un incremento de 6.9 puntos porcentuales.

Al respecto, el acoso callejero, las agresiones en el transporte y la violencia en entornos escolares funcionan como prácticas coercitivas que buscan restringir la movilidad, la autonomía y la participación plena de las mujeres en la vida pública. El aumento en las cifras sugiere una normalización de la violencia y da cuenta de la urgencia de intervenir en este espacio de manera prioritaria.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), arrojó que, en este ámbito, 45.6% de las mujeres encuestadas señalaron haber sido agredidas en algún momento de sus vidas. El tipo de violencia con mayor prevalencia fue la sexual con 42.2%, seguida de la psicológica con 20.7% y la física con 9.6%. Por otra parte, 72.2% señaló como persona agresora a desconocidos, 10.8% a gente conocida, 5.8% a un vecino, 4.5% a algún amigo, 3.7% al conductor de transporte público, 1.7% a un agente de seguridad o policía, y 0.7% a otros.(6)

Asimismo, se evidenció que las entidades federativas en las que se concentra mayor prevalencia de violencia en el ámbito comunitario contra las mujeres son: Ciudad de México 60.9%, Estado de México 58.5% y Querétaro 51.8%. En contraste, las entidades que reportaron menor índice de violencia comunitaria fueron: Michoacán, Zacatecas y Chiapas.(7)

La encuesta también señaló que el espacio donde ocurre mayor número de actos violentos contra las mujeres son la calle o parques, siendo la violencia sexual la de mayor prevalencia con 67.2% de incidencia, seguida de la violencia psicológica con 26.3% y violencia física con 6.5%. Dentro de los espacios más mencionados también se encuentra el autobús o microbús con una incidencia del 13.2%, mercado, plaza, tianguis o centro comercial con 5.8%, el metro con 3.9%, vivienda particular con 3.9%, feria, fiesta o asamblea vecinal con 3.0%, taxi con 1.5%, y otro lugar público con 1.4%.(8)

Las mujeres encuestadas refirieron que el 72.2% de sus agresores fueron desconocidos, mientras que 10.8% fueron personas conocidas, 6.6% vecinos, 5.9% amigos, entre otros.(9)

Este crecimiento refleja la persistencia de un entorno hostil en calles, transporte público y lugares de convivencia social, donde formas de violencia como el acoso callejero, las agresiones físicas y verbales, y la intimidación se han normalizado. Factores como la impunidad y la falta de denuncia han contribuido a esta tendencia, evidenciando la urgencia de implementar acciones focalizadas en estos contextos.

Para revertir esta situación, es fundamental promover intervenciones para la recuperación de espacios públicos, la creación de redes de mujeres que promuevan el cuidado colectivo, así como el trabajo para promover masculinidades corresponsables.

En el ámbito escolar, la misma fuente mostró que hubo incremento en la violencia contra las mujeres, pasando de 25.3% en 2016(10) a 32.3% en 2021.(11) Este aumento de siete puntos porcentuales hace evidente la urgencia de intervenir en los entornos escolares, donde persisten dinámicas de acoso, hostigamiento y violencia física y psicológica contra las estudiantes.

Entre los factores que explican este fenómeno destacan la normalización de conductas machistas, la falta de protocolos de atención efectivos y el crecimiento de la violencia digital entre jóvenes. Ante este panorama, resulta fundamental implementar acciones concretas en las escuelas para prevenir la violencia.

Derivado de lo anterior, es indispensable que la intervención contemple la incorporación de programas transversales de educación integral en sexualidad con perspectiva de género, el fomento a relaciones igualitarias, la formación de figuras educativas para que puedan identificar e intervenir ante casos de violencia y garantizar una respuesta institucional oportuna, así como la promoción de la participación estudiantil en procesos de sensibilización que cuestionen los estereotipos de género. Estas acciones, implementadas de manera sistemática, pueden contribuir a transformar los espacios educativos en entornos seguros.

Los datos reportados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021) indican que en los entornos educativos 43.4% de las agresiones contra mujeres son perpetradas por compañeros y el 16.8% por maestros.(12) Estas cifras reflejan cómo los patrones tradicionales de masculinidad basados en el dominio, la competitividad y la cosificación de las mujeres se reproducen desde edades tempranas, normalizando diversas formas de violencia de género, lo que evidencia la urgencia de implementar acciones para fomentar masculinidades corresponsables en las escuelas.

Al respecto, impulsar acciones con niños, adolescentes y docentes varones en la deconstrucción de la masculinidad hegemónica es fundamental para transformar las dinámicas en las aulas. Al trabajar directamente con hombres en procesos de reeducación, deconstrucción de privilegios y aprendizaje de nuevas formas de relacionarse, combinados con procesos de sensibilización que cuestionen estereotipos, se coadyuvará a cambiar los patrones socioculturales y reducir los índices de violencia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016, 2021), en el ámbito laboral, el porcentaje de mujeres encuestadas que refirieron haber vivido violencia a lo largo de su vida fueron 26.6%(13) y 27.9%,(14) respectivamente, lo que refleja un incremento de un punto porcentual. En este ámbito, los tipos de violencia que prevalecieron en 2021 fueron: 12.2% violencia psicológica, 1.9% física, 14.4% sexual y 18.1% señalaron haber sido discriminadas.

Asimismo, las entidades federativas donde se reporta mayor violencia en el ámbito laboral son: Chihuahua con 37.8%, Ciudad de México con 34.6% y Baja California con 34.4%, mientras que las entidades federativas con menor prevalencia son: Guerrero con 21.9%, Zacatecas con 20.3% y Chiapas con 17.2%.(15) De las mujeres que señalaron haber vivido violencia a lo largo de sus vidas laborales, 34.2% apuntaron como personas agresoras a compañeros y compañeras de trabajo, 21.7% a sus superiores, y 10.7% a la persona supervisora, capataz o coordinadora.(16)

Esta problemática revela la necesidad de intervención por parte de las instituciones públicas para la implementación de mecanismos de prevención y regulación de la violencia en el ámbito laboral.

En cuanto a la violencia en el ámbito familiar, la misma encuesta refiere que el 11.4% de las mujeres de 15 años y más señaló haber vivido violencia en los últimos 12 meses. Los tipos de violencia con mayor prevalencia fueron: psicológica con 9.2%, económica o patrimonial con 3.1%, física con 3.0% y sexual con 1.7%.(17)

Adicionalmente, la encuesta clasifica a las principales personas agresoras de acuerdo con el tipo de violencia que ejercen: La psicológica es efectuada primordialmente por hermanos o hermanas (23.0%), seguida por el padre (16.1%) y la madre (14.0%). La violencia física es ejercida principalmente por hermanos o hermanas (37.0%), madre (14.5%) y padre (13.3%). Respecto a la violencia sexual se advierte que el principal generador es el primo(a) con 25.3%, tío(a) con 24.8% y otros familiares con 14.9%. Con relación a la violencia económica o patrimonial, los ejecutores principales son el padre con 21.5%, la madre con 19.4% y el hermano(a) con 19.1%.(18)

El tipo de violencia que más se ejerce en contra de las mujeres dentro de los espacios donde ellas habitan, son la psicológica 62.4%, física 16.2%, económica o patrimonial 16.1% y sexual 5.3%.(19)

Respecto a las relaciones de pareja, 39.9% de las mujeres encuestadas señalaron haber vivido violencia en su actual o última relación; 35.4% refirieron violencia psicológica, 16.8% física, 6.9% sexual y 19.1% económica o patrimonial. Las entidades con mayor prevalencia son Guerrero 47.6%, Hidalgo 45.6% y Yucatán 45.1%.(20)

Por otro lado, es relevante señalar que, en México, existen diversidad de mujeres con situaciones socioeconómicas, etarias, geográficas y culturales diferentes, lo que conlleva a condiciones de mayor vulnerabilidad. Factores como la pertenencia a comunidades indígenas, la situación de pobreza, situación migratoria, edad, discapacidad, entre otros, pueden incrementar significativamente los riesgos y limitar el acceso a derechos, oportunidades y mecanismos de protección. Reconocer estas realidades diferenciadas es fundamental para comprender los desafíos específicos que enfrentan las mujeres y orientar esfuerzos hacia una atención más efectiva e inclusiva.

En el caso de las mujeres indígenas, la encuesta 2021 arroja que la prevalencia de violencia en 2021 fue de 67.6% a lo largo de su vida; los tipos de violencia que informaron haber vivido fueron psicológica 50.5%, física 36.7%, sexual 41.8%, económica, patrimonial y/o discriminación 28.4%.(21) En 2016 estos datos representaron 64.3%, 49%, 34.6%, 35.8% y 29.9%, respectivamente, lo que indica un incremento de la violencia contra las mujeres indígenas.(22)

El documento también detalla que, en 2021, el 72.6% de las mujeres con discapacidad experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Dentro de este grupo, y al igual que en otros segmentos de la población, la violencia psicológica fue la más frecuente (58.2%), seguida de la sexual (48.7%), la física (44.6%) y la económica, patrimonial y/o discriminatoria (34.9%).(23)

Las niñas y las adolescentes son víctimas de violencia sexual y violencia en el ámbito digital, principalmente. En 2016, 1.9% de adolescentes de 15 a 19 años, refirió haber sufrido alguna agresión de tipo sexual.(24) Para 2021, este porcentaje incrementó a 2.7%. En 2016, 5.6% de las adolescentes de 15 a 19 años manifestaron haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años; mientras que para 2021, fue de 10.3%.(25)

Por otro lado, uno de los espacios en los que las niñas y adolescentes se encuentran más expuestas es el digital y mediático. Según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024), las mujeres representan el 46.7% de las personas usuarias de internet en México.

Dentro de este grupo, el 22.2% de las mujeres de 12 años y más declararon haber experimentado algún tipo de ciberacoso durante los doce meses previos a la encuesta. Entre las agresiones más frecuentes destacan:

· 22.3% recibió insinuaciones o propuestas sexuales no deseadas.

· 22.3% recibió contenido sexual sin su consentimiento.

· 3.9% fue víctima de la difusión, venta o publicación de contenido sexual sin su autorización.

Además, el 52.1% de las mujeres afectadas identificó a un hombre como su agresor principal, lo que evidencia que el ciberacoso contra las mujeres es ejercido predominantemente por varones.

Por otro lado, la proyección de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU MUJERES, 2024) estima que para el año 2030, tres de cada diez mujeres serán adultas mayores,(26) un grupo etario que, según revela la ENDIREH 2021, enfrenta serias problemáticas de violencia. La encuesta destaca que las mujeres de 60 años o más reportaron haber vivido violencia, principalmente, por parte de sus hijas e hijos, siendo la psicológica la de mayor prevalencia (13%), seguida de la económica, patrimonial (4.7%), la física (1.5%) y la sexual (0.5%).(27) En ese sentido, respecto a la condición etaria, la ENDIREH 2021 reflejó la violencia con mayor incidencia según la edad de las mujeres:

TABLA 2. PREVALENCIA DE TIPO DE VIOLENCIA POR GRUPO ETARIO 2021.

GRUPO ETARIO	PSICOLÓGICA	FÍSICA	SEXUAL	ECONÓMICA, PATRIMONIAL Y/O DISCRIMINACIÓN
15 - 24	40.7%	15.2%	42%	6.1%
25- 34	34.8%	11.6%	32%	21.1%
35- 44	30.1%	10.4%	22.1%	19.4%
45-54	26.2%	8.3%	15.8%	17.2%
55 - 64	20.4%	7.1%	8.7%	12.3%
65 y más	13.7%	5.0%	4.2%	6.4%

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.(28)

Los datos demuestran que las mujeres más jóvenes son las más propensas a vivir violencia psicológica, física y sexual. Respecto a las mujeres adultas mayores, la ENDIREH 2021 reflejó que el 14.6% han sufrido algún incidente de violencia en los últimos doce meses.(29)

Este panorama evidencia un problema público que se manifiesta de manera diferenciada según la edad, la condición étnica, la situación de discapacidad y los contextos socioeconómicos y regionales en los que viven las mujeres.

Derivado de lo anterior, las necesidades de las mujeres demandan el diseño de políticas públicas con enfoque interseccional, situado y de derechos humanos. En respuesta a esta problemática, el objetivo uno busca prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles.

Visión a largo plazo

En materia de prevención de la violencia contra las mujeres, se prevé una visión a largo plazo que se articula en dos horizontes temporales:

Para 2030, es imperativo que las políticas de prevención se consoliden como un eje transversal del desarrollo nacional para construir una sociedad en la que la prevención sea un pilar fundamental de la convivencia. Esto requiere transformar los patrones socioculturales para erradicar toda forma de agresión y desigualdad, fomentando comunidades cohesionadas.

Una educación integral debe ser la piedra angular para promover la empatía, el respeto a la diversidad y la resolución pacífica de conflictos con el fin de desnormalizar la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, formando generaciones que crezcan en entornos libres de machismo, donde las relaciones se fundamenten en el respeto mutuo y la corresponsabilidad.

Para 2045 se habrá implementado un sistema educativo con perspectiva de género, formando generaciones con conciencia crítica sobre la importancia de construir relaciones respetuosas.

Adicionalmente, las mujeres en el país sabrán que tienen derechos y contarán con herramientas para ejercerlos en todos los ámbitos. La perspectiva de género será un principio rector de la política pública, visible en los medios de comunicación, así como en gran parte de las dinámicas familiares y laborales. Las nuevas generaciones de hombres serán agentes activos de este cambio.

Panorama de la atención de la violencia contra las mujeres

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), refleja que las dinámicas de la violencia están determinadas por su extensión y gravedad, asociadas a los tipos de violencia que viven las mujeres. En el país, 51.6% de las mujeres ha vivido violencia psicológica, 49.7% violencia sexual, 34.7% ha vivido alguna forma de violencia física, y 27.4% de violencia económica y patrimonial.(30)

La violencia contra las mujeres presenta una incidencia particularmente aguda en los grupos en situación de vulnerabilidad, evidenciando un patrón de afectación diferenciada. Entre las mujeres indígenas, la prevalencia de violencia pasó del 64.3% en 2016(31) a 67.6% en 2021.(32) Este fenómeno se intensifica aún más en el caso de las mujeres con discapacidad, quienes registraron un porcentaje de violencia de 72.6% en 2021.(33) La violencia sexual en la adolescencia muestra una tendencia creciente: el porcentaje de mujeres que reportaron haberla sufrido antes de cumplir los 15 años prácticamente se duplicó, al pasar del 5.6% en 2016(34) al 10.3% en 2021.(35)

La violencia sexual contra las mujeres es la que más ha incrementado en los últimos años. Entre 2016 y 2021 se reflejó un incremento de 8.4 puntos porcentuales.(36)

Respecto al ámbito donde se vivió este tipo de violencia, en el escolar 17.9% indicó haber sido víctima a lo largo de sus vidas, dentro del laboral este tipo de violencia tuvo una incidencia de 14.4%. En el comunitario 42.2% señaló haber sido víctima, y en el entorno familiar 1.7%. En el contexto de las relaciones de pareja 3.8%(37) indicó que fue víctima de una relación sexual sin su consentimiento.

Al respecto, en el ámbito escolar se registró que los principales agresores son compañeros en un 43.4% de los casos y maestros en 16.8%. Adicionalmente, el 69.7% de las estudiantes que han vivido violencia manifestaron desconocer la existencia de protocolos, el 41.2% de ellas no le contó a nadie sobre la violencia vivida y solo 0.8% solicitó o recibió apoyo de otra institución.(38)

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), revela que, en 2021, 12.6% de las mujeres entrevistadas vivieron abuso sexual en la infancia, a 9.5% de ellas les tocaron sus partes íntimas o las obligaron a tocar a alguien; en 38.2% de los casos, los agresores fueron tíos y primos, y en 8.8% de los casos fueron padres y abuelos.(39)

Al respecto, es mínimo el porcentaje de mujeres que han vivido violencia y que presentaron denuncia. En 2016, la ENDIREH reportó que solo 5.6% solicitó apoyo. Asimismo, para 2021, la cifra de mujeres que denunciaron o presentaron queja fue de 8.3%.(40)

Por otro lado, la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE, 2025), refiere una cifra negra de 90.4% de delitos que no se denunciaron o en los que no se inició una carpeta de investigación. Según esta encuesta, 52.7% de las víctimas de algún delito fueron mujeres. Asimismo, menciona que las causas por las que se abstuvieron de denunciar obedecen a que consideraron que es una pérdida de tiempo (32.4%), o por desconfianza en las autoridades (13.3%).(41)

En 2024 el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres registró que de diciembre de 2018 hasta junio de 2024 existen más de 1.5 millones de mujeres víctimas de violencia,(42) lo anterior significa que, aun cuando se reconocen en mayor medida las diversas dinámicas de la violencia contra las mujeres, aún persisten condiciones institucionales y estructurales que las desestiman.

La respuesta institucional a esta problemática está centrada en proporcionar servicios de asistencia inmediata a través de líneas telefónicas e intervención policial; atención especializada con asesoría y acompañamiento médico, psicológico, jurídico y de trabajo social; protección para mujeres, sus hijas e hijos en situación de riesgo; representación legal, y reparación del daño. Actualmente la infraestructura nacional de estos servicios es la siguiente:

TABLA 3. INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS.

NÚMERO	INSTITUCIONES QUE BRINDAN ATENCIÓN
678	Centros de Atención Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres (Centros LIBRE)
41	Centros Externos de Atención
74	Refugios especializados para las mujeres que viven violencia de género, sus hijas e hijos
32	Representaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
75	Centros de Justicia para las Mujeres
21	Unidades estatales de Búsqueda de Personas
32	Unidades de atención desde las Instancias para las Mujeres en las Entidades Federativas
08	Casas de Emergencia
02	Servicios de atención telefónica
75	Unidades Médicas con Servicios Especializados de Atención a la Violencia de Género y Violencia Sexual, en cuyas instancias se provee de servicios esenciales como la atención de emergencia a lesiones, orientación emocional o psicológica, profilaxis para la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, anticoncepción de emergencia y servicios de aborto seguro.
35	Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana en 17 entidades del país, las cuales constituyen una herramienta para el acceso a sus derechos y representan un espacio para brindar atención a la violencia contra las mujeres con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos.

Fuente: Elaboración con base en registros administrativos de la Secretaría de las Mujeres, 2025.

Esta oferta de servicios está bajo la responsabilidad de las Instancias para las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), fiscalías estatales, comunidades de mujeres indígenas, y organizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, durante el 2022, el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos del Observatorio Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2022), reportó que 71,783 mujeres víctimas de violencia fueron atendidas en refugios y centros de justicia de todo el país.(43)

Con la instalación de los Centros Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres (Centros LIBRE), se fortalece y se amplía la cobertura y atención a las mujeres que enfrentan violencia, brindando asesoría psicoemocional, jurídica, promoción de la salud e impulsando acciones de prevención para favorecer el cambio cultural.

Para fortalecer estas políticas, es necesario ampliar y mejorar la capacidad instalada, la profesionalización de servidoras y servidores públicos, así como la elaboración de herramientas, instrumentos y mecanismos especializados para atender de manera adecuada a las mujeres que viven violencias. En atención a lo anterior, se ha establecido el objetivo dos, con el que se buscará fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada, orientada a la restitución de sus derechos.

Visión a largo plazo

Para finales del presente sexenio, aspiramos a que se cuente con una estructura nacional de servicios de atención vinculados, organizados y regulados por el Estado, que garanticen que todas las mujeres que han vivido alguna forma de violencia reciban un correcto acompañamiento institucional que les proporcione atención integral y especializada, permitiéndoles recobrar su proyecto de vida y ejercer sus derechos. Para 2030, se proyecta que los servicios de refugios, centros de justicia y centros Libre se hayan expandido y fortalecido, garantizando cobertura en la mayor parte del territorio nacional, incluyendo regiones indígenas y afromexicanas, y principalmente, en aquellas con mayor incidencia de violencia contra las mujeres.

Para 2045, los servicios de atención serán planeados reconociendo que hay tipos de violencias que requieren que las mujeres reciban procedimientos específicos de atención. Estos servicios, serán profesionalizados, asumiendo los más altos estándares, garantizando la integralidad y especialización, y atendiendo a principios como la no revictimización, no discriminación, no exclusión, constituyendo un puente para que las mujeres que viven violencia accedan a todos sus derechos humanos.

Delitos de alto impacto cometidos en agravio de mujeres

La prevalencia de las violencias contra las mujeres muestra un escenario desafiante y es aún más preocupante cuando este fenómeno se analiza desde su perspectiva delictiva.

En registros recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2026), en enero de 2026 se reportó que del total de personas víctimas de delitos, 9,058 son mujeres, lo que representa 37.3% del total.

Los delitos que afectan en mayor porcentaje a las mujeres son violencia familiar,(44) feminicidio, violencia sexual, trata de personas, corrupción de menores y lesiones dolosas. A nivel nacional se han registrado un total de 5,885 mujeres víctimas de lesiones dolosas, concentradas principalmente en el Estado de México y Guanajuato.(45)

Según la misma fuente, se registró un total de 168 víctimas de corrupción de menores, delito concentrado principalmente en Guanajuato y Ciudad de México, y 47 mujeres víctimas de trata de personas, siendo Quintana Roo(46) la entidad con mayor recurrencia.

En enero de 2026 se reportaron 54 víctimas de feminicidio a nivel nacional. El 38.9% de los casos se concentraron en 4 entidades: el Estado de México (4), Ciudad de México (5), Sinaloa (8) y Tamaulipas (4).

En este mismo periodo se reportaron 128 mujeres víctimas de homicidio doloso; los estados con mayor incidencia fueron Guanajuato, Baja California, Guerrero y Michoacán.(47)

Otro de los delitos con un importante componente de género es la violencia sexual, como un mecanismo de control de los cuerpos de las mujeres. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2025), muestran que las mujeres enfrentan un riesgo desproporcionado de ser víctimas de delitos sexuales ya que, por cada 10 casos registrados, 8 corresponden a mujeres.(48)

En esta encuesta se muestra que existen 4,160 mujeres víctimas de delitos sexuales por cada 100 mil habitantes (incluyendo hostigamiento o intimidación sexual, manoseos, exhibicionismo, intento de violación y violación).(49)

La ENDIREH reporta que para 2016, 8.1% de mujeres de 20 a 24 años sufrieron violencia sexual durante su infancia(50) y para 2021 aumentó a 12.7%.(51)

Según datos del Grupo de Trabajo de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA (SIMS-ENAPEA, 2024), en 2016 1.9% de adolescentes de 15 a 19 años refirió haber sufrido alguna agresión de tipo sexual, mientras que en 2021 este porcentaje se incrementó a 2.7%. Asimismo, el grupo de adolescentes que declaró haber vivido violencia sexual antes de los 15 años pasó de 5.6% en 2016 a 10.3% en 2021, lo que evidencia una grave intensificación del problema.(52)

La violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye en sí misma una violación grave de sus derechos humanos y con frecuencia deriva en embarazos forzados que limitan irreversiblemente su desarrollo y oportunidades futuras.

De acuerdo con los registros en eventos obstétricos del Sector Salud, el embarazo en menores de 15 años ha incrementado. Mientras que en 2020 se registraron 8.7 por cada mil eventos obstétricos, en 2021 fueron 9.8, para 2022, 9.4 y para 2023 se registraron 9.7. Estas cifras dan cuenta de un problema público, ya que dichos embarazos son, en la mayoría de los casos producto de violencia sexual. Asimismo, la mayor parte de niñas y adolescentes, de 10 a 19 años que han sufrido violencia sexual han resultado embarazadas; 82.6% en 2019, 84.2% en 2020, 89.3% en 2021, 87.2% en 2022 y 85.9% en 2023.(53)

Estas manifestaciones graves de violencia de género contra las mujeres impactan de manera diferenciada y agravada a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Al respecto, si bien no existen datos estadísticos específicos de los delitos que impactan sobre la vida de las mujeres indígenas, la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por situación de pertenencia y habla indígena registrada por el ENDIREH 2021, establece que 18.7% de las mujeres refirieron haber vivido violencia sexual.

En el caso de las mujeres con discapacidad, los delitos de abuso sexual presentan una frecuencia significativamente mayor. Según los datos de la ENDIREH 2021, el 48.7% de las mujeres con discapacidad han vivido algún tipo violencia sexual.(54)

Aunado a lo anterior, otro sector de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de invisibilización son las mujeres privadas de la libertad, quienes enfrentan violencias estructurales agravadas. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2021), de las 220.5 mil personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del país, el 5.7% de la población son mujeres, siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Baja California las entidades con mayor número de mujeres en centros penitenciarios.(55)

Según los datos arrojados por la encuesta referida, 13.5% de las mujeres señaló que se siente insegura durante la estancia en su celda y el 24.3% en las instalaciones del centro de reclusión; el 42.5% indicó que ha sido víctima de algún delito o agresión dentro de los centros: el 19.4% de agresiones físicas, 15.9% de amenazas, 7.5% de hostigamiento sexual y 1.5% de violación sexual.(56)

Infraestructura nacional para el acceso a la justicia

Para dar respuesta a estos delitos, según el reporte del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF, 2024),(57) la capacidad instalada en materia de procuración de justicia es la siguiente:

TABLA 4. INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

NO.	INSTITUCIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
281	Agencias o Fiscalías del Ministerio Público especializadas en violencia familiar
248	Agencias especializadas en delitos sexuales
207	Agencias especializadas en delitos contra las mujeres
138	Agencias o fiscalías especializadas en feminicidio
89	Agencias o fiscalías especializadas contra la trata de personas

Fuente: Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2024.(58)

Respecto a la impartición de justicia para las mujeres, las entidades federativas de Coahuila de Zaragoza, Baja California, Chihuahua y Quintana Roo cuentan con juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres con competencia mixta. Las entidades que cuentan con juzgados especializados en materia familiar son Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Colima, Estado de México y Querétaro. Adicionalmente Tabasco y Querétaro disponen de juzgados especializados en materia penal.

No obstante de los avances señalados, persisten retos significativos para que las mujeres accedan a la justicia, como la necesidad de incrementar la representación jurídica, ampliar cobertura institucional, fortalecer a las fiscalías especializadas, agilizar los procesos de procuración y administración de justicia, definir medidas de protección adecuadas y garantizar un mayor número de resoluciones condenatorias por delitos de género, acciones fundamentales para que las víctimas puedan acceder a una reparación integral del daño.

Aunado a la problemática expuesta, la generación de estadísticas en delitos de género, incluido el feminicidio, presenta discrepancias derivadas de las diferencias metodológicas entre las diversas fuentes; mientras que el SESNSP contabiliza carpetas de investigación, el INEGI registra el número de víctimas.

Adicionalmente, los registros judiciales sobre sentencias por delitos contra las mujeres, incluido el feminicidio, enfrentan problemas de accesibilidad y estandarización. Cada entidad federativa mantiene sus propios sistemas de información judicial, con criterios heterogéneos para la clasificación y publicación de datos. Además, existe un rezago considerable en la actualización y divulgación de estas estadísticas, lo que dificulta el seguimiento oportuno del sistema de justicia frente a los feminicidios y a otras formas de violencia contra las mujeres.

En ese sentido, la falta de registros administrativos y judiciales impacta en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas destinadas a fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia.

Considerando el panorama expuesto, se vislumbra que persiste la necesidad urgente no solo de garantizar la debida diligencia y sancionar a los agresores, sino también de asegurar la reparación integral del daño y la restitución plena de derechos. La reparación debe materializarse a través de medidas transformadoras que modifiquen las condiciones generadoras de la violencia, incluyendo indemnizaciones, rehabilitación, garantías de no repetición y políticas públicas con enfoque integral.

A través del objetivo tres, se buscará promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia.

Visión a largo plazo

Visualizamos que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sea un derecho garantizado por un Estado transformador garante de la igualdad sustantiva; un sistema de justicia en donde las mujeres, especialmente las históricamente excluidas, encuentren respuestas ágiles, protección efectiva, libres de revictimización y reparación integral.

Para 2030 se habrán consolidado los servicios especializados, con registros homologados sobre las medidas de protección y estándares para la valoración del riesgo. El sistema de justicia será especializado, con personas juzgadoras y fiscales expertas en género.

Para 2045, la creación de las Fiscalías Especializadas en todo el país y los juzgados especializados, habrán contribuido a reducir la impunidad, la revictimización y la construcción de un sistema de procuración y administración de justicia que actúen con celeridad y debida diligencia.

Mecanismos de coordinación para la erradicación de la violencia de género en México

La erradicación de la violencia de género contra las mujeres exige una respuesta articulada y multisectorial, donde los mecanismos de coordinación son fundamentales. Estas estrategias de colaboración entre instituciones gubernamentales son vitales para garantizar la cohesión de las políticas públicas, optimizar recursos, crear un frente común que permita vincular todos los ejes de política pública prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la generación de datos estandarizados que den cuenta de la violencia, que permita la trazabilidad de los casos y que fortalezca las políticas públicas

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) constituye la herramienta informática fundamental para el registro y seguimiento de los casos de violencia de género en México. Su función principal es consolidar de manera sistemática y estandarizada, los datos sobre las agresiones reportadas, documentando sus particularidades, características y el estatus procesal de cada caso. Al centralizar esta información, el BANAVIM es un instrumento esencial de coordinación interinstitucional, ya que permite el intercambio de datos entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Para fortalecer su eficacia y alcance, el BANAVIM requiere robustecer la interoperabilidad con los sistemas locales y de las fiscalías, garantizando que la captura de datos sea completa, oportuna y homogénea en todo el territorio; capacitar de forma permanente al personal responsable de la alimentación y manejo del sistema, para asegurar la calidad, confidencialidad y el tratamiento adecuado de la información; incrementar la cobertura y actualización de los registros para garantizar que los datos reflejen la dinámica actual de la violencia, finalmente, se debe fortalecer el análisis de los datos para generar políticas públicas que permita identificar patrones de riesgo, evalúe la efectividad de las medidas implementadas y dirija los recursos hacia donde son más urgentes.

El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, es el mecanismo interinstitucional fundamental en la articulación de políticas públicas para combatir la violencia de género en México, cuyo objetivo es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Este Sistema se integra por instituciones de la Administración Pública Federal y gobiernos estatales, para su funcionamiento, cuenta con comisiones que atienden los principales ejes de acción.

Con la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias de enero de 2026, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres se fortalece institucionalmente al designar a la Presidencia de la República como figura rectora, lo que garantiza la máxima prioridad política y articulación intergubernamental. Por otro lado, la Secretaría de las Mujeres asume la Secretaría Ejecutiva, profesionalizando la operación y el seguimiento técnico de este mecanismo.

Al integrar formalmente a las personas titulares de los ejecutivos estatales, se refuerza la corresponsabilidad y la coordinación nacional, asegurando que las acciones tengan impacto en todo el territorio. Esta reestructura fortalece el Sistema unificando estrategias y vinculado de manera obligatoria a las entidades federativas en una política de Estado a favor de las mujeres, permitiendo dar operatividad a la política nacional para erradicar las violencias.

Para optimizar su funcionamiento, se requiere que las personas servidoras públicas se encuentren debidamente capacitadas y profesionalizadas para prevenir y atender las violencias; que se integre la perspectiva de género en el diseño de políticas institucionales, así como la implementación de normativas, lineamientos y protocolos homologados.

La coordinación interinstitucional es una estrategia prioritaria para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Desde el gobierno federal se promueve la articulación y el trabajo conjunto para hacer frente a los diversos retos en materia de igualdad de género y el derecho a una vida libre de violencias. Por eso, desde el primer año de gobierno, se impulsó una reforma que eleva a rango constitucional la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

Esta reforma establece la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, incorporando la perspectiva de género en el quehacer de la seguridad pública, en las instituciones encargadas de la administración de justicia y la obligatoriedad de establecer fiscalías especializadas en las entidades federativas, así como la aprobación de leyes secundarias para la inclusión de estos preceptos en las constituciones locales.

A partir del reconocimiento de que la igualdad y la prevención de la violencia no se construyen sin la atención a las causas que las genera, en los últimos años, desde el gobierno federal, se han implementado programas orientados a reducir las brechas de desigualdad, y que a la vez contribuyen a que las mujeres ejerzan su derecho a una vida libre de violencias.

Tal es el caso de la ejecución del "Programa Mujeres Bienestar", que contribuye a fortalecer la autonomía económica de las mujeres que se encuentran en un rango etario de 60 a 64 años y reconoce toda una vida de trabajos no remunerados, contribuyendo a que salgan de posibles ciclos de violencia.

Por otro lado, el programa "Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente" representa un apoyo fundamental para las mujeres, ya que la independencia económica es clave para reducir la condición de vulnerabilidad, fortalecer su capacidad de decisión y facilitar su autonomía física en caso de vivir contextos de violencia.

Si bien se cuenta con programas y mecanismos interinstitucionales para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, es necesario fortalecerlos para promover una actuación más eficiente y procesos estandarizados, que defina responsabilidades claras y mecanismos de seguimiento.

Este programa a través de su objetivo cuatro, busca fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres.

Visión de largo plazo

La coordinación interinstitucional no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr resultados concretos en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esto incluye la difusión de avances, la rendición de cuentas y la disposición para ajustar las estrategias cuando sea necesario.

Para 2030, se unificarán los esfuerzos institucionales basados en un entendimiento profundo y compartido de las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, a través de instrumentos unificados, protocolos estandarizados, plataformas de información compartida y asignación y uso eficiente de recursos, consolidando un modelo integral y sostenible que articule de manera sinérgica los ejes de la política pública en materia de la violencia contra las mujeres.

Además, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres será el mecanismo de referencia de política pública para las entidades federativas y los municipios, a través del cual se implementarán acuerdos sustantivos que materialicen y garanticen el derecho a una vida libre de violencia.

Respecto a la generación de datos, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres será la herramienta de registro que concentre información de las distintas instituciones federales, estatales y municipales que atienden a mujeres en situación de violencia. En una misma plataforma se podrán identificar cifras y datos desagregados sobre las condiciones, las particularidades de las violencias contra las mujeres y la trazabilidad de los casos permitiendo la toma de decisiones para el diseño de políticas públicas.

Asimismo, se habrán sentado las bases para la elaboración y asignación de presupuestos que garanticen el funcionamiento de las instituciones especializadas en violencia contra las mujeres.

Para 2045, México será un referente en la implementación de políticas públicas integrales contra la violencia de género. La coordinación interinstitucional será un ejercicio ágil, con instituciones con mecanismos transparentes para la rendición de cuentas que garanticen la confianza ciudadana.

6. Objetivos

En este Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres se establecen cuatro objetivos orientados a atender cada uno de los ejes de la política pública nacional.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS CONTRA
LAS MUJERES 2026-2030

1.- Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles.

2.- Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos.

3.- Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia.

4.- Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres.

Las violencias contra las mujeres son consecuencia del sistema económico y patriarcal que históricamente han impuesto normas sociales, creencias y relaciones de poder patriarcales que configuran sociedades desiguales a partir de la división sexual del trabajo y asignación de roles, lo que ha perpetuado la creencia de que los cuerpos de las mujeres pueden ser controlados, discriminados y subordinados.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, indica que una de cada cuatro mujeres de 18 años o más (24.8%) declaró haber sido víctima de discriminación. La proporción aumenta cuando se trata de mujeres indígenas (28.2%), y más aún si se trata de mujeres trabajadoras del hogar con adscripción indígena (37.2%).(59)

Asimismo, dicha encuesta señala que 11% de los hombres consideran que las mujeres son violadas porque los provocan, lo que refleja la persistencia de estereotipos de género que violentan a las mujeres.(60)

Como se señaló en el diagnóstico, el incremento en las violencias contra las mujeres en espacios educativos pasó del 25.3% en 2016(61) al 32.3% en 2021,(62) lo que refleja un aumento de siete puntos porcentuales; en el ámbito comunitario se incrementó en 6.9 puntos porcentuales al pasar de 38.7% en 2016(63) a 45.6% en 2021.(64)

Por otro lado, la ENDIREH 2021, revela una importante afectación diferenciada por grupo etario, registrando que el 22% de las mujeres jóvenes de 15 a 24 años representan el grupo que sufre mayor violencia en el ámbito escolar, de igual forma son las más afectadas por la violencia en el ámbito laboral con 28.2% y comunitario con 41.1%.

En cuanto a las brechas territoriales, la encuesta señala que las entidades federativas con mayor prevalencia de la violencia escolar son: Querétaro con 40.3%, Estado de México con 36.6% y Colima con 36.3%. Las que presentan mayor violencia en el ámbito laboral son Chihuahua con 37.8, Ciudad de México con 34.6% y Baja California con 34.4%. Finalmente, los estados en los que se vive mayor violencia comunitaria son Ciudad de México con 60.9%, Estado de México 58.5% y Querétaro 51.8%.

Dichas cifras reflejan que las mujeres están expuestas a vivir situaciones de discriminación y violencia de manera sistemática, por lo que la prevención es una condición necesaria para construir una sociedad donde la dignidad y la igualdad sean realidades tangibles. Este objetivo se alinea con los principios de un gobierno que entiende el desarrollo como un proceso integral.

El eje de la política pública de prevención debe tener un enfoque de transformación cultural sostenido, que recae principalmente en políticas educativas, laborales y comunitarias que eliminen los estereotipos de género tradicionales. Se debe impulsar la modificación de imaginarios colectivos, narrativas, creencias y representaciones culturales que justifican la violencia a través de:

· Promoción de masculinidades basadas en el respeto y la corresponsabilidad; fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y los sistemas educativos que incluyan propósitos formativos,

· Contenidos y actividades que promuevan la igualdad sustantiva y la no violencia; intervención en los centros de trabajo, promoviendo entornos laborales seguros; incidencia en el ámbito familiar fomentando relaciones sanas e igualitarias y tareas de cuidados compartidos,

· El uso responsable de las tecnologías digitales.

Solo así se logrará un cambio sostenible que trascienda administraciones gubernamentales y se convierta en un legado civilizatorio.

Por otro lado, la interseccionalidad es clave en este objetivo, toda vez que permite reconocer que las mujeres experimentan las violencias de manera diferenciada según su contexto social, étnico, económico o geográfico, resaltando la necesidad de implementar políticas que se adapten a las diversas realidades de las mujeres, desde las rurales, urbanas e indígenas, garantizando que ninguna mujer quede excluida de las acciones de prevención.

Este objetivo se vincula directamente con el modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y los principios del humanismo mexicano, que priorizan la comunidad, la solidaridad, la justicia social, la reducción de desigualdades y la reparación del tejido social. Un gobierno de izquierda no puede concebir el progreso sin garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencias como elemento indispensable para la vida política y el desarrollo nacional.

La prevalencia de violencia contra las mujeres da cuenta de la necesidad de fortalecer procesos adecuados de atención especializada y acompañamiento integral con especial énfasis en aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, como las mujeres indígenas, quienes enfrentan distintas barreras como discriminación, racismo, falta de pertinencia cultural en las políticas de atención; las mujeres con discapacidad, que enfrentan dependencia económica y de cuidados, falta de infraestructura, barreras de comunicación, violencia sexual; mujeres migrantes que afrontan obstáculos para acceder a servicios de atención debido a su situación de vulnerabilidad, barreras de lenguaje y riesgos en las rutas migratorias.

Según la ENDIREH 2021, las condiciones que explican que una mujer no reciba o solicite apoyo, ayuda o denuncien un hecho violento, están relacionadas a diversos factores; en un 35.24% de los casos es porque normalizan las violencias o la interpretan de poca importancia; 13.72% de las mujeres no saben a dónde acudir o cómo hacerlo; 17.56% no solicitan ayuda por miedo a las consecuencias o amenazas, 9.9% no lo hizo porque pensó que no le iban a creer o que la iban a culpar, y 13.86% no lo hizo por vergüenza.(65)

Para revertir las cifras expuestas, es necesario establecer acompañamiento, accesible y de confianza entre las mujeres y los servicios de atención no solo es esencial para garantizar su protección inmediata, sino también para promover procesos de reparación, empoderamiento y restitución de derechos. También es fundamental construir canales eficaces que respondan a sus realidades y necesidades específicas. Además, la atención integral y con perspectiva de género puede marcar la diferencia entre la continuidad del ciclo de violencia y la posibilidad real de una vida libre de ella.

Las acciones planteadas para el cumplimiento de este objetivo buscan garantizar la suficiencia de servicios de atención para que todas las mujeres, independientemente de sus condiciones, reciban atención integral cuando han vivido algún evento de violencia.

Este objetivo está orientado a fortalecer la eficiencia, la eficacia, la profesionalización y a la calidad de la prestación de servicios especializados que coadyuven con la disminución de violencias. Adicionalmente, se concentra en promover la coordinación entre todas las unidades que prestan servicios posibilitando las condiciones necesarias para garantizar su cobertura.

La actual administración está comprometida para que en cada ciclo de vida de las mujeres se asegure el acceso a servicios esenciales, promoviendo el derecho de las mujeres a recibir atención adecuada, esto en congruencia con el Eje Transversal 1 "Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres" del PND 2025-2030, que refleja el compromiso del gobierno de construir una "República de y para las Mujeres", garantizando la igualdad sustantiva de género asegurando una vida libre de violencias.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2025, las Fiscalías Generales o Procuradurías Generales de Justicia estatales registraron un total de 278,551 investigaciones por violencia familiar y 34,628 por abuso sexual.(66)

No obstante, para el mismo periodo, en el sistema tradicional se reportó el ejercicio de la acción penal de solo 4,719 averiguaciones previas, mientras que, en el sistema acusatorio, se determinó para 263,583 carpetas de investigación. Estas cifras, aunque no se encuentran desagregadas por delito (toda vez que incluyen robo, violencia familiar, lesiones, daño a la propiedad, amenazas, fraude, delitos contra la salud relacionada con narcóticos, homicidio, abuso sexual y abuso de confianza), dan cuenta del porcentaje tan bajo de las investigaciones que llegan a ser del conocimiento judicial y de los obstáculos institucionales para el acceso a la justicia.

Esta brecha evidencia las barreras procesales, la falta de especialización, revictimización y falta de registros de violencia que impiden la protección efectiva, el acceso a la justicia y la reparación integral de los derechos de las mujeres.

Aunque las cifras exactas varían según el tipo de violencia, entidad federativa, y dependencia, un pequeño porcentaje de las denuncias o carpetas de investigación iniciadas terminan en una sentencia firme. Existen varios elementos que contribuyen a esta situación: muchas denuncias no se transforman en carpetas de investigación por falta de denuncia formal, desistimientos, inexistencia de tipificación adecuada, entre otros.

Asimismo, una parte importante de las carpetas iniciadas se queda en etapa de integración sin que exista una acusación formal. Por otro lado, de aquellas que llegan a la etapa de acusación, posteriormente carecen de juicio, o el juicio no termina en una sentencia condenatoria, ya sea por debilidad en las pruebas, actos de corrupción, mala calidad de la investigación, o prácticas que permiten la impunidad.

Bajo este contexto, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, se establece como prioridad atender a las mujeres víctimas de violencias para garantizar la protección, detectar riesgos de violencia feminicida, y promover la coordinación con las instancias de procuración e impartición de justicia, asegurando mecanismos efectivos, especializados y accesibles para la atención y protección, prioridades que quedan plasmadas en las estrategias y líneas de acción de este objetivo.

Al respecto, se plantea la creación y el fortalecimiento de instancias especializadas de procuración y administración de justicia, la elaboración de instrumentos especializados como protocolos, lineamientos para la implementación de órdenes de protección, criterios para la valoración del riesgo y procesos de capacitación para personas servidoras públicas responsables de la procuración y administración de justicia.

Promover el acceso a la justicia de mujeres que viven violencia es prioritario para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, ya que no puede haber justicia social sin justicia de género.

Este objetivo responde al Eje Transversal 1 "Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres" del PND 2025-2030, que señala que erradicar las violencias de género es una prioridad.

La coordinación interinstitucional es fundamental para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, esta debe ser permanente y eficaz. Para lograrlo, es necesario fortalecer los mecanismos establecidos en los marcos normativos, que permitan diseñar, implementar y evaluar políticas públicas integrales con enfoque de género y derechos humanos, con una visión transversal y presupuestos con perspectiva de género, así como herramientas de medición de resultados.

La efectividad de estas políticas depende de su correcta aplicación en los tres órdenes de gobierno, por lo que es necesario asegurar que las autoridades a nivel federal, estatal y municipal trabajen de manera coordinada, con responsabilidades claras y evitando duplicidades. Solo así se podrá garantizar una respuesta uniforme y eficiente ante un problema que afecta a mujeres en todo el territorio nacional.

La complejidad y diversificación de las violencias en ámbitos públicos y privados hacen evidente que ninguna institución, por sí sola, puede garantizar respuestas integrales ni continuidad en la atención.

6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030.

Los objetivos definidos para lograr la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres están vinculados a dos de los objetivos del Eje Transversal 1 "Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres" del PND 2025-2030.

El objetivo del PND T1.4 establece: Impulsar un cambio cultural con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad para erradicar las violencias contra las mujeres en todas sus formas, mediante estrategias de educación, sensibilización y promoción de su autonomía; mismo que está estrechamente relacionado con los objetivos uno, dos y tres de este programa ya que está orientado a la prevención de las violencias contra las mujeres y la garantía de su derecho a una vida libre de violencias, particularmente en contextos de vulnerabilidad.

Por su parte el objetivo T1.5 Garantizar una política nacional, integral y coordinada que brinde a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencias, una respuesta inmediata y la máxima protección del Estado, asegurando el acceso a la justicia mediante mecanismos efectivos, especializados y accesibles para su atención, acompañamiento y reparación integral del daño; se vincula con los objetivos dos, tres y cuatro de este Programa, orientados a atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 2026-2030	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025 - 2030	ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025 - 2030
Objetivo 1. Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles	Objetivo T1.4	Estrategias T1.4.1, T1.4.3 y T1.4.5
Objetivo 2. Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos.	Objetivos T1.4 y T1.5	Estrategias T1.4.4, T1.4.5, T1.5.1, T1.5.2
Objetivo 3. Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia.	Objetivos T1.4 y T1.5	Estrategias T1.4.2, T1.5.2 y T1.5.3
Objetivo 4. Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres.	Objetivo T1.5	Estrategias T1.5.1 y T1.5.3

Asimismo, el PIPASEVM 2026-2030, contribuye al logro de tres de los seis objetivos del Programa Sectorial de la Secretaría de las Mujeres:

· Objetivo 3. Impulsar la atención inmediata, integral y especializada, así como el acceso a la justicia y la máxima protección del Estado, con perspectiva de género y de derechos humanos, a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia.

· Objetivo 4. Promover la prevención de las violencias contra las mujeres mediante acciones de educación, información y concientización que motiven cambios culturales que impidan normalizar y reproducir las violencias hacia las mujeres, adolescentes y niñas.

· Objetivo 5. Promover cambios culturales que reviertan comportamientos, normas y creencias machistas, discriminatorias y estereotipadas que excluyen y obstaculizan los derechos, el desarrollo y bienestar de las mujeres.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 2026-2030	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE LAS MUJERES 2025-2030	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE LAS MUJERES 2025-2030
Objetivo 1. Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles.	Objetivos 4 y 5	Estrategias 4.1, 4.2, 4.4, 5.1 y 5.2
Objetivo 2. Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos.	Objetivo 3	Estrategias 3.3 y 3.4
Objetivo 3. Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia.	Objetivo 3	Estrategias 3.3 y 3.4
Objetivo 4. Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres.	Objetivos 3 y 4	Estrategias 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 y 4.3

7. Estrategias y líneas de acción

Para lograr los objetivos establecidos en este programa integral, se articularon 24 estrategias, de las que derivan 141 líneas de acción que definen la ruta para la coordinación de esfuerzos institucionales que permiten vincular el trabajo de las dependencias y/o entidades responsables de ejecutar las líneas de acción.

El diseño de las estrategias y líneas de acción de este programa son resultado de un proceso de construcción colectiva, donde participaron activamente mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, madres buscadoras, representantes de la comunidad LGBTIQ+, mujeres indígenas, juventudes, autoridades de la administración pública federal y los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades federativas. A través de mesas de diálogo, foros de consulta y asambleas realizadas en diversas sedes del país como Baja California Sur, Chiapas, Puebla y Ciudad de México, emanaron las directrices centrales del programa.

Asimismo, las líneas de acción definen con precisión qué autoridades, dentro de sus atribuciones, son las responsables de cumplir con cada una de estas para garantizar su implementación.

La participación de las siguientes instituciones, órganos autónomos, entidades, instituciones de procuración de justicia y órdenes de gobierno están sujetas a previa suscripción de convenio de colaboración:

· Auditoría Superior de la Federación

· Cámara de Diputados y Diputadas

· Congresos Locales

· Cámara de Senadores y Senadoras

· Comisión Nacional de los Derechos Humanos

· Fiscalía General de la República

· Fiscalías y Procuradurías Locales

· Gobiernos Estatales

· Instituciones Públicas de Educación Superior

· Instituto Nacional de Estadística y Geografía

· Instituto Nacional Electoral

· Órgano de Administración Judicial

· Organismos Públicos Locales Electorales

· Suprema Corte de Justicia de la Nación

· Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

· Tribunales Superiores de Justicia Locales

Objetivo 1. Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles.

Estrategia 1.1 Impulsar la intervención institucional, así como procesos de organización social y comunitaria que prevengan la violencia familiar para generar relaciones igualitarias y mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.1.1 Fomentar la salud socioemocional por medio de acciones de difusión, orientación, sensibilización y capacitación dirigidas a la población.	SALUD (CONASAMA) IMSS ISSSTE SEP
1.1.2 Promover masculinidades corresponsables en la igualdad de género y prevención de las violencias, a través de procesos de formación y difusión para la generación de relaciones igualitarias.	SEP SALUD MUJERES SEGOB (CONAPO) SEMAR
1.1.3 Impulsar el acceso y reconocimiento del derecho de las mujeres a la propiedad, la vivienda y la tenencia de la tierra.	SEDATU (CONAVI, RAN y PA) MUJERES INPI
1.1.4 Promover acciones de difusión sobre la contribución del trabajo doméstico no remunerado que permita eliminar los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia.	MUJERES STPS ECONOMÍA SEGOB (CONAPRED) SPR GOBIERNOS ESTATALES
1.1.5 Promover la implementación de la "NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención a través de procesos de formación y difusión".	SALUD IMSS IMSS-BIENESTAR ISSSTE MUJERES SEDENA SEMAR
1.1.6 Implementar campañas en los espacios educativos que promuevan la sensibilización, el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos mediante estrategias adaptadas a diversos grupos poblacionales.	SALUD IMSS IMSS - BIENESTAR ISSSTE SEP SEGOB (CONAPO)
1.1.7 Impulsar jornadas de difusión sobre las causas de la violencia familiar concientizando sobre la importancia de la prevención.	SEP MUJERES SPR
1.1.8 Impulsar procesos de formación y concientización sobre relaciones sanas e igualitarias en los centros educativos del tipo básico y medio superior.	SEP SEGOB (CONAPO) MUJERES

Estrategia 1.2 Desarrollar acciones de prevención que coadyuven a eliminar la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.2.1 Coordinar acciones con el sector privado para prevenir la violencia, discriminación y segregación laboral contra las mujeres en los centros de trabajo.	MUJERES STPS GOBIERNOS ESTATALES
1.2.2 Implementar acciones de prevención integral contra todas las formas de violencia de género en el ámbito laboral en instituciones públicas, mediante protocolos obligatorios, capacitación continua y canales de denuncia seguros.	STPS SABG MUJERES GOBIERNOS ESTATALES
1.2.3 Realizar acciones de difusión sobre las causas y consecuencias de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes entre las personas beneficiarias del Programa "Jóvenes construyendo el futuro".	MUJERES STPS
1.2.4 Impulsar acciones institucionales para intervenir espacios laborales donde prevalezcan posibles condiciones de vulnerabilidad para las mujeres (maquiladoras, trabajadoras del hogar, mujeres con discapacidad y jornaleras) mediante inspecciones, capacitaciones y protocolos de protección a trabajadoras.	MUJERES STPS GOBIERNOS ESTATALES

Estrategia 1.3 Generar procesos de intervención con perspectiva de género en la política educativa nacional para la prevención de las violencias contra las mujeres.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.3.1 Impulsar la elaboración y actualización de los instrumentos normativos que regulan a los diferentes tipos educativos, con el fin de incorporar la perspectiva de género y el enfoque de vida libre de violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventudes.	SEP MUJERES
1.3.2 Impulsar la elaboración de lineamientos y protocolos para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres en el ámbito educativo.	SEP MUJERES GOBIERNOS ESTATALES
1.3.3 Fomentar la revisión de marcos curriculares, planes, programas de estudio de diferentes tipos educativos para la incorporación de la perspectiva de género y enfoque de erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventudes.	SEP MUJERES SEGOB (CONAPO, SE-SIPINNA)
1.3.4 Impulsar la formación de figuras educativas sobre las causas y consecuencias de las violencias contra las mujeres.	SEP MUJERES GOBIERNOS ESTATALES
1.3.5 Fomentar acciones afirmativas para el acceso y permanencia escolar de mujeres, niñas y adolescentes mediante becas y apoyos de la Secretaría de Educación Pública	MUJERES SEP GOBIERNOS ESTATALES
1.3.6 Promover acciones de prevención de las violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en las comunidades escolares.	SEP MUJERES SEGOB (CONAPO) GOBIERNOS ESTATALES
1.3.7 Promover la educación integral en sexualidad en los centros educativos, entornos familiares y comunitarios.	MUJERES STPS (IMJUVE) SEP SEGOB (CONAPO) GOBIERNOS ESTATALES

Estrategia 1.4 Impulsar acciones y medidas de prevención para contribuir a la generación de entornos seguros y libres de violencias para las mujeres en los espacios públicos y comunitarios.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.4.1 Realizar procesos de difusión y concientización con pertinencia cultural dirigidos a transformar patrones socioculturales que perpetúan las violencias contra las mujeres en espacios públicos y comunitarios, incluyendo a las comunidades indígenas.	SEGOB (CONAPRED, CONAPO y SE-SIPINNA) STPS (IMJUVE) CULTURA INPI SEP SPR
1.4.2 Promover espacios comunitarios de reflexión para hombres, juventudes y niños sobre masculinidades corresponsables para la igualdad de género y prevención de las violencias, mediante talleres, campañas y actividades culturales.	MUJERES CULTURA STPS (IMJUVE) GOBIERNOS ESTATALES CNDH
1.4.3 Realizar actividades culturales, deportivas y recreativas que promuevan la participación activa de mujeres y jóvenes en el espacio público, con el fin de fortalecer su sentido de pertenencia, seguridad y comunidad.	CULTURA INPI SEP (CONADE) SECTUR STPS (IMJUVE) SEGOB (SE-SIPINNA) GOBIERNOS ESTATALES
1.4.4 Impulsar acciones para promover el acceso de mujeres a oportunidades económicas y capacitación laboral, priorizando aquellas que habitan en zonas con altos índices de violencia, así como a mujeres con discapacidad.	STPS BIENESTAR ECONOMÍA
1.4.5 Fomentar la participación comunitaria para la prevención de la violencia sexual mediante brigadas de sensibilización y talleres, priorizando zonas con altos índices de violencia.	MUJERES SSPC SS SEGOB (CONAPO) SEP IMSS - BIENESTAR
1.4.6 Promover la movilidad segura de las mujeres mediante la implementación de mecanismos de coordinación, capacitación y difusión dirigidas a operadores y autoridades reguladoras del transporte público.	SEDATU SSP SICT GOBIERNOS ESTATALES
1.4.7 Recuperar espacios públicos en zonas de riesgo para fomentar entornos seguros y prevenir las violencias contra las mujeres mediante la participación comunitaria.	SEDATU SEGOB SECTUR SSPC GOBIERNOS ESTATALES
1.4.8 Promover la formación de redes y liderazgos comunitarios de mujeres que impulsen acciones colectivas para prevenir las violencias contra las mujeres.	MUJERES INPI GOBIERNOS ESTATALES

Estrategia 1.5 Promover acciones de formación dirigidas a personas servidoras públicas que transformen la cultura y práctica institucional para prevenir las violencias contra las mujeres.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.5.1 Desarrollar procesos de formación a personas servidoras públicas sobre derechos de las mujeres, prevención de las violencias y masculinidades corresponsables.	MUJERES SALUD IMSS - BIENESTAR SABG SEP SEGOB GOBIERNOS ESTATALES INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1.5.2 Implementar procesos de formación dirigidos al personal de las instituciones de procuración e impartición de justicia sobre derechos de las mujeres, para que en el ejercicio de sus funciones garanticen servicios oportunos y no revictimizantes.	MUJERES OAJ GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES
1.5.3 Impulsar que las instituciones públicas implementen procedimientos administrativos y de sanción para las personas servidoras públicas que, en el desempeño de sus funciones, violenten los derechos de las mujeres.	SABG GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
1.5.4 Promover procesos de capacitación y concientización para la prevención de la violencia obstétrica y ginecológica.	SALUD ISSSTE IMSS IMSS-BIENESTAR

Estrategia 1.6 Promover acciones institucionales con enfoque de género y derechos humanos para prevenir la violencia institucional contra las mujeres.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.6.1 Promover campañas de difusión que visibilicen las distintas formas de violencia política en contra de las mujeres.	MUJERES SPR INE OPLE TEPJF
1.6.2 Promover campañas y acciones de difusión para desmotivar el uso de estereotipos y discursos sexistas en los medios de comunicación en contra de las mujeres candidatas.	MUJERES SPR INE OPLE
1.6.3 Impulsar que los partidos políticos implementen formación obligatoria en género, igualdad y prevención de violencias, con base en programas avalados por el INE.	INE OPLE
1.6.4 Promover la conformación de redes de mujeres en cargos de representación popular para brindar acompañamiento y mentoría en el ejercicio del cargo público, y prevenir la violencia política en razón de género.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES

Estrategia 1.7 Promover el uso y consumo responsable, informado y seguro de las tecnologías digitales a fin de fomentar la prevención de la violencia digital contra las niñas, adolescentes y mujeres.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
1.7.1 Promover la prevención de las violencias contra las mujeres en las plataformas digitales.	SEGOB (SE-SIPINNA) MUJERES SSPC
1.7.2 Diseñar e implementar procesos de capacitación y sensibilización dirigidos a personas servidoras públicas, enfocados en la prevención de la violencia digital y en el conocimiento del marco jurídico que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito digital.	MUJERES SSPC
1.7.3 Difundir herramientas de ciberseguridad para la prevención de la violencia de género dirigidas a niñas y mujeres, mediante guías digitales y talleres en escuelas y comunidades.	MUJERES SSPC SEP
1.7.4 Impulsar procesos de concientización del uso y consumo seguro y responsable de tecnologías digitales dirigidas a niñas, niños y adolescentes.	SSPC MUJERES SEP
1.7.5 Fomentar relaciones sanas y prácticas de interacción digital seguras mediante información sobre autocuidado, alertas tempranas de violencia en línea (ciberacoso, sextorsión, entre otros) y denuncia.	SSPC MUJERES SEGOB SPR
1.7.6 Promover la regulación y vigilancia de contenidos en medios de comunicación masivos, digitales y en campañas publicitarias para eliminar estereotipos de género o contenido que refuerce y naturalice las violencias contra las mujeres.	SEGOB MUJERES SPR
1.7.7 Promover el monitoreo y reporte de sitios web que promueven y realizan actos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, como pornografía infantil, pedofilia y actos de odio, incluyendo la participación y colaboración de los observatorios ciudadanos.	SSPC SEDENA (GN) GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES

Objetivo 2. Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos.

Estrategia 2.1 Promover la atención integral y especializada para mujeres, niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes de violencias sexuales.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
2.1.1 Incorporar en la NOM-046-SSA2-2005 el criterio de atención urgente a niñas víctimas de violencias sexuales, el enfoque intercultural y diferencial de niñez y adolescencia, así como fortalecer los instrumentos para la notificación ministerial.	SALUD MUJERES
2.1.2 Diseñar e implementar instrumentos de monitoreo y evaluación en la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005.	SALUD ISSSTE IMSS- BIENESTAR SEGOB (CONAPO) MUJERES
2.1.3 Desarrollar capacidades institucionales en el sector salud para la adecuada identificación de casos de violencia sexual y familiar contra las mujeres, niñas y adolescentes.	SALUD ISSSTE IMSS IMSS-BIENESTAR GOBIERNOS ESTATALES
2.1.4 Desarrollar capacidades institucionales en el sector educativo para la adecuada identificación de casos de violencia sexual y familiar contra las mujeres, niñas y adolescentes.	SEP MUJERES SEGOB (SE-SIPINNA) SALUD
2.1.5 Revisar, actualizar y/o elaborar normas y procedimientos para la correcta intervención del personal de salud en la detección y atención de la violencia sexual en casos de niñas embarazadas, incluyendo la notificación a la autoridad competente.	SALUD MUJERES GOBIERNOS ESTATALES
2.1.6 Diseñar e implementar políticas institucionales y protocolos para la atención de la violencia digital en contra de mujeres en los tipos educativos media superior y superior.	SEP MUJERES
2.1.7 Diseñar e implementar políticas institucionales para la atención del acoso sexual y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, tanto público como privado.	STPS MUJERES SEGOB CEAV
2.1.8 Promover la construcción de una política nacional de medidas reeducativas para hombres agresores mediante acciones de deconstrucción a través de grupos de reflexión y supervisión de personas con mandato judicial.	SALUD MUJERES SSPC GOBIERNOS ESTATALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES

Estrategia 2.2 Generar procedimientos orientados a la atención de las violencias contra las mujeres en el ámbito comunitario.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
2.2.1 Diseñar y promover protocolos de intervención, atención y canalización de casos de violencias sexuales en el transporte público.	SSPC SEDATU SICT MUJERES GOBIERNOS ESTATALES
2.2.2 Promover mecanismos de denuncia, acompañamiento y contención para la atención de mujeres que han vivido violencia obstétrica y ginecológica.	SALUD SALUD (CONAMED) MUJERES GOBIERNOS ESTATALES
2.2.3 Promover estudios e investigaciones especializadas orientados al diseño y mejora de procesos de atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.	SECIHTI
2.2.4 Promover la creación y el fortalecimiento de casas de la mujer indígena y afromexicana mediante recursos, capacitación y mejora de infraestructura.	INPI MUJERES SALUD GOBIERNOS ESTATALES
2.2.5 Promover y fortalecer acciones y mecanismos comunitarios para la atención de las mujeres víctimas de violencia que viven en comunidades con sistemas normativos indígenas y afromexicanos.	INPI MUJERES SALUD GOBIERNOS ESTATALES
2.2.6 Promover la homologación de protocolos de actuación de reacción inmediata, con perspectiva de género para policías municipales, de alcaldías y de las entidades federativas.	SSPC MUJERES GOBIERNOS ESTATALES
2.2.7 Incorporar contenidos obligatorios para la atención de las violencias contra las mujeres en los procesos de formación de las academias de policías.	SSPC MUJERES GOBIERNOS ESTATALES
2.2.8 Diseñar mecanismos para identificar, detectar, atender y sancionar casos de violencias contra las mujeres en el deporte.	MUJERES SALUD SEP (CONADE)
2.2.9 Impulsar en el marco de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad la ampliación de servicios de atención de mujeres en situación de violencia.	SEGOB MUJERES GOBIERNOS ESTATALES

Estrategia 2.3 Reforzar los servicios de atención a las niñas y adolescentes que viven violencias.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
2.3.1 Fortalecer las capacidades institucionales de las unidades de atención para brindar servicios integrales en materia de violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes.	MUJERES SALUD IMSS IMSS - BIENESTAR ISSSTE GOBIERNOS ESTATALES
2.3.2 Fomentar la construcción y rehabilitación de espacios públicos y senderos seguros para mujeres, niñas y adolescentes en zonas con alta incidencia delictiva.	SEGOB SEDENA SEDATU GOBIERNOS ESTATALES
2.3.3 Promover el diseño e implementación de una política nacional de primeros respondientes a través de procesos de actuación y dotación de herramientas a todas las personas servidoras públicas que tienen la obligación de dar atención a las violencias contra las mujeres.	SSPC SALUD MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES FGR
2.3.4 Generar un diagnóstico orientado a la identificación de las capacidades institucionales (herramientas, procedimientos y presupuestos) y del personal que brinda atención a mujeres y niñas que viven violencias.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES FGR

Estrategia 2.4 Consolidar la cobertura y el acceso a los servicios de atención integral y especializada dirigidos a las mujeres en situación de violencias.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
2.4.1 Impulsar la elaboración de un Atlas Nacional de Servicios de Atención a mujeres víctimas de violencias, para identificar la oferta de estos servicios, sus características, así como las necesidades de cobertura.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES
2.4.2 Implementar y fortalecer los servicios de atención telefónica, servicios digitales de emergencia y orientación a mujeres en situación de violencia para promover el acceso a atención integral y especializados en todo el país.	MUJERES SSPC ATDT GOBIERNOS ESTATALES
2.4.3. Difundir los servicios y espacios de atención para las mujeres en situación de violencia a través de campañas informativas en medios de comunicación y redes comunitarias.	MUJERES SEGOB SPR GOBIERNOS ESTATALES
2.4.4 Diseñar, implementar y promover mecanismos eficientes para mejorar la atención de primer contacto para mujeres en situación de violencia, que aceleren la canalización a servicios especializados y eviten la revictimización.	MUJERES SSPC GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES OPLE
2.4.5 Impulsar la creación de centros y unidades de atención integral y especializada para mujeres en situación de violencia.	MUJERES SSPC GOBIERNOS ESTATALES
2.4.6 Diseñar, implementar y promover mecanismos eficientes para mejorar la atención de primer contacto a mujeres en situación de violencia, que agilicen la canalización a servicios especializados y prevengan la revictimización.	SALUD (CONASAMA) MUJERES SEGOB CEAV GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES FGR
2.4.7 Promover la atención e intervención psicoemocional de mujeres y niñas víctimas de violencia, que contribuya a su regulación emocional y a la toma de decisiones, considerando los contextos en donde ocurren.	SALUD (CONASAMA) MUJERES GOBIERNOS ESTATALES CEAV
2.4.8 Garantizar el acceso a servicios médicos, psicosociales, legales y de protección consular a mujeres migrantes o en situación de tránsito, a través de una estrategia interinstitucional estandarizada, con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.	SRE MUJERES SALUD SEGOB (INM, COMAR)
2.4.9 Implementar programas integrales de educación sexual y reproductiva, acompañados de servicios de salud accesibles y orientación psicosocial para la atención del embarazo adolescente, garantizando atención oportuna.	MUJERES SALUD SEGOB (CONAPO) GOBIERNOS ESTATALES
2.4.10 Promover la atención al aborto seguro para mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia conforme al marco legal aplicable en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.	MUJERES SALUD IMSS IMSS-BIENESTAR ISSSTE

Objetivo 3. Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia.

Estrategia 3.1 Promover servicios coordinados de atención especializada con perspectiva de género, enfoque interseccional e intercultural para mujeres, sus hijas e hijos víctimas de delitos de género.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.1.1 Impulsar el acceso a servicios de salud física y mental para las mujeres víctimas de violencia, con un enfoque en la reparación del daño y la recuperación del proyecto de vida.	MUJERES SALUD IMSS-BIENESTAR IMSS ISSSTE CEAV
3.1.2 Promover la incorporación de criterios específicos de accesibilidad para las mujeres en situación de violencia a los programas de atención directa del gobierno federal, con un enfoque interseccional e intercultural y de perspectiva de género.	MUJERES BIENESTAR CULTURA SALUD ECONOMÍA GOBIERNOS ESTATALES
3.1.3 Diseñar una herramienta digital para que las mujeres en situación de violencia identifiquen tipos y modalidades de violencia que les vulnera, conozcan y accedan a la red de servicios de atención especializada.	MUJERES ATDT
3.1.4 Impulsar la capacitación para el trabajo y la incorporación de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito laboral con enfoque diferenciado y ajustes razonables (especialmente en casos de discapacidad), a través de la vinculación con el sector privado y público.	MUJERES ECONOMÍA STPS BIENESTAR CULTURA GOBIERNOS ESTATALES
3.1.5 Garantizar servicios de traducción e interpretación para la atención de mujeres, adolescentes y niñas indígenas, extranjeras y sordas víctimas de violencia de género que se encuentren en procesos de procuración y acceso a la justicia.	INPI CULTURA (INALI) SCJN FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES GOBIERNOS ESTATALES
3.1.6 Promover servicios especializados de salud para víctimas sobrevivientes	MUJERES

Estrategia 3.2 Fortalecer los mecanismos de protección con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interseccional, intercultural, de la diversidad sexual y de género que garanticen la seguridad e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.2.1 Implementar el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de protección de las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia en coordinación con los registros en el BANAVIM.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FGR TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.2.2 Elaborar y promover la aplicación de criterios generales para la emisión e implementación de medidas de protección, para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia adaptadas a las instituciones, a la diversidad y a los territorios.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FGR TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.2.3 Diseñar criterios de valoración y tamizajes especializados para la medición de riesgo de violencia feminicida con enfoque diferenciado que constituya una herramienta para las instituciones que atienden y administran justicia a mujeres en situación de violencia.	MUJERES SALUD GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.2.4 Promover la armonización de los marcos normativos locales para incorporar las medidas de protección de NNA, especialmente la medida de recuperación de infancias en contextos de violencia por interpósita persona (violencia vicaria), familiar, sexual y feminicida.	MUJERES SEGOB (SE-SIPINNA) SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES CÁMARA DE SENADORES Y SENADORAS CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS CONGRESOS LOCALES
3.2.5 Promover mecanismos de coordinación entre instancias de procuración y administración de justicia y secretarías de seguridad estatales para la implementación y seguimiento de las medidas y órdenes de protección.	MUJERES SSPC SEDENA GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES
3.2.6 Promover la elaboración e implementación de planes integrales de protección para mujeres sobrevivientes de feminicidio, mujeres sobrevivientes de delitos que involucren el uso de sustancias químicas, madres de víctimas de feminicidio, madres buscadoras, así como para las infancias que tienen bajo su cuidado, con enfoque diferencial, de género y derechos humanos.	MUJERES SEGOB (CNB) CEAV SSPC SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.2.7 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para la protección con enfoque diferenciado de las mujeres víctimas de violencia, hijas e hijos en refugios y casas de emergencia.	SSPC MUJERES SALUD SEGOB (SE-SIPINNA) CEAV GOBIERNOS ESTATALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES
3.2.8 Impulsar procesos de capacitación del personal policial, pericial, ministerial, judicial, administrativo y de asesoría jurídica en materia de medidas de protección por violencia de género en contra de las mujeres.	SSPC MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES

Estrategia 3.3 Promover acciones integrales con defensorías e instancias de asesoría jurídica, procuración e impartición de justicia, para que las mujeres accedan a una justicia pronta y efectiva, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, interseccional e intercultural.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.3.1 Fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres mediante políticas públicas y dotación de recursos que garanticen la protección y el acceso a la justicia para las mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencia.	MUJERES SSPC GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.3.2 Promover la actualización del modelo de atención en los Centros de Justicia para las Mujeres e implementar mecanismos para su adopción a nivel nacional.	MUJERES STPS SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.3.3 Impulsar la creación y el fortalecimiento de fiscalías especializadas en atención e investigación de delitos contra las mujeres en razón de género, especialmente de feminicidio.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.3.4 Fortalecer los servicios de asesoría jurídica y defensa especializada con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para mujeres, adolescentes y niñas víctimas de delitos en razón de género.	MUJERES CEAV SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES
3.3.5 Promover la representación jurídica para mujeres mexicanas en el exterior que enfrentan situaciones de violencia por razones de género.	SRE (IMME)
3.3.6 Promover que la justicia indígena y comunitaria atienda y proteja a mujeres en situación de violencias mediante procesos de formación y acompañamiento para la toma de acuerdos de las instituciones de justicia comunitaria.	MUJERES INPI GOBIERNOS ESTATALES
3.3.7 Generar condiciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas directas de tortura sexual y su acceso a la justicia.	SEGOB CEAV GOBIERNOS ESTATALES FGR
3.3.8 Promover la protección de todas las mujeres víctimas de violencia y en situación de abandono social, con especial atención a aquellas en situación de calle y a mujeres trans, para garantizar su acceso efectivo a la justicia y a la reparación integral del daño.	CEAV SSPC SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.3.9 Promover la adopción de criterios y medidas no privativas de la libertad para mujeres imputadas, favoreciendo su derecho a la adecuada defensa y acceso a la justicia desde una perspectiva de género.	SSPC MUJERES SCJN FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES

Estrategia 3.4 Impulsar la reparación integral del daño y la restitución de derechos de mujeres víctimas de violencia.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.4.1 Creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio en el marco del BANAVIM.	MUJERES SEGOB (SE-SIPINNA) CEAV SALUD (SNDIF, PFPNNA) GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.4.2 Impulsar la reparación integral del daño a sobrevivientes de feminicidio, así como a hijas e hijos de víctimas de feminicidio, a través de la restitución de sus derechos.	SEGOB (SE-SEPINNA) CEAV BIENESTAR SALUD (SNDIF, PFPNNA) FGR TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.4.3 Impulsar el acceso a la vivienda a las familias de víctimas de feminicidio que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por este delito.	SEDATU (CONAVI) GOBIERNOS ESTATALES CEAV
3.4.4 Promover el reconocimiento y dignificación de las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias a través de sitios y espacios de memoria.	MUJERES CULTURA GOBIERNOS ESTATALES CEAV
3.4.5 Promover el acceso a la reparación integral del daño para las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de la etapa procesal en la que se encuentre el caso.	CEAV FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES FGR STPS SALUD (SNDIF) BIENESTAR MUJERES GOBIERNOS ESTATALES

Estrategia 3.5 Promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interseccional, intercultural y de la diversidad sexual y de género.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.5.1 Impulsar procesos de capacitación para la investigación de los delitos contra la intimidad y otras violencias digitales contras las mujeres, adolescentes y niñas.	SSPC SEGOB (SE-SIPINNA) SALUD (SNDIF) SEDENA GOBIERNOS ESTATALES
3.5.2 Promover la creación y fortalecimiento de Juzgados Especializados en violencia familiar contra las mujeres con competencia mixta (penal y familiar) para evitar la revictimización de las mujeres.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES CONGRESOS LOCALES
3.5.3 Actualizar el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas y Niños en Condición de Orfandad por Feminicidio. (PNAINNACOF)	SEGOB (SE - SIPINNA) SALUD (SNDIF) MUJERES
3.5.4 Impulsar la creación de equipos policiales y periciales especializados en la atención e investigación de violencia de género contra las mujeres, adolescentes y niñas, garantizando mecanismos claros de selección, formación y evaluación.	MUJERES SSPC SEDENA GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.5.5 Impulsar la elaboración de un instrumento de análisis y evaluación de las capacidades y necesidades institucionales de las instancias de administración e impartición de justicia para las mujeres, adolescentes y niñas.	TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES
3.5.6 Diseñar directrices generales para la detección, acompañamiento, investigación y sanción de la violencia por interpósita persona.	MUJERES SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES FGR TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.5.7 Impulsar la implementación de protocolos y la aplicación de herramientas especializadas para garantizar la participación segura y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de acceso a la justicia que promuevan las mujeres.	MUJERES SEGOB (SE-SIPINNA) SALUD SNDIF (PFPNNA) FGR GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES
3.5.8 Promover la actualización de los protocolos de investigación pericial, ministerial y policial con perspectiva de género de los delitos de feminicidio, transfeminicidio, delitos sexuales, desaparición de mujeres y niñas, violencia familiar, violencia a través de interpósita persona (violencia vicaria) y delitos que involucren el uso de sustancias químicas para causar daño.	MUJERES FGR GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
3.5.9 Impulsar la incorporación de perspectiva de género, derechos humanos, enfoque diferencial y de infancias en los planes y programas de estudio para la formación de profesionales relacionadas con la atención a víctimas y procuración de justicia.	MUJERES SECIHTI INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Estrategia 3.6 Promover acciones coordinadas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la trata de personas cometida contra mujeres y niñas.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.6.1 Impulsar la formación y capacitación de personas servidoras públicas del gobierno federal para la detección y atención de trata de personas, específicamente de mujeres y NNA.	SEP MUJERES SRE STPS SALUD BIENESTAR SEGOB SECTUR FGR
3.6.2 Promover estrategias para visibilizar y combatir la trata de personas, en específico de mujeres y NNA mediante campañas y colaboración interinstitucional.	SEGOB (SE-SIPINNA, INM y CNB) SEP MUJERES SRE STPS SALUD BIENESTAR FGR
3.6.3 Impulsar acciones para fortalecer la atención especializada a víctimas de trata específicamente de mujeres y NNA, asegurando servicios integrales.	SSPC SEGOB (SE- SIPINNA) MUJERES SRE STPS SALUD

Estrategia 3.7 Impulsar acciones integrales para la protección, ejercicio de derechos y reinserción social de mujeres privadas de su libertad, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interseccional, intercultural y de la diversidad sexual y de género.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
3.7.1 Promover la defensa jurídica con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos a mujeres privadas de la libertad, priorizando que accedan a criterios de oportunidad y beneficios de preliberación, amnistía, así como reinserción social.	SSPC (OADPRS) SEGOB MUJERES OAJ GOBIERNOS ESTATALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES
3.7.2 Fomentar que infancias que dependan para su cuidado de mujeres privadas de la libertad, ejerzan su derecho a vivir en familia.	SSPC SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES
3.7.3 Impulsar que mujeres privadas de su libertad reciban atención integral y cuenten con condiciones para el ejercicio de su derecho a la educación, cultura, autonomía económica y salud integral incluyendo los servicios de aborto seguro.	SALUD MUJERES IMSS SEP STPS CULTURA ECONOMÍA BIENESTAR (INAES) IMSS - BIENESTAR GOBIERNOS ESTATALES
3.7.4 Promover la libertad de mujeres procesadas por el delito de aborto.	SALUD MUJERES GOBIERNOS ESTATALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES
3.7.5 Impulsar la recuperación de los proyectos de vida, la efectiva reinserción social y la restitución integral de derechos de las mujeres privadas de la libertad que acceden a los beneficios de preliberación, criterios de oportunidad y procesos de amnistía, a través de proyectos productivos y acompañamiento social.	MUJERES BIENESTAR SEP STPS GOBIERNOS ESTATALES

Objetivo 4. Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres.

Estrategia 4.1 Fortalecer los mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional entre dependencias federales, estatales y municipales para garantizar la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas públicas.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
4.1.1 Fortalecer el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres y sus comisiones, garantizando la toma e implementación de acuerdos sustantivos que impacten efectivamente en la política pública de los tres órdenes de gobierno.	MUJERES SEGOB SSPC SALUD SEP GOBIERNOS ESTATALES
4.1.2 Promover la sensibilización y capacitación con perspectiva de género y derechos humanos dirigida a personal adscrito a Instituciones de Salud, Fiscalías y Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la actuación en los casos de violencia sexual.	MUJERES SALUD SNDIF (PFPNNA) GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES
4.1.3 Promover que los sistemas de coordinación interinstitucional de la política pública incorporen en sus planes de trabajo estrategias y acuerdos para prevenir y atender las violencias contra las mujeres.	SEGOB (SE-SIPINNA) SALUD SSPC SEP SEDATU
4.1.4 Impulsar el fortalecimiento de los sistemas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, procurando el cumplimiento de la política nacional integral.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES

Estrategia 4.2 Fortalecer los mecanismos de vinculación y coordinación interinstitucional para la atención de la violencia feminicida.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
4.2.1 Promover la adopción e implementación de lineamientos homologados, con perspectiva de género y enfoque interseccional, para la detección temprana del riesgo de violencia feminicida en los espacios de atención a mujeres que viven violencias.	MUJERES SALUD FGR GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES
4.2.2 Promover la realización de peritajes antropológicos y de análisis de contexto en la investigación de feminicidios que analice el contexto social y cultural en el que ocurrió el hecho, identificando patrones de violencia de género y relaciones de poder que puedan influir en la muerte violenta de mujeres.	FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES SCJN PJF

Estrategia 4.3 Establecer, homologar y/o fortalecer instrumentos y mecanismos de actuación interinstitucionales con enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad, que garanticen una respuesta integral, articulada y efectiva para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
4.3.1 Promover la adopción del Modelo Integral de Prevención Primaria de las violencias contra las Mujeres, impulsando que sea un instrumento de referencia para la construcción de políticas que sean implementadas por la federación, entidades federativas y municipios	MUJERES SEGOB SEP SALUD
4.3.2 Promover la revisión, el diseño y la operatividad de los mecanismos de coordinación en el marco del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres.	MUJERES
4.3.3 Actualizar e impulsar la adopción del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal.	MUJERES SABG SEGOB CEAV

Estrategia 4.4 Fomentar que los procesos de diseño, planeación institucional y presupuestación estén orientados a asignar recursos de todas las dependencias e instituciones públicas, federales, estatales y municipales para que cuenten con presupuesto asignado para la prevención, atención y acceso de justicia de las mujeres, así como mecanismos obligatorios de transparencia y rendición de cuentas.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
4.4.1 Implementar metodologías estandarizadas para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género en todas las dependencias públicas para garantizar la implementación de acciones de prevención y atención de las violencias contra las mujeres.	SHCP MUJERES GOBIERNOS ESTATALES
4.4.2 Establecer criterios de asignación de recursos para programas, acciones y estrategias relacionados con la prevención, atención y acceso a la justicia de mujeres.	MUJERES SHCP GOBIERNOS ESTATALES
4.4.3 Promover auditorías de género que permitan verificar las acciones, el destino, uso e impacto de los recursos ejercidos por las instituciones del gobierno federal para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres.	SABG CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS ASF GOBIERNOS ESTATALES

Estrategia 4.5 Promover la generación de datos e información que permitan reconocer diversas dinámicas de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes con la finalidad de trazar políticas públicas para la prevención, atención, sanción y acceso a la justicia.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
4.5.1 Desarrollar instrumentos de recolección de información y análisis estadístico para el reconocimiento de dinámicas de las violencias contra las mujeres.	MUJERES SSPC INEGI
4.5.2 Promover que el registro de la información estadística que concentra el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva esté desagregado por sexo, y que cuente con elementos que permita identificar características como diversidad étnica, sexual, grupos etarios, condiciones de discapacidad entre otros.	SSPC
4.5.3 Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los espacios de refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos a nivel nacional, con la finalidad de contar con información pertinente para planificar, asignar recursos y diseñar la política en materia de protección integral.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES
4.5.4 Promover la actualización de los censos y encuestas de procuración y administración de justicia con perspectiva de género.	MUJERES INEGI
4.5.5 Diseñar procesos de formación y desarrollo de capacidades para que las personas servidoras públicas hagan uso de la estadística estratégica nacional que describe temas de seguridad, protección, procuración y administración de justicia y prevalencia de las violencias contra las mujeres.	MUJERES INEGI GOBIERNOS ESTATALES
4.5.6 Consolidar al BANAVIM como la herramienta nacional para el registro de datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, a través de procesos administrativos y de formación que permitan que las instituciones que atienden mujeres en situación de violencia integren la información requerida.	MUJERES SSPC GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES OPLE INE
4.5.7 Promover la elaboración de diagnósticos, así como el análisis de datos estadísticos con enfoque diferenciado, sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de las violencias contra las mujeres.	MUJERES SSPC SECIHTI INEGI
4.5.8. Realizar acciones para generar, registrar y publicar información sobre las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en materia de violencias de género contra las mujeres (feminicidio, violación, violencia familiar, trata de personas, entre otras).	SCJN PJF TEPJF TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES

Estrategia 4.6 Promover la armonización legislativa de los marcos normativos nacionales, estatales y municipales bajo los principios de igualdad sustantiva y no violencia contra las mujeres.

Línea de acción	Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas)
4.6.1 Impulsar reformas legislativas a favor de las niñas y adolescentes que incluya acciones para la prevención y la penalización de uniones forzadas, concubinato y cohabitación forzada en las legislaciones estatales.	SALUD (SNDIF) SEGOB (SE-SIPINNA) MUJERES CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS LOCALES
4.6.2 Promover la armonización legislativa de los tipos penales de delitos sexuales, desaparición, violencia familiar, a través de interpósita persona (violencia vicaria), feminicidio, transfeminicidio y delitos que involucren el uso de sustancias químicas para causar daño.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES CÁMARA DE SENADORES Y SENADORAS CONGRESOS LOCALES
4.6.3 Promover reformas legislativas que mejoren el funcionamiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional para la prevención, atención y acceso a la justicia.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES CONGRESOS LOCALES
4.6.4 Impulsar la despenalización del aborto y la armonización legislativa para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras, dignas y oportunas, mediante la eliminación de barreras normativas, institucionales y sociales que asegure servicios de salud pública gratuitos.	MUJERES GOBIERNOS ESTATALES CONGRESOS LOCALES
4.6.5 Promover la armonización y actualización de los instrumentos jurídicos para la identificación, investigación, sanción y reparación del daño a mujeres víctimas de tortura sexual conforme a las disposiciones internacionales en materia de erradicación de la tortura.	SEGOB

8. Indicadores y metas

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo del PIPASEVM 2026-2030, y en cumplimiento de los principios de planeación, monitoreo y rendición de cuentas de la APF, se han definido indicadores específicos para cada uno de sus objetivos.

Estos indicadores permiten medir el avance en la implementación de las políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva, generar evidencia para la toma de decisiones y fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación.

Indicador 1.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

1.1 Porcentaje de mujeres de 18 años o más que experimentaron alguna situación de acoso y/o violencia sexual en
lugares públicos.

Objetivo

Objetivo 1: Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con
enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles

Definición o descripción

Mide la proporción de mujeres de 18 años o más que han sido víctimas de conductas sexuales no deseadas en relación con
el total de mujeres.

Derecho asociado

Derecho a una vida libre de violencias establecido en el artículo 4o., de la CPEUM.

Nivel de desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Enero

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de los
datos

Julio a diciembre

Tendencia esperada

Descendente

Unidad responsable
de reportar el avance

Dirección General de Inteligencia, Innovación y
Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los
Programas

Secretaría de las Mujeres

Método de cálculo

Fórmula: PmAS=NmAS/Tm*100

Donde:

PmAS: Porcentaje de mujeres de 18 años o más que declararon haber sufrido alguna situación de acoso y/o violencia sexual

NmAS: Mujeres de 18 años o más que declararon haber sufrido alguna situación de acoso y/o violencia sexual

Tm: Total de mujeres de 18 años o más.

Observaciones

Sin observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Mujeres de 18 años o más que declararon haber sufrido alguna situación de acoso y/o violencia sexual

Valor
variable 1

5,718,086

Fuente de
información
variable 1

INEGI. Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana (ENSU)

Disponible en:(67)

https://goo.su/G8mdwK7

Nombre variable 2

Total de mujeres de 18 años o más.

Valor
variable 2

25,613,821

Fuente de
información
variable 2

Sustitución en método de
cálculo

PmAS= (5,718,086/ 25,613,821) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

22.3

El año 2025 se establece como línea base del indicador al corresponder con el levantamiento más reciente de información disponible.

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

19.5

La meta del indicador es anual, dado que corresponde con la periodicidad del levantamiento de la encuesta.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

27.2

21.6

20.0

22.1

21.9

21.0

22.3

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

21.7

21.1

20.6

20.0

19.5

Indicador 1.2

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

1.2 Porcentaje de mujeres de 18 años o más que sufrió violencia en el entorno familiar.

Objetivo

Definición o
descripción

Mide la proporción de mujeres de 18 años o más que declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia (física, emocional,
económica o sexual) dentro del hogar.

Derecho asociado

Derecho a una vida libre de violencia establecido en el artículo 4o., de la CPEUM.

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la información

Octubre

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de los
datos

Octubre a septiembre

Tendencia esperada

Descendente

Unidad responsable de reportar
el avance

Dirección General de Inteligencia, Innovación y
Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los
Programas

Secretaría de las Mujeres

Método de cálculo

Donde:

PMVH: Porcentaje de mujeres de 18 años o más que sufrió violencia en el entorno familiar.

NMVH: Número de mujeres de 18 años o más que reportaron haber sufrido violencia en el entorno familiar.

TM18: Total de mujeres de 18 años o más.

Observaciones

Sin observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Número de mujeres de 18 años o más que reportaron haber sufrido violencia en el entorno familiar.

Valor
variable 1

2,195,837

Fuente de
información
variable 1

INEGI. Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana
(ENSU)

Disponible en:(68)

https://goo.su/zzSkrmZ

Nombre variable 2

Total de mujeres de 18 años o más.

Valor
variable 2

25,626,124

Fuente de
información
variable 2

Sustitución en
método de cálculo

PMVH = (2,195,837/ 25,626,124) × 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

8.6

El año 2025 se establece como línea base del indicador, al corresponder con el levantamiento más reciente de información disponible.

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

7.9

La meta del indicador es anual, dado que corresponde con la periodicidad del levantamiento de la encuesta.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

9.2

7.2

9.5

9.8

8.5

8.6

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

8.4

8.3

8.2

8.0

7.9

Indicador 2.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

2.1 Tasa de prevalencia de muertes violentas de mujeres.

Objetivo

Objetivo 2: Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial
para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus
derechos.

Definición o
descripción

Mide el número de muertes violentas de mujeres ocurridas en un año determinado por cada 100,000 mujeres de la población total
femenina.

Derecho asociado

Derecho a una vida libre de violencia establecido en el Artículo 4o., de la CPEUM.

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Enero

Unidad de medida

Número de muertes violentas de
mujeres

Periodo de
recolección de los
datos

Enero a diciembre

Tendencia esperada

Descendente

Unidad responsable
de reportar el avance

Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación
Estratégica para la Mejora Continua de los Programas

Secretaría de las Mujeres

Método de cálculo

Fórmula: Pmuertes = (TMmt / PTmt)×100 000

Donde:

Pmuertes: Prevalencia de muertes violentas de mujeres

TMmt: Total de muertes violentas de mujeres registradas en un año específico

PTm: Población total de mujeres estimada para ese mismo año

Observaciones

Sin observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Total de muertes violentas de mujeres registradas en un año específico

Valor
variable 1

2,795

Fuente de
información variable
1

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP)

Disponible en:(69)

https://goo.su/G8mdwK7

Nombre variable 2

Población total de mujeres estimada para ese mismo año

Valor
variable 2

68,120,921

Fuente de
información variable
2

CONAPO. Conciliación Demográfica de
1950 a 2019 y Proyecciones de la Población
de México y de las Entidades Federativas
2020-2070.

Disponible en:(70)

https://goo.su/is6L

Sustitución en
método de cálculo

Pmuertes = (2,795 / 68,120,921) × 100 000

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

4.1

El año 2025 se establece como línea base del indicador, al corresponder con el levantamiento más reciente de información disponible.

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

3.3

La meta del indicador es anual, dado que corresponde con la periodicidad del levantamiento de la información.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5.9

5.8

5.7

5.1

5.0

4.1

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

3.9

3.8

3.6

3.4

3.3

Indicador 2.2

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

2.2 Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado alguna situación de violencia física y/o sexual por
parte de su pareja a lo largo de la relación y que fueron atendidas en una institución o presentaron una queja o
denuncia ante alguna autoridad.

Objetivo

Objetivo 2: Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y
territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución
de sus derechos.

Definición o descripción

Mide la proporción de mujeres de 15 años y más que han experimentado alguna situación de violencia física y/o sexual por
parte de su pareja a lo largo de la relación y que fueron atendidas en una institución o presentaron una queja o denuncia ante
alguna autoridad. El indicador es un proxy para medir la confianza institucional en cuanto a la atención y denuncia de las
violencias contra las mujeres.

Derecho asociado

Derecho a una vida libre de violencia establecido en el artículo 4o., de la CPEUM.

Nivel de desagregación

Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Quinquenal

Acumulado o periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Diciembre

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de los
datos

Octubre-noviembre

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable
de reportar el
avance

Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación
Estratégica para la Mejora Continua de los Programas

Secretaría de las Mujeres

Método de cálculo

Fórmula: PVfsD = (MVfsD / TMVfs) ×100

Donde:

PVfsD: Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado alguna situación de violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación y que fueron atendidas en una institución o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad.

MVfsD: Mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja y que fueron atendidas en alguna institución (salud, justicia, protección, etc.), o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad.

TMVfs: Total de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación.

Observaciones

Sin observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja y que fueron atendidas en alguna institución (salud, justicia, protección, etc.), o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad.

Valor
variable 1

1,791,419

Fuente de
información
variable 1

INEGI. Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (ENDIREH)

Disponible en:(71)

https://n9.cl/qv5y7

Nombre variable 2

Total de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación.

Valor
variable 2

8,741,392

Fuente de
información
variable 2

Sustitución en método de
cálculo

PVfsD = (1,791,419) / 8,741,392) × 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

20.5

El año 2021 se establece como línea base del indicador, al corresponder con el
levantamiento más reciente de información disponible.

Año

2021

Meta 2026

Nota sobre la meta 2026

22.0

La meta del indicador se fijará para 2026, año del próximo levantamiento programado.
El siguiente ejercicio está previsto para 2031

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20.5

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

22.0

Indicador 3.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

3.1 Proporción de sentencias de delitos sobre feminicidios.

Objetivo

Objetivo 3: Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la
implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de
procuración y administración de justicia

Definición o
descripción

Mide la proporción de los delitos por feminicidios registrados en las causas penales concluidas que han sido efectivamente
sentenciados.

Derecho asociado

Derecho al acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la CPEUM.

Nivel de
desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia
de medición

Anual

Acumulado o
periódico

Periódico

Disponibilidad de la
información

Diciembre

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección
de los datos

Enero a diciembre

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación
Estratégica para la Mejora Continua de los Programas

Secretaría de las Mujeres

Método de cálculo

Fórmula: PSDf = (TDCP/TDRP) * 100

Donde:

PSDf: Proporción de sentencias de delitos sobre feminicidios

TDCP: Total de feminicidios contenidos en las sentencias en las causas penales concluidas.

TDRP: Total de feminicidios registrados en las causas penales concluidas

Observaciones

Sin observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Total de feminicidios contenidos en las sentencias en las causas penales concluidas.

Valor variable
1

444

Fuente de
información
variable 1

INEGI. Censo Nacional de Impartición de
Justicia Estatal y Federal

Disponible en:(72)

https://n9.cl/8vwaa1

Nombre variable 2

Total de feminicidios registrados en las causas penales concluidas

Valor variable
2

974

Fuente de
información
variable 2

Sustitución en
método de cálculo

PSDf = ( 444/974) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

45.6

La información publicada en 2025 corresponde al ejercicio 2024, por lo que este último se considera como año base del indicador

Año

2024

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

52.9

Dado que la tendencia es errática la meta se reportará de manera bianual, aunque la periodicidad
de la información sea anual.

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

45.5

50.5

31.4

52.7

32.5

41.5

45.6

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

47.9

50.3

52.9

Indicador 4.1

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Nombre

4.1 Índice de Armonización Legislativa (IALE ponderado)

Objetivo

Objetivo 4. Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y
fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena
implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres

Definición o descripción

Mide el nivel de armonización del marco jurídico de las entidades federativas respecto de los estándares nacionales en materia de
igualdad sustantiva, medidas de protección, violencia vicaria y derechos laborales vinculados al cuidado y a la no discriminación

Derecho asociado

Derecho a una vida libre de violencia establecido en el artículo 4o., de la CPEUM.

Nivel de desagregación

Nacional

Periodicidad o frecuencia de
medición

Anual

Acumulado o periódico

Acumulado

Disponibilidad de la
información

Diciembre

Unidad de medida

Porcentaje

Periodo de recolección de
los datos

Enero a diciembre

Tendencia esperada

Ascendente

Unidad responsable de
reportar el avance

Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación
Estratégica para la Mejora Continua de los Programas

Secretaría de las Mujeres

Método de cálculo

Donde:

Puntuación obtenida por la entidad en cada tema

Observaciones

Temas

A. Constitución Estatal

o Procuración de justicia (principios rectores sobre género)

o Fiscalías especializadas en violencia contra mujeres

B. Ley Estatal para la Igualdad

o Brecha salarial

C. Ley de Acceso

o Registro Nacional de Medidas de Protección

o Medidas de Protección

o Violencia vicaria (Ley de Acceso)

D. Código de Procedimientos Civiles

o Violencia vicaria (ámbito civil/procesal)

E. Ley de Trabajadores del Estado (consolidado)

o Igualdad laboral y cuidados (brecha salarial pública + licencias de maternidad y paternidad)

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre variable 1

Suma de la puntuación obtenida por la entidad en cada tema (presente, mayormente presente, parcialmente presente ligeramente presente)

Valor
variable 1

138

Fuente de
información
variable 1

Coordinación de Enlace Legislativo
para la Perspectiva de Género de la
Secretaría de las Mujeres

Nombre variable 2

8 temas × 1 punto = 8 puntos

Valor
variable 2

320

Fuente de
información
variable 2

Coordinación de Enlace Legislativo
para la Perspectiva de Género de la
Secretaría de las mujeres

Sustitución en método
de cálculo

IALE ponderado= (138/320) *100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

43.1%

Este será un indicador que se calculará por primera vez por la Secretaría de las Mujeres, por
lo cual la línea base es 43.1%.

Año

2025

Meta 2030

Nota sobre la meta 2030

100%

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

43.1

METAS

2026

2027

2028

2029

2030

100

9. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Comisión Nacional de Vivienda

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Instituto Mexicano de la Juventud

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Secretaría de Bienestar

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Secretaría de Cultura

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Secretaría de Economía

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de las Mujeres

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Salud

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Turismo

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

9.1 Instituciones integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres (SNPASEVM)

Secretaría de las Mujeres

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Bienestar

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Fiscalía General de la República

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Cultura

Secretaría de Salud

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Personas titulares de los gobiernos de las entidades federativas

Instituto Nacional Electoral.

___________________________________

1 Plan Nacional de Desarrollo 2025- 2030 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v250226_14.pdf, (consulta: 27 de marzo de 2026).

2 Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487366/33_RMEX.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

3 Encuesta Nacional Sobre Discriminación ENADIS 2022: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

4 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

5 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

6 Ibidem

7 Ibidem

8 Ibidem

9 Ibidem

10 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

11 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

12 Ibidem

13 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

14 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

15 Ibidem

16 Ibidem

17 Ibidem

18 Ibidem

19 Ibidem

20 Ibidem

21 Ibidem

22 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

23 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

24 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

25 Consejo Nacional de Población, Sistema de indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Informe Principales Resultados 2018-2024, en https://conapo.segob.gob.mx/work/models/CONAPO/Datos_Abiertos/SaludSexualyReproductiva/INF_ResultSIMS_2018_2024_17122024.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

26 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Indicadores de Género de México 2024, ONU Mujeres: https://mexico.un.org/sites/default/files/2025-02/agenda2030_2024.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

27 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

28 Ibidem

29 Ibidem

30 Ibidem

31 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

32 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

33 Ibidem

34 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

35 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: el 12 de marzo de 2026).

36 Ibidem

37 Ibidem

38 Ibidem

39 Ibidem

40 Ibidem

41 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2025: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

42 CONAVIM 2019 - 2024: https://www.gob.mx/conavim/documentos/resultados-conavim-2019-2024-el-primer-sexenio-de-la-cuarta-transformacion-2019-2024-el-primer-sexenio-de-la-cuarta-transformacion, (consulta: el 12 de marzo de 2026).

43 CNDH, Atlas de Igualdad y Derechos Humanos 2022: https://observatorio.cndh.org.mx/atlas/1?indicator_id=294&show_time=0, (consulta: 12 de marzo de 2026).

44 Si bien los datos registrados por el Secretariado Ejecutivo no se encuentran desagregados por sexo, es necesario destacar que la violencia familiar tiene diversos componentes de género, por lo que mayoría de las víctimas son mujeres. Adicionalmente, la Ley General de Acceso a las Mujeres una Vida Libre de violencia es de aplicación supletoria a los tipos penales.

45 Informe de violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2026:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1020106/compress-Info-delict-violencia_contra_las_mujeres_Ene26.pdf (consulta: 12 de marzo de 2026)

46 Ibidem

47 Ibidem

48 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2025: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

49 Ibidem

50 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

51 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

52 Sistema de indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (SIMS-ENAPEA) Informe de principales resultados 2018-2024 https://conapo.segob.gob.mx/work/models/CONAPO/Datos_Abiertos/SaludSexualyReproductiva/INF_ResultSIMS_2018_2024_17122024.pdf (consulta: 12 de marzo de 2026).

53 Ibidem.

54 Ibidem.

55 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

56 Ibidem.

57 El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2025 ya se encuentra disponible en el sitio oficial, no obstante, no se hace referencia a este, toda vez que la información publicada carece de datos de la Ciudad de México, por lo que los datos que refleja no son representativos.

58 Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024: www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnpje/2024/doc/cnpje_2024_resultados.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

59 Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

60 Ibidem

61 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

62 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

63 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

64 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Rogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

65 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

66 Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/cnpjf/cnpje-f2025-DI_RR.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026).

67 A partir de los datos abiertos de tabulados se realizaron los cálculos con la información del índice 12 Acoso personal y violencia sexual de la ENSU.

68 A partir de los datos abiertos de tabulados se realizaron los cálculos con la información del índice 13 relaciones familiares de la ENSU.

69 A partir de los datos abiertos de tabulados se realizaron los cálculos con la información del SESNSP.

70 A partir de los datos abiertos de tabulados se realizaron los cálculos con la información de la proyección de la población realizada por el CONAPO.

71 A partir de los datos abiertos de tabulados se realizaron los cálculos con la información de la Distribución de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación, por las acciones que tomó debido a la violencia experimentada de la ENDIREH.

72 A partir de los datos abiertos de la sección Impartición de justicia en materia penal del CNIJE se realizaron los cálculos correspondientes para la generación del indicador.