SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 125/2024, así como el Voto Concurrente de la señora Ministra Sara Irene Herrerías Guerra.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 125/2024

PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

PONENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO

SECRETARIO: LUIS FELIPE RUIZ MARTÍNEZ LASSO

COLABORÓ: GABRIELA PONCE BÁEZ

ÍNDICE TEMÁTICO

Antecedentes: La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Hidalgo, por la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de este Estado, en particular, respecto de los artículos 180, 182, fracciones I y V, 183, en su porción normativa: "el Acuerdo en materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", 187, en su porción normativa: "el Acuerdo de Disposiciones en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", y 190, en la porción normativa: "y en los acuerdos generales que al efecto se expidan por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura", de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, expedida mediante Decreto 885 publicado en el Periódico Oficial de la mencionada entidad el 9 de mayo de 2024, al considerar que vulneraban los principios de legalidad y seguridad jurídica, de reserva de ley y de supremacía constitucional.

Propuesta: Se propone declarar la invalidez de las normas antes señaladas, dado que no se ajustan al texto constitucional.

En el caso del artículo 180 de la Ley impugnada, se considera inconstitucional, dado que establece diversas conductas que constituyen causas de responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; sin embargo, omite clasificar dichas faltas en graves y no graves, lo que vulnera, por un lado, el principio de supremacía constitucional, tutelado por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues del contenido del artículo 109, fracción III, de la propia Ley Fundamental se desprende que dicha clasificación es constitucionalmente exigible, no sólo para efectos sustantivos, sino también para fines procesales, para la determinación de las sanciones aplicables y, además, para la operatividad de los plazos de prescripción previstos en el artículo 114 del propio ordenamiento constitucional.

Respecto de los artículos 183 en su porción normativa: "el Acuerdo en materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", 187 en lo relativo a "el Acuerdo de disposiciones en materia de responsabilidades administrativas del Poder Judicial" y 190 en lo atinente a "y en los acuerdos generales que al efecto se expidan por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura", resultan contrarios a lo dispuesto en los Títulos Cuarto y Quinto de la Constitución, en particular, a los artículos 109, fracción III, y 116, fracciones III y V.

Lo anterior, porque no es constitucionalmente aceptable que los procedimientos, mecanismos y demás relativos a la investigación y aplicación de las "sanciones", deriven de acuerdos que emita el Pleno del Consejo de la Judicatura de la entidad federativa; en tanto que es claro el mandato constitucional de que ello debe estar plasmado en la Constitución local y en la legislación secundaria respectiva, no en regulación infralegal.

Sobre las sanciones contenidas en el artículo 182, fracciones I y V, de la Ley que se impugna, también son inconstitucionales. En principio, porque el apercibimiento privado o público no se encuentra previsto en el catálogo establecido en el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas y por ende, contraviene el parámetro de regularidad constitucional aplicable en materia de responsabilidades administrativas, así como las bases mínimas que debe cumplir todo régimen administrativo disciplinario.

Por otro lado, la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público resulta contraria al principio de exacta aplicación de la ley, en su vertiente de taxatividad, consagrado en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución, porque impide que la persona destinataria de la norma conozca con certeza el alcance temporal de la sanción y, al mismo tiempo, otorga a la autoridad un margen de discrecionalidad incompatible con el parámetro de regularidad constitucional que rige el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado.

En consecuencia, dada la inconstitucionalidad de los preceptos y porciones normativas impugnadas, debe declararse su invalidez y que la misma surta efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Hidalgo.

	APARTADO	CRITERIO Y DECISIÓN	PÁGS.
I.	COMPETENCIA	El Tribunal Pleno es competente para conocer del presente asunto.	6
II.	PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS	Se tienen por impugnadas las porciones normativas que se precisan.	7
III.	OPORTUNIDAD	El escrito inicial es oportuno.	9
IV.	LEGITIMACIÓN	El escrito inicial fue presentado por parte legitimada.	9
V.	CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO	Se declaran infundadas.	10
VI.	ESTUDIO DE FONDO	Se declara la invalidez de las normas impugnadas, al resultar contrarias al texto constitucional, pues vulneran los principios de supremacía constitucional y de exacta aplicación de la ley, en su vertiente de taxatividad, además de que la regulación de las sanciones no puede quedar sujeta a disposiciones de carácter infralegal.	12
VII.	EFECTOS	Se declara la invalidez de las normas impugnadas. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Hidalgo.	39
	RESOLUTIVOS	PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 180, 182, fracciones I y V, 183, en su porción normativa: "el Acuerdo en materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", 187, en su porción normativa: "el Acuerdo de Disposiciones en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", y 190, en la porción normativa: "y en los acuerdos generales que al efecto se expidan por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura", de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, expedida mediante Decreto 885 publicado en el Periódico Oficial de la mencionada entidad el 9 de mayo de 2024. TERCERO. Se declara la invalidez, por extensión, del artículo 124, fracción XXVIII, en su porción normativa: "en los reglamentos y acuerdos que el Consejo dicte en materia disciplinaria"; de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. CUARTO. Las declaratorias de invalidez decretadas surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Hidalgo, en los términos precisados en los últimos apartados de esta sentencia. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial de dicho Estado, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.	39

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 125/2024

PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

VISTO BUENO

PONENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO

COTEJÓ

SECRETARIO: LUIS FELIPE RUIZ MARTÍNEZ LASSO

COLABORÓ: GABRIELA PONCE BÁEZ

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 27 de abril de 2026(1), emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 125/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, expedida mediante Decreto 885 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 9 de mayo de 2024.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El 10 de junio de 2024, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad impugnando los artículos 180, 182, fracciones I y V, 183, en su porción normativa: "el Acuerdo en materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", 187, en su porción normativa: "el Acuerdo de Disposiciones en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", y 190, en la porción normativa: "y en los acuerdos generales que al efecto se expidan por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura", de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, expedida mediante Decreto 885 publicado en el Periódico Oficial de la mencionada entidad el 9 de mayo de 2024(2).

2. Conceptos de invalidez. En dicho escrito se expuso como concepto de invalidez, el que se sintetiza enseguida:

ÚNICO. Los artículos impugnados vulneran los principios a la seguridad y legalidad jurídica, de reserva de ley, así como de supremacía constitucional, dado que no se ajustan a las bases constitucionales previstas en el Título Cuarto de la Constitución, que regulan las responsabilidades de las personas servidoras públicas y que son igualmente aplicables a quienes se sujetan al régimen de disciplina judicial.

Derivado de la reforma constitucional en materia anticorrupción de 2015, se estableció un sistema en materia de responsabilidades administrativas que busca la homogeneización de los regímenes federales y locales. En lo que se refiere a los poderes judiciales de las entidades federativas, se replicó un modelo aplicable a los regímenes de disciplina judicial y de permanencia, que se desprende del artículo 116, fracción V, constitucional.

El legislador hidalguense incluyó un título dedicado a prever un modelo diferenciado y especializado de responsabilidad administrativa que atiende a la función judicial, pero no se adecúa a las bases y principios en la materia.

El artículo 180 de la Ley impugnada enlista las conductas que serán consideradas como faltas administrativas cuando sean llevadas a cabo por personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; sin embargo, omitió clasificar las conductas en función de su gravedad, a pesar de que es un presupuesto necesario exigido en la Constitución General.

El catálogo establecido por el legislador no se encuentra clasificado en función de la gravedad de las conductas prohibidas, sumado a que no se identifica en el precepto reclamado ni en ninguna otra disposición de la ley de forma cierta, cuál o cuáles de todas las hipótesis que describe son consideradas graves o no graves.

La Ley impugnada solamente prevé qué autoridad o autoridades serán las competentes para recibir, investigar, sustanciar, resolver y ejecutar las faltas administrativas y sus respectivas sanciones, cometidas por los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial local.

Lo anterior rompe con el esquema que previó el Poder Reformador de la Constitución, pues existe un claro mandato a que ese tipo de faltas deben ser clasificadas en función de su gravedad, ya que lo anterior podría transcender para la valoración de la imposición de la sanción.

Se deja en incertidumbre jurídica a los destinatarios de la norma, ya que los servidores públicos no sabrán con certeza cómo será clasificada la conducta cometida, pues los aplicadores de la norma podrán actuar con discrecionalidad, para calificar la falta e imponer la sanción, que puede resultar desproporcionada.

Los artículos 183, en su porción normativa: "el Acuerdo en materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", 187, en su porción normativa "el Acuerdo de Disposiciones en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", y 190, en su porción normativa "y en los acuerdos generales que al efecto se expidan por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura", se traducen en un claro distanciamiento con las bases constitucionales en materia de faltas administrativas de los servidores públicos.

Esas disposiciones coinciden en que delegan a ordenamientos infralegales cuestiones inherentes a la tramitación e imposición de sanciones por responsabilidades de las personas servidoras públicas, tales como: la valoración de la falta y su sanción; el procedimiento de responsabilidad administrativa; los términos y prescripción en la imposición de sanciones; los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa tratándose de auxiliares de la justicia.

Es decir, se permitió que los procedimientos y demás cuestiones procesales relevantes para la imposición de la consecuencia jurídica por la comisión de infracciones se encuentren previstos en un ordenamiento distinto a una ley, en específico, en los acuerdos generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la entidad, lo que no es acorde con el sistema general en la materia.

El Poder Reformador fue explícito en establecer la regla de que los procedimientos para la investigación y sanción de los actos u omisiones deben estar previstos en una ley formal y material, incluso las hipótesis de prescripción, en los artículos 109, fracción III, 114, último párrafo, y 116, fracciones III y V de la Constitución Federal.

El artículo 182 de la Ley en estudio, establece las sanciones que se podrán aplicar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial hidalguense que incurran en faltas administrativas, en específico, dos de ellas conciernen a: el apercibimiento privado o público; y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Dichas sanciones no guardan conformidad con las bases fundamentales en materia de responsabilidades administrativas para las personas servidoras públicas.

El apercibimiento privado o público no cuenta con sustento constitucional, ya que el artículo 109, fracción III, de la Constitución, precisa cuáles serán las sanciones que se podrán imponer a las personas servidoras públicas, las cuales son: amonestación; suspensión; destitución, inhabilitación; y sanciones económicas.

Estas sanciones no pueden ser variadas o modificadas por el legislador local, por lo que el hecho de que el legislador haya adicionado una sanción en la Ley local que no se encuentra prevista en el parámetro de regularidad constitucional, genera una inconsistencia en el sistema de responsabilidades que se buscó implementar, vulnerando el principio de supremacía constitucional.

En cuanto a la sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, a pesar de señalar que será temporal, lo cierto es que no prevé el parámetro mínimo ni máximo sobre el cual se decidirá su duración.

Lo anterior, vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad en materia de derecho administrativo sancionador. La fracción impugnada es imprecisa, al no establecer plazos sobre los cuales se determinará el tiempo que durará la sanción impuesta, lo que es arbitrario y puede provocar que la sanción no sea proporcional al bien jurídico afectado.

No existe un parámetro objetivo sobre el cual se vaya a definir la temporalidad de la sanción, lo que hace evidente que la autoridad podría imponer la sanción que considere pertinente, pudiendo caer en casos en los que se sancione con 1 o 2 días, o de 1 a 50 años.

3. Admisión y trámite. Por acuerdo de 17 de junio de 2024(3), la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte dio cuenta de la demanda presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asignándole el número de expediente 125/2024 y designando como instructor del procedimiento al entonces Ministro Javier Laynez Potisek.

4. Mediante acuerdo de 11 de julio de 2024(4), el entonces Ministro Instructor admitió a trámite la demanda; solicitó el informe correspondiente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo, y le dio vista del asunto al Fiscal General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que hasta antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.

5. Informe del Poder Ejecutivo Estatal. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el 19 de agosto de 2024(5), el Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de Hidalgo, rindió el informe solicitado, en el que manifestó en esencia, lo siguiente:

De conformidad con los artículos 51 y 71, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo tuvo a bien promulgar y ordenar la impresión, publicación y circulación para su exacta observancia y debido cumplimiento del Decreto impugnado.

En estricto apego a lo que mandata la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la persona titular del Poder Ejecutivo llevó a cabo la proclamación formal de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, aprobada por el Congreso del Estado, misma que derivó de un conjunto de iniciativas y cuyo análisis corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, por lo que el Gobernador constitucional instruyó se publicara en el Periódico Oficial del Estado, a efecto de darle la fuerza obligatoria para el inicio de vigencia, ello dentro de sus facultades en el proceso legislativo correspondiente.

6. Informe del Poder Legislativo Estatal. Mediante oficio recibido el 23 de agosto de 2024(6) en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Director General de la Coordinación de Asesoría en representación del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, rindió el informe solicitado, en el que expuso esencialmente lo siguiente:

Es constitucionalmente válido que el Congreso haya expedido una Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla los elementos para fincar responsabilidades administrativas que constituyen los parámetros de permanencia en el cargo y formación, las cuales son fortalecidas en el "Acuerdo de disposiciones en materia de responsabilidades administrativas del Poder Judicial" y otros acuerdos que regulan su vida interna.

La autoridad debe dar certeza al gobernado para que su persona, bienes y posesiones sean protegidos por cualquier acto lesivo que, en su perjuicio pudiera generar el poder público, sin mandamiento de autoridad competente, fundado y motivado, acorde con los procedimientos en los que se cumplan las formalidades legales.

Es infundado que las normas impugnadas dejen a la autoridad un margen de arbitrariedad en la aplicación de la ley, ya que fortalecen las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que son aplicables a quienes ejercen una función judicial, adicionales a las previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, sujetándose a los procedimientos y términos que esa ley establece.

7. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon pedimento ni manifestación alguna.

8. Alegatos. Las partes no formularon alegatos.

9. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, por acuerdo de 21 de noviembre de 2024(7), se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

10. Returno. Toda vez que en sesión de 1 de septiembre de 2025 tomaron protesta las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, mediante proveído de 4 de septiembre de 2025(8), se turnó este asunto al Ministro Irving Espinosa Betanzo.

I. COMPETENCIA

11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General(9) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(10), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de 3 de septiembre de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de ese mismo mes y año, toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas de rango constitucional y una Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

12. Del análisis al escrito presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se advierte que se impugnan los artículos 180, 182, fracciones I y V, 183, en su porción normativa: "el Acuerdo en materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", 187, en su porción normativa "el Acuerdo de Disposiciones en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", y 190, en la porción normativa "y en los acuerdos generales que al efecto se expidan por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura", de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, expedida mediante Decreto 885 publicado en el Periódico Oficial de la mencionada entidad el 9 de mayo de 2024, los cuales se reproducen a continuación:

Artículo 180.- Serán causas de responsabilidad para las personas servidoras públicas del Poder Judicial, además de las enmarcadas en la ley de responsabilidades en la materia, las siguientes:

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo u otro Poder;

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial;

III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

IV. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan en los procedimientos;

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidas;

VI. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes;

VII. No poner en conocimiento de la persona titular del Tribunal Superior de Justicia y de la persona titular de la Secretaría General, cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial;

VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores o ir en contra de alguno de estos;

IX. Abandonar la residencia del Tribunal o Juzgado del Distrito al que esté adscrita o dejar de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo, sin previo aviso ni autorización de quien esté facultado para otorgarlo;

X. Condicionar, solicitar o recibir dádivas, préstamos, obsequios u obtener cualquier clase de percepciones provenientes directa o indirectamente, de alguna de las partes o de sus representantes, en negocio sometido a su conocimiento o en el que hayan de intervenir en el ejercicio de sus actividades;

XI. Las previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo o la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional;

XII. Incumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda y de informes de labores y de gestión;

XIII. La omisión a que se refiere el Artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales;

XIV. Llevar a cabo una o más conductas de acoso sexual u hostigamiento sexual, valiéndose de su posición jerárquica o aunque no exista dicha posición, sobre otra persona de su entorno laboral, sin el consentimiento de ésta, que atente contra su dignidad; y

XV. Las demás que determinen otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 182.- Las sanciones indistintamente aplicables a las faltas en que incurran las personas servidoras públicas del Poder Judicial, consistirán en:

I. Apercibimiento privado o público;

(...)

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y (...)

Artículo 183.- Las faltas serán valoradas y en su caso sancionadas, de conformidad a esta Ley, el Acuerdo en materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial. Cuando se incurra en algún delito, la persona autorizada para ello, podrá presentar denuncia o querella ante el Ministerio Público.

Artículo 187.- El procedimiento de responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, los términos y prescripción en la imposición de sanciones, obedecerá a lo señalado en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, el Acuerdo de Disposiciones en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 190.- La responsabilidad administrativa en que puedan incurrir los auxiliares de la justicia se dirimirá en los mismos términos establecidos en este capítulo, a partir de procedimientos de investigación y de procedimientos de responsabilidad administrativa previstos en esta ley y en los acuerdos generales que al efecto se expidan por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura.

Para el efecto de los términos y prescripciones para la imposición de sanciones, se estará a lo señalado en la normatividad en materia de responsabilidades administrativas aplicable.

III. OPORTUNIDAD

13. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General(11) (de ahora en adelante, la "Ley Reglamentaria de la materia"), el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial y, en caso de que el último día del referido plazo sea inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

14. En el caso, el Decreto 885 que contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se publicó en el Periódico Oficial de ese Estado el 9 de mayo de 2024, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del 10 de mayo al 8 de junio de 2024. Dado que el último día del plazo fue inhábil, la acción de inconstitucionalidad se presentó mediante el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el primer día hábil siguiente, esto es, el 10 de junio de 2024; por lo que es inconcuso que la demanda es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

15. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o estatales que estime vulneran derechos humanos.(12)

16. La demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calidad que acreditó con la copia certificada del acuerdo de designación de 12 de noviembre de 2019, expedido por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República, por el período que comprende del 16 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de 2024 y acorde con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(13), ejerce la representación legal de ese órgano autónomo y, de igual forma, cuenta con la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad.

17. Conviene precisar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que la disposición reclamada de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo vulnera los principios de seguridad y legalidad jurídica, de reserva de ley, así como de supremacía constitucional, por lo que es evidente que la Comisión accionante se encuentra legitimada en el presente caso.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

18. Si bien los poderes demandados, al rendir sus informes, no señalaron apartados específicos sobre causas de improcedencia y sobreseimiento, se advierte que el Poder Ejecutivo estatal indicó que el Gobernador promulgó la Ley impugnada de conformidad con las atribuciones que le confieren los artículos 51 y 71, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.

19. En consecuencia, si bien este argumento no es propiamente una causa de improcedencia, al indicar que emitió la ley únicamente en cumplimiento a sus atribuciones legales, se debe señalar que sobre este tipo de argumento ha sido criterio de este Alto Tribunal, que el Ejecutivo local, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que debe responder por la validez de sus actos.

20. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES".(14)

21. Así, al no existir otro motivo de improcedencia planteado en la acción de inconstitucionalidad ni advertirse alguno de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

22. En su único concepto de invalidez, la promovente afirma que el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo omitió clasificar las conductas que sanciona en función de su gravedad, a pesar de que es un presupuesto que exige la Constitución Federal. Esto es, dicho numeral establece un catálogo de responsabilidades administrativas de los servidores públicos sin precisar cuáles son graves y cuáles no.

23. Afirma que los artículos 183 en su porción normativa: "el Acuerdo en materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial", 187 en lo relativo a "el Acuerdo de disposiciones en materia de responsabilidades administrativas del Poder Judicial" y 190 en lo atinente a "y en los acuerdos generales que al efecto se expidan por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura", son inconstitucionales en tanto que el mandato reconocido en el artículo 109 Constitucional, es claro en cuanto a que los procedimientos de investigación y sanción en que puedan incurrir los servidores públicos, deben estar contenidos en una ley y no en acuerdos como es el caso.

24. Expone que el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, es inconstitucional, en virtud de que la sanción consistente en "apercibimiento privado o público" no se encuentra contemplada en el catálogo de sanciones previstas en el artículo 109 de la Constitución Federal, generando con ello una transgresión al principio de supremacía constitucional.

25. Finalmente, alega que la sanción consistente en la "inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público" vulnera el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia de derecho administrativo sancionador, en virtud de que no prevé el parámetro mínimo ni máximo sobre la duración de dicha sanción.

26. Ante la cuestión efectivamente planteada por la demandante, el presente estudio se encargará de dar respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿Resulta inconstitucional el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, al prever un catálogo de sanciones sin distinguir si las conductas sancionadas revisten o no el carácter de graves?

- ¿Puede una legislación estatal en materia de responsabilidades administrativas delegar la delimitación de los procedimientos y de las sanciones a instrumentos como los acuerdos generales?

- ¿La sanción administrativa consistente en "apercibimiento privado o público" se ajusta al catálogo de sanciones previsto en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

- ¿La sanción administrativa consistente en la "inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público", al no establecer un parámetro normativo que delimite su duración, vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad?

27. De inicio, es necesario destacar que las normas impugnadas conforman un sistema normativo que rige las responsabilidades administrativas de los integrantes del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, por lo que, para poder dar respuesta a esas interrogantes, resulta necesario referir al parámetro de regularidad constitucional de la materia de responsabilidades administrativas y algunos de los criterios que este Tribunal Pleno ha sustentado en este respecto en varios precedentes, tal como en la acción de inconstitucionalidad 183/2020(15).

28. El 27 de mayo de 2015, se reformaron, entre otros, los artículos 108; 109; 73, fracciones XXIX-H y XXIX-V; 113 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de crear un sistema uniforme de combate a la corrupción en materia de responsabilidades de los servidores públicos en los tres ámbitos de gobierno y la distribución de competencias.

29. En particular, mediante la reforma a la fracción XXIX-V del artículo 73 constitucional,(16) en relación con el artículo segundo transitorio(17) del decreto respectivo, se facultó al Congreso de la Unión para emitir, entre otras, la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, el artículo cuarto transitorio(18) estableció que las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, debían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la ley general.

30. Esta reforma constitucional ha sido materia de análisis por este Tribunal Pleno en distintas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, en las que se analizaron cuestiones relacionadas con el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o temas afines.(19)

31. En dichos precedentes se ha expuesto que en los artículos transitorios de la reforma aludida se estableció una "mecánica transicional" para la transformación de los sistemas federal y locales en la materia, misma que parte de la base que tanto en lo que se refiere a la coordinación del sistema anticorrupción, como la distribución de competencias entre los distintos órdenes en materia de responsabilidades administrativas, se requería de la emisión por parte del Congreso de la Unión de las leyes generales correspondientes, dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Decreto de reforma constitucional.

32. También se ha señalado que, conforme al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados, se advierte que fue intención concreta e integral del Constituyente, lo siguiente:

(...) crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. (...) el sistema nacional de fiscalización, en términos del proyecto, se inscribe como un subsistema consolidado y autónomo pero funcionando como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, de forma tal que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción, no se llevarán a cabo de forma aislada o fragmentada, sino como un sistema integral articulado para prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, sea que éstas deriven del ejercicio indebido de los recursos públicos o bien, del incumplimiento de responsabilidades públicas que no se vinculan necesariamente con la hacienda pública (...) De igual forma, la idoneidad de la medida también se justifica por su alcance nacional: las entidades federativas deberán establecer sistemas locales anticorrupción, aspecto derivado de las iniciativas dictaminadas. Es así que estos sistemas locales servirán como mecanismos de coordinación para el diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la promoción de la integridad pública. (...) el Sistema pretende homologar acciones entre los diferentes órdenes de gobierno para la generación de mayores estándares de integridad pública y combate a la corrupción. No obstante, este objetivo no podrá alcanzarse sin mecanismos de coordinación efectivos. Con la finalidad de dotar al Sistema del marco jurídico necesario para su adecuado funcionamiento, se considera indispensable complementar el marco constitucional con la facultad del Congreso de la Unión, en su carácter de autoridad del orden constitucional, de emitir una ley general que establezca las bases de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en las materias objeto del presente dictamen.(20)

33. Conforme a este diseño constitucional, el Pleno ha señalado que no existe prohibición para que los Estados emitan leyes que regulen la materia de responsabilidades administrativas en el ámbito local. Incluso, existe un mandato expreso para que las entidades federativas expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes para armonizar su régimen local de responsabilidades administrativas, siempre que ello esté ajustado a los parámetros previstos en la Ley General respecto de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, obligaciones, sanciones, así como los procedimientos para su aplicación.(21)

34. Ahora bien, mediante Decreto publicado el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión expidió, entre otras,(22) la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX-V constitucional y el segundo transitorio de la citada reforma.(23)

35. Conforme a su artículo 1º, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.(24)

36. De forma relevante, el artículo 3 de dicha Ley General definió las faltas administrativas de los servidores públicos, las cuales clasificó como no graves y graves(25) con base en la distinción del artículo 109 constitucional(26) y estableció que las primeras serán sancionadas por la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal o sus homólogos en las entidades federativas;(27) mientras que las segundas serán resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus homólogos en las entidades federativas.(28) De este modo, la Ley General estableció las conductas que actualizan faltas no graves (artículos 49 y 50), las faltas graves (artículos 52 a 64 Ter) y los actos de particulares relacionados con faltas graves (artículos 65 a 72), así como el sistema de sanciones para cada tipo de falta (artículos 75 a 83).

37. En relación con la regulación de las faltas administrativas, en la acción de inconstitucionalidad 115/2017(29) -en la que se analizó la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes que ampliaba el catálogo de faltas no graves previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas-, el Pleno consideró que las legislaturas locales no pueden modificar aspectos relacionados íntimamente con la competencia y, por tanto, no deben prever un catálogo o supuestos diversos de faltas no graves al ya previsto por la Ley General, en tanto que dichas disposiciones podrían trastocar las competencias de los órganos mencionados previamente y su correlación dentro del Sistema de Anticorrupción.

38. Además se señaló que "la regulación de los aspectos inherentes como los sujetos obligados, las autoridades competentes, las infracciones administrativas, las sanciones, y los procedimientos de investigación, sustanciación y sanción, son competencia exclusiva del Congreso de la Unión mediante la emisión de la ley general, en el caso específico, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siendo facultad del legislador local poder replicar, adaptar, o parafrasear su contenido en la norma propia, sin posibilidad de modificarla y, aun menos, contrariarla".(30)

39. Las anteriores consideraciones se reiteraron al resolver la acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, en la que además se señaló que: "la Ley General de Responsabilidades Administrativas expedida por el Congreso de la Unión, sólo preserva una competencia residual muy limitada para las legislaturas locales, en tanto que dicho ordenamiento, en esencia, contiene todo lo necesario para operar a nivel nacional un sistema homogéneo de responsabilidades administrativas, sin mayores espacios para disminuir, modificar o ampliar los alcances de las previsiones sustantivas y procedimentales contenidos en ella".(31)

40. Siguiendo el mismo criterio, en la controversia constitucional 210/2019, el Tribunal Pleno invalidó un precepto de la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Quintana Roo, en el que se adicionó como falta administrativa grave una conducta no prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, respecto de lo cual se indicó que "las legislaturas locales no pueden modificar aspectos relacionados íntimamente con la competencia y, por tanto, no deben prever supuestos diversos de faltas graves a los ya previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas en tanto que dichas disposiciones podrían trastocar las competencias de órganos y su correlación dentro del Sistema Anticorrupción".(32)

41. En la acción de inconstitucionalidad 183/2020, se estudió la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios. En línea con los precedentes referidos, por un lado, el Tribunal Pleno invalidó el artículo 15, el cual establecía que el incumplimiento de las disposiciones previstas en dicha ley y las responsabilidades administrativas que deriven, tendrían el carácter de faltas administrativas graves para efectos de la ley de responsabilidades local. Por otro lado, se desestimó la propuesta de invalidar el artículo 12, que adiciona una serie de supuestos de responsabilidad para servidores públicos.

42. Como en el caso se impugna el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, el parámetro de regularidad constitucional no debe ser acotado al artículo 109, sino armonizado con lo dispuesto en los artículos 94 y sobre todo el 116 Constitucionales.

43. En ese sentido, el artículo 94, párrafo segundo,(33) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es sumamente claro en acotar que la "disciplina" del Poder Judicial de la Federación, estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial en los términos que conforme a las bases que señala la propia Constitución establezcan las leyes.

44. Esto último se traduce en que dicho régimen de responsabilidades administrativas, deberá sujetarse necesariamente a lo dispuesto tanto en las bases que señala la propia Constitución, como a lo que establezcan las leyes.

45. Sobre esta última cuestión, es importante destacar que el artículo 109 constitucional, en lo que se refiere al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, incluye en su tercer párrafo una importante salvedad, en los términos siguientes:

"(...) Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos."

46. La remisión anterior al artículo 94 constitucional, por un lado, es útil para reiterar las competencias específicas que la Carta Magna asigna en materia de responsabilidades administrativas en el Poder Judicial de la Federación, en cuanto a qué autoridad debe hacerse cargo de la investigación, substanciación y sanción de las respectivas faltas, esto es, el Tribunal de Disciplina Judicial.

47. A la vez, la norma constitucional referida, permite inferir cierta equiparación entre la materia de responsabilidades administrativas y la denominada disciplina judicial.

48. De igual forma, la remisión al artículo 94 constitucional fortalece la premisa de que los factores asociados a la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación estarán sujetos a lo previsto en las leyes respectivas, dentro de las cuales no necesariamente se hace referencia, ni menos en exclusiva, a la Ley que debe expedir el Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución.(34)

49. La Constitución Federal acepta un régimen de responsabilidades administrativas aplicable en específico a quienes sirven al Poder Judicial de la Federación y que puede, en parte, ser diferenciado del régimen de responsabilidades administrativas que, en estricto sentido, se regula en los artículos 73, fracciones XXIX-H y XXIX-V, y 109, fracciones III y IV, de la Carta Magna para servidores públicos de otros poderes y entes públicos, lo que no exime el hecho de que, en su diseño, dicho régimen especializado de responsabilidades administrativas deba observar las bases constitucionales y las leyes que le resulten aplicables(35).

50. Bajo ese contexto, dicho régimen de responsabilidades administrativas aplicable a miembros del Poder Judicial Federal está sujeto, por un lado, a las bases aplicables contenidas en la Constitución Federal; y, por el otro, a lo que, en atención a dichas bases, establezcan las leyes correspondientes.

51. En ese alcance, ese universo de legislación secundaria podría, por ejemplo, incluir la legislación orgánica, la legislación especializada en responsabilidades administrativas o, incluso, a lo dispuesto expresamente sobre dicho régimen en la legislación que sobre responsabilidades administrativas se expida en términos del artículo 73, fracción XXIX-V, y del Título Cuarto de la Constitución Federal.

52. Lo destacado es que el referido régimen de responsabilidades administrativas, atendiendo a su naturaleza especializada, puede contemplar en su diseño tanto responsabilidades administrativas en sentido estricto, susceptibles de ser cometidas por cualquier servidor público, como responsabilidades propias de la función jurisdiccional (también de orden administrativo, en sentido amplio, pero afines a la especialidad judicial).

53. En lo que corresponde a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, la Constitución Federal replicó también un modelo similar, en lo aplicable al régimen de responsabilidades administrativas, el artículo 116, fracciones III y V, refiere:

Art. 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

(...)

III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.

La independencia de las magistradas y los magistrados y juezas y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía; la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y de un órgano de administración judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, conforme a las bases establecidas en esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación; así como del ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

Las Magistradas y los Magistrados y las juezas y los jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a IV del párrafo segundo del artículo 97 de esta Constitución y los demás que establezcan las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados. No podrán ser Magistradas o Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de titular de Secretaría o su equivalente, Fiscal o Diputada o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria respectiva por el Congreso local.

Las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales se realizarán conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación en lo que resulte aplicable, estableciendo mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios de evaluación y selección que garanticen la participación de personas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes profesionales y académicos en el ejercicio de la actividad jurídica.

Las y los magistrados y las y los jueces durarán en el ejercicio de su encargo nueve años, podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.

Las magistradas y los magistrados y las juezas y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo.

(...)

V.- (...)

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos;

(...).

54. En suma, existen cláusulas constitucionales que facultan tanto al Congreso Federal como a los Congresos locales para desarrollar, conforme a las bases constitucionales, leyes que regulen el régimen de responsabilidades administrativas de quienes sirvan, respectivamente, a los Poderes Judiciales federal y locales; régimen que, sin duda, incluye lo relativo a la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas.

55. De hecho, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, expedida por el Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción XXIX-V,(36) de la Constitución Federal, reconoce la existencia tanto del régimen de responsabilidades administrativas aplicable en específico a quienes sirven al Poder Judicial de la Federación como de los distintos regímenes que deben existir en la materia para los Poderes Judiciales locales.

56. En efecto, el artículo 9, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone lo siguiente:

Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:

[...]

V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de las Personas Servidoras Públicas de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan:

a) Tratándose del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de Disciplina Judicial conforme al régimen establecido en los artículos 94, 100 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente.

b) Los Tribunales de Disciplina Judicial de los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como en sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes.

Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos, y

[...].

57. Como se observa, la referida Ley General precisó, incluso, que el respectivo régimen en el ámbito federal estaría sujeto a lo previsto en los artículos 94 y 109(37) de la Constitución Federal, así como a la reglamentación interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Órgano de Administración Judicial; en tanto que, en el ámbito local, debería estarse a los artículos 116 y 122 de la Constitución Federal, a las constituciones locales y a las reglamentaciones orgánicas correspondientes.

58. De lo anterior se concluye que los Congresos locales sí resultan competentes para legislar en materia de responsabilidades administrativas de los integrantes del Poder Judicial; en tanto se sujeten a las bases constitucionales que resulten aplicables, lo que permite la construcción de modelos diferenciados y especializados de responsabilidad "administrativa", ajustados a la naturaleza de la función judicial.

59. No obstante, lo anterior, es preciso referir que las bases constitucionales derivadas del Título Cuarto de la Constitución Federal, que rigen, en lo general, las responsabilidades de todo servidor público son igualmente aplicables a las responsabilidades administrativas de los integrantes del Poder Judicial.

60. De la lectura del Título Cuarto de la Ley Fundamental es posible derivar, cuando menos, las siguientes bases mínimas que debe observar todo régimen de responsabilidad administrativa:(38)

(a) La noción de quién se reputa como servidor público, contemplada en el artículo 108 constitucional, y la obligación de todo servidor público de presentar su respectiva declaración patrimonial y de interés prevista en el propio precepto de la Ley Fundamental;

(b) La premisa de que las sanciones administrativas a los servidores públicos se aplicarán por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; de ahí que el diseño de las respectivas faltas deberá desarrollarse con relación a la vulneración de uno o más de dichos principios;

(c) La regla de que las faltas administrativas serán sancionadas con amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como con sanciones económicas.

(d) La pauta de que las sanciones económicas, deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

(e) La regla de que los procedimientos para la investigación y sanción de los referidos actos u omisiones deben estar previstos en una Ley.

(f) La necesidad de distinguir entre faltas graves y no graves, y de contemplar sanciones y procedimientos apropiados para cada caso.

(g) El requerimiento de establecer en ley los supuestos y procedimientos aplicables para impugnar la clasificación de las faltas administrativas no graves.

(h) El principio de que no pueden imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

(i) La previsión contenida en el artículo 114 constitucional, de que será en ley donde deban señalarse los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones.

(j) La regla de que cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

Principio de taxatividad aplicado al derecho administrativo sancionador

61. Con la finalidad de atender los planteamientos de la accionante, como parámetro de regularidad constitucional, también se aborda la doctrina constitucional y convencional sobre el principio de taxatividad en materia penal, analizado por este Alto Tribunal en diversos precedentes(39).

62. En la acción de inconstitucionalidad 191/2020 y su acumulada 220/2020(40), se retomó que el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(41) establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

63. Enunciado constitucional sobre el que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se circunscribe a meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, que debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los que se especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos.

64. De ahí que la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas. Por tanto, las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del gobernado.

65. Lo anterior se encuentra desarrollado en la tesis P. IX/95 y en la jurisprudencia 1a./J.10/2006, de rubros: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA";(42) y "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR".(43)

66. Al tenor de las directrices de interpretación constitucional, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el contenido del principio de legalidad en materia penal se integra por las formulaciones siguientes: (I) principio de taxatividad, bajo la existencia de certeza o determinación; (II) principio de no retroactividad; (III) principio de reserva de ley; y (IV) exacta aplicación de la ley penal al caso concreto.

67. De dichas formulaciones del principio de legalidad en materia penal deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico.

68. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de derecho.

69. Conforme al principio de legalidad en materia penal, no existe pena ni delito sin ley que los establezcan; así, para que una conducta o hecho determinado pueda ser considerado como delito y que por ello deba ser motivo de aplicación de una pena, es indispensable una ley que repute ese hecho o conducta como tal, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas, a quienes no puede considerárseles responsables penalmente sin que se haya probado que infringieron una ley penal vigente en la que se encuentre debidamente descrito el hecho delictivo y se prevea la sanción aplicable.(44)

70. Principio del que deriva, a su vez, el principio de taxatividad, que exige la formulación de términos precisos del supuesto hecho de las normas penales a partir de dos directrices: (I) la reducción de vaguedad de los conceptos usados para determinar los comportamientos penalmente prohibidos y (II) la preferencia por el uso descriptivo frente al uso de conceptos valorativos.

71. Lo que no es otra cosa que la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, que la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, pues para garantizar el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, ésta debe ser exacta, y no sólo porque a la infracción corresponda una sanción, pues sucede que las normas penales deben cumplir una función motivadora en contra de la realización de delitos, para lo que resulta imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad, pues no se puede evitar aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza.

72. En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. Lo que implica que, al prever las penas, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de describir las conductas que señale como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de esos requisitos de certeza resultará violatoria del principio invocado.

73. Al respecto, esta Suprema Corte ha precisado jurisprudencialmente que una disposición normativa no necesariamente es inconstitucional si el legislador no define cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legislativa. Es por ello que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable.

74. Desde esa perspectiva, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad exige que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas, y su finalidad es preservar los principios penales de certeza jurídica e imparcialidad en la aplicación de la norma(45).

75. De tal forma que, para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión, no debe tenerse en cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede acudirse tanto a la gramática como a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa, al contexto en el que se desenvuelven las normas y a sus posibles destinatarios.

76. Precisiones que encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 24/2016 (10a), de rubro: "TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE".(46)

77. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en la elaboración de los tipos penales se debe tener presente el principio de legalidad penal; es decir, una clara definición de la conducta incriminada que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales.(47)

78. Esto es, al momento de plasmar las conductas penales, es preciso utilizar términos estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Así, las normas, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana.(48)

CASO CONCRETO

79. Con base en las consideraciones desarrolladas con anterioridad y a la luz del parámetro de regularidad constitucional aplicable en materia sancionadora, según se precisó al inicio del estudio, corresponde dar respuesta a la siguiente cuestión jurídica: ¿resulta inconstitucional el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, al prever un catálogo de sanciones sin distinguir si las conductas sancionadas revisten o no el carácter de graves?

80. Desde este momento se señala que la respuesta es afirmativa.

81. Para evidenciarlo, resulta necesario transcribir el contenido del precepto impugnado, cuyo texto es el siguiente: